La institución recibió una queja de una persona que no pudo expresarse en catalán porque el facultativo no le entendía
 

Una persona se ha dirigido al Síndic últimamente porque un médico especialista que la atendió en el Hospital Dos de Maig no entendía catalán y tuvo que dejar de utilizar su lengua materna y pasar al castellano para poder comunicarse con él. Como en casos anteriores en los que ha ocurrido lo mismo, la síndica ha recordado al hospital el derecho de los pacientes de ser atendidos en catalán y la especial importancia de que este derecho no se vulnere en un ámbito tan sensible como es la salud.

Es necesario que la Administración ofrezca los medios para que todos los profesionales de la salud estén capacitados para atender a pacientes catalanohablantes. Además, debe asegurarse de que estos profesionales acaben adquiriendo realmente la capacidad de entender la lengua catalana.

La institución recomienda que, al planificar la cobertura de los servicios, se tenga en cuenta que los derechos lingüísticos de los pacientes deben ser respetados. De manera temporal, por ejemplo, se podría prever que algún miembro catalanohablante del personal de apoyo acompañe a los facultativos que aún no entiendan catalán.

Para el caso concreto de la queja recibida, el Departamento de Salud ha manifestado su voluntad de conseguir que el profesional en cuestión adquiera los conocimientos necesarios de catalán. Se asegurará de que curse la formación pertinente y de que se presente a la prueba de nivel. Además, se le ha propuesto el curso presencial "Mejorando la experiencia del paciente" para el segundo trimestre de 2025 y se le ha hecho llegar toda la normativa sobre los derechos de usos lingüísticos en Cataluña.

La síndica se muestra satisfecha ante las informaciones recibidas, pero ha solicitado al Hospital Dos de Maig que envíe una carta de disculpa a la persona que se dirigió a la institución.

Luna reclama a la Universidad que modifique sus convocatorias y garantice el acceso igualitario

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instado a la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche a modificar su oferta de empleo público para garantizar la reserva legal de plazas docentes destinadas a personas con discapacidad. En su resolución, el defensor del pueblo valenciano reprocha a la UMH no haber alcanzado el porcentaje mínimo del 7% exigido por la normativa vigente y señala que la universidad tampoco permitió al ciudadano recurrente subsanar la documentación ni alegar sobre el fondo de la cuestión.

Luna, tras una exhaustiva investigación, ha constatado que la UMH no ha respetado el porcentaje mínimo del 7% de plazas reservadas para personas con discapacidad, tal y como establece el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). De las 118 plazas ofertadas en 2025, sólo 4 se destinan a este colectivo, lo que representa apenas un 3,38%, muy por debajo del mínimo legal. Además, el porcentaje de personal docente e investigador con discapacidad en la universidad es del 1,04%, lejos del objetivo del 2% fijado por la normativa.

El ciudadano denunció la falta de respuesta y la inadmisión de su recurso por «falta de legitimación», a pesar de haber intentado acreditar su interés legítimo. El Síndic considera que la UMH vulneró su derecho a la buena administración y a la tutela administrativa efectiva, al no permitirle subsanar la causa de inadmisión ni alegar sobre el fondo del asunto. Además, el defensor critica que la universidad interprete de forma restrictiva quién puede recurrir estas ofertas, generando indefensión y obligando a los ciudadanos a litigar para defender sus derechos.

Ante esta situación, Luna ha formulado varias consideraciones y propuestas dirigidas a la UMH: resolver los recursos de reposición en el plazo de un mes mediante resoluciones motivadas y notificadas; eliminar los obstáculos que dificulten la tutela administrativa efectiva, permitiendo a los ciudadanos alegar y subsanar defectos; reservar el 7% de las plazas ofertadas para personas con discapacidad, con el objetivo de alcanzar el 2% de efectivos totales; y modificar las ofertas de empleo público de 2025 para incluir la reserva legal en las plazas aún no convocadas.

La finalidad de la reserva de plazas, como medida de discriminación positiva o inversa, también es la de conseguir que las Administraciones Públicas de nuestro país sean fiel reflejo de la sociedad a la que sirven.

Esta actuación pone de relieve la importancia de garantizar el acceso igualitario al empleo público y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, tal y como exige la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana

[Resolución Queja UMH]

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The Deputy Ombudsperson, Estrela Chaby, was received in audience by the Committee on Constitutional Affairs, Rights, Freedoms and Guarantees on 17 September to present the Activity Reports for the year 2024. The recording of the hearing is available here.

Support for human rights systems and defenders

Current and newly-appointed Members of FRA’s Management Board gathered for the first time in Vienna from 18 to 19 September. It marked an important step in the forward-looking interim assessment of the Agency’s Strategic Plan 2023–2028.

It allowed the Board to reflect on how FRA can remain strategically focused, agile, and future-oriented in an evolving policy and fundamental rights landscape. 

During the meeting Katharina Pabel, the Austrian Management Board member, was elected as Vice-Chair of the Board. 

The full list of all Board members, including an overview of their relevant experiences and high qualifications, is available online. 

On September 12, 2025, the Public Defender of Georgia visited Penitentiary Establishment No. 5 and met with female defendants/convicts.

The Public Defender heard information from female prisoners about prison conditions and protection of their rights. The Public Defender also met with the institution's administration and inspected the infrastructure.

The Public Defender also visited Mzia Amaglobeli and Nino Datashvili. Nino Datashvili was informed that on September 10, 2025, the Public Defender had addressed the Minister of Justice of Georgia with a recommendation regarding her specific health problem and that the Office would continue to actively supervise the protection of her rights in the future.