En 2025 la institución ha registrado más de 25.000 actuaciones, una cifra récord

Destaca el crecimiento de las quejas en materia social

El informe publica cifras que evidencian que la Administración está tensionada, es lenta, no da respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ha perdido la capacidad de llevar a cabo transformaciones profundas
 

La institución del Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado hoy el informe anual correspondiente a 2025, el documento que recoge toda la actividad de supervisión de las administraciones públicas y el estado de los derechos de la ciudadanía.

El informe concluye que la Administración pública actual se encuentra en un final de ciclo y que, por tanto, es imprescindible repensar el modelo para adaptarlo a los nuevos retos sociales, demográficos y tecnológicos de la Cataluña actual: "No se trata de adoptar medidas aisladas. Estamos hablando de una transición profunda –estructural, cultural y de largo alcance– para que la Administración recupere su razón de ser: servir a la ciudadanía", ha manifestado la síndica.

Una señal inequívoca de que la Administración actual no responde a las necesidades actuales es que la institución ha recibido más quejas que nunca. Durante 2025, se han registrado más de 25.000 actuaciones, el mayor volumen de la historia de la institución, con 13.646 quejas, 11.428 consultas y 213 actuaciones de oficio.

Este crecimiento es muy significativo en derechos sociales (por primera vez concentran más de la mitad de las quejas, un 50,1 %):

• Servicios sociales, con un aumento de las quejas del 61,6 %
• Vivienda, del 52,4 %
• Salud, del 43 %
• Infancia y adolescencia, del 40,1 %
• Educación, del 19,1 %

Conviene destacar también el incremento registrado en transporte y movilidad (51,6 %), especialmente por las quejas relacionadas con el funcionamiento de Cercanías (578 quejas, un 136 % més que en 2024). En cuanto a la finalización, se detectan irregularidades en el 43,3 % de las quejas, y la Administración ha aceptado, total o parcialmente, el 92,3 % de las recomendaciones y sugerencias.

Un sistema tensionado frente a necesidades sociales más complejas

El informe pone de manifiesto diversas paradojas en el funcionamiento actual de la Administración. Para empezar, pese al aumento de los recursos destinados a políticas sociales, ha aumentado la presión asistencial y la sensación de desbordamiento de los profesionales de los servicios públicos básicos (servicios sociales, atención primaria de salud y centros educativos, entre otros).

En muchos casos, los procedimientos administrativos siguen siendo complejos y lentos, lo que se traduce en retrasos en el acceso a derechos y prestaciones. Además, en algunos ámbitos, las listas de espera han aumentado y se ha incrementado el tiempo de espera respecto a 2024. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, el número de pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica ha aumentado un 4 % (con un tiempo de espera de 148 días) y el de pacientes a la espera de pruebas diagnósticas, un 8 %. En cuanto a las personas mayores y las personas con discapacidad, las listas de espera también han aumentado: un 7 % en las residencias para personas mayores (583 días de espera) y un 6 % en los servicios residenciales para personas con discapacidad (1.991 días de espera). El tiempo de tramitación de la renta garantizada de ciudadanía ha pasado de 76 a 122 días.

También se denuncia que los controles administrativos, que se han ido multiplicando, constituyen una garantía de la legalidad, pero en algunos casos han llegado a convertirse en obstáculos para una eficacia real. Estos controles pueden llegar a ser una carga insoportable para los ciudadanos y los trabajadores públicos, que dedican un 30 % de su jornada a tareas burocráticas, lo que va en detrimento de la atención a las personas.

El informe también alerta de que muchas prestaciones sociales no llegan a todas las personas que las necesitan. Cerca del 60 % de las personas en situación de privación material extrema no perciben ni el ingreso mínimo vital ni la renta garantizada de ciudadanía.

Otra muestra de que la Administración actual ha llegado al final de su ciclo es la lentitud con la que avanzan las grandes transformaciones. Un ejemplo de ello es que la ventanilla única en el ámbito de los servicios sociales todavía no es una realidad, a pesar de que estaba prevista para 2025. En materia de medio ambiente, también falta un impulso decidido para desplegar las energías renovables. Y en materia de vivienda, no se ha promovido lo suficiente la creación de un parque de vivienda social estable (hay 40.000 viviendas sociales, pero cerca de 120.000 personas inscritas en el Registro de solicitantes) ni un parque de viviendas para atender las situaciones de emergencia residencial (el número de familias pendientes de asignación de una vivienda ha aumentado un 23,4 %).

Otro elemento que merece ser mencionado es que, en la Administración actual, los elementos organizativos a menudo prevalecen sobre el interés general. Un ejemplo de ello es que los procesos de estabilización y los concursos de traslados han dejado a muchos equipos sin suficientes efectivos o sin personal con formación especializada, lo que ha tenido consecuencias directas para los ciudadanos. Así, los equipos directivos de muchos centros educativos de elevada complejidad y servicios de protección a la infancia se han visto descapitalizados. La gestión de la renta garantizada de ciudadanía también se ha visto afectada, lo que se ha traducido en más demoras.

