Los concursos de dibujo y microcortos convocados por el Justicia de Aragón con el fin de dar a conocer la Institución entre los escolares aragoneses, coincidiendo con la fecha en la que se conmemora el aniversario de la ejecución del Justicia, Juan de Lanuza V el 20 de diciembre, ya tienen ganadores en la edición de 2014.

Por el tratamiento gráfico y colorista de las grandes diferencias entre el medio rural y urbano, el jurado calificador ha premiado el dibujo de Leyre López Pérez, alumna de 5º de Primaria del Colegio Público El Justicia de Aragón, de Alcorisa.

Por plasmar diversos aspectos en los que puede intervenir la Institución del Justicia de Aragón, con buena técnica y una acertada distribución de espacios, también ha merecido premio el dibujo de Javier Olano, alumno de 4º de Primaria del Colegio San Agustín de Zaragoza.

Y por su ingenuidad y detallada ejecución, mostrando cuestiones de gran interés relativas al medio ambiente, el jurado ha otorgado otro galardón al trabajo de Juan García Ripa, alumno de 1º de Primaria, del Colegio Rural Agrupado (CRA) Turia, de Teruel.

Este año el Colegio San Agustín de Zaragoza ha resultado doblemente premiado puesto que también ha merecido el premio del concurso de microcortos dirigido a alumnos de Centros Docentes de Secundaria, Bachillerato y FP.

El trabajo ganador lleva por título “Zaragoza accesible” y ha sido realizado por las alumnas de 2º de Secundaria, Sara Centro Numancia, Paula Fanlo Cajal y María García Terrer. El microcorto demuestra un buen conocimiento de las funciones del Justicia Aragón y de los problemas a los que se enfrentan diariamente las personas con discapacidad física y movilidad reducida debido a la existencia de barreras arquitectónicas y de la comunicación.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, entregará los premios a los Centros cuyos trabajos han resultado ganadores, el viernes, 19 de diciembre, en la sede de la Institución, en un acto que forma parte de los organizados con motivo del 423º Aniversario de la ejecución de Juan de Lanuza V.

Todos los trabajos ganadores se pueden ver en el apartado de concursos escolares de la web del Justicia www.eljusticiadearagon.es

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha resuelto la queja presentada por un alumno que denunciaba que la Universitat de València le había denegado la admisión a través de la cuota del 5% reservada  para personas con discapacidad.

Según los datos analizados por el defensor del pueblo valenciano, este estudiante tiene reconocido un 10% de discapacidad. No obstante, ha presentado informes médicos y psicopedagógicos del IES donde cursó estudios anteriormente que acreditan sobradamente las necesidades educativas especiales permanentes que requiere.

El Síndic sustenta su recomendación en la normativa vigente que regula los procesos de admisión de las enseñanzas universitarias (artículo 51, Real Decreto 1892/2008), la cual establece la reserva de un 5% de las plazas disponibles para dos grupos de alumnos: para los que tienen reconocido una discapacidad igual o superior al 33% e, independientemente del grado, para aquellos con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa. 

Por su parte, el promotor de la queja acreditó ante la Comisión Gestora de Procesos de Acceso y Preinscripción Universitaria de la UV pertenecer a este segundo supuesto. Para ello aportó los informes emitidos por el IES donde cursó durante los últimos años. De hecho, la propia Universidad le concedió un 25% más de tiempo y la posibilidad de realizar las pruebas PAU en el aula de incidencias, debido a su condición. Además, la propia Unidad de Integración de la Universidad, después de comprobar la documentación aportada, le reconocía el derecho a ciertas adaptaciones por sus necesidades educativas especiales (sitio reservado, intermediación con el profesorado y disposición de más tiempo en los exámenes). 

Por su parte, el Síndic considera que la mencionada norma incorpora en su redacción este segundo supuesto precisamente para dar amparo de aquellos alumnos que no llegan al 33% de discapacidad, pero que necesitan atenciones especiales en la educación. De esta forma, se incluye otras alternativas de discapacidad relacionada con la atención y el aprendizaje, y que no se pueden encorsetar en la medición ordinaria del grado de discapacidad que se hace. 

