El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, acompañado por los dos adjuntos, Ángel Luna y Carlos Morenilla han mantenido hoy un encuentro con la titular de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, en la sede del Síndic. Durante la misma, se han abordado distintos aspectos del trabajo del defensor en relación con quejas presentadas por la ciudadanía sobre temas que dependen de esta Conselleria. 

Entre los aspectos que han tratado durante la reunión destaca la agilización de los trámites relativos al reconocimiento de los derechos de la ciudadanía en la aplicación de la ley de la dependencia. Del mismo modo, han conversado sobre los aspectos concernientes a la aplicación de la normativa relacionada con la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Capítulo especial ha ocupado la modificación del sistema de participación de la ciudadanía en los costes de algunos servicios, conocido popularmente como «copago»; puesto que, desde el 1 de enero de 2015, el coste se tramita por la vía de la ley de tasas de la Generalitat, lo que puede plantear algunos problemas para la financiación de las entidades concertadas que atienden a personas mayores con discapacidad y en situación de dependencia.

Por último, el síndic ha trasladado a la consellera su preocupación por los aspectos relativos a la estancia de personas tuteladas por la Generalitat en centros residenciales, así como la situación de la atención residencial a personas con enfermedad mental crónica. 

Al finalizar el encuentro, ambos titulares han mostrado su voluntad de mantener sesiones de trabajo más específicas entre los técnicos de ambas entidades en las que poder estrechar la colaboración entre la Conselleria y el Síndic y poder abordar con más detalles cada una de las problemáticas planteadas.

El Síndic, en el ejercicio de su función de defensa de los derechos y las libertades de las personas y en su condición de Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura, pedirá información al Ayuntamiento de Barcelona, al Departamento de Interior y al Departamento de Justicia, respectivamente. En lo que respecta a la actuación judicial, este es un ámbito que queda fuera del ámbito competencial de la institución.

53.095 personas están directamente relacionadas con las quejas y consultas tramitadas por el Síndic a lo largo de 2014

El elevado porcentaje de soluciones aceptadas pone en valor la utilidad democrática de la queja ciudadana y muestra una buena colaboración entre el Síndic y los organismos supervisados

Cerca de un 40% de las actuaciones corresponden a políticas sociales, mientras que las quejas sobre empresas de suministros básicos se multiplican por 5 desde el año 2010 y ya alcanzan el 17%

El Síndic ha des­plazado su oficina de atención ciudadana a 110 municipios durante el año 2014

El Síndic de Greuges ha presentado un avance del Informe anual correspondiente a su actividad del pasado año. Esta presentación se ha hecho a través de los datos más destacados de la actividad llevada a cabo por la institución durante el 2014.

En lo que respecta a los datos, es preciso destacar que el número de nuevas quejas ha crecido en un 7,4% en relación con el año anterior y un 60% en relación con el 2010 (inicio del actual mandato). Se han realizado un total de 27.211 actuaciones entre quejas, consultas y actuaciones de oficio, que han afectado a 53.095 personas.

En un 97% de los casos en que el Síndic ha cerrado con una o diversas recomendaci­ones, estas han sido aceptadas por la administración o empresa supervisada. El alto grado de aceptación consolida una colaboración entre el Síndic y las administraciones y empresas supervisadas que es muy positiva para la garantía efectiva de los derechos de los ciuda­danos y refuerza los principios de buena administración.

Rafael Ribó destaca el hecho de que “estos datos ponen en valor la existencia de una ciudadanía activa en defensa de sus derechos, a la vez que refuerzan la queja como un instrumento democrático que se muestra útil para avanzar hacia una mejora de la Administración y de la protección efectiva de los derechos de la persona”.  

Cabe destacar que cerca de un 40% de todas las quejas y actua­ciones de oficio tramitadas corresponden a temáticas pro­pias de las políticas sociales.

Las quejas recibidas reflejan el impacto de la crisis económica y social y, particularmente, el debilitamiento continuado que han venido experimentando los derechos sociales desde el año 2009. Dentro del ámbito social, las quejas más numerosas durante el 2014 han sido las de servicios sociales, seguidas de las de infancia y adolescencia y las de educación.

