The Commissioner applied to the Constitutional Court for a ruling on statement of inconstitutionality of regulations of the Executive Penal Code to the extent to which it does not provide issuing formal decisions concerning personal control of a convict. The officer of Prison Service decides on subjecting a prisoner to personal control and the prisoner has no possibility to have this decision verified by the penitentiary court.

Als Projektleiterin auf österreichischer Seite hielt Volksanwältin Brinek am 1. Februar 2016 eine intensive Arbeitsbesprechung mit Ombudsmann Memeti und diskutierte die in 178 Arbeitstagen durchgeführten Aktivitäten, deren Ergebnisse und praktische Verbesserungsmöglichkeiten der Arbeit. Das aus den beiden Ombudsinstitutionen, dem Boltzmann Institut für Menschenrechte als drittem Projektpartner, der Delegation der EU und dem mazedonischen Finanzministerium bestehende Steuerungsteam (Steering Committee) des Projekts verabschiedete am Nachmittag des 1. Februar 2016 den Abschlussbericht zu den durchgeführten Aktivitäten.

Das offizielle Ende markierte eine öffentliche Abschlusszeremonie am 2. Februar 2016, bei der die Resultate des Projekts präsentiert wurden. Unterstützt vom Leiter der EU-Delegation Botschafter Aivo Orav und der Botschafterin Österreichs in Mazedonien Mag. Renate Kobler betonte Volksanwältin Brinek den Stellenwert unabhängiger Kontrollorgane in einer demokratischen Gesellschaft. „Entsprechend europäischen und internationalen Standards ist die Ombudsinstitution mit ausreichend finanziellen und personellen Ressourcen auszustatten um ihre unabhängige und effiziente Arbeit zu ermöglichen. Die Existenz funktionierender Verwaltungskontrollorgane und Menschenrechtsinstitutionen wird als Voraussetzung für den EU-Beitritt gesehen“, so die Volksanwältin.

Sowohl Volksanwältin Brinek als auch ihr Amtskollege zeigten sich mit der Abwicklung und den Ergebnissen des Projekts höchst zufrieden und verständigten sich abschließend auf die Fortsetzung der verstärkten bilateralen Zusammenarbeit.

Volksanwältin Brinek nutzte ihren Aufenthalt in Skopje auch, um mit der Vizevorsitzenden der Sozialdemokratischen Union Mazedoniens (SDSM) Radmila Sekerinska als Vertreterin der Opposition zusammenzukommen und sich über die jüngsten Entwicklungen und die Vorbereitung auf die für 24. April 2016 geplanten Wahlen zu informieren. In diesem Zusammenhang wurden auch Ideen für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Parlament und der Ombudsinstitution von Volksanwältin Brinek aufgezeigt.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido hoy a los representantes de los trabajadores de la empresa concesionaria del transporte público de Zaragoza, AUZSA, que suspendan la huelga como gesto de buena voluntad hacia la ciudadanía, muy afectada por estos paros que se prolongan desde hace 56 días, por un tiempo limitado, mientras se busca una solución definitiva al conflicto laboral y sin que ello cuestione el derecho a la huelga de los trabajadores.

En una reunión solicitada por el comité de empresa y mantenida esta mañana en la sede de la Institución, Fernando García Vicente, les ha planteado la posibilidad de buscar un acuerdo, utilizando la mediación en su caso, o acudir a los tribunales para que se plantee la interpretación del convenio colectivo 2010-2015, prorrogado a día de hoy, e incluido en el pliego de contratación de la empresa, puesto que los trabajadores no están de acuerdo con el laudo de octubre de 2013 vigente hasta ahora y base del conflicto actual.

Por otro lado, el Justicia de Aragón les ha informado que está a la espera de la respuesta del Ayuntamiento de Zaragoza a algunas cuestiones incluidas en el informe de la Institución del pasado 22 de enero, sobre la obligación del Ayuntamiento de exigir a la empresa concesionaria el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene de sus empleados que garanticen la adecuada prestación del servicio público.

El informe también se refería a los servicios mínimos decretados por el Ayuntamiento, entendiendo que, debido a la duración del conflicto y a los perjuicios que se están ocasionando a la ciudadanía, podrían exceder el límite de la proporcionalidad razonable entre el derecho a la huelga de los trabajadores y el de los usuarios a tener un servicio público que satisfaga sus necesidades básicas.

Debe ser muy difícil disuadir a personas que quieren marcharse de un país por sentirse perseguidas, inseguras o amenazadas, de que no lo intenten. Aquellas que huyen de Siria, de Eritrea o de lugares todavía más lejanos saben que tendrán que cruzar seis o siete fronteras hasta llegar a uno de los  países de la U.E. a los que una mayoría pretende llegar.

El sistema de cuotas establecidas por la Comisión europea en septiembre de 2015 para que los países de la U.E. acogieran a estas personas ante la llegada a Grecia, Italia, Jordania y Turquía  de miles y miles de personas solicitantes  de refugio y asilo, ha sido superado por avalanchas humanas que por distintos medios, siempre en las peores condiciones, tratan de llegar. También, la burocracia infinita en los lugares establecidos para su identificación y remisión a un país o ciudad debe contribuir a que, por ejemplo, España haya recibido, al 2 de febrero de 2016, de las 17.000 personas que le corresponderán, a 18. Cifra que no necesita calificativos.

La generosa Europa del pasado verano ha dado marcha atrás. Cada país trata de arréglarselas como puede para establecer  fronteras contrarias al principio de  libertad de circulación, levantar alambradas, declarar que los centros de acogida están saturados y cerrar sus puertas, y suprimir transportes que con tanto altruismo facilitaban hace unos meses.

Las imágenes de los botes repletos, arrimados hacia la orilla por personas con chalecos naranjas o amarillos ya no nos espantan; las filas de personas que caminan con mantas sobre sus cabezas ya no nos alteran; los niños acurrucados sobre maletas y mochilas a pocos metros de coches cubiertos de nieve no nos quitan el sueño. Son imágenes cotidianas al lado de titulares  que dan cuenta de las protestas en ciudades por recibir a tantos refugiados.

La preocupación de autoridades locales por donde alojar y atender a los llegados, se comprende bien; las protestas ante hechos contrarios a la ley, cometidos por personas que pretenden solicitar asilo, también se comprenden. Pero ¿la confiscación de bienes?

La confiscación supone la apropiación del patrimonio de una persona por parte del Estado, y eso ha sido siempre propio de regímenes totalitarios. Ese Estado se adueña de lo que no le pertenece porque así lo decide pues tiene poder para ello. No hay división de poderes, no hay sentencias judiciales, tampoco hay, en este caso, conmiseración.

Dinamarca, país que ha decidido confiscar bienes de refugiados para que contribuyan a su propio sustento, es una respetada democracia. Y por ello, la institución del Defensor del Pueblo, que vela por el cumplimiento de los Derechos Humanos, no puede suscribir pero tampoco comprender cómo ha tomado semejante injusta medida, contraria al Estado de derecho.