El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, visitará este jueves, 16 de septiembre, Calamocha, capital de la Comarca del Jiloca, para recibir personalmente a las personas interesadas en plantear una queja o consulta. Con este fin, la oficina móvil del Justicia se instalará en la sede de la Comarca, ubicada en la calle Melchor de Luzón, 6, 3ª planta.

Las personas interesadas en concertar una entrevista con El Justicia pueden llamar al teléfono 900 210 210.

Con esta visita, Fernando García Vicente, continúa la iniciativa que comenzó en 2010 con el objetivo de acercar la Institución a los aragoneses y facilitarles la presentación de sus quejas y consultas. Desde entonces, alrededor de 450 personas le han planteado al Justicia sus preocupaciones, quejas y consultas en encuentros informales que, en opinión de García Vicente, “resultan muy enriquecedores”

El Justicia, también aprovecha estos viajes para reunirse con representantes locales, comarcales y de asociaciones, mayoritariamente de tipo social, visitar residencias para personas discapacitadas, centros ocupacionales y de empleo.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha resuelto la queja presentada por una ciudadana que denunciaba la dilación en resolver un expediente de indemnización por responsabilidad patrimonial, interpuesto hace más de cuatro años ante el Ayuntamiento de Alicante por un accidente en moto en la Avenida de Denia.

Según relataba la afectada, cuando circulaba por dicha vía, a la altura del Complejo Vistahermosa, su ciclomotor se desestabilizó debido a irregularidades en el pavimento y a una trapa de alcantarillado colocada incorrectamente, provocando la caída en la calzada. Al poco tiempo, presentó una reclamación ante el Ayuntamiento.

De acuerdo con la información facilitada, las deficiencias existentes en dicha vía estaban  relacionadas con las obras de remodelación en curso, que estaba promoviendo la Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Por lo que, en un primer momento, el Consistorio alicantino trasladó el expediente a esta administración.

El síndic fundamenta su resolución en las decisiones de los tribunales de justicia y en el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo. Según este último, el Ayuntamiento incumplió con el deber de vigilancia de la vía pública, que aunque estaba de obras, se encontraba abierta al tráfico sin ningún tipo de señalización.

En este sentido, el defensor recuerda en su escrito que los ayuntamientos tiene la obligación inexcusable de mantener las vías públicas locales abiertas a la circulación en tales condiciones que garanticen la seguridad de quienes las utilicen.

En cuanto a la responsabilidad patrimonial, la Constitución española de 1978, en su Art. 106.2, establece el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derecho, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Por todo ello, el síndic ha recomendado al Ayuntamiento de Alicante que resuelva el expediente dentro de los plazos establecidos y que, teniendo en cuenta el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, estime la responsabilidad patrimonial en este caso concreto.

As he stated a day after the withdrawal of the Castor project was announced, the Ombudsman is willing to use all means at his disposal to prevent consumers from having to bear the cost of the agreed compensations for the companies that were awarded the concession of the gas storage.

After having analysed the Royal Decree 13/2014, passed by the Spanish Government, the Catalan Ombudsman has brought together consumer associations, neighbour associations, unions, professional associations to explain them the legal and political contradictions and work on the measures to be taken. All these proposals will be sent to all parliamentary groups in the Spanish Parliament. He will also ask the appropriate institutions to study the possibility to initiate legal actions before the Spanish Constitutional Court and the European Union.

The Ombudsman requests that agreements obliging consumers to pay for the compensations be cancelled. He also denounces that companies and public authorities involved have not yet completed the required reports about the matter. Furthermore, he suggests that compensation to the concessionary companies be paralysed until all documentation is finally submitted and responsibilities for the management of the project are determined.

All these amends will be sent to the Spanish Parliament to persuade the representatives to vote against the above-mentioned decree. If the decree is eventually passed, the Ombudsman will struggle to keep this discussion open in the framework of a future bill to be passed on the matter

The other issue regarding the Castor project is the defence of the people concerned in the Terres de l'Ebre region, whom the Ombudsman will meet tomorrow in order to seek a joint strategy to handle this matter.

The Ombudsman initiated two ex-officio actions with regards to the Castor Project. The first one in October 2013, to clarify the causes of the earthquakes in the Ebro delta region and the consequences and danger for the people living there and the environment. Within the framework of this action, the Catalan Ombudsman sent all the evidence and comments on the matter to the Spanish State Ombudsman (the one with competence to look into this issue), the Government of Catalonia and the Ombudsman of the Valencian Community.

The second ex-officio action was initiated in June 2014 and it was aimed to determine whether public authorities had acted properly in the awarding of the concession of the oil exploratory drilling in Tarragona.

