El 23 de julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió la tan esperada Opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados en relación con el cambio climático. Las opiniones consultivas del CIJ, a pesar de no tener fuerza vinculante, tienen una relevancia legal de primer orden. La opinión se adoptó por unanimidad, algo que, simbólicamente resulta significativo, ya que son escasas las veces en las que las decisiones de la Corte se adoptan sin votos particulares discrepantes. En todo caso, y a pesar de que la opinión ha sido generalmente descrita como “victoria histórica”, cabe reseñar que, de los 15 jueces que componen la Corte, 11 emitieron votos particulares o declaraciones, en muchos casos para expresar su descontento por la falta de ambición, la vaguedad o el alcance limitado de la opinión.

Tal y como se analiza en esta reflexión, en su opinión, la CIJ establece que los Estados tienen obligaciones vinculantes derivadas tanto de los tratados internacionales sobre cambio climático, como del derecho internacional consuetudinario, particularmente en lo relativo al deber de prevenir daños significativos al medio ambiente. Además, la Corte afirma que cualquier incumplimiento de estas obligaciones constituye un hecho internacionalmente ilícito que puede comportar la responsabilidad de los Estados y su deber de reparación del daño. 

Origen y contexto de la opinión consultiva

Una campaña liderada por jóvenes y adolescentes, encabezada por el Estado insular de Vanuatu, impulsó la adopción de la Resolución 77/276 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se solicitó a la CIJ que aclarara dos cuestiones fundamentales:

1. Las obligaciones de los Estados para garantizar la protección del sistema climático y de otros aspectos del medio ambiente frente a las actividades humanas que contribuyen al cambio climático.

2. Las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dichas obligaciones.

La Corte aceptó pronunciarse a este respecto, reconociendo que el cambio climático supone un “desafío sin precedentes de proporciones civilizatorias”, e incorporando a sus consideraciones el consenso científico establecido por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Cabe precisar que el objeto del examen no era declarar que un Estado en particular hubiera violado el derecho internacional, sino identificar las obligaciones internacionales que rigen la conducta ­—actos y omisiones— que causa el cambio climático, así como las consecuencias jurídicas que se derivan de su incumplimiento.

Cuestiones a destacar

• Lex specialis no desplaza el Derecho Internacional general.- La Corte determina que las normas más relevantes para determinar las obligaciones de los Estados son las contenidas en los tratados sobre cambio climático, pero que éstas deben interpretarse a la luz de otros instrumentos del derecho internacional, como los derechos humanos, el derecho internacional consuetudinario sobre la debida diligencia y el derecho general sobre la responsabilidad de los Estados. Asimismo, señala que las obligaciones establecidas en los tratados sobre cambio climático pueden, a su vez, influir el contenido del derecho consuetudinario. En este sentido, la Corte se decanta por adoptar una visión holística de las fuentes del derecho internacional aplicables, en contra de la postura defendida por los grandes Estados emisores, que han propugnado una interpretación restrictiva de las obligaciones dimanantes del Acuerdo de París y del principio de prevención de daños. 

• Atribución de la responsabilidad y emisiones históricas.- La Corte afirma que los Estados pueden incurrir en responsabilidad por los actos y omisiones de sus órganos, y pueden ser responsables por no ejercer la debida diligencia a la hora de controlar las actividades privadas bajo su jurisdicción, como pudiera ser el caso de las emisiones atribuidas a la actividad de empresas privadas. Destaca que la inacción ante emisiones derivadas de la producción, el consumo, las licencias o los subsidios a combustibles fósiles puede constituir un acto internacionalmente ilícito atribuible al Estado. Además, la Corte reconoce la posibilidad de que varios Estados contribuyan a un mismo daño, y afirma que es científicamente posible determinar la contribución total de cada uno, considerando emisiones históricas y actuales. Confirma que las reglas generales de responsabilidad permiten repartir la responsabilidad entre múltiples autores o, en ciertos casos, exigir la reparación total a uno solo. 

• Causalidad para determinar la reparación.- La Corte aclara que la causalidad no es un requisito general para establecer responsabilidad, salvo que así lo prevea la norma primaria aplicable, pero confirma su relevancia para determinar la reparación. Rechaza la idea de que la complejidad causal del cambio climático imposibilite probar el nexo, que recuerda debe ser “suficientemente directo y cierto” entre el acto ilícito y el perjuicio- estándar que considera flexible para abordar el contexto climático. Aunque reconoce que el vínculo causal puede ser “más tenue” que el que emerge en casos de contaminación local, considera posible establecerlo con base en la ciencia y las circunstancias concretas.

