El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar el Informe de la institución correspondiente al año 2025.

Ángel Gabilondo, que ha acudido a la Cámara Baja junto a Teresa Jiménez-Becerril, adjunta primera, y Patricia Bárcena, adjunta segunda, ha señalado que “el Informe es una garantía esencial de derechos y libertades, reflejando nuestra labor de supervisión, porque los derechos fundamentales hay que defenderlos, supervisarlos y exigirlos cada día, en todos los niveles y manifestaciones de la actividad administrativa”.

A juicio del Defensor “este Informe no es aséptico, está imbuido de la coyuntura actual reflejada a través de las quejas de aquellos ciudadanos que, a pesar del desasosiego y de situaciones difíciles, confían en las instituciones, y en este caso en el Defensor del Pueblo, para hallar respuestas con las que paliar situaciones injustas o inapropiadas”.

Más de 38.000 expedientes

En 2025, la institución Defensor del Pueblo tramitó 38.762 expedientes, de los que 38.144 fueron quejas, 253 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones y 365 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, la institución atendió personalmente a 44.278 ciudadanos: 42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de una forma presencial.

Los expedientes tramitados provocaron la formulación de 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 721 fueron recomendaciones, 788 sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.

Los asuntos que protagonizaron más quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2025 estuvieron relacionados, principalmente, con Administración de la Justicia, Sanidad y Política Social, Seguridad Social y Empleo, Migraciones, Asuntos de Interior y Educación. El mayor número de quejas volvió a llegar de las comunidades autónomas más pobladas, entre ellas, la Comunidad de Madrid (8.766), Andalucía (4.374), Cataluña (3.702) y la Comunidad Valenciana (3.458).

Asuntos destacados

Además de los datos estadísticos, el Defensor del Pueblo ha destacado que el Informe incorpora una selección de asuntos relevantes que tienen que ver, entre otros, con la protección de los menores; con el apoyo a las personas mayores, bien sea con motivo de las dificultades que encuentran en el ejercicio de sus derechos en la justicia civil, o bien a propósito del acceso a la pensión de jubilación; con los inconvenientes que se encuentran los solicitantes de protección internacional tras la reforma del Reglamento de Extranjería; con el trato desigual que sigue sufriendo la comunidad gitana; con cuestiones relacionadas con la valoración del grado de discapacidad, o por las dificultades de su acceso al empleo público; con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral; cuestiones relacionadas con Educación; con el medio ambiente, o con las devoluciones en el IRFP a mutualistas.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha señalado en su comparecencia que hay problemas que persisten en el tiempo, como las dilaciones judiciales; las homologaciones de las titulaciones de los estudios extranjeros; las listas de espera sanitarias; la atención al ciudadano a través de citas previas; los retrasos en expedientes de nacionalidad, o la falta de personal sanitario en los centros penitenciarios.

En materia de Justicia, Ángel Gabilondo ha destacado las quejas relativas a dilaciones. En este sentido ha recordado que se han formulado recomendaciones sobre la carga de trabajo, especialmente en asuntos con sensibilidad social (apoyos a personas con discapacidad, filiación, matrimonio, menores, jurisdicción social o contenciosa). Así, indicó que “se precisa mayor estabilidad de personal y mecanismos procesales para mejorar la capacidad de resolución”.

En relación con la labor de supervisión de los centros penitenciarios, el Defensor del Pueblo ha apuntado que, ante cada fallecimiento en prisión, la institución actúa de oficio. En 2025 en 8 ocasiones. Una de estas actuaciones derivó en un recordatorio para extremar la diligencia en la transmisión de condolencias a familiares o allegados de personas fallecidas bajo custodia. Ángel Gabilondo también ha querido llamar la atención ante la grave situación de la atención sanitaria en las prisiones.

Sobre Educación, el Defensor del Pueblo ha señalado que el Informe subraya que la equidad en la educación y la atención integral al alumnado conforme a los principios de normalización e inclusión “deben acompañarse de recursos suficientes y eficientes, si no queremos que se convierta en un simple enunciado programático”. En este sentido ha subrayado que “los recursos son limitados, pero los gestores públicos deben tener la sensibilidad de asignarlos correctamente, priorizando a quienes más los necesitan”.

