El Defensor del Menor de Andalucía ha insistido en el mensaje de la prevención, la educación y la reinserción a favor de los chicos y chicas que han cometido un acto delictivo grave y se encuentran internados por decisión judicial, como mejor fórmula para combatir la delincuencia juvenil.

Para el Defensor del Menor, el reto ahora es abordar un Plan de Justicia juvenil en Andalucía dirigido a incrementar la calidad de la atención a los menores, a mejorar la coordinación entre las administraciones, y a conseguir la integridad de la intervención durante la fase de ejecución de las medidas impuestas por los Juzgados de Menores.

Una vez más, ha mostrado su preocupación por el incremento de los casos de menores internados por delitos de violencia intrafamiliar -de hijos a padres- y la situación de los menores con problemas de salud mental que delinquen. En ambos casos, ha insistido en la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones en las labores preventivas que eviten el desenlace del delito y su internamiento.

El encuentro de este viernes ha favorecido una reflexión conjunta con todos los agentes que intervienen en este complejo escenario de la delincuencia juvenil y para ofrecer una visión global de los recursos de estos centros de internamiento, pero sobre todo del trabajo que desarrollan en la reeducación y reinserción de los menores.

Para ello, ha contado con la ponencia a cargo de Jose Miguel de la Rosa, Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, sobre “Los principios del Sistema de Justicia Juvenil. En especial, los principios relativos a la ejecución de las medidas”, y dos mesas redondas que han abordado los retos de futuro de estos menores y buenas prácticas en su reeducación e inserción, respectivamente.

Finalmente, Jesús Maeztu ha llamado la atención también sobre la necesidad de implicar a la sociedad con quienes en su juventud han cometido actos delictivos y hacia quienes padecen las consecuencias de éstos.

El Defensor ha querido recodar que el menor internado es sujeto de derecho y continúa formando parte de la sociedad, además de las funciones propias de estos centros que son las de garantizar su reeducación y reinsercion, por lo que es necesario favorecer la colaboración de toda la sociedad en este proceso de integración social.

El síndic de greuges ha propuesto para el cargo al profesor de Derecho público y presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, Jaume Saura. La Comisión deberá decidir si ratifica dicha propuesta, en sustitución de Jordi Sànchez, quien dejará el cargo una vez se haya llevado a cabo este trámite parlamentario.

Tras la mediación del Justicia de Aragón, la Administración sanitaria aragonesa ha autorizado a una vecina de Monzón a ser atendida en el Hospital San Jorge de Huesca en lugar de en el Hospital de Barbastro, que es el que le corresponde por residencia, con el fin de evitar que reviva la mala experiencia médica que sufrió en el nacimiento de su hija, aquejada de una parálisis cerebral.

En su carta de queja al Justicia de Aragón, esta persona informaba que estaba citada para hacerse una prueba abdominal en el Hospital de Barbastro pero que no era capaz de acudir a dicho centro sanitario por los recuerdos que ello le generaba, motivo por el cual, pedía al Justicia que mediara con el fin de que la citaran en otro Centro.

En respuesta a esta petición, el Justicia trasladó el tema al Departamento de Sanidad que ha aceptado el cambio de centro hospitalario y ya ha notificado a la persona firmante de la queja la nueva cita para realizarse la ecografía en el Hospital San Jorge de Huesca.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, agradece la predisposición de la Administración para atender este tipo de situaciones.  

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha condicionado la idoneidad del proyecto de Valorización de Información del Sistema Sanitario Catalán (VISC+) a que se extremen los mecanismos para garantizar su correcta utilización. También solicita que se adopten medidas para proteger el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de que disfrutan los pacientes.

En el marco de una actuación de oficio, el Síndic ha investigado los pros y los contras del uso de las bases de datos de que dispone el sistema sanitario y ha elaborado un informe con diversas consideraciones y recomendaciones que ha trasladado al Parlamento de Cataluña y al Departamento de Salud.

De entrada, el Síndic valora positivamente los beneficios del proyecto VISC+, que tiene como finalidad aprovechar la enorme cantidad de información generada a partir de las historias clínicas de los pacientes. Información que puede facilitar la investigación de los centros de investigación y, en definitiva mejorar la calidad asistencial que se ofrece a los pacientes. Además, destaca que el Comité de Bioética de Cataluña y la Comisión deontológica del Colegio de Médicos de Barcelona coinciden en que el acceso a la información permitiría reducir, en muchos años, los plazos de investigación de nuevos tratamientos.

