El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía en funciones, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy un plan de cuidados paliativos en Andalucía que recoja las peculiaridades específicas para la atención de los niños, niñas y adolescentes y que cuente con la participación de todos los agentes implicados: el personal sanitario y educativo, psicólogos y trabajadores sociales, movimiento asociativo, familiares y los propios niños siempre que sea posible.

Ha sido durante la entrega al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, del Informe Anual 2024 de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia, que dedica un capítulo a la “Necesidades y desafíos de los cuidados paliativos pediátricos en Andalucía: garantizando derechos”, fruto de una investigación de la Institución, con testimonios y entrevistas a las familias y las administraciones.

En este sentido, ha presentado una batería de propuestas, entre ellas, la equidad entre territorios en la prestación del servicio; más recursos materiales y humanos para garantizar esta atención sociosanitaria durante todo el proceso; formación y apoyo a los distintos profesionales y las familias, con especial atención a la persona que ejerce de cuidador o cuidadora; apuesta por la hospitalización domiciliaria y favorecer la garantía de otros derechos como la educación, siempre que sea posible y, ampliación del horario de atención a estos menores, las 24 horas al día, los 7 días de la semana.

Además de este trabajo, el Defensor de la Infancia ha alertado de las principales problemáticas que fueron objeto de reclamación en 2024 y que afectan a los derechos de las personas menores de edad. En 2024, la Institución ha actuado en 4.792 quejas y consultas, siendo las reclamaciones más numerosas las que afectan a asuntos relacionados con la educación (1.750) y con la infancia en general (1.400), estas últimas abarcan cuestiones de familia, el Sistema de protección o el cumplimiento de medidas de internamiento, entre otras; además de un total de 34 actuaciones de investigación de oficio sobre algún derecho de la infancia.

En concreto, Jesús Maeztu ha alertado de las situaciones de violencia hacia la población menor de edad en Andalucía, “independientemente del número cuantitativo que no es lo relevante en estos casos”, ha dicho el defensor, que ha pedido mayor coordinación entre los servicios sociales, sanitario y educativos competentes para “prevenir y detectar estas situaciones”. Sobre esta situaciones de violencia que comprende una amplia casuística de situaciones tales como malos tratos, abuso sexual, castigos o la explotación, Jesús Maeztu ha recordado la “pobreza infantil, como una forma de violencia hacia las personas menores de edad por cuanto les impide su crecimiento personal en igualdad de condiciones”.

Entre otros asuntos destacados, el Defensor ha vuelto a apuntar en cuanto a la salud las carencias de especialistas en pediatría en atención primaria, que sigue siendo la demanda más acuciante en numerosas zonas rurales y urbanas, y las demoras en la atención temprana.

Sobre educación, el grueso sigue siento las quejas por la atención prestada al alumnado con necesidades educativas especiales, reclamando más Profesionales Técnicos de Integración Social o mejoras en sus horarios y jornadas para lograr la atención que requiere el alumnado ya que “la ausencia de esta ayuda condiciona -o cercena directamente- la simple presencia de un alumno en su colegio”.

En este año de 2024, la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía también ha querido detenerse en la importancia de los centros educativos para a prevención de las conductas suicidas como espacio para fomentar y desarrollar el bienestar emocional del niño o niña, por lo que el defensor ha valorado positivamente que el gobierno andaluz cuente con “un protocolo específico para la prevención del suicidio en el ámbito educativo” pero ha reclamado más recursos para la labor del Coordinador o Coordinadora de Bienestar y Protección y la Orientación Educativa, así como la coordinación con la familia y con los servicios especializados (Salud y, en su caso, Servicios Sociales).

Finamente, Jesús Maeztu ha querido destacar dentro de esta infancia más vulnerable, dos situaciones que le preocupan especialmente: la necesidad de reforzar la protección y garantía de los derechos de las personas menores de edad migrantes y no acompañadas; y las demoras en la valoración de las situaciones de discapacidad que padecen algunos niños y niñas.