Respecto a la Administración sanitaria, las quejas por las listas de espera para primera consulta, prueba diagnóstica o intervención quirúrgica, en la atención especializada del Sistema Nacional de Salud, siguen siendo las más numerosas.

Ángel Gabilondo también ha recordado la actuación de oficio iniciada con todas las administraciones sanitarias sobre la situación en la que se encuentran pacientes que, por distintas razones, ven prolongada su estancia en centros hospitalarios de agudos. Así, ha reiterado que ha trasladado a las administraciones sanitarias la conveniencia de contar con un indicador de gestión hospitalaria que contemple este fenómeno.

Se ha referido, asimismo, a las actuaciones realizadas en materia de salud mental. El Defensor del Pueblo ha explicado que se han visitado hospitales especializados en Segovia, Albacete y Madrid donde se han puesto de manifiesto algunos de los problemas generales de este ámbito: la poca disponibilidad de especialistas, psiquiatras, pero también profesionales de terapia ocupacional, y la insuficiencia de camas en las unidades infantojuveniles, que obligan puntualmente a ingresar a los menores junto con los adultos.

Por otra parte, ha destacado el gran volumen de quejas en lo que tiene que ver con Seguridad Social y desempleo. Principalmente están referidas al reconocimiento y gestión de la incapacidad laboral, la recaudación ejecutiva de deudas, la jubilación y otros complementos -como los mínimos por hijos-, el ingreso mínimo vital, los subsidios de desempleo o el cese de actividad de autónomos, retrasos en pensiones no contributivas autonómicas, y reintegros de prestaciones indebidas.

En relación con el sistema de protección de menores, Ángel Gabilondo ha apuntado que “las situaciones de desamparo de niños, niñas y adolescentes nos llevan a comprobar la adecuación de las medidas adoptadas por las entidades de protección al principio de interés superior del menor. Buscando lo que más se ajusta a su seguridad y su bienestar, así como su horizonte de futuro”.

El Defensor del Pueblo se ha referido, además, al informe Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados presentado en 2025, en el que se considera que hay que trabajar para la plena integración de toda la infancia extranjera que está en España, tanto aquella que se encuentra junto a sus progenitores como aquella que ha realizado su periplo migratorio sin referentes adultos. En su opinión, “ese debería ser el objetivo y es la recomendación del informe- tanto de las comunidades autónomas como a la Administración General del Estado”.

En materia de vivienda, el Defensor del Pueblo ha señalado que las quejas recibidas durante 2025 constatan las dificultades de acceso a la vivienda en compra y alquiler. Así, ha remarcado que en este ejercicio volvió a trasladar a los actores con competencia en la materia “la necesidad de incrementar la oferta de viviendas en nuestro país y la imperiosa necesidad de incrementar de manera significativa el parque de vivienda pública y protegida de precio limitado destinado al alquiler. También se insistió en la necesidad de mantener, ampliar y agilizar los programas de ayudas al pago del alquiler para paliar el sobresfuerzo de los hogares”.

Ángel Gabilondo también ha destacado que han sido motivo de especial preocupación las personas que trasladaron que iban a ser objeto de un desahucio judicial inminente de su vivienda habitual. En este sentido, dijo el Defensor del Pueblo “admitimos las quejas y tratamos de verificar que se cumplen las garantías asistenciales que determina la Ley”.

Asimismo se ha referido a la actuación ante la Secretaría de Estado de Hacienda por la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las indemnizaciones que está abonando la Iglesia católica por abusos sexuales. Esta recomendación ha sido aceptada por el Ministerio de Hacienda recientemente.

En materia de protección del medio ambiente se ha referido a las 279 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad recibidas contra varios preceptos de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que modificaron el régimen de protección que recibía hasta ese momento el lobo. Por otra parte, ha recordado la ola de incendios forestales que motivó que la institución insistiera en la vigencia de los recordatorios de deberes legales, formulados en 2023 para mejorar y reforzar las medidas de prevención y la coordinación en la lucha contra los incendios forestales.

Ángel Gabilondo ha explicado, además, la actividad realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP), que en 2025 realizó 63 visitas a lugares de privación de libertad que dieron lugar a un total de 67 actuaciones. De estas actuaciones se derivaron 396 resoluciones de las cuales 96 fueron recomendaciones, 288 sugerencias y 12 recordatorios de deberes legales.

