La institución del Valedor do Pobo asume con compromiso y responsabilidad sus nuevas funciones de control de la transparencia

Date of article: 07/03/2016

Daily News of: 07/03/2016

Country:  Spain - Galicia

Author: Regional Ombudsman of Galicia

Article language: es

La entrada en vigor de la ley gallega de transparencia y buen gobierno atribuye a la actual valedora nuevas funciones de vigilancia y control del cumplimiento, por parte de las administraciones de Galicia, de los principios de publicidad activa y del derecho de la ciudadanía de acceso a la información pública.

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2016. Hoy entró en vigor a Ley 1/2016, do 18 de enero, de transparencia y buen gobierno que, en su capítulo V, regula los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, y atribuye a la institución del Valedor do Pobo nuevas responsabilidades en esta materia. La norma implica doblemente a la institución del Defensor del Pueblo al atribuirle las funciones propias del Comisionado de Transparencia y al adscribirle la denominada Comisión da Transparencia como órgano colegiado independiente que resolverá las reclamaciones relacionadas con los problemas de acceso a la información pública.

Desde este momento, y como Comisionado de Transparencia, corresponderá a la institución del Valedor do Pobo investigar posibles incumplimientos en los que puedan incurrir los poderes públicos en el desarrollo de sus deberes de publicidad activa de información pública, bien la iniciativa propia o por denuncia de la ciudadanía.

La Comisión de la Transparencia se encargará, por su parte, de la tramitación de las reclamaciones ciudadanas que aludan la posibles vulneraciones del derecho de acceso a la información pública. Las resoluciones propuestas por el Valedor sólo podrán emitirse, en este caso, previa audiencia de la Comisión. Ésta nace como un órgano colegiado adscrito a la defensoría e integrado por su titular y su adjunto, como presidenta y vicepresidente, respectivamente; y por cuatros vocales en nombre de la Dirección Xeral da Avaliación de Reforma Administrativa, el Consello de Contas, el Consello Consultivo y la Fegamp.

La valedora, Milagros Otero, contactó las últimas semanas con cada uno de los representantes de las instituciones que compondrán la Comisión, con el objeto de agilizar los nombramientos para que este órgano quede constituido el antes posible. En cuanto las entidades resuelvan sus designaciones por los pertinentes procedimientos internos, se celebrará una primera reunión constitutiva de la Comisión da Transparencia. A criterio de la defensora, hace falta abordar en estos primeros encuentros, cuestiones relativas al funcionamiento del órgano tales como la periodicidad de las reuniones, sedes o suplencias de representantes. Es intención de la futura presidenta comenzar a trabajar desde el primer momento y diseñar, por medio de este órgano, mapas de procedimiento, formularios de reclamación, una identidad propia, espacio web, planes de actuación, etc.

Con la entrada en vigor de la ley autonómica de transparencia, la valedora, Milagros Otero Parga, quiere ofrecer toda a su colaboración a los representantes públicos que deberán asumir nuevos deberes, con el esfuerzo que supone hacerlo. Desea mostrar un firme compromiso con la transparencia y la puesta en funcionamiento de esta ley gallega, que considera imprescindible para el ejercicio de un gobierno más responsable y, ante todo, más participativo.

Nuevas funciones en materia de supervisión de las administraciones públicas

Como institución Comisionada da Transparencia, la actual valedora do pobo asume desde ya mismo las siguientes funciones:

    RESPONDER A CONSULTAS: dar respuesta a las consultas que, con carácter facultativo, le sean formuladas por las administraciones e instituciones públicas afectadas por la ley.

    RECOMENDAR: adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones legales en materia de transparencia y buen gobierno, oída la Comisión da Transparencia.

    ASESORAR: asesorar en materia de transparencia del derecho de acceso a la información pública y buen gobierno.

    INFORMAR por medio de una doble vía: emitir informes previos sobre proyectos de ley o de reglamentos en materia de transparencia y buen gobierno (oída la Comisión da Transparencia) e incluir en el informe ordinario anual del Valedor do Pobo al Parlamento de Galicia un epígrafe específico sobre la aplicación y cumplimiento de la ley gallega de transparencia.

    VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA: Efectuar, por iniciativa propia o por medio de denuncia, requerimientos para la enmienda de los incumplimientos que se puedan producir de las obligaciones establecidas en materia de publicidad activa previstas en la ley.

