El acto de celebración del 25 aniversario de la Ley 4/2000, de 3 de julio, que dio origen al Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa reunió este miércoles en el Parlamento de Navarra a cerca de 150 invitados. Entre todos ellos, destacó la presencia de algunos de los agentes sociales e institucionales más importantes y representativos de la Comunidad foral.
Ante dicho auditorio, el Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, situó la integración y la vivienda como ”los retos más urgentes para la sociedad navarra en el corto plazo”. “En la comunidad con mayor calidad de vida de todo el Estado no podemos permitir que haya gente durmiendo en la calle, sin alimento, sin educación o sin atención sanitaria”, comentó en el diálogo abierto que mantuvo con Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, desplazado a Pamplona-Iruña para esta ocasión.
Un encuentro en el que Vera defendió la integración “por derechos humanos y por humanidad”. “Para quien considere que esto es solo buenismo, debería apoyarlo aunque solo fuera por interés porque la población navarra está enormemente envejecida. Nos necesitamos mutuamente”, añadió. Y, con respecto a la vivienda, Patxi Vera, al igual que hizo su predecesor, solicitó “un plan de choque” porque “no es un tema fácil”.
Asimismo, el Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa reclamó “una buena administración, porque los ciudadanos tienen derecho a ella y porque eso genera confianza en el sistema democrático, algo que hoy hace mucha falta”. También planteó la necesidad de “aprender a proteger los derechos en los nuevos ámbitos digitales, en especial ante la Inteligencia Artificial”. “Y divulgar los derechos y las libertades para que nadie se quede sin protección por desconocimiento”, resaltó.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, compartió gran parte de estas propuestas y planteamientos. En concreto, apuntó que su labor no consiste en situarse “ni contra ni frente a las administraciones, sino ante ellas”, en defensa de los derechos de la ciudadanía. Subrayó que la institución que representa camina “al compás de los pasos de la ciudadanía”, no como una entidad visionaria, sino con los derechos humanos como guía y espejo constante: “libertad, justicia y seguridad”.
Para Gabilondo, el verdadero sentido de su labor no se mide en el número de quejas tramitadas, sino en la capacidad de atender a quienes, sintiéndose lejos de la Administración, acuden al Defensor no como último recurso, sino en busca de una ayuda que no han encontrado por otras vías. En este contexto, otorgó un papel central a la palabra, entendida como instrumento de reconocimiento, reparación y respuesta. “Escuchar no es solo poner el oído —afirmó—, sino tomar medidas a raíz de lo que han dicho de ti”. Por ello, reivindicó la necesidad de formular resoluciones motivadas, argumentadas y justificadas, no solo desde la oficina del Defensor del Pueblo, sino por parte de todas las personas e instituciones con capacidad de decisión pública.
INCORPORACIÓN, UNA PALABRA HERMOSA
Gabilondo, además, indicó que el compromiso con los derechos humanos debe traducirse en hechos concretos y en una mirada inclusiva hacia las realidades más complejas de la sociedad actual. En este sentido, matizó que la palabra “integración”, aunque hermosa, le resulta insuficiente, y que prefiere hablar de “incorporación”, una noción que implica una verdadera inclusión activa de todas las personas en la sociedad. “Tenemos que incorporarlos plenamente”, insistió, refiriéndose especialmente a los ámbitos de la vivienda y la inmigración. Como ejemplo, invitó a reflexionar sobre la situación que se vive en el aeropuerto de Madrid, “donde en una sala se encuentran quienes piden asilo y, en los pasillos, hay muchas personas durmiendo en el suelo”.
“Mi obligación —dijo— es estar en los dos lugares”. También alertó sobre el creciente número de casos de enfermedad mental, que, a su juicio, constituye un síntoma profundo de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. En este contexto, recalcó que “todas las personas tienen derechos”, sin jerarquías ni excepciones, y recordó que cada resolución, cada intervención del Defensor, tiene detrás vidas concretas. “Esa convicción es la que nos mantiene vivos”, concluyó.
Y finalizó afirmando que el futuro no será fruto del azar, sino que dependerá directamente de lo que hagamos en el presente. A su juicio, muchas de las dificultades actuales provienen, paradójicamente, de los logros alcanzados por la propia sociedad del bienestar. “A veces —advirtió—, da la impresión de que la gestión de esas mejoras se convierte en un problema en sí mismo”, especialmente cuando se tarda en dar respuesta a personas con discapacidad o en situación de dependencia.
