El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maetu, ha intervenido hoy en la presentación del VI informe del Observatorio para la Desigualdad en Andalucía, sobre “Migraciones y Desigualdades Sociales en Andalucía”

El defensor andaluz ha agradecido la temática elegida que pone su mirada en uno de los colectivos de población más vulnerables -las personas migrantes- y cómo les condiciona para su plena inclusión, entre otros factores, el territorio donde se asientan. “Es un enfoque altamente revelador de muchas de las causas que pueden agravar las situaciones de desigualdad: la residencia en un ámbito urbano concreto es un condicionante más; el código postal te marca y mucho más en el caso de estas personas que residen en su mayoría en núcleos poblacionales más vulnerables o, incluso, invisibles y olvidados en asentamientos urbanos irregulares”, ha dicho Maeztu. Por eso ha recalcado a continuación que “es fundamental conocer, adaptar e integrar lo específico de cada territorio en las políticas públicas y, en el caso que nos ocupa hoy: urge poner especial énfasis en promover el valor de la interculturalidad de la población residente como eje vertebrador para favorecer la inclusión en estos barrios”.

El defensor ha destacado que existe una relación directa entre la migración y la desigualdad en todos los niveles, siendo algunos de sus desafíos más importantes acabar con las situaciones de racismo y xenofobia y contar con políticas públicas capaces de gestionar esta diversidad, con sociedades plurales y abiertas:

Durante su intervención, Jesús Maeztu ha recordado algunas de las principales problemáticas que nos trasladan estas personas a través de las quejas, tanto a tìtulo particular como por entidades del tercer sector, visitas de la Defensoría al territorio e investigaciones propias de la Institución desde un enfoque jurídico y social.

Fruto de este trabajo, la Defensoría ha reclamado a las administraciones andaluzas: el cumplimiento de la normativa para elaborar los informes de inserción social para el arraigo social; facilitar y empadronar a estas personas, -también las que residen en asentamientos chabolitas-; más recursos públicos para atender la realidad social y económica de esta población y la acogida y reparto equitativo, sobre todo de menores no acompañados, entre otras cuestiones, además de otras problemáticas similares a las que sufren la población vulnerable y/o en riesgo en general en estos barrios.

“Tras nuestro trabajo en defensa de este colectivo, podemos afirmar que aún queda un camino largo que recorrer para que la protección de derechos que se garantizan en la normativa vigente a las personas extranjeras sea un hecho y no una mera proclamación de loables intenciones”, ha lamentado el defensor, que también ha pedido en el caso de los asentamientos chabolistas y, de manera genérica, “una estrategia global y territorial para la eliminación de estos asentamientos respetando la autonomía local, que contemple incluir estrategias para involucrar a todos los agentes implicados (administraciones, tercer sector, empresariado, migrantes, población autóctona…)”.

On 15 May 2025, the Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia adopted a decision[1]typo3/ _ftn1 to appoint the members of the Expert Council for Child Advocacy.

Maša Gril, Majda Pušnar, Majda Struc, Sonja Molan, Tatjana Mušič Seničar, Vojka Lipovšek Polc, Nataša Prelesnik Korošic, and Peter Steničnik have been appointed as the new child advocate coordinators on the Expert Council. Sara Geiger Smole, Dr Nadja Hriberšek, Anja Tekavčič, Urška Leban Guzej, and Dr Marko Kalan have been appointed as representatives of the professional public and non-governmental organisations. Staša Sitar and Simona Mikec have been appointed as the new advocate representatives, while Jasna Vunduk and Lea Javornik, MSc, will serve as the latest representatives of the Ombudsman.

The mandate of the members of the Expert Council is set at three years, starting from the date of its constitutive session. The tasks of the Expert Council are defined by the General Act on the Method of Implementing Child Advocacy, the Organisation of Advocacy, the Inclusion of Children in Advocacy, and the Tasks, Composition, and Method of Work of the Expert Council. The Expert Council conducts its work in accordance with the Rules of Procedure of the Expert Council for Child Advocacy, adopted on 29 October 2020. The Deputy Ombudsman responsible for the field of child advocacy convenes the meetings and, in accordance with the law, chairs the Expert Council.

Seven candidates responded to the public call. As all of the applicants met the necessary criteria, they have been appointed as members of the newly composed Expert Council. 