*El Informe anual 2005 y sus anexos puede consultarse en la web del Defensor del Pueblo www.defensordelpueblo.es

Prüfverfahren der Volksanwaltschaft zeigen: Fehler liegen nicht nur bei Behörden, sondern am Gesetz. Achitz: "Wir weisen die zuständige Ministerin Claudia Bauer laufend darauf hin, bekommen von ihr aber sinngemäß immer die Antwort, dass sie keinen Handlunsgbedarf erkennt."

Anlässlich des Internationalen Tags der Familie (15. Mai) weist Volksanwalt Bernhard Achitz auf die steigende Zahl der Beschwerden über Probleme mit Familienleistungen hin: „Die Volksanwaltschaft prüft jeden einzelnen Fall, aber sehr oft kommt dabei heraus, dass die Behörden keinen Fehler gemacht haben. Die Fehler liegen im System und müssten mit Gesetzeskorrekturen behoben werden, vor allem im Bereich des Kinderbetreuungsgelds. Wir weisen die zuständige Ministerin Claudia Bauer laufend darauf hin, bekommen von ihr aber sinngemäß immer die Antwort, dass sie keinen Handlunsgbedarf erkennt. Die Volksanwaltschaft, vor allem aber die betroffenen Mütter und Väter, sehen das aber ganz anders.“ Neben dem Kinderbetreuungsgeld in Fällen, wo ein Elternteil in einem anderen EU-Land lebt oder arbeitet, und auf das die Familien manchmal mehrere Jahre warten müssen, besteht vor allem in folgenden Fällen Reformbedarf:

Kein einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld wegen Krankenstand

Familien stehen seit Jahren vor den gleichen Problemen und Hürden, wenn sie Kinderbetreuungsgeld beantragen. Eine Verbesserung und Vereinfachung der gesetzlichen Grundlagen ist überfällig. Etwa beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld: Dafür muss man 182 Tage vor Geburt bzw. Mutterschutz durchgehend gearbeitet haben. Wer das Pech hat, mehr als 14 Tage Krankengeld bezogen zu haben, wie eine Mutter aus Oberösterreich wegen ausgeprägter Schwangerschaftsübelkeit, schaut durch die Finger. Der finanzielle Verlust ist enorm. Sie musste auf die „Sonderleistung 1“ umsteigen und verlor 500 Euro pro Monat.

Eltern unter Druck, auf niedrigeres Kinderbetreuungsgeld umzusteigen

Die Volksanwaltschaft kritisiert, dass Familien formlos mitgeteilt wird, dass sie die Voraussetzungen für das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld nicht erfüllen und daher auf die – weit niedrigere – „Sonderleistung 1“ umsteigen müssen. Sie erhalten keine Information über die rechtlichen Folgen und über Rechtsmittelmöglichkeiten. Entsprechen Betroffene dieser Aufforderung der Behörde, haben sie keine Möglichkeit mehr, die Entscheidung überprüfen und Behördenfehler korrigieren zu lassen. Eltern fühlen sich von diesen Schreiben unter Druck gesetzt. Eine Antragstellerin aus Wien berichtete, dass sie ein Schreiben mit dem Hinweis erhalten hatte, sie müsse „eine Frist einhalten, sonst werde ihr Antrag nicht bearbeitet“. Auch am Telefon erhielt sie gleichlautende Auskünfte, kein einziges Mal wurde die Möglichkeit eines Rechtsmittels erwähnt. Daher ging sie davon aus, bei Nichtunterschreiben monatelang kein Kinderbetreuungsgeld zu bekommen und nicht versichert zu sein.

Irrtum bei Kinderbetreuungsgeld-Antrag kann nur 14 Tage lang korrigiert werden

Irren sich Eltern bei der Auswahl der Variante des Kinderbetreuungsgelds, besteht weiterhin nur eine Frist von 14 Tagen ab Antragstellung, um eine Korrektur vorzunehmen. Aber oft bemerken sie den Irrtum erst später, nämlich wenn sie die Mitteilung über die Leistung erhalten. Eine junge Frau aus der Steiermark, die bei der Online-Antragstellung irrtümlich die Pauschalvariante auswählte, erhielt um 600 Euro weniger pro Monat - eine existentielle Belastung. Die VA fordert weiterhin, dass die 14-Tage-Frist nicht schon ab Antragstellung beginnt, sondern erst ab Zugang der Mitteilung über den Leistungsanspruch.

