Nella mattina del 25 marzo, presso gli uffici territoriali di Chieti, il Difensore Civico Umberto di Primio ha incontrato, il Prefetto Gaetano Cupello. L’Avvocato Di Primio ha dichiarato: “È stato un confronto cordiale e proficuo che ci ha consentito di approfondire questioni in ordine alla generale  organizzazione e funzionamento della Pubblica amministrazione. In particolare ci siamo intrattenuti sulle problematiche che riguardano i cittadini della provincia di Chieti e che sono state oggetto di segnalazione e richieste d’intervento sia alla Prefettura che alla Difesa Civica regionale”. “Uno dei temi più sentiti e sul quale l’utenza è più sensibile, riguarda la sanità – ha aggiunto il Difensore civico – e sono sempre più frequenti le richieste su questa materia da parte dei cittadini sia alla Prefettura che alla Difesa Civica. Con il Prefetto abbiamo in conclusione riflettuto sul fatto che gli uffici prefettizi da una parte e la Difesa Civica dall’altra, dovranno sempre di più, valutando caso per caso le richieste che ci arrivano, bilanciare le esigenze del pubblico e le aspettative del privato. È questa la strada migliore da percorrere per dare risposte ai cittadini ed avere quale migliore alleato il sistema sanitario regionale”.

• El Síndic critica la falta de cooperación y lealtad institucional entre los responsables de las administraciones públicas para afrontar la catástrofe

• El defensor autonómico presenta su Informe Anual 2024, con un aumento de un 32,9% en las consultas y un 21,28% en las quejas recibidas respecto al año anterior
• Las quejas referentes a Servicios Sociales ya suponen casi la mitad de las que tramita la institución

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, acompañado de la adjunta primera, Concha Bru, y del segundo, Carlos Castillo, ha presentado hoy en Les Corts su Informe Anual 2024 en el que denuncia que «la excepcional pérdida de vidas humanas que provocó la Dana ha puesto de manifiesto el fracaso de la Administración en la protección del derecho a la vida». Ángel Luna también ha censurado la falta de solidaridad y leal cooperación institucional entre los responsables de las diferentes administraciones para afrontar la catástrofe.

El Informe del defensor autonómico constata que durante 2024 hubo un gran aumento en el número de consultas y quejas de la ciudadanía. Las consultas crecieron más del 30%, llegando a 18.600, y las quejas recibidas aumentaron más del 20%, alcanzando las 4.770. Además, el Síndic abrió 15 quejas de oficio en 2024, la mayoría sobre Infancia y Adolescencia. Estas quejas se enfocan en las medidas y recursos para cuidar a los niños que deben ser separados de sus padres y son cuidados por familias acogedoras o en residencias, bajo la responsabilidad de la Administración autonómica.

A lo largo del año pasado, las quejas sobre servicios sociales y transparencia fueron las más numerosas, y se han incrementado considerablemente respecto a ejercicios anteriores. Tanto es así que las quejas relativas a Servicios Sociales que ha recibido el Síndic en 2024 ya suponen el 47, 91% del total.

Descoordinación y ausencia de prioridades en la respuesta a la Dana

El defensor autonómico, en el ejercicio de sus funciones, hubiera investigado cómo se gestionó la emergencia causada por la DANA, pero la Ley del Síndic no permite que intervenga si ya hay acciones judiciales en curso sobre el tema. Así pues, serán los juzgados y tribunales los encargados de decidir el alcance de las presuntas responsabilidades de cada administración, y de sus titulares, en la gestión de la catástrofe.

No obstante, quedan actuaciones e inactividades administrativas que deben ser analizadas por esta defensoría.  De hecho, en la reunión del Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Síndic celebrada el 16 de diciembre de 2024, algunos trabajadores públicos y profesionales de diversos sectores asistentes manifestaron que la ausencia de riendas institucionales estaba provocando que se funcionara en el «caos». Miembros del Observatorio fueron contundentes al señalar que la falta de ordenación de las prioridades de intervención, y de las más elementales medidas de coordinación entre administraciones, estaban provocando la pérdida de eficacia de los considerables esfuerzos realizados.

Luna ha señalado que «la extrema polarización política que se ha instalado en nuestras instituciones resulta fatal en momentos en que se necesitan esfuerzos coordinados y generosos». La falta de coordinación entre administraciones, junto con una especie de carrera por visibilizar las diferentes ayudas, ha causado confusión y desasosiego en la ciudadanía, obligando a los afectados a lidiar con trámites innecesarios y contradictorios. «Es inaceptable que, en momentos de crisis, las administraciones no trabajen juntas de manera efectiva», afirma el defensor.

