Im RMA Interview spricht Volksanwältin Gaby Schwarz über die Situation in Österreichs Gefängnissen, fehlende Entschuldigungskultur der Behörden und ihre #Mutfrauen“-Initiative.

Hier geht es zum ganzen Interview.

El Síndic de Greuges llevaba pidiendo desde 2018 que se ratificara el Protocolo, dadas las consecuencias negativas que tenía no hacerlo
 

El Consejo de Ministros celebrado hoy ha acordado ratificar el Protocolo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que amplía las facultades consultivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Esta medida ha sido reivindicada durante años por la institución del Síndic de Greuges, dado que veinticuatro países miembros del Consejo de Europa ya lo habían ratificado y estaba en vigor desde el 1 de agosto de 2018. 

La ratificación permite a los altos tribunales españoles solicitar al TEDH opiniones consultivas y asesoramiento antes de pronunciarse sobre temas que puedan dar pie a interpretaciones conflictivas del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La síndica ha expresado su satisfacción, ya que considera que este protocolo es una buena herramienta para el diálogo judicial y para la protección efectiva de los derechos fundamentales.

Luna apremia a reducir la lista de espera en el Servicio de Traumatología del Hospital de Ontinyent

Ángel Luna, síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, ha recomendado a la Conselleria de Sanidad que garantice el acceso a las historias clínicas electrónicas (HCE)  entre los centros sanitarios del sistema valenciano de salud, una medida crucial para agilizar los diagnósticos y tratamientos. Concretamente, en el caso que nos ocupa, Luna ha pedido que el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva remita directamente un informe de traumatología al Hospital General de Ontinyent, para que los facultativos de ese centro puedan tener pleno conocimiento de la situación clínica del paciente.

La actuación del defensor del pueblo valenciano surge a raíz de la queja de una ciudadana, que denunció la demora de un año para ser citada en el servicio de Traumatología del Hospital d’Ontinyent. Este retraso, que le afectaba tanto en su salud como en la renovación de su certificado de discapacidad, le causaba perjuicios significativos.

La Conselleria de Sanidad comunicó al Síndic que en dicho servicio del Hospital de Ontinyent se habían visto obligados a priorizar la lista de espera debido a la gran demanda de consultas, a la vez que informaban que finalmente habían citado a la persona afectada.

Efectivamente, la interesada confirmó la visita al traumatólogo en el Hospital d’Ontinyent, pero se lamentaba de que uno de los motivos de su cita, la renovación de la valoración de discapacidad, seguía sin resolverse, puesto que el facultativo que la atendió afirmó no tener acceso al informe de traumatología del Hospital de Xàtiva Lluís Alcanyís, que era fundamental para dicha renovación. De acuerdo con la persona afectada, se le aconsejó acudir al centro hospitalario de Xàtiva para obtener el informe y entregarlo personalmente al médico del otro hospital.

En su resolución, el Síndic hace referencia a esa falta de coordinación de hospitales del mismo Departamento de Salud. En este sentido, Luna destaca la importancia de la Historia Clínica Electrónica en esa coordinación asistencial, para que desde cualquier centro del Sistema Valenciano de Salud se pueda acceder a los datos de un paciente y facilitar las decisiones de los profesionales sanitarios, con un pleno conocimiento de la situación clínica actualizada del paciente. De esta forma, se reducirían los tiempos de espera para establecer un diagnóstico y su tratamiento, así como evitar la repetición de pruebas médicas.

Por último, Luna también recuerda en su resolución que los datos contenidos en la historia clínica del paciente tienen un alto componente de intimidad. «Se trata de unos datos sensibles, por lo que merecen una protección reforzada y sólo se podrán tratar bajo ciertas condiciones, límites y con determinadas garantías», ha matizado el defensor.

Consulta nuestra actuación en este asunto.

El Defensor del Pueblo de Navarra–Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, se trasladó este jueves a la sede de la Cámara de Comptos, ubicada en la calle Ansoleaga de Pamplona, donde sostuvo un encuentro con su presidente, Ignacio Cabeza. Ambas instituciones, de ámbito parlamentario, comparten la función esencial del control: La Cámara de Comptos se encarga de la gestión de los fondos públicos y el Defensor supervisa la actuación de las administraciones en materia de derechos ciudadanos. La cita coincidió con un momento conmemorativo para ambas, ya que la Cámara celebró en 2024 el 40 aniversario de su restauración y el Defensor cumple en este ejercicio 25 años desde la promulgación de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, que creó y regula dicha institución. Ambos asumieron sus actuales responsabilidades en 2022 por lo que, actualmente, se encuentran en la mitad de su mandato. 

Por otro lado, Vera y Cabeza revisaron en esta entrevista diversos asuntos de actualidad relevantes para sus respectivas instituciones al tiempo que exploraron cómo mejorar la comunicación y colaboración entre la Cámara de Comptos y el Defensor del Pueblo.

Concepción Gimeno recuerda las resoluciones que el Tribunal Supremo puede emitir próximamente en relación con la fragmentación de proyectos de energías renovables

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Gobierno de Aragón para que, a la mayor brevedad, promueva la aprobación de un Plan Energético de Aragón que incluya una ordenación territorial de las energías renovables, conforme a la Ley 5/2024, de 19 de diciembre, de medidas de fomento de comunidades energéticas y autoconsumo industrial de Aragón.

A juicio de la institución, esta planificación debería realizarse con una amplia participación de los municipios afectados, sobre todo, si no existe un estudio previo de las zonas más idóneas y del impacto económico y social de los proyectos.

Además, la justicia de Aragón señala que, próximamente, el Tribunal Supremo emitirá resolución sobre varios procedimientos de casación que podrían establecer criterios clave sobre la fragmentación de proyectos y su consideración como una única instalación a efectos de su tramitación ambiental.

Asimismo, se sugiere a la administración autonómica que valore el cumplimiento de los requisitos que la jurisprudencia exige en el trámite de información pública dentro del procedimiento de aprobación de este tipo de proyectos.

Esta resolución se produce tras recibir una queja de una entidad asociativa que alerta sobre la proliferación de diversas instalaciones en el término municipal de Cosa (Teruel), entre las que se encuentran parques eólicos, plantas fotovoltaicas e infraestructuras de evacuación compartidas. En 2024, la institución recibió siete quejas relacionadas con energías renovables.

En su resolución, la justicia de Aragón destaca la importancia de tener en cuenta los impactos acumulativos de estos proyectos sobre el medio ambiente y la conveniencia de que existan límites de ocupación en el territorio en función de sus características.