El incremento de las actuaciones rea­lizadas en el ámbito de consumo ha sido significativo. El número de quejas tramitadas por posibles irregu­laridades y mala praxis de empresas de telefo­nía, electricidad, gas y agua se ha multiplicado por 5 desde el año 2010. Estas cifras consolidan a la institución del Síndic como garante de los derechos de los ciudadanos ante el consumo de los servicios básicos.

A lo largo del año 2014 el Síndic de Greuges ha reforzado su presencia en todo el territorio para ofrecer un mejor servicio de proximidad. 110 municipios han acogido la oficina itinerante del Síndic con el objetivo de atender directamente a los vecinos de la localidad visitada y facilitar la presentación de quejas y consultas a los profesionales del Síndic. 

• Avance datos generales Informe 2014

Der Petitionsausschuss hat in seiner 62. Sitzung am 15.01.2015 Vertreter der Hansestadt Stralsund und der Gemeinde Hiddensee an einen Tisch gebracht, um die unterschiedlichen Positionen zu den offenen Grundstücksfragen zu erörtern und um nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. An der Sitzung nahmen auch Vertreter des Landkreises und des Innenministeriums teil. Hintergrund der Petition ist die Situation einer Vielzahl von Hausbesitzern auf der Insel Hiddensee, die zwar Eigentümer jener Grundstücksflächen sind, auf denen sich ihr Haus befindet, nicht jedoch der die Häuser umgebenden Grünflächen. Diese stehen im gemeinsamen Eigentum der Gemeinde Hiddensee und der Hansestadt Stralsund, die die Flächen auch verwaltet.  

Der Bürgermeister der Gemeinde Hiddensee führte zunächst zur historischen Entwicklung dieser Situation aus, dass die Flächen, auf denen sich die Häuser befinden, schon vor 200 Jahren im Eigentum des Klosters Stralsund gestanden hätten, welches den dort lebenden Fischern erlaubt hätte, sich Häuser zu bauen und die umgebenden Flächen kostenlos zu nutzen. Auch zu DDR-Zeiten, als die Flächen im Staatseigentum gestanden hätten, seien keine oder nur geringe Entgelte erhoben worden. Erst mit der Vermögenszuordnung an die Hansestadt Stralsund und die Gemeinde Hiddensee im Jahr 2003 seien durch die Hansestadt Nutzungsentgelte gefordert worden. Hierbei betonte der Bürgermeister der Gemeinde Hiddensee die Notwendigkeit, für die Zukunft eine Lösung zu finden, die für alle Seiten tragbar sei und auch einen Kauf der Flächen durch die Hauseigentümer ermögliche.  

Die Vertreter der Hansestadt Stralsund verwiesen hierzu auf eine Vielzahl von Gerichtsverfahren, mit denen die Hansestadt Nutzungsentgelte für diese Flächen von den Hauseigentümern fordere. Die von der Hansestadt Stralsund in Ansatz gebrachten Entschädigungswerte bzw. die zur Ermittlung dieser Entschädigungswerte zugrunde gelegten Grundstückswerte seien dabei bisher gerichtlich bestätigt worden. Die Vertreterin des Innenministeriums führte in diesem Zusammenhang aus, dass die Haushaltslage der Hansestadt Stralsund es auch nicht zulasse, die Flächen unter ihrem Wert zu verkaufen oder zu verpachten, auch würde es dem Innenministerium in der hierfür erforderlichen Prüfung schwerfallen, ein öffentliches Interesse, das für einen Unter-Wert-Verkauf festgestellt werden müsse, zu erkennen. Die Vertreter der Hansestadt stellten in diesem Zusammenhang klar, dass die Hansestadt keinerlei Interesse an einem Verkauf der Flächen habe und bei einer Verpachtung der Flächen auf einen Pachtzins bestehe, der dem gutachterlich ermittelten Wert entspreche. Aus diesem Grund sei der Lösungsvorschlag der Gemeinde Hiddensee auch nicht akzeptabel, da die hierin angesetzten Werte zu niedrig bemessen seien. Der Bürgermeister der Gemeinde Hiddensee gab zu bedenken, dass die Hausbesitzer bereits jetzt die Nutzung der Flächen in immer größerem Umfang aufgeben würden, so dass erhebliche Pflegearbeiten auf die Gemeinde zukommen könnten und auch das Erscheinungsbild dieses denkmalgeschützten Ensembles leiden würde.  

