El Ministerio de Fomento ha comunicado al Defensor del Pueblo que obligará a las empresas de transporte a detallar las condiciones de accesibilidad que ofrecen a los usuarios con discapacidad durante el viaje.

 En un escrito remitido a la Institución, Fomento asegura que prepara un nuevo reglamento de ordenación de los transportes terrestres que establece que las compañías de autobuses deberán informar a los usuarios antes de iniciar un viaje de todas las condiciones de accesibilidad existentes, tanto en los vehículos como en todas las estaciones en las que se vaya a parar durante el trayecto.

Tras recibir una queja del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Defensor del Pueblo inició una actuación ante los ministerios de Fomento e Industria sobre la información difundida a través de las páginas web de las empresas de transporte en autobús para personas con movilidad reducida y/o usuarios en silla de ruedas.

El CERMI trasladó al Defensor la queja de un usuario que, después de analizar la información proporcionada en la página web de 26 empresas, concluyó que ésta es incompleta y no garantiza la planificación del viaje de una manera certera a personas con movilidad reducida y/o usuarios en silla de ruedas.

Según ha informado Fomento a la Institución, el futuro reglamento contempla que, cuando los billetes se compren electrónicamente, la empresa transportista deberá informar de las condiciones de accesibilidad de vehículos y estaciones a través del medio utilizado para contratar.

El Justicia de Aragón ha abierto un expediente de oficio con el fin de recabar información de las Administraciones competentes sobre el estado medioambiental de los suelos esteparios próximos al Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ), una zona verde pública situada en la parte alta del Parque Tecnológico del Reciclado, de gran valor ambiental.
La Institución ha tenido conocimiento de la denuncia de varios colectivos ambientales y sociales que alertan de la contaminación de estos suelos por la acumulación de materiales ligeros, especialmente plásticos, con el consiguiente impacto ambiental y paisajístico.
Con el fin de conocer el asunto en su integridad y dada la importancia que reviste la conservación del entorno natural como parte fundamental del patrimonio, el Justicia de Aragón preguntará a las Administraciones local y autonómica sobre el estado de la cuestión y la función de supervisión de las actividades de reciclado que allí se desarrollan.

Hace unos meses, un ciudadano de Santa Pola acudió al Síndic para solicitar nuestra mediación ante la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. De la información facilitada se desprende lo siguiente: 

En febrero de 2013 fue intervenido quirúrgicamente a causa de una enfermedad grave. Tras la operación, continuó dos semanas ingresado y prosiguió con un postoperatorio complicado en el domicilio, con algún ingreso en el centro hospitalario. Durante ese mismo periodo tenía que haber renovado la tarjeta de transporte de un camión de su propiedad, pero se le olvidó. En este sentido, el afectado estuvo más preocupado por su estado de salud que por los trámites burocráticos de renovación de la misma. Cuando en abril de 2014 presentó la solicitud, la administración se la denegó por «extemporánea», habiendo agotado también el plazo para la rehabilitación de la autorización. 

Efectivamente, el autor de la queja presentó la solicitud fuera de tiempo, concretamente un mes; pero al parecer no fue por desidia, sino por las múltiples molestias y el malestar que le provocó su paso por el hospital, y algunas complicaciones que ocurrieron en el periodo post-operatorio. 

El autor de la queja nos comunicaba que se hallaba en una encrucijada sin ninguna alternativa potencialmente viable. Por un lado, para adquirir una nueva autorización, su vehículo no podía rebasar la antigüedad máxima de cinco meses, premisa que no cumplía ni tampoco se la podía permitir. Por otro lado, no podía regularizar su vehículo que se encuentra en perfectas condiciones y estaba al corriente de las inspecciones periódicas que la Conselleria establece para su correcto funcionamiento. Por su parte, el ciudadano reconocía su equivocación: cometí un error, lo asumo, si me tienen que sancionar háganlo, pero imploraba una solución: no me quiten algo que es imprescindible y vital para poder seguir trabajando.

El defensor valenciano también recalcaba en su resolución que el autor de la queja, durante los 38 años de actividad profesional, siempre había renovado su tarjeta de transporte en tiempo y forma, salvo en esta ocasión por las circunstancias arriba descritas.

Asimismo, el Síndic tampoco pasó por alto que dicho vehículo es su único medio para llevar a cabo la actividad que le permite subsistir y mantener a su familia.  Por todo ello, le pidió a la Conselleria que atendiendo a las circunstancias excepcionales y justificadas que habían provocado este incidente, con la posibilidad de imponer una sanción, facilitara la autorización de la tarjeta de transporte a este ciudadano. Petición que ha sido correctamente atendida según nos ha informado el ciudadano.

Ver el contenido íntegro de la recomendación del Síndic sobre este asunto.

L’appuntamento è alle 16 alla Stazione Leopolda. Il Difensore regionale: “Importante offrire ai cittadini occasioni di contatto diretto con gli operatori”

Firenze – Un nuovo risultato “sul campo”, reso possibile grazie alla potenziata rete di collaborazione con le associazioni di volontariato. Il Difensore civico regionale, Lucia Franchini, annuncia l’appuntamento alla Stazione Leopolda di  Pisa dove, alle 16 di domani, sabato 21 febbraio, sarà presentato lo Sportello d’ascolto del centro Parrocchiale San Marco. L’iniziativa, che attiva un nuovo servizio accanto alle attività esistenti di consulenza giuridica, psicologica e di mediazione familiare, ha il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia, del Comune di Pisa e della Caritas.
Franchini, ricordando il protocollo d’intesa sottoscritto tra Difesa civica e Cesvot (Centro Servizi  Volontariato Toscana), sottolinea la rinnovata necessità di iniziative “dalla parte del cittadino”: “E’ importante – spiega - estendere i punti di ascolto nel territorio, perché con l’estensione dei servizi pubblici sulle piattaforme on-line si verificano difficoltà di accesso da parte di molti utenti a servizi essenziali ed è importante offrire occasioni di contatto diretto con gli operatori”.
Oltre a quello del Difensore civico regionale Franchini, alla Leopolda sono previsti gli interventi di Paola Viegi (Presidente Centro Ascolto Parrocchiale San Marco), Rita Migliarini (Referente progetto  Cesvot), Sandra Capuzzi (Presidente Società della Salute di Pisa e Assessore comunale Politiche sociali) e Giuseppe Cecchi (Direttore SdS di Pisa). (Cam)