    PUBLICITAR: el informe anual que el Valedor do Pobo presente en el Parlamento de Galicia  se pondrá a disposición de la ciudadanía en la web institucional y en el portal autonómico de transparencia y gobierno aberto.

La Comisión da Transparencia, por su parte, nace como órgano colegiado independiente adscrito a la institución del Valedor do pobo y con la siguiente función específica:

  RESOLVER las reclamaciones frente a las resoluciones de acceso a la información pública.Preguntas que se puede hacer la ciudadanía

Con el nuevo marco normativo y, a la espera de la creación de los órganos pertinentes y sus respectivos procedimientos, se da respuesta a alguna de las preguntas que puede hacerse la ciudadanía desde este momento.

¿Que hacer en el caso en el que solicite información la alguna administración pública gallega y ésta:no contesta| contesta pero falta información |no se está conforme con la respuesta?

Puede reclamar ante la Comisión da Transparencia

¿Qué debo incluir en mi reclamación?

Su escrito, que debe llegar firmado, debe incluir obligatoriamente su nombre completo, un correo electrónico o dirección postal y una breve explicación acerca del problema detectado en el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública.

En esta información deberá especificar las fechas del ocurrido, el nombre del organismo, o unidad administrativa afectada y el lugar donde se produjeron los hechos.

Puede acercar cuanta información documental considere relevante para poder tramitar la reclamación.

¿Dónde reclamo?

La Comisión da Transparencia, pendiente de constitución, habilitará todos los mecanismos pertinentes la este efecto. Como sistema transitorio puede dirigirse:

    De modo presencial a la sede del Valedor do Pobo (Rúa do Hórreo 65, Santiago de Compostela)
    Puede remitir el escrito de reclamación a esa misma dirección
    Entregarlo en un registro público con destino a la defensoría
    Enviarla por correo electrónico a transparencia@valedordopobo.gal

¿Cuándo reclamo?

Tiene un plazo de un mes desde el día de la resolución por parte del organismo afectado.

¿Cuánto tarda la Comisión en resolver la reclamación?

Un prazo máximo de tres meses. Si no se realiza en ese plazo, se entenderá la reclamación como desestimada por la Comisión da Transparencia y sólo impugnable en vía contencioso-administrativa.

¿Qué hacer en el caso en que detecte que alguna administración gallega no está a cumpliendo con sus obligaciones de publicidad activa de transparencia?

Puede denunciarlo ante el Valedor do Pobo que actúa como Comisionado da Transparencia, donde el expediente será tramitado por los cauces habituales.

1.Por internet: por medio del formulario web disponible en www.valedordopobo.gal

Por correo electrónico dirigido a rexistro@valedordopobo.gal ou valedor@valedordopobo.gal

Por fax al número: 981 572 335

Por carta dirigida a: Valedor do Pobo. Rúa do Hórreo 65. 15700 Santiago de Compostela

En persona, sin cita, en esa misma dirección en horario de 9-14 e 16-19 horas.

¿Qué información debo aportar?

El escrito deberá responder como mínimo a las siguientes cuestiones: contra que órgano de la Administración de la Comunidade Autónoma, ayuntamiento, entidad o empresa pública desea presentar su queja y cuál es el motivo de la misma.

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Wenn der Postmann „keinmal“ klingelt

Date of article: 05/03/2016

Daily News of: 07/03/2016

Country:  Austria

Author: Austrian Ombudsman Board

Article language: de

Ein Steirer wohnt in einem sogenannten „Außenbezirk“ der Post. Solche „Außenbezirke“ sind für den Postboten nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten zu erreichen. Das Postmarkgesetz bietet in solchen Fällen eine rechtliche Grundlage, von der Zustellung an die Wohnadresse abzusehen. Als Serviceleistung bietet die Post jedoch an, die Zustellungen an einen Landabgabebriefkasten vorzunehmen.

Bei der Zustellung von behördlichen Briefen – sogenannten RSa oder RSb Briefen – ist die Zustellung aber nur an die Wohnadresse des Empfängers zulässig. Kann der Empfänger nicht angetroffen werden, wird ein Rückholschein im Briefkasten der von der Behörde angegebenen Wohnadresse hinterlegt. Der Brief kann dann innerhalb von 14 Tagen in der zuständigen Geschäftsstelle der Post abgeholt werden. Im vorliegenden Fall wurde dem Steirer aber mitgeteilt, das Schreiben nach nur drei Tagen der Behörde zu retournieren. Die Post AG weist daraufhin, dass der Behördenbrief wegen der örtlichen Lage der Wohnadresse im Außenbezirk formal nicht zugestellt werden kann, weshalb auch kein Verstoß gegen die zweiwöchige Abholfrist vorliege. Die Benachrichtigung im Landabgabebriefkasten sei nur ein Service für den Kunden.

