On 2 July 2015, the Chief Executive of the Health Information and Quality Authority (HIQA), Phelim Quinn, and Ombudsman Peter Tyndall signed a Memorandum of Understanding (MoU)on behalf of the Authority and the Office of the Ombudsman.  The MoU will facilitate the exchange of information and complaints between both Offices in the best interests of the public and the health and social care services. The agreement will also establish procedures to assist members of the public in accessing the services of both organisations.

Speaking at the signing, Ombudsman Peter Tyndall said:

"The complaints landscape in Ireland, particularly in the health and social care sector, is fractured and complex.  There is an onus on regulatory and complaints handling bodies to ensure that complaints or information received from the public is channelled to the appropriate office.  This ensures that anyone with concerns about the service they have received can have those concerns addressed properly, thoroughly and promptly.  My Office and HIQA have separate but complementary roles in the health and social care area and on occasion complaints or information received by either office can be of use and benefit to both our offices.  This MoU is particularly timely from my Office's perspective as I will shortly be given jurisdiction over private nursing homes."

Chief Executive of HIQA, Phelim Quinn said:

“As we have seen from recent investigations, actively seeking feedback from service users and their families is key to patient quality and safety in the Irish healthcare setting. Without listening to service users there is no opportunity for those working in healthcare to learn and improve the quality and efficiency of services. Efficient, reliable and safe patient care is one of the benefits of listening to and learning from the experiences of service users.

Although our remit prevents the Authority from investigating individual complaints, we use the information provided to inform our monitoring activity of the centres involved. This information is passed to the provider of the service to investigate. This MoU with the Ombudsman will enable appropriate and effective sharing of information on complaints and concerns about services.”

The full text of the MoU is available on the websites of both offices:

 www.ombudsman.gov.ie and  www.hiqa.ie

Proponen una serie de medidas para prevenir la violencia de género y mejorar la respuesta institucional ante las víctimas
 

Santa Cruz de La Palma, a 1 de julio de 2015.- Representantes de l Diputado del Común han participado en el encuentro de la Región Europea de la Red   de Defensorías de la Mujer de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que se ha reunido en Vitoria - Gasteiz para analizar la situación y las medidas emprendidas por los poderes públicos en materia de violencia de género, y al que asistieron integrantes de las defensorías del pueblo del Estado español, Andorra y Portugal.

Durante el encuentro, donde abordaron las debilidades y fortalezas de los sistemas de protección ante la vulneración de los Derechos Humanos que constituye la violencia de género, contrastando las distintas respuestas de los poderes públicos, tanto en España como en Portugal, aprobaron una serie de conclusiones encaminadas a prevenir la violencia de género y mejorar la respuesta institucional a la atención de las mujeres que sufren esta forma de violencia.

En primer lugar abogan por la prevención de la violencia de género, a través de la priorización y fortalecimiento de las políticas de igualdad y la cultura social igualitaria, aboliendo todas las formas de sexismo todavía presentes en muchos ámbitos sociales. En el ámbito educativo consideran necesario “trabajar para lograr un modelo de coeducación, eliminando los roles de chicos y chicas basados en patrones estereotipados, de modo que la igualdad de género se formule como un valor fundamental para la convivencia pacífica y de respeto e integración de la diversidad”.

La detección de la violencia de género fue otro de los puntos que resaltan y para ello consideran “necesario crear estructuras administrativas y personal formado preparado para la detección temprana de casos de violencia de género, especialmente en la Administración municipal, como la más cercana a la ciudadanía, y en el ámbito sanitario, policial, educativo y de los servicios sociales”, formando así “una red de sensores sociales imprescindible para conocer dónde se están produciendo situaciones de violencia de género y poner en contacto a las víctimas con los servicios de atención más adecuados”. En esta línea abogan por el fomento de “redes comunitarias que puedan ayudar, en muchos casos, a la detección temprana y al apoyo y acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia de género”.

Imprescindible también entienden que es la mejora de la atención y de los servicios destinados a las víctimas de violencia de género. Para ello, “los recursos destinados a la atención de las mujeres víctimas de violencia de género deben estar diseñados desde una perspectiva integradora en el marco de políticas o estructuras de igualdad de género, con objeto de lograr una mejor atención de las víctimas orientándolas a su empoderamiento, como un medio efectivo, y continuado en el tiempo, de defensa contra las agresiones”.

