Zur Vorgeschichte: Zwar wurde die Straße mit Bescheid bereits 1973 dem öffentlichen Verkehr gewidmet, befand sich aber damals im privaten Eigentum. Nach dem Ableben der damaligen Eigentümerin fand sich kein Erbe und das Straßenstück wurde zum „herrenlosen Gut“.

Sechs Wohnhäuser mit 14 Wohneinheiten sind davon betroffen, auch ein verbüchertes Leitungsrecht der Salzburg AG für eine Erdgasleitung ist vorhanden. Mittlerweile müssten Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden, auch die Schneeräumung ist nicht geklärt, also scheint ein Nachbarschaftsstreit vorprogrammiert.

Aus Sicht der Volksanwaltschaft ist die Gemeinde laut Straßengesetz verpflichtet, tätig zu werden. Volksanwältin Brinek dazu: „Laut Straßenrecht gibt es drei Möglichkeiten: Privatstraße, Gemeindestraße, Interessentenweg. Keine Option ist allerdings, gar nicht zu reagieren. Ich fordere daher die Gemeinde auf, rasch die Möglichkeiten zu prüfen und dazu alle Betroffenen einzuladen.“

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para conocer los últimos avances en el proceso de implantación e interoperabilidad del sistema de receta electrónica  en las comunidades autónomas.

La implantación de la receta electrónica es fundamental para lograr sistemas de información compartidos por todos los servicios de salud, que permitan a los ciudadanos acceder sin problemas a los tratamientos y medicamentos que necesitan en sus desplazamientos temporales a una comunidad distinta de la que residen habitualmente.

Con su actuación, la institución quiere conocer el estado actual de los trabajos, previsiones y calendario de implantación en cada comunidad autónoma.

Según datos facilitados por el Ministerio, a fecha de enero de 2016, el 83,3% de las dispensaciones de medicamentos por receta realizadas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) se efectúan a través del sistema de receta electrónica.

La receta electrónica está implantada en el 95% de los centros de salud, el 57% de los consultorios de atención primaria y el 72% de los hospitales. Además, el 94% de las oficinas de farmacia disponen de este sistema.

La información enviada por el Ministerio señala que Canarias, Extremadura y Cantabria son las comunidades que más avanzado tienen el proyecto de interoperabilidad de receta electrónica. Las comunidades autónomas que se encuentran en la fase inicial del proyecto son: Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco.

El Ayuntamiento de Bilbao ha enviado un escrito al Defensor del Pueblo en el que detalla las acciones que realiza para garantizar la alimentación de los menores vulnerables, como pidió la institución.

El Defensor del Pueblo instó el pasado mes de junio a los municipios españoles de más de 100.000 habitantes a  garantizar la alimentación de los menores de familias vulnerables, especialmente en periodos no lectivos.

Para ello, recomendó el uso de diferentes fórmulas, como la apertura extraordinaria de comedores escolares, el establecimiento de campamentos de verano, o la asignación de cheques o tarjetas sociales de prepago para comprar alimentos.

En su contestación al Defensor del Pueblo, el Ayuntamiento de Bilbao explica que la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es el “elemento básico para garantizar el acceso de las familias a la cobertura de las necesidades básicas”. Según asegura, en 2015 la RGI dio cobertura a más de 33.000 personas en dicha ciudad.

Para las familias que no tienen acceso a la RGI, el Ayuntamiento mantiene un programa de Ayudas de Emergencia Social y de Ayudas Especiales Municipales.

Además, el consistorio ha informado al Defensor del Pueblo de que mantiene convenidos con organizaciones del Tercer Sector, como Banco de Alimentos, Cáritas, Cruz Roja y Fundación La Caixa, que contemplan la entrega de alimentos básicos y productos de higiene a familias derivadas por los servicios municipales.

Por último, el Ayuntamiento destaca que este año ha destinado 109.013,01 euros a la reserva de 585 plazas para que menores en riesgo de exclusión puedan acceder a las colonias de verano municipales, donde se cubre el servicio de comedor, pero en el marco de una actividad lúdica.

El Síndic de Greuges de Cataluña ha abierto una actuación de oficio para comprobar si el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona está en condiciones de reabrir de manera inminente, como ha anunciado la Administración del Estado. Con este objetivo, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y a la Delegación del Gobierno que verifiquen si las instalaciones garantizan las disposiciones reglamentarias e internacionales sobre derechos humanos.

El Síndic ha pedido la colaboración del órgano judicial para comprobar si se han revertido las deficiencias que, per orden judicial, motivaron las reformas, de acuerdo con la organización interior que establece el Real decreto 162/2014, de 14 de marzo.

También se ha dirigido al Ayuntamiento de Barcelona y le ha requerido información sobre la tramitación del expediente de licencia de obras y sobre la licencia ambiental necesaria para ejercer laactividad. De la misma forma, ha solicitado información al Instituto Catalán de la Salud (ICS) en relación con el modelo de asistencia médica y farmacológica que se dispensará a los internos si finalmente el centro vuelve a entrar en funcionamiento. A raíz de las quejas recibidas por la precariedad del servicio sanitario prestado en el CIE durante los últimos años, Rafael Ribó quiere conocer el número de facultativos previstos durante la jornada ordinaria y en el servicio de guardia, y si se ha concertado el traslado a un centro hospitalario en caso de necesidad.

Más allá de los procedimientos legales mencionados, el Síndic considera que los centros de internamiento de extranjeros vulneran derechos fundamentales, razón por la que ha recomendado reiteradamente el cierre progresivo de todos los CIE del Estado. Esta misma propuesta también fue realizada por el Parlamento de Cataluña en el mes de julio de 2015, que ya instaba al Gobierno español a iniciar “en el menor plazo posible un proceso que conduzca al cierre progresivo de los centros de internamiento de extranjeros”.

En los últimos años el Síndic ha abierto nueve actuaciones de oficio a partir de informaciones recibidas por supuestas vulneraciones de los derechos humanos de los internos. Según Rafael Ribó "el hecho de que la situación de irregularidad de una persona comporte su internamiento ya es en sí mismo un atentado contra los derechos humanos". Por este motivo, solicita que se establezcan mecanismos legales que hagan innecesario el internamiento previo frente a una eventual expulsión de personas extranjeras en situación irregular.

En esta misma línea, el Síndic, a quien se ha negado la entrada en repetidas ocasiones al CIE de Barcelona, pide que se definan políticas migratorias y de acogida más adecuadas a las necesidades actuales y a los derechos de las personas.