Laut Volksanwalt Dr. Günther Kräuter besteht seitens der österreichischen Post AG keine rechtliche Verpflichtung, Schriftstücke des Gerichtes oder der Verwaltungsbehörden Bürgern in den sogenannten „Außenbezirken“ zuzustellen. Er appelliert jedoch an die Post AG, behördliche Dokumente länger zu hinterlegen, damit die Empfänger nicht von der Zustellung ausgeschlossen werden und wird sich um eine gesetzliche Lösung bemühen.

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Entrega del Informe Anual 2015 al Presidente de las Cortes de Aragón

Date of article: 07/03/2016

Daily News of: 07/03/2016

Country:  Spain - Aragón

Author: Regional Ombudsman of Aragón

Article language: es

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, entregará mañana, día 8 de marzo, al Presidente de las Cortes, Antonio Cosculluela, el Informe de Actividad de la Institución correspondiente al año 2015.

El acto de entrega tendrá lugar en el despacho de la Presidencia del Palacio de La Aljafería a las 12,15 horas. Los medios de comunicación gráficos podrán tomar imágenes de la entrega y, posteriormente, el Justicia comparecerá en la sala de prensa del Parlamento aragonés para explicar el contenido del informe.

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El Defensor del Pueblo de Navarra participa en la Jornada Pública ADMINISTRACIÓN Y CIUDADANÍA

Date of article: 03/03/2016

Daily News of: 07/03/2016

Country:  Spain - Navarra

Author: Regional Ombudsman of Navarra

Article language: es

El Defensor del Pueblo de Navarra participa en la Jornada Pública ADMINISTRACIÓN Y CIUDADANÍA: Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana. Un acto, que dió comienzo a las 10:30 en el Instituto Navarra de Administración Pública (INAP) y que se prolongará hasta las 14:15.

La jornada está organizada por el Gobierno de Navarra a través de las Consejerías de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia y de Relaciones Ciudadanas e Institucionales; y entre sus objetivos destacan:

  • Generar un espacio de reflexión sobre los retos que las Administraciones van a tener que afrontar en el S. XXI para promover el desarrollo económico y social de un territorio, así como las relaciones que deben entablar con la sociedad y los valores y comportamientos que necesitan impulsar para generar una confianza mutua y una mayor colaboración y participación de la sociedad en los asuntos colectivos y en la defensa de los bienes comunes.
  • Dar a conocer los proyectos específicos que están previstos desarrollar en cuanto a la mejora interna de la Administración, como desde el punto de vista externo, de sus relaciones con la sociedad y del modelo deliberativo vinculado a la toma de decisiones.
  • Informar a los asistentes sobre los servicios ciudadanos que pretende impulsar y mejorar el actual Gobierno en materia de gobierno abierto, transparencia y participación ciudadana.

La Jornada esta dirigida a los directivos del gobierno, al personal de las Administraciones implicados en la gestión del Gobierno Abierto y a los sindicatos de la Función Pública; a las Entidades Locales, a otros Agentes Económicos y Sociales (Asociaciones empresariales; sindicatos; grandes y medianas empresas; Asociaciones Ciudadanas; Colegios Profesionales; Consultoras de Servicios Públicos, Agencias de Desarrollo Local etc. ); Universidades; Grupos políticos; Parlamentarios, etc.

A continuación transcribimos la intervención del Defensor del Pueblo de Navarra en su totalidad.

Buenos días, egun on .

En primer lugar, muchas gracias a los Departamentos de Relaciones Ciudadanas e Institucionales y de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por su amable invitación a esta Jornada sobre Administración y Ciudadanía.

Y también agradecerles a ustedes su asistencia.

Según la invitación que me llegó, el Gobierno de Navarra quiere profundizar y explorar a lo largo de esta legislatura nuevas fórmulas de participación por razones tanto externas, como es que considera que la sociedad está reclamando cada vez con más fuerza dicha participación, como internas, en su afán de buscar una nueva cultura de relación entre la Administración y el administrado.

A mí se me ha pedido que me centre en las demandas ciudadanas a la Administración navarra en transparencia y participación ciudadana.

