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La Comarca del Aranda ha concedido a un vecino, en situación de necesidad, una ayuda de urgencia para pagar la deuda pendiente con la gestora de aguas del municipio en el que vive y que le había cortado el suministro por impago.

A partir de ahora, esta persona vuelve a tener agua en su domicilio; un servicio público básico que resulta imprescindible en general y más, si cabe, en casos como el de este vecino que tiene a su cargo a una persona en situación de gran dependencia que precisa cuidados constantes.

En la queja planteada al Justicia, se hacía mención expresa a la atención y cuidados requeridos por esta persona y así mismo a que los ingresos de la unidad familiar ascienden a 635 euros “una cantidad con la cual no se puede hacer frente al pago de los recibos pendientes pero, que a su vez, resulta incompatible con las prestaciones asistenciales” previstas ante este tipo de situaciones.

Tras recabar información de las Administraciones implicadas, el Justicia de Aragón sugirió a la Comarca del Aranda la posibilidad de mediar con la empresa suministradora de agua con el fin de restablecer el suministro, e incluso la posibilidad de tramitar a favor de esta unidad familiar una ayuda que permitiera, aunque de forma puntual, mejorar su situación.

En opinión del Justicia, la respuesta satisfactoria de la institución comarcal demuestra su sensibilidad social, así como una actitud abierta y de colaboración con el fin de solucionar los problemas de sus administrados.

Por otro lado, el Justicia de Aragón está a la espera de la respuesta de la DGA a la sugerencia formulada en este mismo caso en la que se solita que se apruebe el Plan Individual de Atención (PIA) de la persona dependiente que contemple la prestación necesaria de acuerdo a su situación, se resuelva la petición de Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) de quien se hace cargo de sus cuidados y, por otro lado, se apruebe una normativa que impida a las compañías suministradoras de agua, luz y gas interrumpir estos suministros en caso de impago de las correspondientes cuotas, cuando dicho impago esté motivado por la inexistencia o escasez de recursos.


Enlaces:

• Sugerencia del Justicia de Aragón

27 January 2016 the Commissioner for Human Rights received initial opinion prepared by OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights with regard to the draft act on the amendment to the Act on the Commissioner for Human Rights and some other acts - http://www.legislationline.org/documents/id/19895.

El Síndic ha criticado con dureza la inactividad de las administraciones públicas para abordar el fenómeno de la venta ambulante irregular en la calle conocida popularmente como "top manta". Rafael Ribó considera intolerable la permisividad de las autoridades con esta actividad ilegal, más cercana a las tramas mafiosas que a la pobreza de los más vulnerables.

Por este motivo, ha recomendado una acción precisa y decidida contra las organizaciones que importan y controlan las logísticas de distribución de productos falsificados. La lucha contra esta práctica criminalizada requiere la intervención coordinada de la Administración tributaria y de las fuerzas de seguridad de la Generalitat y estatal.

Según el Síndic, las principales víctimas del “top manta" son los vendedores o  manteros y el hecho de que las autoridades miren hacia otro lado les perjudica más que les beneficia. Recomienda, por tanto, abordar este fenómeno de manera integral e incluir medidas que supongan una alternativa legal y mejorada al trabajo que desempeñan actualmente para ganarse la vida. Todo ello significa, si es preciso, proporcionarles alojamiento, formación ocupacional y adoptar medidas para regularizar la situación administrativa de aquellos que lo requieran.

En el marco de esta investigación, y de acuerdo con la demanda de algunas voces pertenecientes al sector afectado, el síndic ha decidido reunir a las partes implicadas para concretar y proponer al Gobierno catalán soluciones factibles para que este las ejecute. En concreto, este lunes 8 de febrero ha invitado a una reunión a representantes de las entidades sociales y de los gremios de comerciantes, a los miembros de varias asociaciones afectadas y a algunos responsables de la Administración y de las entidades municipalistas. El objetivo es analizar conjuntamente salidas para las personas que se han visto en la necesidad de subsistir económicamente con esta práctica ilegal.

Estas son las principales conclusiones del informe presentado por el Síndic sobre la actuación de oficio iniciada en el mes de octubre de 2015 en relación a la venta ambulante ilegal en la calle. La investigación ya tenía el precedente de otra actuación abierta pocos meses antes con motivo de la muerte de un vendedor del “top manta” en Salou durante una operación policial, incidente que situó el problema en el centro del interés mediático y de la opinión pública.

El informe del Síndic destaca sobretodo que es necesario diferenciar la situación de los venedores del “top manta” de la de los entramados mafiosos o redes de crimen organizado que les explotan y que promueven la falsificación y la importación ilegal de los productos que distribuyen los manteros.

