Oggi, 4 dicembre 2025, si è svolta l’ultima delle Giornate di Studio della Difesa Civica regionale nella cornice della Sala Ipogea del Consiglio regionale dell’Abruzzo.

Durante l’incontro, aperto dai saluti del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sono intervenuti: Cristina Equizi (Professoressa di Diritto Costituzionale-UNIVAQ), Walter Giulietti (Professore di Diritto Amministrativo-UNIVAQ), Roberto Colagrande (Avvocato Foro L’Aquila), Paolo Gatti (Presidente della Commissione sanità), Dino Piccari (Direttore amministrativo Asl1), Dario Verzulli (presidente dell’Associazione Autismo Onlus) e Paola Federici (Presidente di CittadinanzAttiva Abruzzo).

Inoltre, in occasione dei 30 anni della legge regionale che ha istituito il Difensore Civico, sono state consegnate le targhe di merito ai due ex Difensori civici della Regione Abruzzo, Nicola Sisti e Fabrizio Di Carlo. Riceveranno le onorificenze anche le famiglie di Giandonato Morra, Giovanni Masciocchi e Mario Grossi.

La valoración oficial del grado de discapacidad es un paso imprescindible para acceder a ayudas, prestaciones y derechos sociales. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, decenas de miles de personas llevan más de un año esperando a que su expediente sea revisado. Esta situación ha generado un gran malestar social y un notable incremento de quejas ciudadanas relacionadas con este problema desde 2024.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha cerrado hoy su investigación de oficio sobre las graves demoras en la valoración de la discapacidad con el compromiso de la Conselleria de Servicios Sociales de aceptar algunas de las recomendaciones propuestas para atajar el problema.

El defensor propuso nueve recomendaciones a la Conselleria, entre las que destacan la necesidad urgente de reforzar los recursos humanos, crear más equipos de valoración, acelerar la implantación de la nueva herramienta informática y mejorar la información a los solicitantes sobre los plazos de resolución de sus expedientes

Servicios Sociales ha aceptado seis de estas recomendaciones, aunque sin concretar plazos de cumplimiento. Cabe señalar que la Administración autonómica se ha comprometido a la contratación temporal de 24 nuevos profesionales para reforzar los Centros de Valoración y Orientación de Discapacidad en Castellón, Valencia y Alicante; a aprobar una nueva orden reguladora del procedimiento; a acelerar la implantación de una aplicación informática que facilite la gestión; y a colaborar con las organizaciones sociales del sector para mejorar la atención y el asesoramiento a las personas con discapacidad.

La Conselleria espera que estas medidas ayuden a reducir el volumen de expedientes pendientes, que supera los 61.000 en toda la Comunitat, según la información que ha proporcionado a esta institución. Una cifra que refleja la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas eficaces y urgentes.

Por contra, la Administración ha rechazado la recomendación de informar de manera individual a cada solicitante sobre el tiempo estimado para la resolución de su expediente, alegando que supondría una carga administrativa extra no prevista en la ley. También descarta crear más equipos de valoración a nivel de departamentos sociales y emitir resoluciones provisionales para quienes están pendientes de revisión, medidas que el Síndic considera razonables y necesarias para garantizar una buena administración y reducir la incertidumbre de las personas afectadas.

Luna ha recordado que el tiempo medio de espera para la valoración de la discapacidad es actualmente de un año y medio. Además, ha anunciado que hará un seguimiento del cumplimiento de las medidas aceptadas.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la institución del Ararteko se adhiere con firmeza al lema global: "Fomentar sociedades inclusivas para las personas con discapacidad para impulsar el progreso social". Este lema, que surge tras el impulso de la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Doha, enlaza directamente con el espíritu de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que nos recuerda que no puede existir sostenibilidad sin una inclusión social plena y efectiva.

La inclusión es un elemento fundamental para el desarrollo social y económico. Su garantía es una cuestión de justicia social y el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales recogidos en nuestra legislación. Como establece la Declaración Política de Doha, la inclusión es una condición previa y un motor de cambio duradero. Por ello, los poderes públicos deben incluir la perspectiva transversal de la diversidad funcional en su agenda institucional. Esto significa garantizar que todos los aspectos de la vida social, política, económica y cultural se conciban desde el respeto y la consideración a la pluralidad de nuestras capacidades, presidiendo cualquier planificación y ejecución de políticas para impulsar el progreso de toda la sociedad.

Resulta necesaria una mención expresa a la responsabilidad ineludible de garantizar los derechos y la participación plena de las personas con discapacidad intelectual. La institución del Ararteko vela por la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por garantizar el ejercicio pleno de su capacidad jurídica. Esto supone eliminar cualquier forma de delegación en la toma de decisiones, promoviendo en su lugar un sistema de apoyos y salvaguardias que escuche, respete y haga efectivas la voluntad, las preferencias y los deseos de estas personas.

En esta jornada de reivindicación, el Ararteko aboga por un cambio de las mentalidades y de los paradigmas existentes a la hora de diseñar nuestras ciudades y pueblos, a la hora de organizar los recursos sociales, a la hora de imaginar y de ordenar nuestras relaciones personales. La diversidad de funcionalidades del ser humano debe presidir ese cambio, desde el respeto y la consideración atenta hacia las capacidades propias de cada individuo. 

En consecuencia, esta institución ratifica y mantiene su compromiso irrenunciable con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad como vía indispensable para alcanzar el progreso social en Euskadi.

Vitoria-Gasteiz, 2 de diciembre de 2025

Dolores Fernández Galiño asistió el pasado lunes al acto institucional organizado por la Delegación del Gobierno en Galicia y celebrado en A Coruña con motivo del “XLVII aniversario de la Constitución Española y los 50 años de España en Libertad”.

En el acto de conmemoración varios participantes compartieron sus experiencias y percepción de la sociedad española y gallega en ese momento.

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha participado hoy en la jornada El Comité de los Derechos del Niño y España: avances, retos y desafíos en un contexto de crisis de la ONU, organizada por la Plataforma de Infancia y la Universidad Pontificia Comillas en Madrid.

A la jornada asisten también las defensorías estatal y autonómicas de País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Canarias y Comunidad Valenciana. Finalizado el programa, estas instituciones mantendrán una reunión de trabajo para organizar un informe conjunto sobre la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en España, que será presentado ante el Comité de los Derechos del Niño en la próxima evaluación del Estado.

El programa incluye una ponencia inaugural sobre la aplicación de la Convención en España y varias mesas en las que se analizan las Observaciones Generales del Comité: la participación infantil en la Observación General nº 25 sobre el entorno digital; la Observación General nº 26 sobre el derecho a un medio ambiente sano y los efectos del cambio climático —incluida la ecoansiedad que afecta a la infancia ante fenómenos extremos como las DANAs—; y las expectativas en torno a la futura Observación General nº 27 sobre el acceso a la justicia y a un recurso efectivo.

Este trabajo conjunto con el resto de defensorías autonómicas y con la sociedad civil busca reforzar el cumplimiento en España de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las recomendaciones del Comité.