El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna,  ha recomendado al Ayuntamiento de València que garantice el derecho de audiencia antes de bloquear cualquier título de transporte, después de investigar el caso de una estudiante universitaria que permaneció seis meses sin poder utilizar su Bono Oro de la EMT por una supuesta utilización fraudulenta que la Administración no ha logrado acreditar. La afectada tuvo que adquirir otro título de transporte para poder seguir desplazándose a la universidad durante el periodo de bloqueo.

Tras analizar el informe municipal, el Síndic concluye que no se ha acreditado en qué consistió el supuesto fraude ni qué comprobaciones realizó el conductor antes de bloquear la tarjeta. Tampoco consta que la usuaria pudiera presentar alegaciones antes de adoptarse una decisión que le perjudicaba.

Además, el propio Ayuntamiento explicó al Síndic que el procedimiento de la EMT prevé comunicar previamente la incidencia al usuario y concederle un plazo de quince días para formular alegaciones antes de decidir el bloqueo. Sin embargo, el Síndic ha comprobado que ese protocolo no se aplicó en este caso, ya que la comunicación remitida a la usuaria anunciaba directamente el bloqueo durante seis meses, sin ofrecer trámite de audiencia ni informar de los recursos que podía presentar.

Durante la investigación, el Ayuntamiento también confirmó que la EMT utiliza internamente una denominada «lista negra» para registrar los títulos sobre los que existen sospechas de fraude. El Síndic considera que esa denominación resulta inapropiada y desafortunada al referirse a un registro que contiene datos personales de los usuarios y recomienda sustituirla.

Respecto a la reclamación presentada por la afectada por los perjuicios sufridos, el Síndic considera que no resulta razonable obligar a la ciudadana a acudir de un organismo a otro entre el Ayuntamiento y la EMT para reclamar una posible indemnización derivada del funcionamiento de un servicio público cuya titularidad corresponde al propio Ayuntamiento.

Por todo ello, el Síndic recomienda al Ayuntamiento de València garantizar el derecho de audiencia antes de bloquear títulos de transporte, informar a los usuarios de los recursos disponibles frente a estas decisiones, resolver la reclamación por los daños ocasionados y eliminar la denominación «lista negra» de los registros internos de la EMT.

El Ararteko ha recomendado al Ayuntamiento de Bilbao que informe de manera clara y accesible sobre todos los canales habilitados para comunicar el acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y que garantice que las personas usuarias reciban un justificante de la presentación de esa comunicación y puedan consultar su estado de tramitación.

La resolución tiene su origen en la queja de una persona sancionada tras acceder a la ZBE para acudir a una consulta veterinaria. Aunque el Ararteko considera que, en este caso, no existen elementos suficientes para cuestionar la sanción, sí aprecia deficiencias relevantes en el sistema habilitado para realizar estas comunicaciones.

Esta institución recuerda que la comunicación previa constituye un requisito administrativo para poder acceder a la ZBE en determinados supuestos y, por tanto, debe ofrecer las garantías propias de cualquier procedimiento administrativo electrónico.

En este sentido, el Ararteko cree que la aplicación móvil utilizada como canal principal no proporciona una constancia acreditativa de la presentación equiparable al resguardo de un registro electrónico. Asimismo, observa que la información sobre los distintos canales disponibles no resulta suficientemente clara, lo que puede generar inseguridad jurídica para la ciudadanía.

Por ello, el Ararteko ha recomendado al Ayuntamiento de Bilbao que identifique de forma expresa los distintos canales habilitados para realizar la comunicación previa, explique cómo debe utilizarse cada uno de ellos y garantice que las personas usuarias dispongan de un justificante acreditativo de su presentación y puedan conocer el estado de su tramitación.

El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de Asociación Fénix Elkartea con el objetivo de abordar la situación de las personas migrantes, refugiadas y minorías en la Comunidad Foral y coordinar líneas de seguimiento sobre los principales retos que afrontan.

En la reunión se analizó el desarrollo del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en Navarra en el que Fénix ha participado como entidad colaboradora. Ambas partes coincidieron en la necesidad de garantizar una labor de supervisión continua que prevenga bloqueos administrativos y mostraron su preocupación por el cobro fraudulento de citas previas para trámites en Extranjería.

Por otro lado, la asociación dio a conocer sendos informes sobre la situación del colectivo migrante LGTBI+ en Navarra y las necesidades específicas de las personas trans, al tiempo que avanzó la puesta en marcha de su Plan Estratégico para el período 2026-2030.

El Defensor del Pueblo de Navarra reiteró su compromiso de atender las quejas que puedan ser presentadas y colaborar con las organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos de toda la ciudadanía. 

Los convenios con los ayuntamientos de Les Borges Blanques y Torrelles de Llobregat refuerzan los servicios de defensoría en los municipios y ofrecen más accesibilidad a la ciudadanía

Se elaborará un informe anual con un balance de la actividad del Síndic en los municipios y este informe se podrá debatir en un pleno
 

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha firmado recientemente dos nuevos convenios con dos ayuntamientos que tienen por objeto garantizar la defensa de los derechos de las personas del municipio: uno con el Ayuntamiento de Les Borges Blanques y el otro con el Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat.

Estos convenios tienen una vigencia de cuatro años y buscan reforzar los servicios de defensoría que se ofrecen en los municipios, con un enfoque más específico y singular, y una mejor accesibilidad para la ciudadanía.

En las poblaciones con convenio, el Síndic de Greuges de Catalunya se compromete a presentar anualmente un informe que recoja la situación de las quejas tramitadas con el municipio, y ofrece la posibilidad de asistir a un pleno municipal para exponerlo con detalle y debatirlo. Además, representantes de la institución del Síndic se desplazan a los municipios con convenio al menos una vez al año para recoger las quejas y consultas de los vecinos. Por último, como novedad, la institución puede proponer vías de mediación y conciliación para favorecer la resolución positiva de los casos planteados.

La síndica destaca el valor de estos convenios, puesto que las administraciones locales son las primeras garantes de los derechos humanos. De hecho, los datos de la actividad del año 2025 señalan que el 42 % de las quejas recibidas se tramitan con ayuntamientos.

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha mantenido una reunión de trabajo con la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, en el marco de la ronda de contactos institucionales que la presidenta viene desarrollando con los responsables de los distintos órganos e instituciones autonómicas.

Durante el encuentro, celebrado en la sede del Parlamento de Andalucía, ambas instituciones han abordado diversos asuntos relacionados con la realidad social de la comunidad autónoma y han compartido impresiones sobre las principales demandas y preocupaciones que trasladan los andaluces y andaluzas a la Institución.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha expuesto las principales líneas de actuación que desarrolla en defensa de los derechos de la ciudadanía y ha compartido algunas de las cuestiones que centran actualmente la actividad de la Institución.

La reunión ha servido para reforzar el diálogo y la colaboración institucional entre el Parlamento de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz, reafirmando el compromiso compartido con la defensa de los derechos de la ciudadanía y el fortalecimiento de las instituciones al servicio de Andalucía.