La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha enviado una carta al Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, en la que le solicita su intermediación con las autoridades del país para lograr la pronta excarcelación de los opositores.

Soledad Becerril y el Adjunto Primero, Francisco Fernández Marugán, se reunieron el 2 de julio con Liliana Tintori y Mitzy Capriles, esposas del líder de la oposición venezolana, Leopoldo López y del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que se encuentran en la cárcel y en arresto domiciliario, respectivamente.

Ambas les relataron la realidad política que se vive en su país y la situación de los disidentes encarcelados.

En el escrito, la Defensora le pide a su homólogo venezolano que “en su condición de Defensor y Mediador en materia de Derechos Humanos, se interese por la situación y circunstancias de estas personas”.

“Estoy segura de que usted estará de acuerdo con el principio de que en las democracias no puede haber personas privadas de libertad por razón de su pensamiento ni por sus manifestaciones de discrepancia con los poderes establecidos, pues estos son valores esenciales en el estado de derecho”, afirma la Defensora.

“Como conocedora de que el Defensor no es un poder ejecutivo pero puede lograr con sus razonamientos y solicitudes que el poder ejecutivo revise decisiones, es por lo que solicito de usted su actuación por las causas de las personas antes referidas”, alega la Defensora.

Soledad Becerril también se ha mostrado preocupada por la situación de otras personas “que están privadas de libertad en las mismas circunstancias”.

El Síndic de Greuges de Cataluña ha recomendado al Gobierno de la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona que dejen de aplicar tarifas con coste adicional para las llamadas a los teléfonos de información pública 012 y 010. Según Rafael Ribó, se trata de servicios vinculados al derecho de acceso a la información pública, reconocido legalmente, y por tanto no pueden estar sujetos a contraprestación alguna.

El Síndic, que ha investigado con una actuación de oficio las tarifas que aplican estos servicios de atención telefónica, da así la razón a los ciudadanos que le han presentado queja por haber estado en desacuerdo con que las administraciones obtengan beneficio económico de un servicio público.

El Síndic subraya, en primer lugar, que el hecho de escoger la modalidad tarifaria de coste añadido es una opción de la administración titular del servicio, que no viene impuesta por la regulación estatal de estos servicios de información pública telefónica.

Los argumentos del Síndic se fundamentan, además, en que aunque el 010 y 012 deben estar configurados como servicios de información también son canales habilitados para realizar trámites con la administración com lo es el web o la atención presencial, que son gratuitas. En el año 2013, por ejemplo, la tramitación de multas de tráfico, con 138.649 llamadas, ocupó el tercer lugar en el listado de conexiones realizadas en el 012.

Por tanto, según Ribó, si el teléfono 012 de la Administración de la Generalitat cobra un recargo por la llamada, todos los servicios y trámites que ésta permite realizar mediante este teléfono se deberían trasladar a una línea sin coste añadido. El Síndic alerta de que el servicio 012, mientras aplique el recargo, debería especificar la tarifa de las llamadas.

En el caso del teléfono 010 del Ayuntamiento de Barcelona, la carta de servicios municipal también incluye la posibilidad de realizar un número significativo de trámites y gestiones, además de acceder a la información municipal. Un ejemplo de ello son las altas y modificaciones en el padrón municipal, el volante de convivencia o residencia, la licencia y enterado de obras o la tarjeta blanca para el uso del transporte especial.

A partir de una actuación del Síndic del año 2004, el ayuntamiento de Barcelona ya creó el teléfono gratuito -prefijo 900- del civismo, con la finalidad de canalizar las llamadas que reclaman una actuación municipal o alertan de una situación determinada que debe ser objeto de actuación municipal, y que tienen por fundamento un interés comunitario.

No obstante, la creación de este servicio no resuelve el hecho de que un 010 con tarifación adicional continúa siendo un canal para acceder a trámites e informaciones de procedimientos que el ciudadano tiene abiertos con el ayuntamiento y que no se deben cobrar.

En lo que respecta a los teléfonos vinculados a la prestación de servicios públicos, como “Sanidad Responde” o la concertación de la ITV, el Síndic considera que deben seguir el mismo criterio que el que propone para el 010 y 012, ya que tanto si es directamente la administración o se trata de empresas concesionarias de ésta, no pueden atender a los usuarios a través de un teléfono con coste añadido.

El Síndic ha trasladado a la Defensora del Pueblo, para que lo plantee al Ministerio competente, la recomendación de obligar normativamente a los operadores de telefonía a incluir dentro de sus ofertas de tarifa plana los teléfonos de información pública que tienen una tarifa igual o inferior a los teléfonos de numeración ordinaria que ya forman parte.

Las llamadas al 010, 012 y 902 no se incluyen en la tarifa plana, de manera que siempre tienen un coste específico para el ciudadano, con independencia de si son números de tarifa ordinaria o no. Según el Síndic, es necesario tener en cuenta esta situación para valorar el coste efectivo de los servicios de información pública para los ciudadanos, aunque, en este caso, la causa sea una práctica comercial de los operadores y no una decisión de la administración que presta el servicio. 

• Acceso Informe íntegroc(en catalán)

Si è rivolta al Difensore regionale una signora, già titolare di una pensione diretta, che  nel gennaio 2015 ha ricevuto una comunicazione da parte di INPS con la quale le veniva  richiesto il rimborso di una cifra indebitamente erogata superiore ai 40.000 euro. La somma non dovuta le era stata corrisposta sin dal gennaio 2012 a causa di un errore nel calcolo del cumulo tra la pensione di reversibilità del marito e la pensione che già percepiva. Le veniva inoltre comunicato che l’importo corretto dell’assegno mensile era di 1.070 Euro, praticamente la metà rispetto a quanto percepiva,  e che la restituzione del debito sarebbe stata dilazionata in rate da 800 Euro per  196 mensilità (16 anni!).

