El Defensor del Pueblo ha pedido a la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, que le informe sobre las iniciativas que pudieran llevarse a cabo para solicitar la extradición de los presuntos miembros de la organización terrorista ETA con causas pendientes que han sido localizados en Venezuela.

La actuación abierta de oficio por el Defensor del Pueblo responde a su preocupación por la plena satisfacción del derecho a la Justicia de las víctimas de ETA teniendo en cuenta que son aún muchos los casos en los que no se han podido determinar las responsabilidades penales de los autores.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril,  ha explicado esta iniciativa a la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Consuelo Ordóñez, quien le ha presentado el libro 'Agujeros del sistema. Más de 300 asesinatos de ETA sin resolver' que recopila información sobre casos pendientes de esclarecer.

El autor del libro, el periodista Juanfer F. Calderín, ha investigado y cruzado datos de sumarios, fuentes policiales y hemerotecas para establecer conexiones antes desconocidas y que han permitido reabrir una decena de casos muchos de los cuales estaban a punto de prescribir, ha explicado Consuelo Ordóñez.

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha detectado indicios que las administraciones implicadas en los hechos acontecidos el 4 de febrero de 2006 (4F), en que un guardia urbano resultó gravemente herido, actuaron con negligencia y falta de transparencia.

Así lo ha constatado el propio síndic en la presentación de los resultados de la investigación abierta por este caso a raíz de la emisión del documental Ciutat Morta, el pasado 17 de febrero. Según Rafael Ribó "existe la certeza de que ni la Guardia Urbana ni los Mossos d’Esquadra abrieron investigación interna alguna para esclarecer la consistencia de las denuncias de malos tratos que diversos de los detenidos denunciaron ante la jueza". Los responsables políticos de ese momento al frente de los organismos policiales tampoco dieron las órdenes oportunas para proceder a una investigación interna, sin perjuicio de las actuaciones judiciales que se pudieran estar llevando a cabo.

Además de inconsistencias en el relato de la Guardia Urbana incluido en el atestado, el Síndic ha evidenciado que el libro de registro y custodia de los detenidos con la información de febrer de 2006 consta como desaparecido. Este es un hecho grave que pone de manifiesto que las autoridades policiales de la Guardia Urbana de Barcelona de ese periodo no garantizaron debidamente la obligación de custodia de documento y archivos oficiales.

También ha hallado indicios que acreditan que como mínimo uno de los detenidos tenía heridas y contusiones producidas mientras estaba bajo custodia de la Guardia Urbana de Barcelona y que requirió puntos de sutura.

• A las 08.27, 08.28 y 8.30 horas, tres detenidos fueron reconocidos por el Servicio de Urgencias del Hospital del Mar. Los informes médicos, que incomprensiblemente no se incluyen en el atestado policial, constatan que los detenidos presentan policontusiones con propuesta de derivación a otro hospital para valoración definitiva, puesto que por problemas técnicos no loes pueden hacer RX.     
• A las 11.10, 11.11 y 11.12 horas vuelven a ser reconocidos en el Hospital de la Esperanza. En esta ocasión, el detenido Rodrigo Lanza presentaba una herida en la cabeza que requería diversos puntos de sutura con grapa y contusiones diversas, y Juan Daniel Pintos presentaba varias fracturas y contusiones, y se le hubo de escayolar un brazo.

El Síndic, en cualidad de Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura (ACPT), denuncia que se incumplieron los protocolos internacionales en materia de prevención de malos tratos y recomienda al Ayuntamiento de Barcelona que rediseñe la Unidad Interna de Investigación del cuerpo con el objetivo de establecer nuevos procedimientos y estructuras que les homologuen a estándares internacionales. Sugiere que se apliquen los estándares internacionales reconocidos por el examen, la investigación y la elaboración de informes de alegaciones de tortura y malos tratos, como los que recoge el denominado Protocolo de Istanbul. Asimismo, propone el establecimiento de un acuerdo específico para que estas investigaciones sean llevadas a cabo por el propio Síndic, sin perjuicio de cualquier actuación judicial, pero tampoco sin limitación alguna por la existencia de ésta.

También recomienda al consistorio que dé cumplimiento de manera inmediata a las recomendaciones del Síndic de Greuges en tanto que ACPT en lo que atañe a la adecuación inmediata o clausura de aquellas dependencias policiales de la Guardia Urbana habilitadas para custodia de detenidos y que no cumplan los requisitos de garantizar ni la seguridad de los detenidos ni la de los propios agentes.

El Síndic insiste en que es necesario actualizar los protocolos de actuación de los diversos cuerpos policiales y también de coordinación entre ellos para garantizar la máxima eficacia sin excederse en el uso de la fuerza, preservar todas las garantías de seguridad para los agentes y ofrecer también la estricta observación de los derechos que asisten a todos los ciudadanos.

Con el objetivo de incrementar las garantías durante el proceso de custodia de los detenidos en las policías locales, es preciso recordar que la ACPT, en su último informe, recomienda que es conveniente proceder a una clarificación normativa que resuelva las incoherencias y las insuficiencias del marco legal autonómico, con un catálogo de las funciones de policía judicial que corresponden al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, que ejerce la función de policía ordinaria e integral, y de las funciones propias y complementarias que pueden desarrollar las policías locales.

Por lo que respecta a la consistencia de los procedimientos que han culminado con la invalidez de dos de los agentes implicados, el Síndic pondrá en manos del INSS las conclusiones de la investigación realizada y también la documentación obtenida en el transcurso de esta actuación. El análisis de estos indicios y la constatación de estas evidencias apuntan a la hipótesis de la existencia de un error de diagnóstico.

La situación de deterioro social y urbanístico que padece el barrio de Santa Juliana en Abanto-Zierbena ha sido objeto de diversas actuaciones por parte del Ararteko.

La carencia histórica de servicios municipales, de equipamientos adecuados y la degradación de las edificaciones, consecuencia, entre otras cuestiones, de la situación de fuera de ordenación urbana, han sido algunas de las cuestiones que han motivado las quejas recibidas.

En 2010 el Ararteko planteó una serie de consideraciones en una resolución dirigida al Ayuntamiento de Abanto-Zierbena y al entonces Departamento de Vivienda y Política Sociales del Gobierno Vasco. Hacíamos hincapié en la necesidad de avanzar en la intervención integral del barrio para remediar el deterioro social y urbanístico que viene padeciendo en los últimos años el barrio de Santa Juliana.

Desde entonces hemos seguido en contacto tanto con las administraciones concernidas como con algunas de las personas que continúan residiendo en el barrio.

Entre los hitos que se han dado al respecto, debemos destacar la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Abanto-Zierbena en 2010. Ese PGOU prevé un sector para el barrio de Santa Juliana, que debe desarrollarse por un plan parcial.

Además, recientemente, el Gobierno Vasco ha autorizado una subvención al ayuntamiento de Abanto-Zierbena para financiar el coste de la primera fase de las obras de regeneración urbana del barrio de Santa Juliana, por medio de la adquisición de vivienda vacía y posterior demolición.

Hemos constatado que, a pesar del tiempo que conlleva la concertación y elaboración de los instrumentos urbanísticos necesarios, el proceso de regeneración está en marcha y avanza de forma lenta pero inexorable.

Desde el Ararteko queremos destacar la voluntad de colaboración entre las administraciones concernidas, a la vez que insistimos en la necesidad de continuar con los esfuerzos para dotarse de los medios necesarios para gestionar este proceso de regeneración de forma más ágil, y de seguir favoreciendo la participación de las personas residentes en el barrio.