Voy a centrar mi intervención en lo que hemos recogido de personas y asociaciones acerca de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la participación ciudadana, a lo largo del tiempo. En algunos casos, lo que voy a señalar es dicción casi literal de lo que manifiestan.

Me centro, pues, en estos tres puntos :

  1. En cuanto a la transparencia :
    • Se emplean dos páginas webs, una del Gobierno de Navarra y otra para la transparencia, y ello dificulta encontrar la información.
    • La página web de transparencia da información, pero cuesta a veces encontrarla. Ello dificulta el acceso ágil.
    • Debería simplificarse la página web (páginas webs).
    • La página web no permite conocer todas las subvenciones, convenios y documentos públicos tal cual. Solo hay resúmenes y la información es parcial. En subvenciones, no se puede consultar el texto de la resolución. El acceso al texto del convenio tampoco es posible.
    • La página web debería incluir también los informes oficiales y todos los actos que forman parte del expediente administrativo, actos de trámite, alegaciones, recursos… Sí que aparecen informes en reglamentos, pero falta en otros documentos.

       

  2. En cuanto al derecho de acceso a la información pública :
    • Es donde más quejas y demandas hay.
    • Las limitaciones y causas de inadmisión legales son tan abundantes que a quien le toca atender la petición parece buscar antes a cuál acogerse para no facilitar la información y deshacerse de la petición por la vía de su denegación.
    • Deberían reducirse las limitaciones legales de la Ley Foral de la Transparencia y ajustarlas al Convenio del Consejo Europeo sobre el acceso a los documentos públicos.
    • Tales limitaciones y causas se interpretan de una forma muy restrictiva del derecho de acceso, en contra de lo que dice la Ley Foral.
    • Se sigue remitiendo al ciudadano a otras ventanillas, a pesar de que la ley foral establece la remisión de oficio a la unidad que tiene la información cuando se conoce cuál es.
    • No se cumplen los plazos para dar la información.
    • La exigencia de una resolución administrativa para conceder dificulta el procedimiento y lo alarga. Debería solo existir resolución administrativa cuando hay denegación total o parcial y para justificar el porqué, facilitándose de modo directo cuando no hay problema para darla.
    • El procedimiento debería ser más sencillo: por un simple correo electrónico o directamente por internet, pero sin certificado digital, ni nada que suponga una carga para el ciudadano, rellenando unos datos de identificación mínimos: nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto.
    • Deberían reconocerse las peticiones anónimas sobre información cuando esta no afecte a terceros y es general. El Convenio del Consejo de Europa permite la petición anónima.
    • Deberían reconocerse las preguntas sobre la actividad pública: ¿Cuánto costó tal acto?, ¿Qué se piensa hacer en o con…), etcétera.
    • No se facilita toda la documentación completa que se solicita cuando se posee. El solicitante se ve obligado a reiterarla varias veces.
    • Se deniega la información solicitada incluso a quien es “interesado”. En cambio, en algunas ocasiones se facilita la información fuera de circuito a otras personas al mismo tiempo que se deniega al interesado.
    • Se deniega incluso la información ambiental a asociaciones ecologistas, investigadores, etcétera, cuando es universal la legitimación para solicitarla.
    • También se levantan obstáculos para facilitar la información urbanística y, en el caso municipal, incluso denegarla.
    • Se utiliza abusivamente la protección de datos personales para denegar la información, sin “disociarla”.
    • Se retrasa la respuesta alegando carga de trabajo, que la petición es genérica o abusiva, etcétera.
    • Se demanda la facultad de poder acudir a un órgano imparcial que revise la denegación y ordene con carácter obligatorio la concesión de la información cuando aprecie que no hay motivos para denegarla.
    • Las actuales garantías extrajudiciales que establece la Ley Foral son insuficientes para garantizar este derecho: “si te deniegan la información, te aguantas, o recurres al contencioso-administrativo, que no recurres. Este comportamiento es poco democrático”. Este punto trata de solucionarse con la creación del Consejo de Transparencia de Navarra que contempla el anteproyecto de Ley Foral actualmente en fase de participación.