[1] Pursuant to Paragraph 4 of Article 25a of the Human Rights Ombudsman Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, Nos. 71/93, 15/94 – amended, 56/02 – Public Employees Act, 109/12, 54/17, and Article 20 of the General Act on the Method of Implementing Child Advocacy, the Organisation of Advocacy, the Inclusion of Children in Advocacy, and the Tasks, Composition, and Method of Work of the Expert Council (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 44/18).

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Los doce miembros del consorcio de esta iniciativa, entre los que se encuentra la Sindicatura, se reúnen en Leeds (Reino Unido) el 8 y 9 de mayo para poner en común los avances realizados y para definir los pasos a seguir del proyecto el Innovative and Inclusive Democratic Spaces for Deliberation and Participation (iDEM).

Concretamente, la Sindicatura interviene en las sesiones de trabajo dedicadas a la definición, organización, implementación y aspectos éticos de las cuatro pruebas piloto. También se evalúa y se realizan propuestas de mejora de la última versión de la aplicación iDEM, y se trabaja en la presentación del proyecto ante la persona responsable en la Unión Europea, que tendrá lugar en junio.

La herramienta de inteligencia artificial iDEM simplificará y hará más comprensibles las informaciones necesarias para tomar parte en procesos participativos. Se dirige a personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comunicación, como personas migrantes y personas mayores. En Barcelona la prueba piloto se llevará a cabo en la primavera de 2026. Se prevé que en 2029 la aplicación iDEM estará disponible para 1,2 millones de personas.

El proyecto lo lidera la Universidad Pompeu Fabra y cuenta también con la participación del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. Los miembros que forman parte del consorcio provienen de distintos países e instituciones europeos, entre ellos Alemania, Austria, España, Irlanda, Italia y Reino Unido.

La Sindicatura es miembro del iDEM desde enero de 2024, cuando se inició el proyecto, en tanto que institución que vela por los derechos de participación y la accesibilidad y la inclusividad. David Bondia, síndic de greuges de Barcelona, ​​valora que «en cuanto a nuestro ámbito competencial en la ciudad, tenemos muy claro que la participación ciudadana en los debates democráticos no puede ser sólo retórica, sino que debe ir acompañada de una práctica muy necesaria, real, efectiva e inclusiva«.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para presentar el Informe anual de la actividad de la institución en 2024.

Ángel Gabilondo, que ha acudido a la Cámara Baja junto a la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, y la adjunta segunda, Patricia Bárcena, ha destacado que los ciudadanos hacen llegar a la institución su preocupación por la lentitud de la Justicia y por las deficiencias en los servicios de salud. “Con sus quejas reclaman a las administraciones mayor celeridad en la Justicia y mejoras en los servicios de salud”.

Más de 34.000 expedientes

En 2024, la institución Defensor del Pueblo tramitó 34.629 expedientes, de los que 34.402 fueron quejas, 185 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones y 42 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, la institución atendió personalmente a 35.733 ciudadanos: 34.115 de ellos mediante llamadas telefónicas y 1.618 de manera presencial.  

Asimismo, se formularon 2.501 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 1.190 fueron recomendaciones, 843 fueron sugerencias, 464 recordatorios de deberes legales y cuatro advertencias.

Los asuntos relacionados con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social, la Función Pública, asilo, migraciones, Interior, Educación, Economía o Sanidad, protagonizaron el mayor número de quejas. Un año más, las comunidades desde las que más escritos se recibieron fueron las de Madrid (8.031), Andalucía (4.155), Cataluña (3.441) y Valencia (3.231).

Principales actuaciones en 2024

Durante su intervención, Ángel Gabilondo ha repasado las principales actuaciones de la institución en 2024.

En materia de Sanidad el Defensor del Pueblo se ha referido a la salud mental para adolescentes y jóvenes. En su opinión, “resulta imprescindible incrementar el número de profesionales y recursos terapéuticos especializados para que las familias, ante los primeros síntomas, puedan acudir con prontitud a un especialista sin esperas prolongadas de citas”, problema que se da en la actualidad. 

En lo relativo a la vivienda, Ángel Gabilondo ha insistido en la necesidad de mantener y mejorar los programas de ayudas al pago del alquiler y en que los procedimientos de adjudicación de viviendas públicas deben ser ágiles y transparentes. Y dado el incremento sostenido de los precios del alquiler, las administraciones públicas deberían utilizar las herramientas de la vigente Ley de Viviendas. También ha señalado que las viviendas públicas protegidas deberían estar sujetas a protección permanente.

