El informe anual de infancia concluye que la discriminación por edad afecta claramente a los niños e invisibiliza sus necesidades

Pide que se incorpore la perspectiva de la edad en las políticas públicas

La adolescencia y la primera infancia son los grupos de edad más desprotegidos

El Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado hoy el Informe anual sobre los derechos del niño correspondiente a 2024, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia.

Este año, el informe se centra en analizar cómo la edad condiciona el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de los niños. En este sentido, constata que el edadismo, es decir, la discriminación por motivos de edad, afecta a los niños al limitar sus derechos y oportunidades, y que las políticas públicas a menudo no tienen en cuenta la perspectiva de la edad ni las necesidades de este colectivo. Algunos ejemplos de ello son los siguientes:

• El riesgo de pobreza es mayor entre los niños que entre los adultos (27 % frente a 15 %). Además, la cobertura de la renta garantizada de ciudadanía y del ingreso mínimo vital es limitada: casi el 15 % de los niños que viven en situación de pobreza extrema y alrededor del 55 % de los que están en riesgo de pobreza no tienen acceso a ninguna de estas prestaciones.
• Los niños tienen que esperar más tiempo que los adultos para acceder a los servicios de salud y a la vivienda social. El tiempo medio de espera de adjudicación de una vivienda es de 618 días para las unidades con menores a cargo y de 460 días para las unidades sin menores.
• No existe una legislación administrativa básica que regule específicamente la responsabilidad de los niños, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito penal, en el que las sanciones se gradúan en función de la edad y se aplican medidas sancionadoras educativas.

Ante esta situación, la síndica ha declarado que “la sociedad sigue considerando a menudo a los niños como objetos de protección en lugar de como ciudadanos con derechos propios”.

La vulnerabilidad de la adolescencia, un punto crítico

El informe también señala que la adolescencia es una etapa bastante desprotegida, con importantes carencias en materia de educación (abandono escolar prematuro y falta de plazas de formación profesional) y de salud mental (acceso limitado a servicios especializados de salud mental –CSMIJ–, a pesar de la prevalencia de trastornos emocionales). Las cifras muestran que los adolescentes tienen un mayor riesgo de pobreza y exclusión (hasta un 35 % en algunos indicadores) y que la inclusión escolar disminuye con la edad (el 50 % del alumnado de entre dieciséis y veintiún años con necesidades educativas especiales no está matriculado en ningún programa de formación). Además, el sistema de protección tiene dificultades para atender adecuadamente a los adolescentes tutelados especialmente vulnerables, como las chicas o los jóvenes migrantes no acompañados.

Además de la adolescencia, la primera infancia (de cero a seis años) es otro grupo de edad especialmente vulnerable: el 57 % de los niños de entre cero y dos años no están escolarizados. También hay un elevado número de niños menores de seis años institucionalizados en centros de protección (alrededor de 300). Además, la cobertura de los centros de desarrollo infantil y atención precoz (CDIAP) es insuficiente.

El informe también denuncia que, aunque la normativa legal reconoce formalmente la obligación de escuchar a los niños, los propios servicios públicos a menudo no garantizan este derecho. Por ejemplo, en el ámbito de la protección, no siempre se les da la oportunidad de expresar su opinión sobre las medidas que les conciernen, i esto tampoco ocurre en los procedimientos judiciales. Este derecho está poco garantizado, especialmente para los niños menores de doce años. A la luz de esto, la institución sostiene que el derecho de escucha y participación de los niños debe interpretarse en sentido amplio, de modo que se garantice siempre que sea posible.

El informe destaca especialmente las incoherencias entre lo que la normativa permite, prohíbe o fomenta en función de las diferentes edades y ámbitos de la vida, y menciona algunas de ellas, como por ejemplo: la edad de responsabilidad penal según la Ley del menor (catorce años), en comparación con la edad a la que los padres deben autorizar determinados actos, como asistir a un concierto (dieciséis años); o la edad a la que se puede trabajar y contribuir activamente a la sociedad (dieciséis años), en comparación con la edad de plena participación política (dieciocho años).

Por último, la síndica ha querido destacar que la sociedad tiende a considerar la infancia como una etapa homogénea, sin tener en cuenta que las necesidades de un niño pequeño no tienen nada que ver con las de un adolescente.

El Síndic de Greuges pide una nueva perspectiva sobre la edad y los derechos

Ante esta realidad, la institución del Síndic de Greuges propone reformas normativas y políticas concretas, como, por ejemplo:

• Establecer una primera mayoría de edad a los dieciséis años, que reconozca progresivamente la autonomía y la capacidad de participación de los adolescentes.
• Universalizar las oportunidades educativas hasta los dieciocho años.
• Proporcionar un trato específico a los niños y adolescentes en ámbitos como la salud, la vivienda y las sanciones.
• Incorporar la perspectiva de la edad en todas las políticas públicas para garantizar un trato adecuado en cada etapa del desarrollo.
• Garantizar el derecho a la escucha activa también para los menores de doce años en todos los procesos que les afecten.

El informe concluye que la edad no puede seguir siendo un factor de desigualdad, sino que debe ser un criterio de protección y reconocimiento efectivo de derechos. Por ello, la institución insta a las autoridades a situar la infancia y la adolescencia en el centro de las políticas públicas, a incorporar la perspectiva de la edad en el diseño de dichas políticas y a garantizar la participación de los niños y adolescentes en todas las decisiones que les conciernen.

“Debemos superar el adultocentrismo y reconocer a los niños como ciudadanos con voz propia y plenos derechos”, ha concluido la síndica.