• Obligaciones erga omnes para abrir nuevas puertas.- La Corte determina que las obligaciones de los Estados para proteger el sistema climático y otras partes del medio ambiente frente a emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero tienen carácter erga omnes, es decir, se exigen a la comunidad internacional en su conjunto. Del mismo modo, afirma que las obligaciones derivadas de los tratados sobre cambio climático, como el Acuerdo de París, son erga omnes partes, ya que protegen un interés esencial de todos los Estados, como es la salvaguarda del clima como bien común global. Esta caracterización, de gran alcance, permite que cualquier Estado invoque la responsabilidad de otro por incumplir estas obligaciones, incluso si no ha sufrido un daño directo, reforzando el interés colectivo en su cumplimiento. La consecuencia principal de este reconocimiento es que se abre la puerta a que todos los Estados, no solo los directamente perjudicados, puedan iniciar acciones diplomáticas o incluso litigios ante la propia CIJ, siempre que se cumplan las condiciones de jurisdicción. 

   

Conclusiones

El efecto más notable de la Opinión consultiva del CIJ es que la conducta que contribuye al cambio climático ya no se presume lícita, sino que se examina a través del prisma de los actos internacionalmente ilícitos, con todas las consecuencias jurídicas que ello implica. Dicho de otro modo, se configura un marco en el que esta conducta se considera, en principio, contraria al derecho internacional, salvo que el Estado demuestre una diligencia debida especialmente estricta y constante. Este cambio de paradigma constituye una redefinición fundamental de cómo el derecho internacional regula las acciones que afectan al clima.

Además, cabe señalar que en esta opinión se enfrentaban dos visiones opuestas del derecho internacional: por un lado, la de los grandes emisores, que abogan por un papel más limitado del derecho internacional, defendiendo la primacía del consentimiento y la autonomía estatal; y, frente a ellos, los Estados más vulnerables a los efectos del cambio climático, que propugnan un papel más robusto y expansivo del derecho internacional para afrontar desafíos globales urgentes como el cambio climático, mediante una interpretación holística de los instrumentos internacionales y del deber de prevención. En este caso, la CIJ se inclina por esta segunda visión, al subrayar la amplitud y relevancia del derecho internacional en la respuesta a retos civilizatorios como el cambio climático.

El personal de atención educativa es imprescindible para garantizar el éxito educativo y la equidad en estos centros

El Síndic de Greuges ha recibido quejas de diversas direcciones de centros escolares de elevada complejidad por la pérdida de técnicos de integración social (TIS) y educadores sociales (ES) para el nuevo curso escolar 2025/2026. Esta situación preocupa gravemente a las direcciones de los centros, que consideran a estos profesionales esenciales para atender al alumnado y a las familias en contextos sociales desfavorecidos.

Aunque el número de TIS ha aumentado en los últimos años en los centros públicos —se ha pasado de 215 TIS en el curso 2018/2019 a 684 en el curso 2024/2025—, la institución denuncia que la cobertura sigue siendo insuficiente. De hecho, en 2023, el 41 % de los centros de alta complejidad no contaban con esta figura. Respecto a las ratios, en 2023 había un TIS por cada 276 alumnos de centros de máxima complejidad, y uno por cada 500 alumnos en centros de alta complejidad. En el caso de los ES, la ratio era de uno por cada 2.000 alumnos en centros de elevada complejidad.

Además, la síndica percibe que estos profesionales no están suficientemente integrados en las plantillas de los centros. Por ejemplo, la resolución que regula las plantillas de los centros del sector público no los incluye, y la mayoría no están integrados en los claustros, como si fueran personal externo.

Ante esta situación, la institución pide incrementar la dotación de personal de atención educativa en los centros con complejidad. En concreto, propone garantizar un mínimo de dos dotaciones de TIS en los centros de máxima complejidad y un mínimo de una en los centros de alta complejidad. También solicita que se garanticen plantillas más multidisciplinares que incorporen personal del ámbito social, como los ES, y también profesionales de la salud. "El personal de atención educativa en los centros con elevada complejidad es imprescindible para garantizar la equidad y avanzar hacia el éxito educativo de todo el alumnado", ha destacado la síndica.

Al mismo tiempo, la síndica insta al Departamento de Educación y Formación Profesional a actualizar la clasificación de los centros educativos según su nivel de complejidad. El sistema actual data del año 2021, antes de la aprobación del Decreto 11/2021 de admisión de alumnado. Por tanto, no refleja el impacto de los últimos cambios sociodemográficos, el incremento del alumnado con necesidades educativas ni las políticas de escolarización equilibrada.

