Credit: The State Emergency Service of Ukraine

“I am deeply shocked by the horrific Russian drone strike on a bus in the Ukrainian city of Marhanets,” Commissioner O’Flaherty said. “My thoughts are with the victims and their families. I stand by Ukraine. Perpetrators must be held accountable, and victims must receive redress.”

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha destacado hoy la atención en materia de salud pública, la preocupación por los retrasos en la dependencia y la demanda para el acceso a la vivienda como las reclamaciones ciudadanas que han protagonizado el ejercicio de 2024, con una media superior a las mil quejas y mil consultas respectivamente en los casos de salud y dependencia.

Maeztu ha entregado el Informe Anual de la Institución al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, con el que ha compartido estas problemáticas y los principales datos de un año complejo y duro con un total de 31.675 actuaciones para las más de 46.000 personas que requirieron su intervención. En concreto, 14.654 quejas gestionadas, 16.400 consultas y 621 acciones de promoción de derechos. Del total de actuaciones, el 58% se ha centrado en garantizar la dignidad de las personas y fortalecer el Estado de Bienestar; el 37% ha estado relacionado con la protección del planeta y el desarrollo económico; y el 5% restante ha abordado la defensa de los derechos humanos para promover una cultura de paz y justicia, con más de 270 mediaciones.

El Defensor ha lamentado que un año más vuelven a ser reiterativas las quejas que muestran la desesperación de las personas por los retrasos en la resolución de sus solicitudes y la asignación de la ayuda necesaria, a lo que se suma la indignación por la falta de claridad en el procedimiento y el acceso a estas prestaciones, además de la denuncia por la falta de información para conocer el estado de tramitación de dichas prestaciones.

Jesús Maeztu ha puesto el foco en 2024 en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. “No cejaré en mi compromiso de reivindicar una Renta básica, un techo digno y un suministro de luz y agua garantizados como paquete básico de ciudadanía”, ha señalado, destacando, un año más, los asuntos relacionados con los retrasos en la valoración de la discapacidad y la gestión de las prestaciones sociales (Renta Mínima de Inserción Social; Ingreso Mínimo Vital o pensiones no contributivas).

Durante su intervención, el Defensor ha subrayado otras problemáticas que han requerido la intervención de la Institución, tales como, la labor para garantizar los derechos de las personas con discapacidad; la atención a las personas mayores -que ha sido objeto de una cuestión relevante en este año-; la protección y promoción los derechos de los niños, niñas y jóvenes como Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía desde hace 25 años; la vigilancia de los derechos de las personas migrantes y la consecución de la igualdad de la mujer. También la protección de un entorno sostenible; la defensa de una educación inclusiva y de calidad; el fortalecimiento de la sanidad pública; la respuesta ágil de una justicia sin demoras y una cultura de paz para la convivencia.

El año 2024 ha coincidido con el final del VII mandato del Defensor del Pueblo Andaluz y con el aniversario de cuatro décadas en defensa de los derechos de la ciudadanía, con un balance de más de 450.000 actuaciones en la defensa, protección y promoción de derechos, y la remisión de más de 15.500 resoluciones en las que ha exigido a las Administraciones autonómica y local el deber legal de garantizar derechos concretos; recomendado cambios normativos; y sugerido acciones encaminadas a expandir los beneficios de las leyes y la garantía de los derechos de las personas, siempre con un enfoque especial hacia los colectivos más vulnerables, como son la infancia, las personas mayores, las personas con otras capacidades y las mujeres que sufren violencia.

​È pubblicato sul sito istituzionale del Coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome il numero 0 della Newsletter periodica dell'organismo, che contiene tutte le novità, gli eventi e i lavori dello stesso Coordinamento e dei singoli ​Difensori civici. Nel numero pilota viene presentato, tra l'altro, il nuovo Ufficio di Presidenza del Coordinamento eletto lo scorso 9 aprile.​​​​
 

The Public Defender of Georgia submitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe another communication on the execution of judgements relating to the cases of the Tsintsabadze Group.

The communication responds to the March 2024 decision of the Committee of Ministers of the Council of Europe and the Action Plan of the Government of Georgia. The document presents an assessment of the general measures taken by the Government to execute the cases of the Tsintsabadze Group.

The following issues are discussed in the communication:

• The need to improve the mandate of the Special Investigation Service and the shortcomings in the investigation ongoing into the cases of alleged violations committed by law enforcement officers during the protests;
• Problems related to the video recording of interactions between law enforcement officers and citizens, as well as ensuring video recording in police institutions;
• Shortcomings in documenting alleged ill-treatment of defendants/convicts;
• The practice of placing prisoners in de-escalation rooms and the need for normative regulation.

The communication provides recommendations to the authorities to facilitate the execution of the cases of the Tsintsabadze Group.

The Ombudsman’s Office has asked the Secretary of State for Housing to intervene swiftly, with a view to correcting the flaws detected in the application of the compensation mechanism provided for in Decree-Law no. 132/2023, of 27 December, calling for the adoption of measures that guarantee effective and timely access to the compensation due to landlords, and avoid inequalities resulting from lower digital literacy.

Among the main concerns identified from a growing number of complaints are the difficulties in accessing this scheme, the significant delays in the payment of compensation, the exclusively digital nature of the procedure and the lack of effective support channels for applicants. Another aspect pointed out is the lack of legal provision for the payment of interest for delays in processing compensation, which aggravates the feeling of injustice among applicants.

The Ombudsman’s Office warns that exclusively digital access is not provided by law and is a real barrier to support, especially for older landlords with less digital skills.

In this context, the Secretary of State for Housing has been asked to intervene swiftly to correct the shortcomings detected. In particular, the Ombudsman’s Office advocates the urgent creation of alternatives to exclusively digital access and the introduction of a rule guaranteeing the payment of interest in cases where the State fails to comply with the legal deadlines it has set.

To read the full letter, click here [in Portuguese only].