Der Petitionsausschuss, der in dieser Angelegenheit noch weiteren Klärungsbedarf sieht, hat das Verfahren noch nicht abgeschlossen und wird die Petition erneut beraten.

Windkraftanlagen mit einer bestimmten Mindestleistung brauchen eine elektrizitätsrechtliche Bewilligung. Diese Bewilligung darf nur auf solchen Flächen erteilt werden, die im Flächenwidmungsplan der Gemeinde für die Errichtung von Windkraftanlagen vorgesehen sind.

Um nun eine Konzentration der künftigen Windkraftanlagen auf geeignete Standorte zu erreichen und eine Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden, hat der NÖ Landtag beschlossen, Zonen festzulegen, auf denen die Errichtung von Windkrafträdern zulässig ist. Dabei muss auf Abstandsregelungen (1.200 m zu gewidmetem Wohnbauland, 750 m zu landwirtschaftlichen Wohngebäuden), die Interessen des Naturschutzes, der ökologischen Wertigkeit des Gebietes, des Orts- und Landschaftsbildes, des Tourismus, des Schutzes des Alpenraumes, auf die vorhandenen und geplanten Transportkapazitäten der elektrischen Energie (Netzinfrastruktur) und auf die Erweiterungsmöglichkeiten bestehender Windkraftanlagen (Windparks) Bedacht genommen werden.

Den Gemeinden sind die Zonen nun vorgegeben. Sie sind damit berechtigt, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit Windräder oder Windparks errichtet werden können.

Da es sich bei der örtlichen Raumordnung um eine Verordnung handelt, haben betroffene Bürgerinnen und Bürger im Verfahren keine Parteistellung und auch kein Recht darauf, dass der Gemeinderat über ihre Stellungnahmen mit einem im Rechtsmittelweg anfechtbaren Bescheid entscheidet.

Jedermann ist berechtigt, innerhalb der sechswöchigen Auflegungsfrist zum Entwurf des örtlichen Raumordnungsprogrammes schriftlich Stellung zu nehmen. Der Gemeinderat hat rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen sowie den allenfalls zu erstellenden Umweltbericht bei einer Entscheidung in Erwägung zu ziehen. Eine Pflicht zur Berücksichtigung der vorgebrachten Stellungnahmen besteht nicht.

Im Verfahren ist dann unter anderem zu klären, ob der Standort für die Windkraftanlagen geeignet ist. Gewahrt werden müssen die öffentlichen Interessen des Ortsbildschutzes. Im elektrizitätsrechtlichen Genehmigungsverfahren haben Nachbarn insoweit Parteistellung, als es um den Schutz ihrer Interessen geht. Nachbarinnen und Nachbarn können im Genehmigungsverfahren verlangen, nicht in Leben, Gesundheit, Eigentum oder sonstigen dinglichen Rechten gefährdet oder durch Lärm, Geruch, Erschütterung, Wärme, Schwingungen, Blendung oder in anderer Weise unzumutbar belästigt zu werden.

Die Möglichkeit einer bloßen Verkehrswertminderung gilt nicht als Eigentumsgefährdung. Ob Belästigungen zumutbar sind, ist danach zu beurteilen, wie sich die durch die Erzeugungsanlage verursachten Änderungen der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse auf ein gesundes, normal empfindendes Kind und auf einen gesunden, normal empfindenden Erwachsenen auswirken.

Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer elektrischen Gesamtleistung von mindestens 20 MW oder mit mindestens 20 Konvertern mit einer Nennleistung von mindestens je 0,5 MW sind einer Umweltverträglichkeitsprüfung im vereinfachten Verfahren zu unterziehen. Ob im Gemeindegebiet Windkraftanlagen errichtet werden sollen, kann zwar Gegenstand einer Volksbefragung sein, doch muss sich diese auf eine Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde, also etwa auf die Flächenwidmung „Grünland-Windkraftanlagen“ beschränken.

Das Ergebnis der Volksbefragung ist für den Gemeinderat nicht bindend.