El adjunto primero del Síndic, Ángel Luna, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con el letrado de AERTE, Miguel Alfonso García-Monllor en la sede del Síndic. Durante el encuentro, el representante de esta asociación ha mostrado su preocupación por la difícil situación en la que se encuentran muchas residencias que prestan servicios a personas dependentes por la adjudicación de plazas a centros de accesibilidad social. Asimismo, tambien ha trasladado al adjunto su inquietud por los retrasos en los pagos de las plazas de los perceptores de PEI que se encuentran tutelados por la Generalitat. Respecto a la situación de las personas tuteladas, García-Monllor también ha añadido las demoras en resolver la PEI.

Actualmente, el Síndic de Greuges está tramitando dos expedietes en los que se abordan estas problemáticas.

"Promover la dignidad y el valor de las personas"

Los servicios sociales de base deben ser el centro del Sistema de Servicios Sociales y son claves en la atención a las necesidades de las personas y en la detección y abordaje de situaciones de vulnerabilidad.
Vitoria-Gasteiz

Bajo el lema "Promover la dignidad y el valor de las personas" mañana se celebra el día mundial del trabajo social. Coincidiendo con esta efeméride, el Ararteko y las presidentas de los colegios profesionales de trabajo social de Euskadi han hecho pública una declaración conjunta en la que concluyen que, siendo los servicios sociales de base claves en la atención a las necesidades de las personas y en la detección y abordaje de situaciones de vulnerabilidad hay, sin embargo, una importante distancia entre el papel que la Ley de Servicios Sociales les otorga y las funciones que están pudiendo desempeñar, siendo la brecha más manifiesta en el contexto actual de crisis.

En esta fecha, en la que se quiere hacer hincapié en la movilización y la acción comunitaria en defensa de los derechos humanos, difundimos también, un documento que recoge las opiniones de los trabajadores sociales y otros participantes en la Jornada de trabajo conjunta celebrada en el mes de junio de 2014. En ese encuentro se analizaron las conclusiones y recomendaciones del informe extraordinario del Ararteko La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Entre las conclusiones de la jornada insistimos en la necesidad de poner en marcha los medios adecuados para cumplir las recomendaciones del informe extraordinario del Ararteko y señalamos las dificultades actuales derivadas de la ausencia de un modelo común y de la inestabilidad financiera, así como la excesiva fragmentación y diversidad de tamaño de los municipios. Destacamos, también, la importancia del refuerzo del trabajo social comunitario, de alcanzar acuerdos interinstitucionales y de elaborar una normativa que mejore los servicios y la atención social a las personas. La colaboración y coordinación interadministrativa, en especial con Lanbide, es de capital importancia.

Partiendo de las aportaciones y conclusiones alcanzadas en dicho encuentro, y teniendo en cuenta que desde la realización del anterior se han producido algunos cambios en el contexto socioeconómico, normativo y organizativo con alto impacto en los servicios sociales de base, la institución del Ararteko realizará otro informe para conocer cómo está siendo la respuesta de los servicios sociales municipales a las necesidades planteadas por la población desde la función y responsabilidades que les confiere la actual normativa vigente. Para ello, se analizará la evolución que han experimentado en los últimos años los servicios sociales municipales y se pulsará la opinión de los diferentes agentes sociales e institucionales.

Con las conclusiones resultantes, el Ararteko planteará una serie de recomendaciones para la mejora de los servicios sociales municipales y, dentro de estos, de los servicios sociales de base. El Informe se elaborará a lo largo del presente año y su finalización está prevista para finales de 2015.

El síndic de greuges de Cataluña ha propuesto en comisión parlamentaria el establecimiento de un acuerdo específico para que las investigaciones internas frente a las acusaciones o indicios de malos tratos a los cuerpos policiales catalanes las lleve a cabo un organismo neutral y externo, sin perjuicio de cualquier actuación judicial.

De esta manera se podrían evitar situaciones como la acontecida a raíz del caso 4F, en que ni la Guardia Urbana ni los Mossos d’Esquadra abrieron investigación interna alguna para esclarecer la consistencia de las denuncias de malos tratos que varios de los detenidos habían presentado ante la juez.

Rafael Ribó ha recomendado específicamente al Ayuntamiento de Barcelona y al Departamento de Interior que rediseñen las unidades internas de investigación y que incorporen una figura externa, con el objetivo de establecer nuevos procedimientos y estructuras que les homologuen a estándares internacionales; unos estándares reconocidos para el examen, la investigación y la elaboración de informes de alegaciones de tortura y malos tratos como los que recoge el denominado Protocolo de Istanbul.

En lo que respecta al libro de registro y custodia de los detenidos con la información de febrero de 2006, que el Síndic denunció que constaba como desaparecido, todavía no se tiene constancia de que haya sido reconstruido a partir de los archivos informáticos.

Este es un hecho grave que pone de manifiesto que las autoridades policiales de la Guardia Urbana de Barcelona de aquel período no garantizaron debidamente la obligación de custodia de documentes y archivos oficiales.

