La Federación de Asociaciones de Personas Sordas destaca que se “encuentran limitadas en su vida y en un limbo administrativo”
– La Diputada del Común señala que esta situación “les obliga a dilatar su desarrollo vital afectando a su propio entorno”
Santa Cruz de Tenerife 18 de junio de 2025- La Diputada del Común, Lola Padrón, se reunió este lunes con Kevin Danilo Pérez Teschmit, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Islas Canarias, (FASICAN), para conocer de primera mano las dificultades que afectan a las personas sordas en el Archipiélago. Además estuvieron presentes en la reunión, Ariadna Amich Barbuzano, técnica del Área de Accesibilidad y la intérprete de lengua de signos.
La Federación de Asociaciones, FASICAN, se financia a través de subvenciones, ayudas y proyectos de las Administraciones Públicas, lo que implica que los contratos de sus trabajadores y trabajadoras sociales y sus intérpretes de lengua de signos dependan de la duración de dichos proyectos y de las cantidades percibidas de las subvenciones.
Han destacado que lo que les preocupa es la espera en el reconocimiento del grado de discapacidad, y también el proceso de valoración de dicho grado, ya que los medios no están adaptados para las personas sordas o con discapacidad auditiva y que el personal tampoco está capacitado para llevar a cabo las valoraciones adaptadas a una persona sorda. El presidente de la federación, Kevin Danilo Pérez Teschmit, que ha señalado las barreras a las que se enfrentan estas personas sordas y con discapacidad auditiva, destaca las dificultades que suponen el retraso del reconocimiento de Grado de Discapacidad para este colectivo “se encuentran limitadas en su vida y en un limbo administrativo que se traduce en una vulneración de sus derechos y en una doble discriminación por parte de la Administración”, indicó.
El reconocimiento, que en muchas ocasiones se dilata durante años, “ocasiona no solo las diversas barreras y desigualdades a las que tiene que hacer frente el colectivo en su vida diaria, en los diferentes ámbitos y esferas sociales, sino que además unida a esta circunstancia que se expone, se transforma en un aliciente que contribuye de forma directa a una falta de oportunidades y de recursos específicos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía”, aseveró su presidente.
Lola Padrón, la Diputada del Común, asegura que “la realidad que nos han transmitido desde la federación, el hecho del retraso en el reconocimiento de Grado, y que hemos destacado notoriamente, no deja de tener consecuencias directas en el libre ejercicio del reconocimiento de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, el retraso en el proceso les obliga a dilatar su desarrollo vital afectando a su propio entorno”.
Se transmitió también la Diputada del Común, que se da una triple discriminación cuando atienden a usuarias migrantes víctimas de violencia de género, y apuntan que sus servicios se prestan a todas las personas del territorio, sean o no migrantes. Han informado del aumento de la demanda de sus servicios, en lo que va de año han atendido a más de 200 usuarios, lo que dificulta su labor debido a la falta de recursos humanos en las islas. Otra de las reivindicaciones que llevan años reclamando es el aumento de intérpretes de lengua de signos sobre todo de cara a la comunidad educativa.
Legislación de apoyo
Desde FASICAN recuerdan que existe numerosa legislación en esta materia y una serie de recursos que respaldan y afirman estos derechos, tanto a nivel internacional con el Artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a nivel estatal, en la Constitución Española en su artículo 49 donde se recoge que las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva. También, mencionan la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social en su artículo 7, que establece el marco del derecho a la igualdad de las personas con discapacidad, el cual deben velar y promover todas las administraciones públicas. Y en materia más específica, en relación a la situación que se plantea, hacen alusión al Real Decreto Legislativo1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, dentro del Título I, donde se recoge que las administraciones públicas protegerán de forma especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva, movilidad, comunicación, información y acceso a la cultura, al deporte, al ocio así como de participación en los asuntos públicos y demás normativa que sea de aplicación. También nuestro Estatuto de Autonomía, recoge este derecho en su artículo 16.4.
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