Ante la constatación de que en los servicios públicos falta formación específica con enfoque de género, proponen poner en marcha “programas de formación en igualdad, continuada y obligatoria, de las personas a cargo de servicios públicos de atención a mujeres víctimas de violencia de género, así como del personal de la Administración de Justicia”. Y frente a la carencia de coordinación, consideran preciso la puesta en marcha de “órganos o acciones orientadas a la coordinación de estas prestaciones, de manera que las mujeres y sus necesidades sean el centro de todas las políticas”.

Proponen además medidas que “aseguren eficazmente la provisión de viviendas públicas o privadas para todas las mujeres víctimas de violencia de género que tengan esta necesidad”. Así como diseñar los servicios de manera para que “las mujeres con discapacidad, mayores y migrantes puedan tener pleno acceso a los recursos existentes”.

Por otra parte, consideran que la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género es una medida “imprescindible para conseguir una vida autónoma y normalizada, por lo que resulta necesario que las administraciones públicas definan medidas específicas que contribuyan a la activación laboral y a la plena autonomía económica de estas mujeres”. Al tiempo que consideran “indispensable revisar y mejorar los sistemas y métodos policiales de valoración del riesgo de las mujeres en situación de violencia, con el fin de precisar al máximo el riesgo real al que están expuestas”.

En lo que se refiere a los menores, destacan que los recursos son insuficientes para la atención y protección de los niños y niñas expuestos a la violencia de género. Por ello, recomiendan “garantizar que estos recursos, y entre ellos, la atención psicológica especializada, se orienten a proporcionarles las herramientas necesarias para identificar y superar el daño que han sufrido”. En esta línea sostienen que es necesario “adoptar todas las medidas para garantizar el ejercicio de las niñas, niños y adolescentes de su derecho a ser escuchados y participar en la toma de decisiones que les afecten”.

Pese a que consideran que la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, “constituye un hito histórico y un referente internacional en la lucha contra la violencia de género, el propio concepto se limita a las agresiones que tienen lugar en el marco de la pareja, dejando fuera de las medidas integrales de protección especial de esta norma a otras formas de violencia contra las mujeres (acoso laboral por razón de género, acoso sexual en el trabajo, agresiones sexuales, explotación sexual y trata de mujeres, etc.), que consideran necesario incorporar al diseño de los servicios administrativos de atención y prestaciones públicas.

Por otra parte, señalan que “la persecución de la violencia que no deja marcas físicas- en particular, la violencia psicológica habitual- no está suficientemente protegida, habida cuenta de la existencia de mecanismos procesales (juicios rápidos, conformidad, etc.) que dificultan su persecución y condena”. Por lo que defienden que se habiliten los mecanismos necesarios para perseguir esa clase de violencia.

El empadronamiento de estas personas se produce tras el encuentro mantenido entre personal del Defensor del Pueblo andaluz y de la Corporación municipal tras conocer el próximo desalojo de estas familias.

El pasado 19 de junio, la Adjunta del Defensor del Pueblo, acompañada de técnicos del Defensor, mantuvieron una reunión con el Alcalde, la concejal de Hacienda y Urbanismo y la Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de esta localidad para tratar la situación de las familias afectadas. Con posterioridad, se reunieron con los afectados, sus letrados y dos concejales de la oposición.

En ambos encuentros abordaron la situación de las familias afectadas, con hijos menores a su cargo, que se verían en la calle y sin alternativa de alojamiento de materializarse dicho desalojo, que de forma voluntaria debería realizarse en la próxima semana.

La Oficina del Defensor apunto entonces la necesidad de que por parte del Ayuntamiento se procediera a censar a los afectados en los domicilios que ocupan, así como se realizasen los informes sociales de las familias y que éstos se les hiciera llegar al Juzgado que está interviniendo en este procedimiento, en aras de proteger a los menores.

Desde el Ayuntamiento se estaban realizando gestiones con el Banco, antiguos propietarios de las viviendas, que en la actualidad pertenecen a La Sareb, para que procediera a retirar las denuncias e iniciar negociaciones para un alquiler social con las familias afectadas.

Fruto de esta reunión ha sido el censo de las 12 familias y la retirada de la denuncia ante el Juzgado por parte del Banco. Ademas se han nombrado a representantes para la negociación por parte de los afectados y de la Sareb.