Finalmente, la institución defiende que la financiación de los centros educativos no es lo suficientemente equitativa, ya que no se tiene suficientemente en cuenta su complejidad a la hora de configurar las plantillas. La linealidad de la financiación de los centros, especialmente en el sector concertado, no contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado. La institución también recuerda que esta clasificación no se aplica todavía a la hora de configurar las plantillas financiadas con fondos públicos de los centros concertados.

Die Vizepräsidentin des Landtages Brandenburg, Dr. Jouleen Gruhn, hat heute zwei Petitionen für den Erhalt des Krankenhauses in Wittstock/Dosse entgegengenommen. Die Unterschriften wurden vom Wittstocker Bürgermeister, Dr. Philipp Wacker, und dem Vereinsvorstand von „Wittstock zeigt Gesicht“ übergeben.

Vizepräsidentin Dr. Gruhn dankte den Vertreterinnen und Vertretern für ihr Engagement und sagte: „Das Thema gesundheitliche Versorgung liegt uns sehr am Herzen.“ Deshalb sei der Erhalt des Krankenhauses in Wittstock auch auf der Tagesordnung des Gesundheitsausschusses, der in dieser Woche tagt, „ganz großgeschrieben“, ergänzte die Vizepräsidentin. Auch das Landtagsplenum werde sich am 24. September mit dem Thema befassen. Bei der Petition „für den Erhalt des Krankenhausstandortes Wittstock/Dosse“ sind insgesamt 3.553 Unterschriften gesammelt worden. Bei der Online-Petition des Vereins „Wittstock zeigt Gesicht“ sind es 16.818 Stimmen.

Allgemeine Informationen zum Petitionsverfahren sind hier zu finden: Das Petitionsverfahren - Landtag Brandenburg

The Parliamentary and Health Service Ombudsman (PHSO) has called on Parliament to hold the Charity Commission to account after it failed to comply with recommendations following an investigation into its handling of concerns about sexual abuse.

PHSO investigated two cases involving the Commission and how it handled concerns regarding serious safeguarding issues of sexual exploitation and child sex abuse at two separate charities. The investigations uncovered several failings, including around its decision making and its communication with complainants. 

The reports, issued to the Commission in March 2024, recommended that the Commission apologised and provided financial redress to both complainants, and took action to stop the same failures being repeated. This included reviewing its handling of these two cases and the original decisions, and its risk assessment and communication guidance.

Financial remedy has been provided to both complainants. However, while the Commission has reviewed its case handling, the Commission has not complied with all our recommendations, and, in particular has not acknowledged or addressed all the failings identified, implemented service improvements to our satisfaction or accounted for the decisions it made.

Since the reports were issued, PHSO has had extensive discussions with the Commission regarding compliance with recommendations in both cases. In March 2025, PHSO took the rare decision to lay the reports before Parliament so that Parliament could hold the Commission to account.  

The Commission then issued legal proceedings to prevent the reports being laid. Parliament have now intervened and asked that the reports are brought to Parliament’s attention.

The reports have been laid today before Parliament with a request that it intervenes to find a resolution that will put things right for both complainants.

Parliament may arrive at its own views about rectifying the injustice. We have shared what we consider to be an appropriate remedy.

Lara Hall, 37, complained that the Commission failed to appropriately respond to her concerns about her sexual exploitation by a trustee at a UK charity.

Lara, who waived her right to anonymity, said the Commission failed to communicate sensitively as would have been appropriate given that they were working with a vulnerable survivor of sexual abuse and a whistleblower. 

PHSO’s investigation found failings in how the Commission communicated with Lara and in its decision making. The Commission did not follow its safeguarding and risk assessment guidance and it also failed to keep Lara informed throughout the handling of her complaint, including when it decided, without explanation, not to proceed with a course of action it had previously assured her it was going to take.

Lara said:

“The Charity Commission’s repeated failures have caused me profound pain and ongoing injustice. Instead of holding a trustee to account for appalling sexual exploitation, it questioned my experience and forced me to relive my worst trauma. How can survivors feel safe reporting abuse if they think they will be treated like I have? 

“By trying to block Parliament from seeing the reports, the Commission attempted to avoid scrutiny - striking at the heart of accountability in our democracy. Even now, it refuses to accept responsibility or act to put things right.

“It is my hope that by bringing the reports to Parliament’s attention action will finally be taken. The Commission must urgently address safeguarding to protect vulnerable people. Right now, it is failing in its core duty.

“It is time for change, oversight, and accountability within the Charity Sector so what happened to me is never repeated. I call on Parliament to hold the Commission to account and restore public trust. People deserve to feel safe approaching charities, and they deserve a regulator that takes safeguarding seriously.”