• Acceso al resumen ejecutivo en formato pdf (en breve disponible en castellano)
• Acceso al informe en formato pdf (en breve disponible en castellano)
• Infografía (en catalán)

Tomás Quintana ha participado en Puebla de Sanabria en el Congreso Internacional Rural Renaissance VI 'Territorios sin cuidados y fronteras administrativas' cuyo objetivo es analizar el reto demografíco desde diferentes perspectivas.

En esta ocasión, se ha tomado como objeto preferente la administración de los cuidados, la digitalización y la posibilidad de impulsar una iniciativa legislativa popular en materia de despoblación que aglutine en un texto legal el derecho público diferente para ciertas fronteras administrativas.

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha participado hoy en la Noche de la Psicología 2025, en la que ha reivindicado “tiempo, equipos y coordinación” para cuidar la salud mental en Andalucía.

Durante su intervención, el Defensor ha subrayado el carácter relacional, interprofesional e interinstitucional de la cita y ha agradecido el trabajo del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (COPAO), al que ha reconocido como “alianza estable” de la Institución. Maeztu ha recordado que, en 2022, el COPAO distinguió a la Institución por su labor en defensa del bienestar emocional de la ciudadanía, un gesto que —ha dicho— “entendimos como un abrazo al trabajo de una institución que escucha, señala desigualdades y empuja para que las cosas mejoren”.

En el marco del acto, el Defensor felicitó a las entidades premiadas en esta edición: RTVA, la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras Demencias (ConFEAFA), Diario de Sevilla (Grupo Joly) y la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. El acto celebrado en el Casino de la Exposición y conducido por la periodista Mabel Mata, contó con la intervención de la viceconsejera de Salud y Consumo, María Luisa del Moral, y el viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Repiso, entre otras autoridades.

El mensaje de Jesús Maeztu se articuló en tres líneas. La primera, la necesidad de tiempo y equipos suficientes para la salud mental, con la vista puesta en el Plan de Salud Mental y Adicciones: “queremos que llegue con profesionales reforzados, psicoterapia accesible y una coordinación sociosanitaria que se note”.

La segunda, la mirada por edades y contextos: el Alzheimer y otras demencias reclaman acompañamiento y entornos dignos en las personas mayores; la atención temprana requiere calidad y estabilidad para llegar a tiempo; y en las aulas la salud mental también se cuida. En este punto, el Defensor recordó con respeto a Sandra Peña y dirigió un abrazo a su familia, apelando a hablar de acoso escolar con rigor, recursos y sin estigmas.

La tercera idea situó la calidad asistencial también en el trato: la claridad informativa y la compañía, insistió, deben acompañar a la técnica para evitar el daño moral que provocan la confusión y las demoras, como se ha comprobado en experiencias recientes de cribados.

Sobre esa base, la Institución planteó cuatro compromisos para los próximos meses: mantener una escucha activa y un canal directo con el Colegio para recoger y priorizar evidencias de consulta y de terreno; realizar seguimiento de la implantación del Plan cuando se apruebe, con foco en territorios tensionados, tiempos y resultados; impulsar la coordinación sociosanitaria en mayores y dependencia, exigiendo dotación y evaluación; y reforzar la prevención y respuesta frente al acoso escolar con personal formado, intervención rápida y acompañamiento a las familias. “No pedimos imposibles —señaló Maeztu—; pedimos que cada cual cumpla su parte”.

El cierre fue una invitación a la corresponsabilidad: un pacto operativo entre Administración, profesionales y ciudadanía. “Vosotros aportáis evidencia y cuidados; nosotros, voz institucional y exigencia; la Administración, recursos y decisión. Si cada parte cumple su parte, Andalucía gana”.

Anlass dieser Ausschussberatung war die Kritik einer Petentin, die schilderte, dass an einer Grundschule Kinder mit Förderbedarf nicht ausreichend unterstützt würden. Um diesen Sachverhalt aufzuklären, wurde in der gestrigen Sitzung des Petitionsausschusses zusammen mit dem Bildungsministerium die Entwicklung der inklusiven Bildung an den Schulen des Landes M-V erörtert.

Dazu stellte die Vertreterin des Bildungsministeriums die Maßnahmen dar, um ein gutes Lernen für alle Kinder zu ermöglichen. Hierbei wies sie auf die Inklusionsstrategie des Landes hin, in der u. a. Vorgaben zu inklusiven Lerngruppen, Schulen mit spezifischer Kompetenz oder Familienklassenzimmer enthalten seien. Darüber hinaus biete das Institut für Qualitätsentwicklung zu diesem Thema viele Fortbildungsveranstaltungen für Schulleitungen und Lehrkräfte an. Des Weiteren werde diese Beratungs- und Unterstützungssysteme zusätzlich regelmäßig evaluiert, um weiteren Anpassungsbedarf zu ermitteln. Dabei sei aber ebenso die Mitwirkung der Eltern gefragt, die Probleme an die Schulbehörden herantragen müssten. Im Fall der Petentin bestätigte die Vertreterin des Bildungsministeriums allerdings auch Versäumnisse der Schule, die aber aufgearbeitet worden seien. Außerdem seien Aufgaben und Methoden aufgezeigt sowie eine Zielvereinbarung mit der Schule abgeschlossen worden, damit sich die von der Petentin dargestellten Vorfälle nicht wiederholen. 

Im Ergebnis dieser Ausführungen stellten die Abgeordneten fest, dass das Ministerium nach Bekanntwerden der Probleme schnell reagiert und eine Lösung gefunden hat, die für die betroffenen Kinder hilfreich war. Sie beschlossen daher, dem Landtag zu empfehlen, das Petitionsverfahren abzuschließen.

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