El programa cuenta con el amparo de la normativa. Según ésta, no es necesario el consentimiento explícito de los usuarios para acceder a los datos clínicos con finalidades epidemiológicas, de investigación o docencia, siempre que antes se haya llevado a cabo un proceso de anonimización de datos con garantías.

Dicho esto, y aunque es partidario de proseguir con el proyecto de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias (AquAS), Ribó recuerda que la Ley orgánica de protección de datos otorga una protección especial a los datos personales sobre salud. Además, defiende el derecho de los pacientes a que nadie que no esté autorizado pueda acceder a sus datos.

Consciente de que el riesgo cero no existe, y para evitar que los datos caigan en manos de terceros que puedan hacer un uso interesado y lucrativo, el Síndic propone que se realicen auditorías internas y externas y que se prohíba y sancione el cruce de información por piratas informáticos que pueda facilitar la identificación de nombres.

También insta a que se respete, como establece el mismo programa VISC+, que sólo se dará acceso a los datos a proyectos liderados por centros de investigación públicos y previamente aprobados por un comité ético de investigación clínica, con la excepción, en lo que respecta al comité, de los estudios de estadística descriptiva o de estadística de uso interno.

En cuanto a la información transmitida a la ciudadanía sobre el programa VISC+, Ribó alerta de que ha sido poca y confusa. Este hecho ha contribuido, dice, a alimentar las críticas y la desconfianza sobre la finalidad real del mismo y sobre la supuesta vulneración del derecho a la intimidad que comporta. Parte de la opinión pública, además, cuestiona de entrada las políticas de datos abiertos (Open Data) impulsadas por la Generalitat de Cataluña, que advocan por el libre acceso de la ciudadanía a los datos públicos.

El Síndic insta a Salud a explicar con claridad el proyecto, las ventajas e inconvenientes, para que la ciudadanía se pueda formar una opinión fundamentada, y para que los usuarios del sistema sanitario público sepan que puedan ejercer el derecho a no colaborar y oponerse a ceder sus datos.

Recomendaciones

El Síndic recomienda de una manera especial:

• Que se vele por la protección del derecho a la intimidad y la confidencialidad de que disfrutan los usuarios del sistema sanitario catalán.
• Que se apliquen los sistemas de control y de seguimiento previstos con rigor y contundencia para asegurar que los datos cedidos se usan exclusivamente para la finalidad para la que se autorizó la cesión.
• Que se prevea algún órgano independiente de control externo a la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias (AQuAS) y al proyecto VISC+ que lleve a cabo, como mínimo, una auditoría anual.
• Que se garantice que los beneficios que se derivan de la cesión de datos repercutan, con carácter general, en la sanidad pública y, de manera particular, en las personas que los han cedido, con una atención especial a los colectivos más vulnerables.
• Que se mejore la información que se ofrece a los usuarios de la sanidad pública sobre el proyecto para que puedan conocer las ventajas y los posibles riesgos, y para que puedan formarse una opinión clara antes de decidir.
• Que, de una manera proactiva, se informe a los usuarios sobre el derecho de oposición que les corresponde en lo que atañe a la anonimización de sus datos y ofrecerles un trámite ágil para que puedan ejercer dicho derecho.

Y, además, también:

• Que se respete escrupulosamente la normativa relativa al acceso a los datos cuando no sea necesario el consentimiento del usuario.
• Que se apliquen medidas de seguridad y de prevención en el proceso de anonimización mismo.
• Que no se asuma automáticamente el riesgo de autentificación después de la aplicación de un proceso de anonimización y se continúe trabajando para minimizarlo tanto como se pueda de manera continuada.
• Que se prohíba de manera expresa el cruce de los datos anonimizados con otras bases de datos que puedan permitir la autentificación de los pacientes.
• Que, ante usos inadecuados, se accionen los mecanismos necesarios para que se detenga su uso incorrecto, y se proceda a su corrección y sanción, si procede.
• Que se apliquen las recomendaciones efectuadas por la Autoridad Catalana de Protección de Datos sobre el proyecto, a fin de reforzarlo.