Am 14. Juli 2015 kam es zu einer historischen Einigung in den Verhandlungen der nunmehr 17 Tage dauernden Atomkonferenz. Doch des einen Freud, des anderen Leid: Bei den Geschäftsbesitzerinnen und -besitzern rund um das Palais Coburg blieb die Kundschaft aus.

Ein Betroffener sprach sogar von einem „Belagerungszustand“. Er betreibt einen Fachhandel für Zirbenbetten und sei prinzipiell gewohnt, dass rund um das Palais Coburg für ein oder zwei Tage polizeiliche Absperrungen ohne Vorankündigung errichtet werden. Bei der Atomkonferenz wurden aber über zwei Wochen Sperren verhängt. Die Folgen seien für den Jungunternehmer existenzbedrohend gewesen: Die Produktionsstätte in Bludenz mit ihren zwölf Mitarbeitern hatte kaum Aufträge. Mit entsprechendem Vorwissen hätte sich der Unternehmer auf die Situation einstellen und das Wiener Geschäft wegen der Personalkosten für einige Zeit schließen können, ebenso hätte die Produktion in Vorarlberg umgestellt werden können. Neben dem Jungunternehmer klagen noch viele andere Gewerbetreibende in der Umgebung über massive finanzielle Einbußen.  

Mit Volksanwalt Dr. Peter Fichtenbauer und dem Unternehmer diskutierte der Stadthauptmann des Polizeikommissariats Innere Stadt. Die Polizei sei selbst erst zwei Tage vor Beginn der Veranstaltung informiert worden. Über eine Verlängerung und ihre tatsächliche Dauer habe man keinerlei Informationen erhalten. Die Polizei sei selbst sehr gefordert gewesen, da man erst am Abend eines jeweiligen Verhandlungstages erfahren habe, dass es am nächsten Tage weiter gehe.

Volksanwalt Dr. Fichtenbauer schlug vor, dass eine tatsächlich nachweisbare Schädigung der Geschäftsleute über das Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz, nach einer entsprechenden Erweiterung, künftig abgegolten werden könne. Derzeit gebe es allerdings keine Rechtsgrundlage, die eine Entschädigung ermögliche. „Die Volksanwaltschaft beabsichtigt, eine Gesetzesänderung beim Nationalrat anzuregen“, so der Volksanwalt.

We laid three investigation reports about the NHS and 66 decision summaries before the Scottish Parliament today.

El control del mantenimiento y la seguridad de los parques infantiles es el objeto de estudio de un expediente de oficio iniciado por el Justicia de Aragón con el fin de detectar carencias y proponer mejoras que puedan ser útiles a las Administraciones.

Para ello, el Justicia se ha dirigido a los ayuntamientos de las tres capitales de provincia y de otras 23 localidades de Aragón de más de 3.000 habitantes para recabar información sobre el número de parques infantiles, su estado de mantenimiento y las actuaciones de control y supervisión que sobre ellos se realizan.

Es conocido que las instalaciones públicas de juegos infantiles deben reunir unos requisitos de seguridad para evitar accidentes en los niños. Sin embargo, tal y como ha puesto de manifiesto recientemente la Defensora del Pueblo, no basta con el control inicial en el momento de la instalación, sino que es necesario realizar revisiones periódicas para detectar el deterioro que sufren y actuar en consecuencia.

El Síndic de Greuges ha advertido a las administraciones competentes y a las empresas concesionarias que aún existen accesos a las autopistas catalanas en los que se incumple la obligación del Código de Consumo, vigente desde el mes de diciembre de 2011, de informar de las incidencias que afecten a la fluidez y la seguridad del tráfico. 

Rafael Ribó considera que es esencial proporcionar información precisa y completa sobre el alcance y estado del servicio de autopista antes de acceder a la misma. De esta manera, los conductores pueden adoptar con tiempo una decisión razonada y planificar, si procede, un nuevo recorrido. Además de los paneles de mensajes variables situados en los accesos de la autopista, esta información se debería facilitar mediante páginas web, redes sociales, centros de atención al cliente 24 horas, emisoras de radio locales y de ámbito superior, apps, etc. 