Otro síntoma de esta Administración obsoleta es que se han consolidado situaciones que, a criterio de la institución, no pueden normalizarse: cerca de 300 niños tutelados menores de seis años viven en centros residenciales; cerca de 5.000 personas con discapacidad y más de 2.000 personas con enfermedad mental están en lista de espera para acceder a un servicio residencial, con una espera de más de cinco y tres años, respectivamente; más de una de cada diez personas ocupadas se encuentra en situación de riesgo de pobreza...

El fenómeno del sinhogarismo también está cada vez más presente en nuestras ciudades (más de 6.700 personas viven en la calle o en asentamientos en Cataluña). Ante esta situación, a finales de 2025, la institución puso en marcha la Mesa Institucional para el Abordaje del Sinhogarismo, con el objetivo de incentivar que todos los agentes actúen de forma coordinada para encontrar soluciones efectivas a esta problemática.

Como dato positivo, destaca que la criminalidad se ha reducido un 2,7 %. Además, somos un país seguro en lo que se refiere a los delitos más graves, como los homicidios, lo que nos sitúa en la cola de los países europeos. La mayor parte de los delitos corresponden a hurtos y robos, aunque también se han reducido, un 4,5 %. Sin embargo, la síndica se muestra preocupada por la cifra de feminicidios registrada en 2025.

Una nueva transición administrativa

Ante este escenario, el informe plantea la necesidad de llevar a cabo una nueva transición para que la Administración pública recupere su misión. Esta profunda transformación debe basarse en la simplificación de los procedimientos, la atención personalizada, la proximidad con la ciudadanía y el uso ético y eficiente de la tecnología.

La síndica concluye que esta transformación solo podrá llevarse a cabo mediante un gran acuerdo de país: un consenso entre actores políticos, institucionales y sociales para construir una administración pública del siglo XXI, capaz de garantizar de manera efectiva los derechos de la ciudadanía del siglo XXI.

Igual que  el año anterior, se puede consultar el web explicativo del informe con acceso a los datos abiertos de la institución.

• Acceso al documento en formato pdf (en breve disponible en castellano)

A seguito delle numerose segnalazioni arrivate dai cittadini di Chieti, il Difensore Civico della Regione Abruzzo, Umberto Di Primio, ha prontamente inviato una comunicazione al direttore generale dell’Aca per chiedere chiarimenti urgenti in merito alla situazione che ha determinato il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per usi potabili nella zona alta della Città. Un’ordinanza che non contiene “particolari riferimenti e indicazioni”.  “In ragione delle segnalazioni, frutto della preoccupazione dei cittadini per la propria salute – sottolinea Di Primio - chiedo, informazioni dettagliate in ordine alle condotte di approvvigionamento, ai serbatoi idrici e alle zone della città effettivamente interessate. Inoltre, chiedo maggiori informazioni in merito alla tipologia di agente inquinante, se sia prevista la dislocazione di altri serbatoi di acqua potabile oltre quello già posizionato in località Santa Barbara, nonché le attività di bonifica e i tempi di ripristino previsti”. Il Difensore Civico auspica da Aca un tempestivo riscontro al fine di poter contribuire a informare i cittadini.

Introduction

The two distinct principles are democratic essentials that cannot be reduced to technical measures alone. Nor should they be understood to represent “drawing board” targets alone.

Efficiency stands for the best use of resources in terms of time, cost and effort, in short: “doing things right”.  Good administration requires improvement of procedures to enable public services to become more accessible to more people.

Effectiveness is the achievement of targeted results, in short: “doing the right things”. 

In practice

The Ombudsman does not manage the public administration.  However, by means of its investigations the Office can help identify systems that fail and can stimulate the public authorities to improve their operations.

By means of his investigations, the Ombudsman can highlight weaknesses, identify systemic problems and recommend improvements. 

Day-to-day 

A public body is effective when it provides services that meet real needs, avoids unnecessary red-tape, acts within a reasonable time, and corrects mistakes when they occur.

Effectiveness is measured on everyday experience: applying for a permit, accessing healthcare, receiving educational support, or obtaining a pension. When processes are clear and staff are responsive, trust grows. When files are misplaced or lost, decisions are delayed, or rules are applied inconsistently, confidence in the administration of public affairs is shaken.

People do notice when public services work well and when they do not. There is effectiveness when public authorities deliver results, use resources wisely, and serve people without unnecessary delay.  

One of the most common issues raised with the Ombudsman concerns delay. Delays are not just inconvenient but can cause burden: a delayed permit can bring business to a halt; a delayed educational decision can affect a child’s development; the delayed payment of a benefit can cause financial hardship.

The Ombudsman consistently stresses that public authorities have a duty to act within a reasonable time. Even when a final decision cannot be made immediately, people are entitled to updates, explanations, and clear timelines. Silence or inaction is not good administration.