Convenio con el Defensor del Pueblo

En cuanto a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anula las competencias del Síndic como Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura (ACPT), el síndic ha informado a los diputados que tramitará a la defensora del pueblo, Soledad Becerril, una propuesta de convenio de colaboración entre ambas instituciones. El acuerdo tiene como objetivo evitar duplicidades y establecer un mecanismo de coordinación, de acuerdo con lo que prevé la sentencia, la misma Ley del Síndic y el Estatuto de autonomía.

Rafael Ribó, que ha reiterado ante los parlamentarios que seguirá trabajando en la prevención de la tortura y los malos tratos en Cataluña, ha pedido a los diputados que impulsen ante el Estado la designación del Síndic como Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura.

Regulación del derecho a los suministros

La Comisión del Síndic también ha debatido el Informe sobre los suministros básicos, presentado en diciembre de 2014. Sobre esta cuestión, Ribó ha instado a los grupos políticos a abrir el debate parlamentario para que se regule y se reconozca el derecho a estos suministros (agua, gas, electricidad).

También ha sugerido que se fije un suministro mínimo garantizado a un precio asequible para todos los consumidores que hagan un uso razonable y que se aplique un sistema tarifario acumulativo y que fomente el ahorro energético.

Rafael Ribó también ha abierto el debate para reforzar por ley el Síndic de Greuges de Cataluña como supervisor de los suministros básicos. La profundización del contenido del artículo 78 del Estatuto de autonomía permitiría ofrecer a todas las empresas de los sectores de la electricidad, el agua y el gas un mecanismo efectivo de cumplimiento de la Directiva de resolución alternativa de litigios y de supervisión del derecho de las personas a los suministros básicos. En el Informe se ponen como ejemplo a los ombudsmen de la energía del Reino Unido y Francia.

A la veille des élections départementales qui se dérouleront les 22 et 29 mars prochains, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, adresse à l’ensemble des maires un rappel des règles et procédures à appliquer afin que les personnes en situation de handicap puissent exercer leur devoir civique dans les meilleures conditions.

La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur en France le 20 mars 2010, indique dans son article 29 que les Etats « s’engagent à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres ».

De même, la loi du 11 février 2005 portant sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dispose que les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le handicap, physique, sensoriel, mental ou psychique.  Au titre de ses missions de lutte contre les discriminations, pour l’égalité des droits, le Défenseur a jugé utile de rappeler, aux élus en charge de l’organisation des opérations de vote, quelques principes simples afin qu’ils soient en conformité avec le cadre juridique.

Voir les recommandations

A woman in her 90s suffered serious bruising to her face just before she died after falling in hospital, a Parliamentary and Health Service Ombudsman investigation found.

The vulnerable partially sighted lady was admitted to University Hospital Southampton NHS Trust with a chest infection and was in a confused state after she left her nursing home. She suffered severe bruising to her face when she fell out of bed, into a gap between the wall and bed, when an agency health care assistant was changing her bedding.

The Parliamentary and Health Service Ombudsman's investigation found that according to the Falls Care Plan – a plan to manage the risk of the patient falling - she should be moved by two members of staff but she was moved by only one.

The hospital did not tell the woman's daughter about the fall. When her daughter saw her mum in the nursing home she was shocked and distressed to see the bruising on her face. The hospital also did not record the mother's injuries in her hospital discharge paperwork.

The hospital then failed to tell the daughter that her mum had been discharged from hospital to a nursing home.

The hospital also provided incorrect information to the daughter about funding arrangements.

The mother died five days after being discharged to the nursing home. The daughter told the Ombudsman Service her mum's bruising is an enduring memory of her.

Parliamentary and Health Service Ombudsman Julie Mellor said:

'This story shows the importance of following clearly laid care plans. It also highlights the effect poor communication in the health service can have on people.

'The daughter, on several occasions, was left not knowing what was happening to her incredibly vulnerable mother, which was clearly very distressing for her. The Trust's poor treatment of her mother has meant she has lost confidence in the NHS.

'We have asked the Trust to apologise to the daughter for failing to take enough action in relation to her mother's fall out of bed and to produce an action plan that demonstrates it has learnt the lessons from this case, in particular in relation to staff following Falls Care Plans.'

The woman's daughter said:

'I was shaken and shocked when I saw my mum at the nursing home. I still get flashbacks. The staff at the nursing home were on the verge of tears. How can this happen, in 2013, to a 95-year-old lady?

'I was not happy with the care she was receiving at the hospital and it took forever to get her discharged. In the end, when they eventually did discharge her, they didn't even tell me.

'I'm terrified going into a hospital – I think they are incompetent. What was lacking was basic nursing, basic common sense – this was sorely lacking.'

The Ombudsman Service has found evidence the Trust has taken steps to address the failings. They have introduced electronic incident reporting, use ward meetings to tell staff about informing relatives when patients fall, discuss discharge completion summaries at governance meetings and audit discharge checklists.

The Parliamentary and Health Service Ombudsman is independent and impartially investigates complaints from individuals about UK government departments, and other public organisations, and the NHS in England. It carries out adjudications making final decisions on people's complaints. The Ombudsman Service investigates 4,000 cases a year and upholds around 42 per cent.