Der Thüringer Bürgerbeauftragte Dr. Kurt Herzberg und seine Stellvertreterin Dr. Anne Debus veröffentlichten eine Abhandlung über die Stellung, die Aufgaben, die Funktion für den Bürger und die Verwaltung und die Grenzen der Institution des Bürgerbeauftragten in der Aprilausgabe der Thüringer Verwaltungsblätter. Beide arbeiten insbesondere den Mehrwert für die Kommunikation zwischen Bürger und Staat sowie für die Akzeptanz von Verwaltungsentscheidungen heraus.

Dr. Herzberg zum Anliegen des Beitrags: „Im Wesentlichen erörtern wir die Vorzüge und Möglichkeiten der Institution ‚Bürgerbeauftragter‘, die sich in der Überwindung von Kommunikationsbarrieren, in einem zeitgemäßen Konfliktmanagement, der Personalisierung der Institution sowie in den Verfahrenszeiten äußern. Dies alles spricht für diese Einrichtung, die sich auf Länderebene bisher in vier Bundesländern durchgesetzt hat.“

Auszüge des Beitrages sind auch im aktuell erschienenen Jahresbericht des Thüringer Bürgerbeauftragten veröffentlicht.

El Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, quiere expresar su dolor y pesar por el drama de los desplazamientos de inmigrantes, que en las últimas semanas se ha saldado con el fallecimiento de más de un millar de personas, entre ellos, decenas de niños y niñas, en su intento de llegar a costas mediterráneas.

Ante la reciente tragedia ocurrida en las costas de Libia, el Defensor Andaluz se suma a las voces de quienes piden la respuesta urgente y solidaria de los poderes públicos de todos los países para poner fin a este drama humano, donde cada día se ven afectados más niños y niñas.

Para el Defensor urge un plan conjunto que sea capaz de frenar la masiva muerte de personas inmigrantes en el mar que solo intentan buscar una vida mejor. También, por razones humanitarias, es necesario atender y organizar el rescate en el mar de estas personas y el acogimiento de quienes huyen de la explotación de las mafias, de condiciones de vida infrahumanas y del riesgo de sus vidas por los conflictos internos en sus países de origen.

En este sentido, el Defensor del Menor de Andalucía ha reiterado su preocupación por el elevado número de menores que, encontrándose en una situación de especial vulnerabilidad, exponen sus vidas en embarcaciones, con riesgo objetivo de su integridad física.

Jesús Maeztu ha vuelto a hacer un llamamiento para que los países miembros de la Unión Europea regulen esta situación, no solo en el control de fronteras sino también a través de los países de origen, evitando que “la gente tenga que emigrar buscando el pan y la subsistencia, poniendo en peligro sus vidas y siendo objeto de las mafias”. “Es necesario cambiar aquellas leyes y aquellas prácticas que suponen un riesgo cierto para la vida de personas que no han cometido mayor delito que desear un futuro mejor para ellos y sus familias o escapar de la persecución y la miseria, y donde se ven involucrados menores de edad”.

Se trata de una tragedia de gran magnitud que demanda políticas que primen los derechos humanos frente a cualquier otra consideración, que impida que se repitan estas dramáticas consecuencias. “Nos cuesta aceptar que no sea posible encontrar procedimientos de gestión de los flujos migratorios que no supongan poner en riesgo la vida o la integridad física de los inmigrantes. Y mientras no se trabaje en otra línea, seguiremos siendo todos testigos, y cómplices, de este tipo de episodios”.

El Síndic de Greuges de Cataluña se ha dirigido nuevamente a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que adopte las iniciativas más apropiadas en relación con los mensajes catalanófobos publicados en la red social Twitter. En este caso, a raíz del trágico incidente ocurrido en un instituto de Barcelona, en que ha muerto un profesor y han resultado varios heridos.

Rafael Ribó, que ha expresado su pésame y profunda tristeza ante los hechos, en el que hay implicado un joven menor de edad, considera que los tuits son despreciables y de una gran crueldad. Además, como en casos anteriores, pueden constituir un delito de odio.

El síndic también se ha dirigido a la defensora del pueblo para que traslade a la Fiscalía General del Estado las consideraciones del Síndic en relación con la necesidad de investigar el origen de estos mensajes y si constituyen un delito por haber hecho apología del odio.

