In ihrer Stellungnahme kritisiert die Volksanwaltschaft neben der Unklarheit mancher Neuregelungen, beispielsweise wem die Bestätigung des Antrags auf internationalen Schutz von unmündigen minderjährigen Flüchtlingen obliegt, auch eine fehlende Verwaltungsvereinfachung.

Teilweise gehen die erläuternden Gesetzesbemerkungen über die vorgeschlagenen Regelungen hinaus oder entsprechen nicht den unionsrechtlichen Vorgaben.

So regt die Volksanwaltschaft anlässlich einer geplanten Neuregelung eine Klarstellung im Sinne der Dublin-III-Verordnung zum wiederholten Mal an, dass humanitäre Aufenthaltstitel direkt im Anschluss an die behördliche bzw. gerichtliche Entscheidung über eine unzulässige Rückkehrentscheidung zu erteilen sind, um Lücken in der Aufenthaltstitelkette zu vermeiden.

Auch die mangelnde Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse vulnerabler Gruppen im Rahmen der Grundversorgung in den Erläuterungen verstößt aus Sicht der Volksanwaltschaft gegen gemeinschaftsrechtliche Vorgaben.

Vor allem hinsichtlich unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (UMF) fordert die Volksanwaltschaft die Einrichtung von Clearingstellen nach dem Vorbild von Krisenzentren in allen Bundesländern. Die derzeit vorhandenen Erstaufnahmestellen nehmen nämlich keine Abklärung des Bedarfs an Betreuung und notwendiger Zusatzleistungen vor. Aus Sicht der Volksanwaltschaft kann eine solche Abklärung nur durch die Kinder- und Jugendhilfe erfolgen. UMF sollten, unabhängig von ihrem Alter, direkt nach dem ersten Aufgriff durch die Polizei an diese Clearingstellen übergeben werden.

Problematisch erscheint der Volksanwaltschaft zudem die Verlagerung der Erstbefragung von den Erstaufnahmestellen zu Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes. Nach Auffassung der Volksanwaltschaft sollte die Erstbefragung - sofern nicht schutzwürdige Personen betroffen sind - in mehreren kleinen, an die Regionaldirektionen des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) angebundenen, Erstaufnahmestellen, die über entsprechend geschultes Personal und Dolmetscher verfügen, stattfinden.

Im Zuge der Stellungnahme zum Fremdenrechtsänderungsgesetz merkt die Volksanwaltschaft außerdem an, dass hinsichtlich Familienzusammenführungen Verbesserungen in Form einer erleichterten Akteneinsicht erfolgen sollten.

Volksanwalt Günther Kräuter erläuterte die aktuelle Missstandsfeststellung der Volksanwaltschaft mit dem Ziel, endlich die Obsorge und Betreuung der oft schwer traumatisierten Kinder und Jugendlichen sicherzustellen. Der Umstand, dass etwa nach wie vor rund 700 betroffene Jugendliche in Traiskirchen untergebracht seien, widerspreche eklatant internationalen Konventionen und nationalen Gesetzen.

Weiters wurde intensiv über die Optimierung des Informationsflusses zwischen den Besuchskommissionen der Volksanwaltschaft und den Kinder- und Jugendanwältinnen und -anwälten beraten und einzelne exemplarische Problemfälle diskutiert. Insgesamt wurde von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den Bundesländern die Zusammenarbeit mit den Expertinnen und Experten der Volksanwaltschaft als äußerst hilfreich bei den tagtäglichen Herausforderungen bewertet.

El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, a través de los órganos de inspección competentes, ha adoptado las medidas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de una residencia de personas mayores, en cuanto a alimentación, gasto farmacéutico por residente, uso adecuado y proporcionado de las medicinas, y atención médica.

Así se desprende del pormenorizado informe que la Administración inspectora a remitido al Justicia de Aragón en respuesta a una queja por presunto trato negligente a un usuario por parte del establecimiento, de titularidad privada.

La Institución considera que la Administración inspectora, en sus funciones de control respecto de este tipo de establecimientos sociales, ha efectuado las comprobaciones y desarrollado las actuaciones necesarias para atender la problemática detectada y así se lo ha trasladado a la persona que presentó la queja.

En opinión del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, la respuesta de la Administración sanitaria aragonesa es una muestra de colaboración entre las instituciones para solucionar los problemas de los ciudadanos.

Jornada de seguimiento de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño

Madrid

El ararteko en funciones Iñigo Lamarca participa hoy en Madrid en la Jornada de Seguimiento de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, organizada por la Plataforma de Infancia.

Lamarca, junto con la defensora del pueblo de España ha intervenido en un debate sobre el papel de las defensorías como garantes, dando a conocer su visión de las familias y sus necesidades y retos en el actual entorno social y económico. Un tema que ya se debatió el pasado mes de septiembre en Vitoria-Gasteiz, en las XXIX Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, organizadas por el Ararteko.

La Plataforma de Infancia celebra esta jornada con el objetivo de afianzar el trabajo en red del seguimiento de la aplicación de dicha Convención en España.

Se trata de un encuentro destinado a explicar el proceso de seguimiento de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en España como marco de trabajo desde donde se protegen, promueven y defienden los derechos de niños, niñas y adolescentes desde el trabajo conjunto de entidades sociales.

La CDN es el marco de trabajo de la Plataforma de Infancia desde su constitución en 1997. Y lo hace protegiendo, promoviendo y defendiendo los derechos de niños, niñas y adolescentes mediante el trabajo conjunto de entidades sociales.

Por ello, el seguimiento permanente de la aplicación de la CDN constituye un eje fundamental de su trabajo, habiendo celebrado en los últimos años jornadas destinadas a difundir y supervisar las últimas recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño a España, como máximo órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención.

Vitoria-Gasteiz, 26 de marzo de 2015

El Síndic de Greuges de Cataluña se ha dirigido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que adopte las iniciativas más apropiadas en relación con los mensajes catalanófobos publicados estos días en la red social Twitter.

Rafael Ribó, que condena los mensajes contra las víctimas del accidente aéreo, algunas de origen catalán, ha manifestado que "sin perjuicio de considerar la crueldad de los tuits y el rechazo que me merecen este tipo de actuaciones, los mensajes pueden ser constitutivos de delito de odio".

El síndic argumenta que no es la primera vez que las redes sociales protagonizan este tipo de delito, tipificado en el Código penal. Así, existe constancia de que, en el mes de octubre pasado, le entidad Drets presentó una denuncia contra cien usuarios de Twitter que habían lanzado a la red social mensajes catalanófobos.

Por otro lado, en el Estado español también existe el antecedente del cas de los mensajes vejatorios que aparecieron en las redes sociales tras el asesinato de la quien fue la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.

El síndic también se ha dirigido a la defensora del pueblo a fin de que traslade a la Fiscalía General del Estado las consideraciones del Síndic en relación con la necesidad de investigar el origen de estos mensajes y si constituyen un delito por haber hecho apología del odio.

Finalmente, Ribó también ha contactado con los poderes públicos para pedir que refuercen los mecanismos legales que faciliten la investigación y el castigo de este tipo de delito. Al mismo tiempo, seguirá trabajando para dar traslado de los hechos a las instancias internacionales.