Through investigations, the Ombudsman often finds that bad faith is not the cause of delays, but that the source of delays are unclear responsibilities, poor coordination between departments, or outdated procedures. By recommending better internal communication or revision of procedures, the Ombudsman helps authorities become more efficient without compromising legality or fairness.

Learning

An important aspect of effectiveness is the ability of public bodies to learn from mistakes. The Ombudsman encourages public bodies to see complaints as opportunities to improve. When an investigation reveals that a department repeatedly misapplies a rule, the Ombudsman may recommend staff training or more clear internal guidance. When a procedure generates confusion, one could suggest simplifying forms or improving public information. These changes can significantly reduce future complaints and improve service delivery.

Effectiveness is not achieved by rigidly defending existing practices, but by being open to evaluation and reform. A system that listens and adapts becomes more efficient.

Social dimension

Effectiveness has a social dimension. Public services must work not only for those who are confident, well-informed, or persistent, but for everyone—including older persons, people with disabilities, migrants, and those unfamiliar with administrative procedures.

The Ombudsman is there to ensure that vulnerable persons are not placed at a disadvantage. When procedures are inaccessible or too technical, efficiency suffers because people are excluded or forced to seek repeated assistance. Simplifying processes and communicating clearly improves outcomes.

Improvement

Efficient service delivery is fundamental to public trust. When people see that government institutions respond promptly, correct errors, and improve their performance, confidence of the public increases.  Persistent inefficiency makes people cynical by believing that “nothing works” or that complaints are pointless. By offering an independent, accessible avenue for redress, the Ombudsman tries to help break through negative cycles. 

Effectiveness is not achieved overnight. It is built through consistent attention to how decisions are made, how services are delivered, and how institutions respond when things go wrong.

Conclusion

Through its investigations, recommendations, and ongoing dialogue with public authorities, the Ombudsman helps ensure that power is exercised not only lawfully and fairly, but well. In doing so, the Office strengthens the public administration and reinforces a simple but powerful idea: government exists to serve the people, and it must do so effectively.

El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha constatado un incremento significativo en el número de reclamaciones presentadas por la ciudadanía, que han aumentado más de un 20% en el último año. Así lo ha señalado durante su participación en el espacio de colaboración que la institución mantiene con Radio Nacional de España (RNE) en Navarra.

Según ha explicado, este incremento responde en gran medida a una mayor visibilidad y cercanía de la institución. “En estos tres últimos años nos hemos entrevistado con más de 80 entidades sociales porque veíamos que muchas personas no sabían que podían venir al Defensor del Pueblo a presentar su problemática”, ha afirmado Vera.

En cuanto al tipo de quejas, el Defensor ha destacado su gran diversidad, ya que abarcan prácticamente todos los ámbitos de actuación de las Administraciones.

Respecto a la relación con estas, el Defensor del Pueblo ha recordado que todas están obligadas a responder a sus requerimientos, aunque no siempre acepten sus resoluciones.

En los casos en los que no hay acuerdo, las discrepancias quedan reflejadas en el informe anual que la institución remite al Parlamento de Navarra, reforzando así su labor de supervisión y defensa de los derechos de la ciudadanía.

Le 4 décembre dernier, Sciences Po Grenoble et l’École de journalisme de Grenoble organisaient la « journée de l’alerte », un événement consacré aux enjeux contemporains liés aux lanceurs d’alerte. Cécile Barrois de Sarigny, adjointe de la Défenseure des droits en charge de l’accompagnement des lanceurs d’alerte, est intervenue pour présenter le rôle et les actions de l’institution dans ce domaine.

Au cours de l’après-midi, trois tables rondes ont été animées dans les locaux de l’Institut d’études politiques de Grenoble.

Enseignants-chercheurs, juristes, acteurs de terrain, journalistes et étudiants ont échangé autour de thématiques illustrant la diversité des situations d’alerte : 

• Argent public détourné : entre corruption et prise illégale d’intérêt ;
• Santé publique : quel contrôle du médicament ? ; 
• Empoisonnés par notre environnement ? Naître sans bras, mourir de la pollution.

Ces discussions ont permis de mettre en lumière plusieurs parcours de lanceurs d’alerte, ainsi que la nécessité de leur garantir une protection effective contre les mesures de représailles.

Dans la continuité de ces témoignages, l’intervention de Cécile Barrois de Sarigny est venue éclairer le rôle concret du Défenseur des droits dans l’accompagnement des lanceurs d’alerte. L’adjointe de la Défenseure des droits a rappelé le rôle central que l’institution joue dans la protection des lanceurs d’alerte et en a présenté les missions et les pouvoirs.

Le Défenseur des droits rendra public le 28 mai 2026 son deuxième rapport bisannuel sur la protection des lanceurs d’alerte.

Visionnez les conférences sur la page Youtube de Sciences Po Grenoble-UGA