In another case investigated by PHSO, Damian Murray, 66, complained about how the Commission and the Department for Education (DfE) responded to his serious allegations regarding the concealment of non-recent child sexual abuse by a charity that founded and ran a college.

Our investigation found the Commission failed to understand or consider all the issues in Damian’s complaint. It did not show that it had looked at all the relevant evidence relating to his complaint, and it did not assess the charity’s failings in accordance with its risk and safeguarding guidance.

Failings were also found with DfE’s decision-making process. DfE complied with our recommendations for service improvements, and we are satisfied with the actions it took to put things right.

Damian, from Leeds and who also waived his right to anonymity, said:

“For over seven years the Charity Commission has refused to act upon my complaint about the concealment of child sexual abuse.

“The Charity Commission has doggedly resisted all efforts by me, and latterly the Parliamentary Ombudsman, to encourage it properly or promptly to discharge its statutory responsibilities, choosing rather to shield the charity and its Trustees from scrutiny and accountability.

“After much unnecessary time incurred due to this resistance, the Ombudsman's report has now been laid in Parliament. I trust now that politicians will hold the Commission to account, where I as an ordinary UK citizen failed.

“By stark contrast with the Commission, I very much appreciate the careful, professional and empathetic way that the Ombudsman's team have dealt with me and with the complex and consequential concerns I have raised.”

Parliamentary and Health Service Ombudsman CEO, Rebecca Hilsenrath KC (Hon) said: 

“The Charity Commission indicated throughout our investigations that they did not agree with our findings.  They have not complied with the bulk of our recommendations, despite our best efforts and our willingness to work with them to ensure compliance.

“It is important that the Commission provides a full apology for their failings and reassures Lara and Damian that they will put things right by complying completely with our recommendations. They have not done this so far. 

“Our report has now been laid in the House of Commons, following the intervention of Parliament last week. The Commission had prevented us from doing so by bringing legal proceedings. We act on behalf of Parliament to hold Government and other national bodies to account for failures, and we have a responsibility to make Parliament aware of cases of non-compliance. I am pleased that Parliament has taken an interest in these cases and has given us the opportunity to bring them to the attention of the House so that it can intervene.

“The purpose of our investigations is always to encourage learning and service improvements. If an organisation looks at what went wrong, it will be able to stop the same mistake from happening again.”

News and events of the Ombudsman’s Office in August 2025 (information in links mostly available in Latvian).

People entitled to fare reductions on regional buses currently face unequal treatment

People eligible for fare reductions cannot be entirely certain that they will be able to obtain a ticket on a regional commercial bus and, consequently, to travel to the planned destination. The investigation has shown that such passengers, including people with disabilities, have been disembarked from a regional commercial bus for the benefit of another passenger who pays the full fare.

Ombudsman replies: May educational institution fail to provide information to parents if in doubt?

If staff of the educational institution (school, pre-school) have any doubts in cases of parent relationship matters (divorce, etc.), may the school limit providing information to the parent, for example, limit access to student’s online evaluation system. No, in case of any uncertainty, schools should act responsibly and find out if there is legal basis for not providing or limiting information to parents or relatives. Thus, ignoring a parent’s request is not permissible.

Ombudsman’s Office insists on a complex review of the immovable property encumbrance and compensation system and reverts to the government

The Ombudsman’s Office has repeatedly called on the government to undertake a comprehensive review of the immovable property encumbrance and indemnification framework, pointing to the shortcomings of the existing system and the need for a complex approach in this area. The deadline for reporting on the progress is 1^st October.

The law does not currently provide for the responsibility of the owner for disturbing noises and odours caused by pets

For barking, howling and odours caused by a domestic (pet) animal, which are not related to non-compliance with animal welbeing requirements, but are disturbing for neighbours, for a year now, no administrative responsibility has been assigned to animal owners, at the same time, no other effective way of remedying the disorder has been created instead. The Ombudsman’s Office has called on the Ministry of Agriculture to remedy this shortcoming by 1 November.

Due to inaction of the local government, children with mental health disorders are forced to study in another municipality’s school and stay in boarding facilities

Several children of Rezekne municipality staying in the social services centre Vecružina are forced to travel more than 80 km to Daugavpils Stropi Primary School and stay in the boarding facilities. Instead of a clear solution, Rezekne municipality only promises to ‘discuss the opportunity’ so that children can study in one of the schools in the municipality.

Documents prepared by the Ombudsman’s Office:

• Opinion in the case regarding re-registration of the birth of an adopted child whose birth has been registered abroad