Als sich eine unmittelbar betroffene Familie ein Haus im Salzburger Land baute, ahnte sie nicht, dass wenige Jahre später unterhalb des Grundstücks ein Fußballplatz mit Lautsprecheranlage errichtet werden würde. Bald darauf kam auch noch ein Eishockeyplatz dazu, der im Winter fast allabendlich für Lärm und Scheinwerferlicht sorgt. Beide Anlagen werden darüber hinaus für sonstige Freiluftveranstaltungen genützt, sodass die Anrainer nahezu pausenlos einer unzumutbaren Lärmbelästigung ausgesetzt sind. Nach mehrfachen erfolglosen Gesprächen mit dem Bürgermeister wandten sich die Betroffenen an Volksanwältin Brinek, die an der Vorgehensweise der Gemeinde massiv Kritik übt.

Nicht genehmigt sei die Flutlichtanlage, der Beseitigungsauftrag für einen Container wurde bis dato nicht exekutiert und ein Teil des Eishockeyplatzes befindet sich auf dem Immissionsschutzstreifen. Die Volksanwältin dazu: „Die Gemeinde sollte in Bewilligungsangelegenheiten eigentlich Vorbildwirkung haben. Auf die berechtigten Anliegen und Bedürfnisse der Anrainer wurde überhaupt nicht Bedacht genommen, denn es gibt ein Recht auf Ruhe!“ Abschließend fordert Brinek eine verbindliche Vereinbarung zur Reduzierung der Belastung und die ordnungsgemäße Abwicklung aller erforderlichen Genehmigungen.

Nachgefragt: Bewilligungsverfahren für Schotterabbau

Im Falle der Sportplatzerrichtung in Gunskirchen hat sich das zuständige Wirtschaftsministerium nunmehr der Rechtsmeinung der Volksanwaltschaft angeschlossen. Die Gemeinde, die im Zuge einer geplanten Sportplatzerrichtung Aushubarbeiten vornimmt und somit Schotter gewinnt, ist aufgefordert, ein Genehmigungsverfahren nach dem Mineralrohstoffgesetz durchzuführen. Dabei haben die betroffenen Anrainer Parteienstellung.

El Defensor del Menor de Andalucía, también Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, junto con el presidente de Unicef, Ricardo García, y el presidente del Consejo Económico y Social, Ángel J. Gallego, han inaugurado un taller de trabajo para profundizar sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados que son objeto de la trata de personas y facilitar un diálogo público entre los agentes sociales y poderes públicos para su protección internacional.

En el encuentro han participado profesionales del ámbito social implicados en los procesos de integración de los menores migrantes, especialmente los profesionales responsables y técnicos de proyectos y/o recursos de acogida, primera atención, intervención psicosocial y socio jurídica.

Entre ellos, Cruz Roja, Andalucía Acoge y Sevilla Acoge, Hijas de la Caridad, la Universidad Pontificia de Comillas Madrid, las fundaciones La Merced Migraciones y Amaranta, y la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, de la Junta de Andalucía.

Durante su inauguración, el Defensor del Menor de Andalucía ha destacado la situación de los niños y niñas que son objeto de trata de personas "como el eslabón más frágil de la cadena" y ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para su especial protección.

"La situación de vulnerabilidad de estos niños y niñas exige de toda la sociedad un esfuerzo para otorgarles la protección que les reconocen las normas internacionales, nacionales y autonómica, primando en las decisiones que se adopten su condición de menor frente a la de extranjero", ha dicho el Defensor.

En este sentido, también ha pedido a los poderes públicos que presten una especial atención por la situación de riesgo y vulnerabilidad de estos niños, procurando su reinserción en la sociedad y su recuperación social, física y emocional.

Y se ha comprometido con los profesionales participantes en este taller a movilizar a los poderes públicos que deben ofrecer sus respuestas para ayudar a las víctimas o presuntas víctimas de esta terrible lacra social.

Jesús Maeztu ha denunciado el negocio lucrativo que supone la trata de seres humanos  para los traficantes y los explotadores, y que según los datos, las ganancias anuales por este delito pueden alcanzar los 10.000 millones de dólares (el 85 por 100 de estos beneficios económicos por trata de personas proviene del comercio sexual).

Este taller se enmarca dentro del proyecto "Solidaridad de Responsabilidades en la Protección Internacional de los Menores no Acompañados", que impulsa la red de organizaciones formada por la Fundación La Merced Migraciones, la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, ACCEM, ACNUR, Amaranta, APRAMP, CEAR, el Instituto Universitario de las Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, Save the Children, UNICEF y Women´s Link Worldwide.

Conferencia del Diputado del Común en el IES Eusebio Barreto, los Llanos de Aridane

Foro Profesional de la Infancia para tratar los problemas de los menores desde una vertiente interdisciplinar.

El Defensor del Menor de Andalucía, también Defensor del Pueblo Andaluz, y la Fundación Gota de Leche han presentado el Foro Profesional por la Infancia, una iniciativa que aglutina a los distintos profesionales que trabajan con los menores y que cuenta con el apoyo de la Institución andaluza.

Este foro surge con el objeto de hacer visible la situación de los menores, sobre todo, los más desfavorecidos y, a partir de un análisis profesional abordar su atención de manera interdisciplinar y mediante el trabajo en red, con la participación de los propios menores, a través del Consejo de Menores del Defensor del Pueblo Andaluz.

El objetivo es que médicos, farmacéuticos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, educadores sociales, fundaciones, medios de comunicación, etc, trabajen juntos para alcanzar una comunidad más equitativa para la infancia.