En la resolución, Cholbi matiza que el acceso a la cuota del 5% a través de esta segunda vía exige acreditar fehacientemente estas necesidades, a fin de que no se convierta en una vía de acceso en fraude de ley. Por ello, la propia norma detalla que estas necesidades educativas deberán ser: especiales, permanentes, asociadas a circunstancias personales de discapacidad, y que durante su escolarización anterior haya necesitado recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

Por todo lo expuesto, el síndic recomienda a la Universidad de Valencia que reconsidere la situación de este estudiante en particular, teniendo en cuenta toda la documentación aportada, y que, de manera general, se valore la distinción de las dos vías de acceso, y que no se imponga el reconocimiento de un grado de discapacidad del 33% sobre la otra vía de acceso, es decir, la de las necesidades educativas especiales permanentes.

El Síndic de Greuges de Cataluña ha organizado una sesión de trabajo con una veintena de representantes de síndicos y defensores locales para analizar y marcar unas pautas comunes, y unos retos a seguir, respecto al papel de las instituciones de defensores en la supervisión del derecho de acceso y la transparencia.

La jornada coincide con la entrada en vigor de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, en su totalidad y con la aprobación de la legislación catalana sobre transparencia, buen gobierno y derecho de acceso, prevista para el jueves 18 de diciembre.

El Síndic ha destacado que la nueva regulación comportará un punto de inflexión y un cambio de cultura de la transparencia. En cuanto a la supervisión de las corporaciones locales, el Síndic ha incidido en las pautas que deben cumplir los portales de transparencia y la información que deben ofrecer.

Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Cataluña, se ha reunido con Xavier Trias, en calidad presidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), para exponerle las principales recomendaciones en relación a la problemática de las expropiaciones de terrenos calificados como parques urbanos en el el Plan General de Urbanismo de 1976.El Síndic ha intervenido en el caso a raíz de la queja presentada por los ayuntamientos de Montcada i Reixach, Sant Just Desvern, Sant Cugat del Vallès y Sant Vicenç dels Horts, que plantearon la imposibilidad de hacerse cargo de las indemnizaciones.

Los ayuntamientos afectados consideran que la expropiación de estos terrenos se hizo en beneficio del conjunto de municipios que forman parte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Consecuentemente, se han dirigido a la AMB -entidad creada por la Ley 31/2010, del 3 de agosto, como sucesora de la antigua corporación- para plantear que sea esta entidad supralocal la que asuma el importe de dichas expropiaciones. En respuesta, la AMB ha ofrecido una ayuda consistente en la financiación con condiciones favorables de las indemnizaciones fijadas por sentencia. Si bien esta ayuda supone un cierto alivio presupuestario temporal, la carga de las expropiaciones la continua asumiendo íntegramente el municipio.

El Síndic ha evidenciado que esta carga económica compromete la gestión de las políticas asistenciales de los citados municipios y afecta a un gran número de personas. Por otra parte, la expropiación de estos terrenos beneficia al conjunto de municipios que forman parte del área metropolitana. Por este motivo, el Síndic ha considerado que actualmente la AMB debe de ser la Administración competente en lo que se refiere a la expropiación de los parques urbanos calificados por el Plan General Metropolitano.

El Síndic ha dirigido a la AMB las siguientes recomendaciones:

1. Que en el seno de la AMB se valore la necesidad de mantener la calificación de estos terrenos o se plantee, si procede, la modificación del planeamiento para introducir las recalificaciones que se consideren convenientes.

2. Que, si se mantienen las cualificaciones de estos terrenos, la AMB intervenga activamente en su gestión, como Administración actuante, y se haga cargo de las indemnizaciones o bien establezca los mecanismos compensatorios que resarzan a los municipios afectados de las indemnizaciones que paguen.

3. Que, teniendo en cuenta que la suspensión de las expropiaciones por ministerio de ley (recurso judicial al cual se acogen los propietarios expropiados para que se fije una indemnización) acaba el 31 de diciembre de 2014, se tomen las medidas oportunas antes de que finalice este plazo.