Recordó que cada avance viene acompañado de nuevas exigencias que deben ser atendidas con responsabilidad, y lamentó que algunas leyes aprobadas no se desarrollen plenamente, al carecer de presupuesto o de reglamentos que las hagan efectivas. “Tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, por muy maravillosa y en progreso que sea nuestra sociedad”, concluyó, apelando a una ciudadanía activa, crítica y comprometida con los valores que sostienen los derechos humanos
RESPALDO INSTITUCIONAL
La celebración arrancó con unas palabras de bienvenida a cargo del presidente del Parlamento de Navarra, UnaI Hualde. “El trabajo de María Jesús Aranda, Francisco Javier Enériz, Patxi Vera y de todas las personas que han formado y forman parte de la Oficina del Defensor del Pueblo han contribuido a labrar el merecido prestigio y el buen nombre que esta institución ha alcanzado en la Comunidad foral”, dijo.
Hualde también elogió el papel de la institución como un instrumento clave de supervisión de la Administración y de defensa de los derechos frente a posibles abusos o negligencias. Así, opinó que “sus recomendaciones, advertencias y respuestas a quejas ciudadanas permiten mejorar la atención institucional y reforzar la confianza de la ciudadanía”. Y subrayó que, tanto el Defensor del Pueblo como la Cámara de Comptos, son ejemplo del buen hacer institucional derivado del autogobierno de Navarra. “Nuestra calidad democrática se sostiene en órganos como estos, que actúan como brújula y oráculo para preservar el interés general y fortalecer nuestra comunidad”, concluyó.
Posteriormente, María Jesús Aranda y Francisco Javier Enériz, predecesores del actual Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa recordaron los primeros hitos de la institución. Una entidad que, según los datos ofrecidos, ha atendido a lo largo de sus veinticinco años de trayectoria a más de 146.000 personas.
A partir de esa referencia, María Jesús Aranda rememoró que los inicios fueron "duros pero también apasionantes", y expresó su satisfacción por compartir el acto con su sucesor, Javier Enériz, con quien, junto al actual defensor, conforman la breve pero significativa lista de personas que han ostentado este cargo. "Es una institución con la que me siento muy implicada", insistió.
Aranda explicó cómo tuvo que elaborar “prácticamente a mano” el primero presupuesto de la institución, con el apoyo de su equipo y la colaboración del interventor, quien le ofreció la seguridad jurídica necesaria para empezar con buen pie. Y que, nada más constituirse, comenzaron a trabajar con 40 quejas sobre la mesa. “Este es el mejor dato para constatar la necesidad del Defensor”, dijo. Aranda quiso también agradecer especialmente el compromiso de su equipo, “porque, aunque se trata de una institución personalista, sin ellos habría sido muy difícil sacar el trabajo adelante”, y reconoció el respaldo que recibió de otras defensorías en los primeros compases de su mandato.
Mientras que Francisco Javier Enériz puso en valor haber recibido la institución en “perfecto estado de revista” en 2007, con una situación económica envidiable gracias al trabajo previo de María Jesús Aranda, a quien no dudó en elogiar por haber dejado “todo en orden y bien asentado”. En ese sentido, declaró que los primeros años de su mandato fueron relativamente tranquilos, hasta que en 2011 estalló la crisis económica y comenzó un periodo especialmente complicado para muchas instituciones. “Se empezó a hablar de recortes, también en los presupuestos y en la propia existencia de entidades como la nuestra”, explicó. De hecho, algunas defensorías como las de Castilla-La Mancha o Murcia llegaron a suprimirse. Fue entonces cuando le tocó “salir a defender la utilidad y el valor esencial” de la institución: “Hacemos un trabajo fundamental, porque muchas personas no saben dónde acudir cuando se vulneran sus derechos”.
Y mencionó especialmente la etapa final de su mandato, marcada por la pandemia, que calificó de “horrorosa” por lo que supuso en términos de recorte de derechos personales: “Todo eran sanciones, restricciones, y los servicios esenciales desaparecieron”. Un contexto especialmente duro, aseguró, que puso a prueba, más que nunca, el papel del Defensor del Pueblo como garante de los derechos fundamentales.
La clausura, por su parte, corrió a cargo de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, quien aseguró que el Defensor del Pueblo de Navarra es “una institución esencial para mejorar la calidad democrática y garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía”.
Chivite subrayó, por otro lado, su independencia política y su papel como instrumento de control y equilibrio entre poderes, destacando que su labor refuerza la confianza de la sociedad en las instituciones. Y aunque, según comentó, “ni es un juez ni dicta sentencias, su labor es necesaria porque coloca a la ciudadanía en el centro mismo de la acción política”. “Gracias a su trabajo, las personas se sienten más protegidas frente a la Administración y saben que tienen una vía para hacer valer sus derechos”, concluyó María Chivite.
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