La signora si è recata prontamente in un patronato per presentare un ricorso amministrativo per il ricalcolo di una rata che potesse consentirle di far fronte agli impegni economici nel frattempo assunti .

Contemporaneamente il Difensore regionale, verificato che a norma delle leggi vigenti la signora non avrebbe dovuto restituire nessun indebito,  è intervenuto  presso INPS perché riesaminasse con tempestività la situazione debitoria della richiedente, considerato che l’assegno del mese successivo sarebbe già stato decurtato di 800 Euro.

L’ufficio dell’INPS interpellato ha effettivamente agito con sollecitudine, riconoscendo l’errore e bloccando il recupero dell’indebito. La signora ora riceve la somma mensile che avrebbe dovuto ricevere già nel 2012, ma non deve restituire quanto ricevuto in precedenza, anche se non le era dovuto.

E’ utile sapere che…

l’INPS procede annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati e se riscontra modifiche che hanno incidenza sul diritto o sulla quantificazione dell’assegno pensionistico, entro l’anno successivo provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza come disposto dall’articolo 2033 del Codice civile. Questo è tuttora ritenuto il tempo tecnico indispensabile perché l’INPS possa acquisire i dati necessari ed effettuare le verifiche contabili.

La stessa INPS però, nella sua circolare n. 31 del 2006, con l’obiettivo di “(…) ridurre i rischi ed i conseguenti disagi sociali di un intervento di recupero delle prestazioni in eccedenza” presumendo che un pensionato abbia utilizzato gli importi indebitamente percepiti per soddisfare esigenze primarie di vita, ha individuato i presupposti per la sanatoria delle erogazioni indebite di prestazioni pensionistiche.

In generale, la ripetizione (la richiesta di restituzione) dell’indebito è esclusa se la situazione di fatto non è addebitabile al percettore della prestazione: se il pensionato non ha agito con dolo non è tenuto alla restituzione delle somme non dovute, sempre che queste non gli siano state richieste nell’arco di tempo massimo che l’ente erogatore si riserva per effettuare le verifiche contabili, ossia due anni solari.

In particolare, per il caso trattato, vale la disciplina dell’art. 13 della legge 412/91 per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 1° gennaio 2001. La legge prevede che “L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti su diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.”

In questo caso, INPS era certamente a conoscenza dell’ammontare della pensione diretta della signora quando ha iniziato ad erogarle anche la pensione di reversibilità e le ha comunicato  il nuovo importo e quindi non era certo compito dell’interessata comunicare all’INPS informazioni già in suo possesso.

Per questo motivo, e per la richiesta di restituzione oltre i termini stabiliti, l’INPS ha correttamente annullato la restituzione dell’importo non dovuto.

Beseitigt wurde nun - über zehn Jahre nach Ablauf der vorgeschriebenen Ruhezeit - das Grab von Baldur von Schirach auf dem Friedhof in Kröv. Schirach wurde im Nürnberger Prozess als Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof am 1. Oktober 1946 wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er war als Reichsstatthalter in Wien verantwortlich für die Deportation der Wiener Juden. Zuvor war er Reichsjugendführer der NSDAP und machte die Mitgliedschaft in der Hitlerjugend zur Pflicht. Nach seinem Tod im Jahr 1974 wurde er auf dem Friedhof der Ortsgemeinde Kröv beigesetzt. Die Ruhezeit für die Grabstätte betrug 30 Jahre, lief also bis Ende 2004. Nach Ablauf der Ruhezeit wurde das Grab nicht beseitigt, sondern das Nutzungsrecht an der Grabstätte von der Gemeinde auf Antrag von Nachkommen des Verstorbenen immer wieder verlängert. Die Tageszeitung Trierischer Volksfreund berichtete, dass er bis zu seinem Tod 1974 im ehemaligen Hotel Mont Royal in Kröv lebte. Eine der beiden Betreiberinnen war während des Dritten Reiches in Kröv Ortsführerin des Bundes Deutscher Mädel (BdM).

Ein Bürger wandte sich 2013, auch mit dem Hinweis auf einen naheliegenden jüdischen Friedhof, erfolglos an die Gemeindeverwaltung. Er forderte die Kündigung der Nutzungsvereinbarung und die Beseitigung des Grabes. Im Jahr 2013 bat er den Bürgerbeauftragten Dieter Burgard mit einer Petition um Unterstützung seines Anliegens. Dessen Intervention führte dann zur zeitnahen Überplanung des betreffenden Friedhofes und nun zur Beseitigung der Grabstätte. Im Frühjahr 2015 ist dies geschehen. Das Entfernen dieser Grabstelle eines verurteilten Verbrechers des Naziregimes geschah rechtzeitig vor den Gedenktagen anlässlich des 70. Jahrestages des Kriegsendes.

Hintergrund: Bürgerbeauftragter Dieter Burgard berichtete am 16. Juni 2015 in der 34. Sitzung des Petitionsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz über mehr als 200 Eingaben und Bitten von Bürgerinnen und Bürgern. In 41 Fällen fand er trotz intensiver Bemühungen keine einvernehmliche Lösung mit den öffentlichen Stellen und den Petenten. Hier sah auch der Petitionsausschuss keine Möglichkeit zu einer einvernehmlichen Regelung.