La valedora do pobo, Milagros Otero Parga, y su adjunto, Pablo Cameselle Martínez, asisten hoy en Madrid a la segunda reunión convocada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) con los representantes de los consejos de transparencia de las comunidades autónomas. En esta ocasión, la presidenta del CTBG, Esther Arizmendi y representantes de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL) presentarán los trabajos desarrollados para tratar de implantar una metodología que permita medir la transparencia de la actividad pública.
Precisamente casi todos los órganos de control de la transparencia creados en las diferentes comunidades tienen encomendada la función evaluadora de su cumplimiento por parte de las administraciones públicas. En el caso de la valedora, como comisionada de la transparencia y presidenta de la Comisión da Transparencia de Galicia (en trámite de creación), debe publicar con carácter anual, en su informe ordinario, un epígrafe específico relativo al grado de aplicación y cumplimiento de la Ley gallega 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno. El diseño de herramientas de medición y evaluación del cumplimiento de las diferentes normativas permitirán en un futuro consolidar modelos estándar, ideales para poder valorar y comparar los resultados obtenidos.
Después de la entrada en vigor de la ley gallega de transparencia, la institución del Valedor do Pobo trabaja en la puesta en marcha de la Comisión da Transparencia de Galicia, que estará presidida por la valedora y contará con la vicepresidencia de su adjunto. Después de tener conocimiento, esta misma semana, de los últimos nombramientos de vocales, que representan a la Xunta de Galicia, al Consello Consultivo, al Consello de Contas y a la FEGAMP; se dará traslado a los boletines oficiales de la resolución de nombramiento para poder celebrar, en los próximos días, la primera sesión, en este caso constitutiva, de este órgano colegiado adscrito al Valedor do Pobo. Desde ese momento, la Comisión será la encargada de responder a todas las reclamaciones que la ciudadanía presente contra las resoluciones administrativas en relación con presuntos incumplimientos en cuanto a su derecho de acceso a la información pública.