       

  3. En cuanto a la participación ciudadana :
    • Es la gran ausente. No existe cultura de la participación ciudadana.
    • Existe una participación formal o pasiva cuando la ha reconocido la legislación –sobre todo, la estatal- para la tramitación de planes urbanísticos, actos medioambientales (en algunos casos, incluso se omite la participación ciudadana), algunas disposiciones, documentos no vinculantes, etcétera.
    • Las fórmulas de la Ley Foral de Transparencia son poco adecuadas por complejas, burocráticas y formalistas con la previa inscripción en registros…
    • No funcionan los jurados, los paneles, los foros, por su complejidad y requisitos formales de inscripción en registros.
    • Tampoco funciona la iniciativa reglamentaria. Es mejor acudir a un parlamentario y que tramite una iniciativa legislativa, o promoverla a nivel político con las 7.000 firmas, o acudir al Defensor del Pueblo de Navarra y proponerle que formule una sugerencia.
    • Los Consejos Navarros de la materia que sea funcionan bien cuando se convocan y se está dispuesto a oír lo que realmente opinan los demás. En algunos casos, o no se convocan, o se hace como que se convocan, o se les oye remitiéndoles un documento y diciéndoles que presenten alegaciones en un plazo.
    • Hay escasa participación por zonas, barrios, vecinos… Los foros sociales de barrio que se están impulsando funcionan bien si luego sirven para algo y se traducen en resultados y no solo para limitarse a oír a los vecinos. Parece que se tiene miedo a las reuniones con los ciudadanos. Los técnicos se esconden; los políticos tienen miedo a las encerronas.
    • La cultura de formular consultas no vinculantes a la ciudadanía es esporádica, solo se da en determinados ámbitos municipales, para preguntar sobre el cambio de fecha de las fiestas o su alargamiento; en algún caso, para preguntar sobre la independencia…
    • No se pregunta directamente sobre cuestiones importantes que interesan al ciudadano, ni a los agentes afectados.
    • Se pregunta sobre cuestiones muy de segunda categoría: a que destinar una pequeñísima parte del presupuesto, que luego en ocasiones no se ejecuta totalmente, etcétera.
    • La falta de participación ciudadana origina muchos de los conflictos que vemos y los ciudadanos recurren a las manifestaciones de disconformidad, etcétera.
    • Se toman decisiones que te enteras por la prensa, muchos ciudadanos se enfadan y rebelan, se produce de todo menos diálogo constructivo, se justifica la decisión tomada, se niega, se rectifica, se ratifica, se matiza… todo en un tiempo record.
    • Los ciudadanos buscan sistemas alternativos de “participación-protesta”:
      • Crean plataformas, asociaciones, grupos…
      • Acuden a asociaciones, sindicatos y partidos de la oposición…
      • Realizan concentraciones reivindicativas.
      • Acuden a los medios de prensa opuestos al color ideológico del equipo de gobierno foral o local.
      • Acuden al Defensor del Pueblo o al Tribunal Administrativo de Navarra y acto seguido denuncian ante la prensa.
      • Etcétera.

A mi modo de ver, se hace preciso mejorar la participación a través de planificar como quien planifica sus vacaciones, proponer todas las alternativas, priorizarlas, pedir información a los afectados, debatir con ellos, darles un plazo real para conocer su opinión, estudiar sus alegaciones con vocación de aceptarlas en lo posible, contestarlas, debatir con órganos colegiados o mesas de afectados, informar de los pasos a los medios de comunicación que lo soliciten, y, finalmente, tomar la decisión más adecuada al interés general, teniendo en cuenta el sentir mayoritario.

Falta toda esta cultura real de planificar, informar, oír, debatir y decidir, con el tiempo que sea necesario, para convencer y no vencer. No se gana más tiempo por querer ir directo y luego ser errático.

Nos falta la cultura democrática de Suiza o de algunos Estados norteamericanos, donde se consulta de verdad a los ciudadanos sobre muchísimos temas, o donde la iniciativa legislativa e incluso constitucional requiere de tan solo 50.000 habitantes sobre una población de 8 millones (en el caso suizo). Donde lo importante es, precisamente, convencer.

Podríamos ser como los suizos o como los norteamericanos y preguntar muchísimas cosas, pero, hay que reconocerlo: o le da miedo al establishment o sistema, o no se sabe cómo hacerlo.

Concluyo con esto, invitando a la reflexión de que hay que superar los formalismos y limitaciones de la Ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto, de que hay que impulsar más aún la transparencia, de que hay que reconocer el derecho de todos a la información pública y, sobre todo, que hay que establecer una cultura de la participación ciudadana en todos los asuntos que nos conciernen.

Muchas gracias. Eskerrik asko

 

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