Los vendedores de “top manta” acostumbran a ser personas inmigrantes que intentan ganarse la vida vendiendo los productos en la calle y que se encuentran en una situación social muy precaria o directamente de exclusión total.

Rafael Ribó plantea la necesidad de hacer campañas informativas y de sensibilización del consumidor sobre sus derechos y sus obligaciones, y también sobre las repercusiones negativas que supone adquirir productos falsificados en el “top manta”.

Además de las implicaciones sociales y de consumo, el fenómeno tiene implicaciones desde el punto de vista penal, ya que comporta mayoritariamente la venta de productos falsificados y, en este sentido, no se puede ignorar que la falsificación es un delito contra la propiedad industrial e intelectual.

El “top manta” también comporta una ocupación irregular del espacio público, ya que no se dispone de la licencia municipal necesaria para la ocupación temporal de la vía pública. La cadena de ilegalidad implica que tampoco exista recaudación del IVA ni de tasa o impuesto municipal alguno. Finalmente, desde el punto de vista de la competencia, representa una competencia desleal respecto a la de las empresas y los comercios que operan de acuerdo  con la normativa.

Con motivo de la investigación, el Síndic ha solicitado información a diversas administraciones de la Generalitat con competencias en los ámbitos de comercio, consumo, inmigración y servicios sociales, tributos y fuerzas de seguridad. También se han mantenido reuniones con representantes de la Confederación de Comercio de Cataluña y de ANDEMA (Asociación Nacional para la Defensa de la Marca).

La investigación abarca toda Cataluña, así como los casos concretos de Barcelona, Salou, Sitges, Roses y el Vendrell. El Síndic ha solicitado información a todos estos ayuntamientos, a la Diputación de Barcelona, a la Autoridad Portuaria de Barcelona, a la Federación de Municipios de Cataluña y a la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas.

Sobre la capacidad de actuación de las administraciones locales, el Síndic considera que los municipios deben poder asumir la atención social con el pleno apoyo de la Administración de la Generalitat y de la Administración del Estado.

El dolor de las víctimas se acrecienta, también, cuando autoridades judiciales o políticas extranjeras secundan la propaganda de los terroristas y sus grupos de apoyo.

El Defensor del Pueblo recomendó trasladar al Estado belga u otros Estados que pudieran denegar en un futuro la extradición a España de presuntos autores de delitos de terrorismo, en el marco de lo dispuesto en la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y la Ley del Estatuto de la víctima del delito, la mayor información posible sobre el daño causado por el terrorismo, y sobre la realidad de nuestro país en materia de respeto y garantía de los derechos humanos.

En su respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha comunicado al Defensor del Pueblo que las representaciones diplomáticas españolas reciben puntualmente instrucciones con objeto de vigilar la posible actividad de ETA y su entorno, y de salir al paso de los actos y campañas que sus simpatizantes pudieran emprender, y que aboga por la coordinación con el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, junto con las asociaciones representantes de víctimas del terrorismo, para elaborar un Plan de Acción de España para la defensa, en el ámbito internacional de los derechos de las víctimas del terrorismo.

En el caso de la queja recibida (un Tribunal de Gante denegó la extradición de Natividad Jáuregui, alegando que había graves riesgos de que fuese sometida a torturas en caso de ser entregada a España), el Secretario de Estado para la Unión Europea, se dirigió con fecha 27 de mayo de 2015 al Vicepresidente de la Comisión Europea, Sr. Timmermans, manifestando la profunda preocupación española por la decisión del Tribunal de Gante, que afecta a la aplicación uniforme del Derecho de la Unión Europea. La carta también fue remitida al Ministro de Justicia de Bélgica.

Al tratarse de una decisión judicial lo que motivó el fundado malestar español y no un acto gubernamental, se hacía necesaria una respuesta en dicho ámbito judicial, lo que se llevó a cabo por el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que ha emitido una nueva euroorden contra Natividad Jáuregui.

El Defensor del Pueblo considera que esa actuación de las representaciones diplomáticas y las asociaciones, en el marco de un Plan de Acción, es un camino adecuado para que se comprenda mejor en el exterior la realidad del terrorismo, sin mentiras ni razones aberrantes como si se hubieran tratado de actos cometidos contra un estado opresor. Y en ningún caso silenciar los derechos de las víctimas y el dolor que los terroristas han causado.

Documentación relacionada:

27/10/2015. Recomendación, formulada a la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación ( Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación), para que se informe a los Estados  sobre el daño causado por el terrorismo y el respeto a los derechos humanos en España

Otras actuaciones del Defensor sobre víctimas del terrorismo