The Commissioner for Environment and Planning, Perit Alan Saliba, was recently interviewed by Tonio Bonello on the programme Il-Polz taċ-Ċittadin on Radju Malta. The interview centred on the position paper issued by the Office of the Parliamentary Ombudsman, Ensuring Safe and Unobstructed Mobility on Public Pavements and in Public Places.

The conversation addressed the growing and persistent problem of pavements and public spaces being obstructed, often by outdoor furniture such as tables and chairs placed by catering establishments. Perit Saliba discussed how this long-standing issue has now reached a point where it requires coordinated national attention.

The discussion expanded to cover the broader implications of obstructed pavements, beyond mere inconvenience. The Commissioner noted that mobility is a right enshrined in both Maltese and international legal frameworks. Public pavements are not optional or secondary, they are essential infrastructure intended to ensure free and safe movement for all, particularly those with limited mobility.

Perit Saliba also discussed the safety dimension of the issue. Obstructed pedestrian routes can hinder emergency access and expose pedestrians to avoidable risks, especially when people are forced to step onto the carriageway.

He outlined the recommendations made in the position paper, including clearer licensing procedures, marked boundaries, public transparency by the Lands Authority, stronger enforcement powers for the Planning Authority, and routine inspection mechanisms. He also underlined the importance of public authorities embedding accessibility into the early stages of planning, not treating it as an afterthought.

During the interview, the Commissioner also answered questions from several listeners who called in during the programme.

Children and young people who are placed in emergency care outside the home constitute a vulnerable group. They have often been removed from their familiar environment at very short notice and may not know where they are going to be staying in the long term, who is going to take care of them or where they will go to daycare or school.

 As the theme for his monitoring visits to institutions for children in 2026, the Ombudsman will be looking into the social facilities that the municipalities use when there is a need for placing a child or young person in emergency care.

The Ombudsman will be visiting both facilities that have been approved by the social supervision authorities and non-approved facilities in which the municipalities can place a child or young person for up to six weeks according to the current rules.

‘Children and young people in emergency care are in a situation where their life will often be turned upside down and which must be seen as both insecure and uncertain. In my monitoring visits this year, I will be examining the settings that children and young people in emergency care find themselves in and whether they are treated with dignity and consideration and in accordance with their rights’, says Parliamentary Ombudsman Christian Britten Lundblad.

In connection with the monitoring visits, the Ombudsman will focus on, among other things, how children and young people in emergency care retain their relationship with their parents and network and overall maintain as normal an everyday life as possible. The Ombudsman will also focus on how it is ensured that the children and young people move forward from the emergency placement in a positive way.

The monitoring visits are carried out in cooperation with the Danish Institute for Human Rights and DIGNITY – Danish Institute Against Torture.

When the monitoring year is over, the Ombudsman will summarise the most significant results in a thematic report.

Further information:

Director of International Relations Klavs Kinnerup Hede, kkh@ombudsmanden.dk

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha reunido este viernes con el Defensor Público General Federal de Brasil, Leonardo Cardoso de Magalhães.

Durante el encuentro han abordado asuntos relativos a la defensa de los derechos fundamentales y diversas actuaciones, iniciativas  y tareas de Leonardo Cardoso en su país. Estos son, entre otros, el proyecto Soberanía, Derechos Humanos y Democracia; el Observatorio de la Mujer; la violencia política; las consecuencias de la ubicación del MNP en el Ministerio de Derechos Humanos de Brasil, así como algunas competencias singulares de esta institución brasileña como, por ejemplo, la posibilidad de presentar proyectos de ley  o demandas judiciales colectivas.

El Defensor del Pueblo, por su parte, ha explicado a su homólogo brasileño las labores y competencias de la institución y ha compartido los retos comunes entre ambas defensorías.

En este encuentro han participado también Larissa Arantes, directora de Gabinete del Defensor Público General Federal de Brasil, e Isabel Aymerich, directora de Gabinete del Defensor del Pueblo.

• La entrada en el circuito de atención para las víctimas de violencias sexuales no recientes no está clara y puede dar lugar a revictimizaciones secundarias: es necesario disponer de atención específica para este tipo de violencias, que son las mayoritarias.