The Catalan Ombudsman is also analysing if these exploitations violate the right to a proper environment, set out in the Spanish Constitution, and if they comply with the European legislation about the matter, mainly Council Directive 92/43/EEC of 21 May on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, and Directive 2011/92/EU of the European Parliament and the Council on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment.

Recently, in September 2014 the Platform in Defence of Sénia River lodged more that 500 complaints expressing the rejection of the project and asking the administrations to be held accountable for having awarded this concession, despite the risk and danger stated in the required reports before the concession. Within the framework of this ex-officio action, the Catalan Ombudsman has addressed the European Ombudsman, Emily O'Reilly, the Spanish Ombudsman and the Government of Catalonia.

Una familia acudió al Ararteko para manifestar su desacuerdo con la declaración de desamparo y asunción de la tutela de su hija por parte del Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa y con la forma en que ésta se había llevado a cabo.

Entre otras cosas, los padres nos informaron de que la orden foral en la que se declaraba en desamparo a su hija no explicaba las razones que motivaban dicha decisión y que tampoco se les facilitó, en el momento de la notificación, el informe técnico en que se había basado la Administración para adoptarla. La familia optó entonces por solicitar formalmente el acceso al informe, que finalmente se les facilitó. La familia aseguraba que ello había dificultado que pudieran oponerse judicialmente a la medida adoptada.

Tras analizar con detalle el caso, el Ararteko dirigió una recomendación a la Diputación Foral de Gipuzkoa instándole a que motive de manera adecuada y suficiente todas las resoluciones por las que se adopten medidas de declaración de desamparo y asunción de tutela de menores de edad en situación de grave desprotección o desamparo.

En esa recomendación concluíamos que si el texto de la orden foral no recoge de forma suficiente los hechos en los que se basa la decisión optando por la remisión a un informe, dicho informe debería ser entregado en el mismo acto de notificación de la resolución adoptada, sin tener que solicitarlo expresamente, para garantizar a las madres y los padres su derecho a oponerse judicialmente a la medida de protección.

La respuesta del Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha sido positiva. Según nos ha comunicado, la recomendación se va a hacer extensiva a todas las resoluciones adoptadas en cualquier momento de los diferentes procesos de protección infantil. El departamento se ha comprometido a revisar los textos de los diferentes modelos de resoluciones y a abrir una reflexión sobre la información puesta a disposición de las personas concernidas por estas medidas de protección.

Vitoria-Gasteiz, 14 de octubre de 2014

Workshop Regionale Di Medicina Penitenziaria

Congress Hotel Excelsior Pesaro – Venerdì 26 Settembre 2014

CON IL PATROCINIO DI :

Regione Marche Provincia di Pesaro-Urbino Comune di Pesaro

ASUR Marche Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pesaro-Urbino

RAZIONALE DEL CONGRESSO

Il carcere è un concentratore di patologia innanzi tutto sociale, ma anche medica ed in particolare infettivologica; vi sono presenti, infatti, elevate proporzioni di individui affetti da patologie infettive ad alto rischio con prevalenze anche di 20 – 30 volte superiori a quelle rilevate nella popolazione libera nazionale. Nel corso degli ultimi anni la popolazione detenuta, rappresentata da circa 60.000 persone giornalmente residenti nei 204 Istituti Penitenziari italiani, ha raggiunto una percentuale di stranieri pari al 40%, mentre i tossicodipendenti sono scesi al 27%. La prevalenza dell'infezione da HIV è del 5%, le persone anti-HCV+ sono il 33% e quelle HBsAg il 6%.

In questo ambiente particolarmente difficile, si muove il personale sanitario, medici, infermieri psicologi, tra mille difficoltà burocratiche, organizzative, etiche. La sfida quotidiana a cui sono sottoposti questi operatori rende merito alla loro alta professionalità. La crisi attuale e il passaggio della medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Regionale e quindi alle varie ASL, ha accentuato i problemi in un ambiente, quale quello del carcere, in cui tutto viene drammaticamente amplificato. A distanza di oltre sei anni dal passaggio, infatti, restano sul campo numerosi problemi. La gestione delle ASL ha creato all’interno dei diversi istituti penitenziari sistemi organizzativi frammentari. Le ASL, inoltre, non hanno né i mezzi né il know- how necessari per operare nei luoghi di restrizione della libertà. In epoca di spending review, con la sanità pubblica che subisce continui tagli, le carceri e chi vi opera appaiono come le vittime predestinate ad essere relegate ad un sistema sanitario di serie B se non di serie C. Serve dunque una regia nazionale e non una frammentazione delle organizzazioni e soprattutto la presenza di persone competenti e dedicate.