En este sentido, los colegios profesionales y sus fundaciones, junto con la asociación de la prensa de Sevilla han acordado la constitución de este encuentro para debatir, dialogar y formular propuestas de mejoras para los niños y niñas andaluces desde una vertiente interdisciplinar.

El Foro Profesional por la Infancia en Andalucía está integrado por la Asociación de la Prensa de Sevilla; Colegio Oficial de Diplomados de Trabajo Social y AA.SS. de Sevilla; Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía; Fundación para la Formación y la Practica de la Psicología; Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla; Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Sevilla; Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla y la Fundación Gota de Leche.

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, se ha desplazado hoy a Lleida para presentar el Informe al Parlamento 2014, especialmente las cuestiones relacionadas con las comarcas leridanas.

En total, el Síndic ha tramitado 718 quejas procedentes de la demarcación de Lleida, que representan el 7,4% de toda Cataluña. Esta cifra indica las quejas que se han investigado durante el año 2014, con independencia del año de apertura. El número de quejas iniciadas específicamente en el 2014 ha sido de 536.

En el año 2014, en relación con el año 2013, tanto las quejas tramitadas (que ascendieron a 652) como las iniciadas (315) han aumentado. Por localidades, las que han registrado más quejas nuevas en el año 2014 son Alcanó (171), la mayoría por problemas de cobertura con Movistar, Lleida (101) y Tàrrega (36).

El ámbito del consumo (con 229 quejas investigadas) ha sido el más prolífico, seguido del de políticas sociales (171) y el de administración pública (169). En lo que respecta a las consultas (400) las políticas sociales, con 101, encabezan el listado.

La actuación o falta de actuación de las administraciones leridanas (Diputación, consejos comarcales y ayuntamientos) ha sido el motivo de 161 investigaciones. El Ayuntamiento de Lleida, con 24, ha sido la administración que más ha generado. Los temas han sido diversos, entre ellos, las sanciones de tráfico, el proceso de admisión del alumnado o los servicios sociales). En segundo lugar se encuentra el Ayuntamiento de Tàrrega (14).

La Paeria de Lleida ha demostrado una capacidad de respuesta menos ágil que en el año 2013. Ha pasado de tramitar las peticiones de información en 77 días (de media) a hacerlo en casi 228. Un tiempo muy superior al de la media de ayuntamientos catalanes, que han requerido casi 115 días.

Actuaciones de oficio iniciadas a raíz de visitas sin preaviso de la ACPT

Por iniciativa propia, el Síndic ha abierto 23 actuaciones de oficio. De estas, 17 se han iniciado a raíz de las visitas realizadas sin aviso previo por el equipo de la Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura (ACPT) a comisarías y otros centros de custodia de detenidos.

La unificación de la sanidad pública de Lleida en un solo ente público de gestión de los centros sanitarios ha motivado una investigación. También se ha actuado de oficio tras la muerte de un niño de tres años de Mollerussa atendido en el Hospital Arnau de Vilanova. La lista de espera para acceder al optometrista en este mismo hospital, que supera los seis meses, también se ha estudiado.

Finalmente, se ha abierto una actuación de oficio en relación con deficiencias en la cobertura 3G en el municipio de Alcanó.

Queja contra el Ayuntamiento de Alfarràs por el derecho de acceso a la información

Rafael Ribó ha aprovechado la visita a Lleida para explicar en el marco de una jornada sobre transparencia y buen gobierno la nueva competencia del Síndic como garante de la Ley de transparencia, con el encargo de elaborar un informe anual sobre el cumplimiento que hacen las administraciones de dicha ley.

Sobre este tema, ha destacado una queja presentada por concejales de la oposición del Ayuntamiento de Alfarràs, que no daba respuesta a su solicitud de acceso al documento del POUM elaborado por los técnicos municipales. El Ayuntamiento alegaba que se trataba de un documento provisional que no había sido asumido por el equipo de gobierno municipal. Aún así, el Síndic señaló que esta circunstancia no justificaba denegar el acceso al mismo.

Visitas de la Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura 

En calidad de Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura (ACPT) el Síndic ha realizado 17 visitas a centros y espacios donde se encuentran personas detenidas. En concreto, ha visitado la comisaría de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local de Tàrrega, les Borges Blanques, Balaguer, Mollerussa y Cervera. En la ciudad de Lleida se ha desplazado a la comisaría de los Mossos y a la de la Guardia Urbana. Las visitas a las comisarías de los Mossos de Solsona, Vielha, Ponts y Pont de Suert y a la unidad penitenciaria del Hospital Santa Maria de Lleida han completado el listado.

A raíz de sentencia del Tribunal Constitucional que suprime la ACPT, el Síndic ha creado el Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura para continuar ejerciendo las funciones que le atribuyen el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Ley 24/2009, del 23 de diciembre, respetando el marco constitucional y la sentencia.

Las funciones del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura se llevarán a cabo por medio del Equipo de Trabajo del Síndic de Greuges, con la asistencia y asesoramiento del Consejo Asesor para la Prevención de la Tortura, de acuerdo con el marco legal previsto, y bajo las previsiones y la dirección del Síndic. 

10 desplazamientos del equipo itinerante de recogida de quejas

El Síndic ha visitado 10 localidades leridanas para recoger quejas. Los desplazamientos se han materializado en 100 quejas y 48 consultas. Las localidades visitadas en el años 2014 han sido: Les Borges Blanques, Cervera, Tàrrega, Lleida, Tremp, Vielha, la Pobla de Segur, el Pont de Suert, Mollerussa y Almacelles.