Rafael Ribó formula esta recomendación en el marco de un informe sobre el servicio que presta la red de autopistas y otras vías de peaje, entendido como servicio de interés general, y el grado de cumplimiento de los derechos de las personas que son usuarias. El Síndic ha dirigido este informe, con un conjunto de consideraciones y sugerencias, al Departamento de Interior, al Departamento de Territorio y Sostenibilidad y a las empresas concesionarias.

Sobre la falta de hojas de reclamación, tema que ha sido objeto de queja, el informe recoge que el Código de Consumo establece el derecho de los usuarios a la entrega, cuando lo soliciten, de una hoja oficial de reclamación o denuncia y destaca que estas hojas deben estar disponibles, además, por vía telemática. En esta misma línea, también se debe facilitar a los usuarios un teléfono gratuito de atención de incidencias y reclamaciones.

El 44% de la red de autopistas y autovías es de pago

Un 40,8% de la red de autopistas y vías de alta capacidad son vías objeto de concesión en régimen de peaje explícito y el 20,7%, en régimen de peaje en la sombra. Así, de cara al usuario, el 59,2% de la red de autopistas y autovías de alta capacidad es libre de pago; porcentajes que varían ligeramente si se consideran estrictamente autopistas y autovías: un 43,9% de peaje explícito y un 56,1% libre de pago. En este ámbito, el Síndic plantea que es necesaria transparencia sobre las concesiones y su recuperación a manos públicas.

Quejas por el desvío obligatorio de carretera a autopista

El Síndic también aborda la falta de criterios objetivos a la hora de desviar vehículos que circulen por carretera hacia una vía de peaje. Concretamente, la institución ha recibido en los últimos años diversas quejas que exponen la disconformidad con el hecho de tener que pagar el peaje en los casos de desvío obligatorio de los vehículos por la autopista C-32 cuando la carretera C-31 queda cortada en el tramo de las costas del Garraf.

Es preciso establecer un protocolo entre el Departamento de Interior (Servicio Catalán de Tráfico), el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, la empresa concesionaria y los municipios afectados con la finalidad de objetivar los supuestos en que es procedente el desvío del tráfico de una carretera hacia una autopista. Asimismo, el citado protocolo debe determinar los casos en que no se cobrará el peaje a los vehículos desviados.

Descuentos en los peajes para las personas con discapacidad

Centrado especialmente en el caso de los habitantes de la Cerdanya y en referencia al túnel del Cadí, el Síndic recomienda que se modifique la actual regulación del sistema de descuentos en los peajes. Propone que las personas con discapacidad residentes en la zona y que no puedan obtener el carnet de conducir por razón de su discapacidad puedan disfrutar del descuento del peaje, como acompañantes, igual que el resto de los conductores que disfrutan de este descuento por el hecho de estar empadronados en un determinado municipio, en este caso de la Cerdanya.

Descuentos y gratuidad del teletac

El Informe también incluye algunas recomendaciones en lo que respecta al sistema de pago telemático (teletac/via-T). En este sentido, sugiere que se realice más difusión de los criterios y del sistema de descuentos para conseguir bonificar los comportamientos eficientes y ambientales de los usuarios. Por este motivo, es necesario informar de la obligación de disponer de un sistema de pago telemático (teletac/Via-T) y, si procede, del coste de emisión y de mantenimiento por parte de las empresas que lo proporcionen.

Además, es necesario que el Departamento de Territorio y Sostenibilidad adopte las medidas adecuadas para garantizar la gratuidad del coste de emisión y de mantenimiento del teletac/Via-T en los casos de descuentos fundamentados en razones ambientales y de la calidad del aire para las personas empadronadas en los municipios que han sido declarados zonas de protección especial del ambiente atmosférico.