Casi todas las deficiencias que vienen impidiendo satisfacer el derecho a una buena administración se han hecho presentes en las actuaciones posteriores a la catástrofe. El Síndic entiende que la mejor respuesta a los daños provocados por la DANA pasa por aplicar el derecho a una buena administración en todas y cada una de las actuaciones que deben llevar a término los entes públicos.

El impacto de la Dana no puede hacer olvidar otros asuntos que han venido afectando al ejercicio de los derechos y libertades en la Comunitat Valenciana a lo largo del año 2024.

Una vez más, el Síndic incide en el derecho a una buena administración, que viene defendiendo desde que inició su mandato. «La buena administración es incompatible con la falta de respuesta, la motivación insuficiente y la inacción administrativa, que no sólo son ejemplos de mala administración, sino que suponen un incumplimiento de las obligaciones legales, pudiendo generar situaciones de grave indefensión a la ciudadanía», declara Ángel Luna.

En la inmensa mayoría de las quejas que presenta la ciudadanía, lo primero que se observa es la falta de respuesta de la Administración a sus peticiones. Este silencio crea inseguridad jurídica e indefensión moral, obligando a la persona afectada a recurrir a los tribunales en desventaja. Según la experiencia de esta institución, la falta de respuesta directa a una persona es la principal manera de violar su derecho a una buena administración.

Descomunal aumento de las quejas sobre dependencia

Por otra parte, cabe destacar el descomunal aumento de las quejas en materia de Servicios sociales, más del 49% respecto a 2023, especialmente en la gestión de la dependencia, diversidad funcional y renta valenciana de inclusión. El Síndic lleva pidiendo en los últimos años que se revisen estos procedimientos, pero no se han hecho cambios.

En concreto, en el año 2024 esta institución recibió 1.305 quejas derivadas de la deficiente tramitación de las prestaciones de dependencia, frente a las 697 del año anterior debido al mismo asunto. Este incremento “resulta absolutamente desmesurado”, declara Luna.

También la gestión de las valoraciones de discapacidad o diversidad funcional está provocando retrasos en el reconocimiento de derechos, vulnerando las leyes. De acuerdo con los datos facilitados por la propia Conselleria de Servicios Sociales, en el momento de redactar este Informe Anual los expedientes pendientes de resolver que han excedido el plazo legal para hacerlo superan los 50.000, en toda la Comunitat Valenciana. “Una cifra escandalosa”, apunta Luna. Dada la gravedad de la situación, el Síndic ha decidido abrir una queja de oficio sobre el tema, de la que se dará cuenta en el Informe Anual de 2025.

Estas tres materias, dependencia, discapacidad y renta valenciana de inclusión, resultan ser el paradigma de los derechos sociales, la conquista más importante del Estado social y democrático de derecho, alcanzada durante las últimas décadas.

Sin adecuada respuesta en Vivienda

Asimismo, es forzoso volver de nuevo al problema del acceso a una vivienda digna. El acceso a una vivienda digna es esencial para garantizar la mayoría de los derechos fundamentales, como esta institución ha repetido en numerosas ocasiones en sus resoluciones. Sin vivienda, estos derechos no son posibles.

Además, el Síndic censura el comportamiento de la administración autonómica, porque no está respondiendo adecuadamente a las quejas de la ciudadanía, ignorando sus obligaciones en materia de vivienda. “No responde a las recomendaciones que le formulamos ni, lo que es peor, a las personas afectadas.”

Evolución deplorable en Transparencia

Como ya hemos señalado, la segunda materia por número de quejas recibidas es la de Transparencia, que se han incrementado por encima del 43%.

La falta de transparencia responde a comportamientos injustificados y arbitrarios que afectan negativamente a la democracia y a la ciudadanía. La democracia se deteriora porque se impide la participación de todos los partidos y se evita la rendición de cuentas de las acciones de gobierno. Por su parte, la ciudadanía se siente decepcionada al ver que los partidos están más enfocados en sus luchas políticas que en resolver los problemas de las personas. Esto genera desafección hacia el sistema institucional y la actividad política.

Por otra parte, en los casos en que finalmente las administraciones responden, el derecho de acceso a la información pública pierde valor y utilidad si se producen retrasos en la entrega de la documentación solicitada.

Deficiencias en residencias de mayores

Por otra parte, existen otros problemas de la ciudadanía que el Síndic ha abordado durante 2024. Entre ellos, la atención residencial a la que tienen derecho las personas mayores. Cuando hay deficiencias en las infraestructuras y servicios, o cuando la Administración no actúa adecuadamente, se afecta el bienestar y las necesidades de estas personas. Muchas quejas señalan el deterioro de las instalaciones y el incumplimiento de los contratos, lo que deja a los mayores en una situación de vulnerabilidad y afecta a su salud y seguridad.