Equality, non-discrimination and racism Hate crime Racial and ethnic origin

FRA provided evidence-based input to support the development of the EU’s Anti-Racism Strategy 2026–2030. The contribution draws on the Agency’s survey data, research findings, and expert opinions.

Download the contribution

The submission addresses key areas outlined in the European Commission’s Call for Evidence. These included racism and racial inequalities in various areas of life, including racial discrimination, racist harassment, structural inequality, racism and discrimination through an intersectional lens. 

It also covered rights awareness, knowledge of equality bodies and (under)reporting of discrimination, hate crime, racial profiling and racism in policing, racist hatred online and bias in algorithms, and the pressures facing civil society organisations. 

In addition, it touches on equality data and fundamental rights-based approach in monitoring and evaluation. 

FRA’s contribution aims to support the strategy with solid evidence to help ensure effective and rights-based measures across the EU. 

Link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-07/cp250088en.pdf

Languages available: de el en fr

Access to documents: the General Court annuls the decision of the Parliament refusing to grant its former Vice-President, Ms Eva Kaili, access to certain documents

Such access does not undermine the protection of court proceedings.

On 15 December 2022, on the basis of an investigation concerning the management of parliamentary allowances, the European Chief Prosecutor, Ms Laura Kövesi, requested that the President of the European Parliament, Ms Roberta Metsola, lift the parliamentary immunity of Ms Eva Kaili, the former Vice-President of the Parliament. Ms Metsola decided to announce the request in the plenary session of the Parliament and to refer that request to the Committee of Legal Affairs. Ms Kaili then applied to the General Court of the European Union for annulment of both the European Chief Prosecutor’s request and the decision of the President of the Parliament (‘the case brought before the General Court’). 1

Subsequently, Ms Kaili requested that the Parliament grant her access to documents relating to all cases concerning irregularities in the management, by Members of the European Parliament, of allowances relating to accredited parliamentary assistants. 2 The Parliament refused access to those documents on the ground that such access would undermine the protection of the court proceedings in the case brought before the General Court. Ms Kaili claims that the General Court should annul that decision of the Parliament.

The General Court annuls the decision of the Parliament. (...) Read more

FRA has published its contribution to the European Commission as part of the consultation for the next EU budget.

FRA’s input focused on ensuring values-based conditionality for all EU funding. This aims to ensure the EU’s Financial Regulation complies with the EU Charter of Fundamental Rights. 

It was part of the public consultation on the performance of the EU budget. 

Based on its long-standing work on the Charter as well as its 2023 report on EU Funds, FRA’s input also underlines the need to ensure independent monitoring of the respect for the EU’s values when using EU funds. 

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna,  ha solicitado a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que reconozca la condición de parte interesada a la hija de una usuaria del servicio de teleasistencia, que ya ha fallecido, y que le facilite el acceso al informe de inspección relacionado con su caso.

La resolución parte de la queja presentada por esta ciudadana, quien denunció una posible negligencia en el servicio de teleasistencia y solicitó acceder al expediente de inspección abierto tras el fallecimiento de su madre. La Administración denegó dicho acceso alegando que las actuaciones eran previas y que la solicitante no tenía la condición de interesada.

Tras analizar el caso y los informes remitidos por la Conselleria, el defensor del pueblo valenciano concluye que se ha vulnerado el derecho de la promotora de la queja, quien sí debe ser considerada interesada por su relación directa con la afectada y por promover la actuación administrativa.

Además, el Síndic sostiene que el acceso al informe de inspección es legítimo, incluso si no se ha iniciado un procedimiento sancionador, ya que las actuaciones inspectoras habían concluido. Esta interpretación se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo y en resoluciones del Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana.

Por todo ello, el Síndic recomienda a la Conselleria que facilite el acceso al informe y a toda la documentación generada en esas actuaciones previas. La Administración dispone de un mes para responder, indicando si acepta la recomendación y qué medidas adoptará, o justificando su rechazo en caso contrario.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.