• También es necesario aumentar los recursos residenciales de urgencia y de larga estancia, así como la estabilidad de los equipos profesionales, ya que existe un grado de rotación que puede afectar a los servicios.

La defensoría de la ciudad publica el informe monográfico "Los servicios de atención a las violencias sexuales en la ciudad de Barcelona", en el que han participado más de un centenar de personas que trabajan en servicios sociales y sanitarios y en entidades autogestionadas. Así mismo, se han analizado protocolos y otros documentos específicos, así como los 18 servicios especializados que existen en la ciudad.

En los últimos años, se constata un gran aumento en las denuncias y revelaciones de situaciones de violencia sexual. Este incremento de casos ha podido impactar en forma de saturación en los servicios: de acuerdo con la encuesta que se ha llevado a cabo, el tiempo que suele transcurrir desde el primer contacto hasta que comienza la actuación es muy superior al ideal, con una media de 3,3 meses de espera.

Estancias demasiado largas en recursos de urgencia

Los datos recogidos muestran que la mayoría de las personas atendidas por los servicios no han vivido la violencia sexual de forma reciente, sino que ha transcurrido una media de 3 años desde el incidente violento hasta la llegada al servicio.

Las violencias sexuales no recientes presentan, en muchas ocasiones, características más graves debido a que se trata de victimizaciones en la infancia, traumas complejos o violencia intrafamiliar, entre otras. Sin embargo, no hay ningún servicio especializado en violencias sexuales no recientes. Los equipos profesionales indican que las víctimas suelen haber visitado previamente una media de 2,17 servicios y, en algunos casos, han pasado previamente por más de 10 servicios, lo que puede implicar una victimización secundaria importante.

La entrada en el circuito de atención es más clara para los casos de violencias sexuales recientes. Ahora bien, hay contradicciones en la información municipal: las Guías del buen trato de algunos distritos señalan que el Hospital Clínic y el de la Vall d'Hebron son los referentes si la violencia sexual ha ocurrido en las últimas 72 horas. Sin embargo, en otros distritos estas guías no establecen limitaciones temporales.

Además, son habituales las estancias demasiado largas en los recursos residenciales, sobre todo en los de urgencia, en los que se llega a quintuplicar las estancias máximas recomendadas. También se ha identificado una carencia de recursos residenciales para mujeres con necesidades específicas (con consumo activos de drogas, con problemas graves de salud mental...).

Personal de los servicios: mucha rotación y burnout

Las condiciones de trabajo de los equipos profesionales son mejorables. Esto se refleja en el índice de inestabilidad laboral tan elevado: en los servicios de tipo social, la mayoría de las personas trabajadoras declaran que el equipo cambia cada año o menos, incluso. Algunas personas remarcan también la falta de recursos que sufren.

No ha habido un incremento de profesional proporcional al de personas atendidas, lo que redunda en un mayor estrés. Los profesionales destacan el impacto emocional, la responsabilidad y síntomas de agotamiento profesional (burnout).

Recomendaciones de la Sindicatura de Greuges de Barcelona

Realizado este análisis, la defensoría ha elaborado varias recomendaciones:

• Acordar una definición de violencias sexuales, alineada con la normativa vigente y compartida por todos los recursos.

• Establecer una entrada clara en el circuito de servicios para casos de violencias sexuales recientes y no recientes, detallando los servicios disponibles y sus funciones, así como los criterios de atención y los mecanismos de coordinación y derivación.

• Actualizar las Guías del buen trato de los distritos para incluir servicios específicos y criterios de atención en violencias sexuales. Otros recursos adecuados serían mapas de servicios públicos y privados que ofrecen atención a víctimas, que deberían crearse y hacerse después difusión.

• Asegurar una atención especializada y adecuada para cada tipo de violencia sexual, asignando más recursos residenciales de urgencia y de larga estancia.

• Dotar a los servicios específicos de personal y recursos suficientes para poder atender a las personas adecuadamente, asegurando la estabilidad de los equipos profesionales para evitar la alta rotación del personal, y proporcionarles condiciones laborales que tengan en cuenta la carga elevada de estrés emocional que tienen.

• Estudiar si es necesario que el Ayuntamiento cree categorías profesionales específicas que aseguren la especialización de las personas que atienden a las violencias sexuales.

Podéis consultar el informe entero en este enlace