Demoras en la asistencia sanitaria

Asimismo, cabe señalar los retrasos en la asistencia sanitaria -en la realización de pruebas e intervenciones quirúrgicas y en la aplicación de tratamientos médicos- entre las quejas recibidas por el Síndic a lo largo de 2024 en materia de Sanidad, al igual que en años anteriores.

Esta resolución tiene su origen en la queja presentada por una ciudadana relativa a su disconformidad con la actuación de VVMM debido a la tardanza para llevar a efecto un cambio de vivienda tras su reconocimiento. En concreto, la reclamante expuso que constituye una unidad de convivencia de 5 miembros. Uno de ellos es una persona menor de edad y otros dos, el marido y el hijo menor, tienen reconocida una discapacidad del 67% y del 39% respectivamente. 

En noviembre de 2022 comunicó a VVMM que la vivienda no disponía de la superficie útil necesaria para una adecuada convivencia de la familia y solicitó un cambio de vivienda. Argumentó que el inmueble únicamente dispone de 51 m2 de superficie útil, de modo que el día a día de la familia en la vivienda se encontraba totalmente condicionada. 

En respuesta a la solicitud realizada, en febrero de 2023, VVMM estimó su solicitud y reconoció que la vivienda en la que residían no era adecuada.

Ante la tardanza en hacer efectivo el cambio de vivienda, en abril de 2024, la promotora de la queja reiteró su solicitud ante VVMM. A pesar de ello, después de más de dos años de la formalización de su solicitud, la reclamante seguía residiendo en la misma vivienda. 

Tras recabar información el Ararteko recomendó a VVMM que adoptara las medidas necesarias para garantizar debidamente el derecho de la reclamante y su unidad de convivencia al disfrute de una vivienda digna y adecuada a la mayor brevedad posible. También le pidió que haga un mayor esfuerzo argumentativo en las motivaciones empleadas en sus respuestas en aquellos casos en los que las personas inquilinas que tienen reconocido el cambio de vivienda soliciten información sobre las actuaciones que el organismo autónomo local está llevando a cabo para hacer efectivo dicho derecho o la razón de la demora en su materialización. 

En su respuesta a la recomendación del Ararteko, VVMM manifiesta de manera expresa que asume el contenido de la resolución y se compromete a dar cumplimiento a las consideraciones contempladas en ella. El Ararteko agradece la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao y de VVMM y la determinación mostrada para solucionar el problema planteado en esta reclamación. También reconoce el esfuerzo continuado que están realizando para garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada.

El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, se trasladó este 27 de marzo a la sede de Médicos del Mundo donde mantuvo un encuentro con un grupo de voluntarias de la asociación Flor de África. Mujeres asombrosas que trabajan con las mujeres que, como antes lo hicieron ellas, han llegado a la Comunidad foral desde distintos países de África, con el propósito de gestionar de forma conjunta los problemas que afrontan en su integración.

En esta ocasión Patxi Vera estuvo acompañado por Susana Galilea, su Jefa de Gabinete, mientras que Flor de África estuvo representada por Ava Sani, Mira El-Abboudi (portavoz), Ava Balde, Mariama Balde, Grace Nsowah y Fatuma Injai

"Mi hija llega llorando a casa muchos de los días. Le dicen que es “distinta”, que no la quiere en el grupo,  cuenta una madre guineana con mucho dolor,  mucha rabia   y mucha, muchísima impotencia". Su hija tan solo tiene 12 años. "Nosotras trabajamos duro dicen, pero a nuestros hijos los tratan como si no pertenecieran a esta sociedad". Las historias se repiten con demasiada frecuencia en pueblos y ciudades donde los niños africanos son vistos como extraños, incluso cuando han nacido en suelo español, y estas madres alzan la voz porque ya no pueden soportar ver llorar a sus hijos cada día, y porque creen en un futuro donde ningún niño tenga que sentirse excluido en su propia escuela.

Por otro lado, estas mujeres, también manifestaron los problemas laborales con los que se encuentran. La mayoría de ellas desempeñan sus trabajos en actividades vinculadas con la limpieza, el sector primario o el cuidado de personas mayores lo que les impide, en muchas ocasiones, obtener la experiencia que les reclaman para otras labores menos precarizadas

Otra de sus preocupaciones importantes está motivada por los obstáculos que encuentran para poder homologar los títulos universitarios que muchas de ellas poseen. Así como las dificultades para conseguir la nacionalidad, un proceso que en la mayoría de los casos se eterniza sin saber muy bien los criterios objetivos que ralentizan la tramitación de los permisos.

Conocidas estas necesidades y demandas, el Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa puso a su disposición los servicios de la institución para gestionar cualquier cuestión o queja que le trasladen.  

Encuentro de la Diputada del Común, Lola Padrón con el tercer sector, donde se plantearon temas de interés general para la ciudadanía y el sector, celebrado en Tenerife.