High level representatives from international organizations and specialized agencies, Ombudsman and Mediator institutions, as well as representatives from governmental authorities, the diplomatic community and the civil society gathered on 7th September in Tirana, Albania, at the two day conference “Challenges for Ombudsman Institutions with respect to mixed migratory flows”. The objective of the conference was to generate a common response to the situation of people in need of international protection.

The Ombudswoman and Chair of the European Network of National Human Right Institutions (ENNHRI) Lora Vidović participated as a panellist on the discussion on the fight against stereotypes and hate speech. She emphasised the how the discourse which focuses on religious and cultural differences between Muslims and the majority population, presenting them as having negative effects on social cohesion, are often followed by racist and xenophobic incidents. The discourse is more than ever present in the past two years, following the arrival of refugees and immigrants in large numbers across the EU on the one hand, and terrorist attacks in France and Belgium on the other. “Even though we as human rights experts would argue that terrorism and those horrific attacks should not be identified with refugee flow, that distinction is not so accepted in wider public”, said Ombudswoman Vidović, concluding how institutions should learn from each other and support each other, because together they can make the difference between hostile or positive reception of refugees.

The cooperation, in particular among NHRIs, Parliaments, Ombudsman institutions and other relevant stakeholders, was an emphasis of the speech Ombudswoman Vidović delivered on behalf of Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) on the second conference day. She reminded how, among other steps, NHRI’s affirmed their intention to turn law and policy makers’ attention towards protection measures for the most vulnerable among migrants, refugees and asylum seekers. In addition, it is necessary to encourage governments, parliaments and every public servant to view and treat every migrant, refugee and asylum-seeker as an individual, having the right to have his or her case examined and reviewed individually. 

The international conference was organized by AOM, AOMF, FIO and IOI.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha hecho pública una Sugerencia en la que solicita al Departamento de Educación que ajuste el número de plazas para los alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en función de la demanda de los últimos años, con el fin de establecer una reserva que no perjudique la libertad de elección de centro del alumnado ordinario.

La Sugerencia del Justicia responde a las quejas de dos familias, a las que en el último momento del proceso de escolarización, se les asignó plaza de 1º de segundo ciclo de Educación Infantil en el colegio elegido en primera opción al quedar libres las reservadas para alumnos con necesidades educativas especiales y posteriormente, les fue retirada porque, según adujo el Centro, se había producido un error en la interpretación de la norma de liberación de vacantes.

La normativa más reciente concerniente al proceso de escolarización no menciona que haya que mantener una reserva de plazas para alumnos con Trastornos derivados del Espectro Autista durante todo el curso escolar, si bien, el objetivo de la misma, que El Justicia comparte, es que existan plazas suficientes para atender estas necesidades en los Centros de Atención Preferente.

En el caso de las quejas al Justicia, este objetivo quedaría cubierto porque aún admitiendo a los alumnos a los que se refieren, la ratio por aula sería de 21, por debajo del máximo de alumnos previsto en el Decreto de escolarización de 2016 que es de 22, por lo que al haber cuatro clases en el Centro, todavía quedarían cuatro plazas vacantes para posible alumnado con Trastorno del Espectro Autista.

Además, el Decreto 30/2016 de 22 de marzo del Gobierno de Aragón que regula el presente proceso de escolarización introdujo algunas modificaciones con respecto a la normativa por la que se ha regido este proceso en los últimos años. Textualmente, recoge que “se implementará la disminución progresiva del número de alumnos por aula, tendiendo al objetivo de un máximo de 22 alumnos por aula en segundo ciclo de Educación Infantil, 24 en Educación Primaria, 27 alumnos por aula en Educación Secundaria y 30 alumnos por aula en Bachillerato”

A juicio de la Institución, del precepto transcrito se desprende que la disminución se debe realizar de forma gradual y escalonada en el tiempo.

Por tanto, dado que la normativa básica estatal establece el límite en 25 alumnos por aula como, de hecho, hay en algunos centros aragoneses como medida excepcional en reconocimiento del derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en centros próximos a su domicilio, El Justicia considera que hasta ese máximo estatal aún podrían quedar doce plazas más para el alumnado TEA, en caso de que fueran precisas.