El Defensor del Pueblo ha mencionado la actuación iniciada con todas las administraciones autonómicas por los problemas de retrasos para la valoración de la discapacidad. La inclusión del alumnado con discapacidad en las actividades y los servicios de ámbito extraescolar, así como el apoyo a las familias de personas con discapacidad en los ámbitos tributarios y social, han sido asuntos a los que ha aludido Ángel Gabilondo en su intervención ante los diputados y senadores.

El Defensor del Pueblo ha subrayado la necesidad de protección específica de las mujeres mayores víctimas de violencia de género, que, en muchas ocasiones, tienen dificultades añadidas para salir de la situación del maltrato y recobrar sus vidas. Y ha recordado que en 2024 la institución publicó el informe Violencia vicaria de género. Las otras víctimas, donde se recogieron líneas de actuación y recomendaciones dirigidas a las administraciones competentes para mejorar los servicios de atención a los menores, así como para prevenir y reparar más eficazmente esta forma de violencia contra la infancia y la adolescencia.

Otro asunto relevante de su exposición en la Comisión ha sido el relativo a las personas desaparecidas en su intento de llegar a las costas españolas. El Defensor del Pueblo ha aseverado que, en materia migratoria, la institución ha solicitado información sobre el estado de los trabajos de elaboración del protocolo de actuación ante la llegada de grandes contingentes de personas migrantes a las costas españolas, y ha tramitado numerosas quejas relacionadas con los recursos del sistema de acogida humanitaria. 

Efectos indeseados e injustos

Sobre las quejas recibidas por reintegro de prestaciones sociales por cobro indebido, Ángel Gabilondo ha explicado las actuaciones iniciadas con las administraciones competentes. El Defensor del Pueblo ha indicado que, teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial más reciente del Tribunal Supremo, considera que ha llegado el momento de revisar la Ley General de la Seguridad Social -artículo 55- para paliar los efectos indeseados e injustos que estos procedimientos de reintegro pueden causar a las personas y familias necesitadas y vulnerables.

Por otra parte, ha recordado la publicación del informe monográfico Retos de la inclusión financiera. Servicios bancarios y personas vulnerables, con 32 recomendaciones a las administraciones competentes.

Los retrasos en la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) ha sido objeto de seguimiento por parte de la institución. Ángel Gabilondo ha apuntado que la institución ha formulado recomendaciones a 33 ayuntamientos que pueden hacerse extensibles a todos los municipios obligados por ley a implantar una ZBE.

El Defensor del Pueblo ha destacado en su comparecencia las actuaciones de seguimiento realizadas por la institución para ver la evolución de calidad de los servicios de Cercanías en Madrid y Barcelona, capitales que han concentrado la gran mayoría de las quejas recibidas al respecto.

Cuatro años sin electricidad

Ángel Gabilondo ha hecho mención especial a la situación de extrema vulnerabilidad en la que viven habitantes de la Cañada Real Galiana, que desde hace más de cuatro años no disponen de suministro eléctrico. En este sentido, ha enumerado las actuaciones, recomendaciones, propuestas y las reuniones con distintos colectivos que ha llevado a cabo la institución. Algunas de ellas este mismo año.

El Defensor se ha referido también a la actividad realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP), que en 2024 realizó 26 visitas a lugares de privación de libertad que derivaron en 203 recomendaciones, 300 sugerencias y 11 recordatorios de deberes legales.

Ángel Gabilondo ha recalcado que el Informe anual 2024 recoge una actualización del Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.  La misma no supone una modificación de las conclusiones y recomendaciones del Informe y habrían de ser, a juicio del Defensor del Pueblo, objeto de deliberación para la adopción de medidas concretas que el Parlamento decida. Las víctimas esperan y demandan una respuesta necesaria.

En su intervención, Ángel Gabilondo ha repasado las acciones de carácter internacional en las que la institución participa como miembro de organizaciones que aglutinan a ombudsman de otras regiones. El Defensor del Pueblo, reacreditado en 2024 como Institución de Derechos Humanos por Naciones Unidas, es además institución referente para las organizaciones multilaterales de derechos humanos.

*El Informe anual 2004 y sus anexos puede consultarse en la web del Defensor del Pueblo www.defensordelpueblo.es