Hauptwohnsitzmeldung vergessen, Kinderbetreuungsgeld weg

Andere Eltern verloren den Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld, weil sie in der stressigen Zeit um die Geburt ihres Kindes vergessen haben, sich um eine gemeinsame Hauptwohnsitzmeldung für Eltern und Kind zu kümmern. Die Volksanwaltschaft fordert daher auch hier eine gesetzliche Änderung.

DETAILS finden Sie im Bericht der Volksanwaltschaft über das Jahr 2025, Band 1, Nachprüfende Kontrolle der öffentlichen Verwaltung, ab Seite 48: https://volksanwaltschaft.gv.at/berichte/berichte-an-das-parlament/

Familien verlieren wegen Gesetzeslücken viel Geld - Reformen beim Kinderbetreuungsgeld notwendig

The Local Government and Social Care Ombudsman has raised concerns about the support provided to Hounslow children with special educational needs who are schooled out of borough after two complaints were upheld in quick succession.

In one case, a primary school girl with autism and complex special educational needs, whose Education, Health and Care (EHC) Plan said she needed speech and language and occupational therapies, received neither for two full school terms.

Throughout the family’s complaint, the council never made it clear that it had a legal duty to ensure the girl gets the therapy she needed in her current school. The family thought she could only get therapy provision if she moved to a school within the council’s area.

The lack of information and advice from the council led the family to decide that moving their daughter was the only way she could receive the therapy she needed. The move led to the girl, who had been happy and settled at her original school, showing behaviours that her family had never seen before.

Having realised that moving their daughter to a different school was a mistake, the family appealed. By that point, her original, out-of-borough school place had been given to another child. In the end, the girl will be returning to her first school from September 2026.

The Ombudsman has also found the same gap in provision in another recent complaint about Hounslow council. The law is clear: if a child's support plan says they need therapy, the council must make sure they get it, no matter which school they attend. Hounslow council has not been meeting this basic legal responsibility.

Amerdeep Clarke, Local Government and Social Care Ombudsman, said:

"This case is a stark reminder of what can go wrong when a council loses sight of its responsibilities to children educated outside its boundaries. A child with complex special educational needs missed vital therapy provision for two whole terms, not because it could not be arranged, but because the council did not have the right systems in place to make it happen.

"I want every council in the country to look at this case and ask whether they are confident they have proper oversight of the children in their area who are educated in out-of-area placements. Are the right arrangements in place? Do staff understand the council's legal duties? Are there systems to check that provision is actually being delivered?

"Children with SEND are amongst the most vulnerable in our communities, and the impact of getting this wrong, on their development, their wellbeing, and their families, can be profound and long-lasting. Effective scrutiny and oversight of local SEND services is not a bureaucratic exercise; it is how councils make sure every child gets the education they are entitled to."

The Local Government and Social Care Ombudsman remedies injustice and shares learning from investigations to help improve public, and adult social care, services. In this case the council should apologise to the family and pay them £1,700.

Article date: 14 May 2026

A high-level panel convened at the United Nations Headquarters in New York discussed the importance of complying with the Venice Principles to strengthen the independence and autonomy of Ombudsman institutions and create an enabling environment for them to effectively perform their mandate nationally and internationally.

The panel was organised in accordance with United Nations General Assembly Resolution 79/177 and focused on the role of Ombudsman institutions in promoting human rights, good governance, accountability, and the rule of law. Discussions also addressed the growing challenges faced by Ombudsman institutions worldwide, including political pressure, financial constraints, digital transformation, artificial intelligence, and global crises.

The Venice Principles, adopted by the Venice Commission in 2019 and subsequently acknowledged by the United Nations General Assembly, constitute the first dedicated international standards specifically focused on the protection and promotion of Ombudsman institutions. The Principles establish standards on independence, appointment procedures, mandates, operational autonomy, financial stability, and protection from interference.

In her address, the President of the International Ombudsman Institute (IOI), Nadine Mailloux, highlighted the importance of safeguarding the independence of Ombudsman institutions and addressed challenges that may hinder the implementation of the Venice Principles. She also referred to emerging challenges, including artificial intelligence and global crises, and discussed how the Venice Principles can help institutions preserve their autonomy and effectiveness in increasingly complex environments.