Finalmente, Ribó también ha contactado con los poderes públicos para pedir que se refuercen los mecanismos legales que faciliten la investigación y el castigo de este tipo de delito.

The Catalan Ombudsman has stressed the importance of the rights to life and subsistence in order to raise awareness among the international community of their share of responsibility before the death of thousands of people in the Mediterranean which must be considered as a severe humanitarian crisis.

Rafael Ribó, within the framework of his assigned competition in the defence and guarantee of human rights, has been writing these reflections up in a statement which underscores the fact that the current existing migration phenomenon in the south of Europe must be managed from both shores of the Mediterranean.

According to the Catalan Ombudsman, to prevent such tragedies, as the Lampedusa one, all Governments involved as well as the European Union must devote more resources and apply appropriate measures. He also recommends that more pedagogy on the matter is made so that the public opinion will be more aware of the drama that lies behind the immigration phenomenon.

The Catalan Ombudsman has forwarded this statement to the Catalan Parliament, to the Catalan Government, to the European Human Rights Commissioner, Mr. Nils Muiznieks, to the European Ombudsman, Mrs. Emily O’Reilly, to international ombudsman’s networks as the International Ombudsman Institute (IOI), to the AOM (Association of Mediterranean Ombudsman) and to ENOC (European Network of Ombudsman for Children) and has suggested that a international meeting to address the problems and provide solutions on this matter should be held.

La institución del Ararteko tramita un número importante de quejas que afectan a unidades de convivencia con niños y niñas que han solicitado las prestaciones económicas de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda a Lanbide, Servicio Vasco de Empleo. Los motivos de las quejas tienen que ver principalmente con la denegación de las prestaciones, la suspensión y la extinción de las mismas.

El hecho de que dichas decisiones afecten a familias que tienen niños y niñas a su cargo es objeto de preocupación por esta institución teniendo en cuenta los datos existentes sobre la pobreza infantil y las consecuencias que implica en su formación y desarrollo personal, así como por su impacto social como generación futura que va a tomar el relevo social. La atención a la infancia y adolescencia por parte de las administraciones públicas, los poderes públicos y por la sociedad, en general, es un indicador de salud democrática, de cohesión social y esmero humanitario.

En esta recomendación general se realiza un análisis de la situación de los niños y niñas y se recogen los datos existentes relativos a la pobreza infantil en Euskadi y el impacto de las transferencias sociales del sistema vasco de garantías en la reducción de las tasas de pobreza. Posteriormente, mencionamos el marco europeo para el desarrollo de políticas nacionales de lucha contra la pobreza infantil y promoción del bienestar de los niños y las niñas, en concreto, la Recomendación de la Comisión Europea de febrero de 2013 "Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas". Tras dichos antecedentes plantemos diversas consideraciones relativas al marco jurídico de aplicación y dirigimos varias recomendaciones al Departamento de Empleo y Políticas Sociales:

· Que en las decisiones relativas a la suspensión y extinción de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda, cuando hay un niño o niña en la unidad de convivencia, se evalúe el interés superior del menor, este interés constituya la consideración primordial y se pondere respecto a los incumplimientos de obligaciones por parte de los miembros de la unidad de convivencia (sus padres o tutores principalmente) beneficiarios de las prestaciones.

· Que en las resoluciones que afecten a unidades de convivencia en las que hay niños y niñas, cuando se acuerde la suspensión y extinción de las prestaciones, se expliquen y justifiquen las repercusiones en los derechos y en el desarrollo del niño o niña.

· Que si se detectan otras dificultades en la situación del niño o niña que pueden afectar a sus derechos o al desarrollo del niño o niña, se ponga en conocimiento de los servicios sociales municipales de cara a la valoración de la conveniencia de una intervención socio-educativa.

Estas recomendaciones afectan a una política sectorial, como es la de garantía de ingresos, con alto impacto en el apoyo a la cobertura de las necesidades de las familias. Por ello, cualquier decisión que se adopte en este ámbito debería ser analizada a la luz de una reflexión más amplia sobre la mejora de las políticas de apoyo a las familias, cuestión abordada en el informe extraordinario del Ararteko "Políticas de apoyo a las familias en Euskadi: análisis y propuestas", al que nos remitimos.