El Síndic de Greuges de Cataluña ha emitido una segunda resolución sobre el caso Maristas una vez analizada toda la información recibida por parte del Departamento de Enseñanza y del Consorcio de Educación de la Ciudad de Barcelona, incluidos los informes emitidos por la Inspección educativa.

En esta segunda resolución, recomienda a la Administración que estudie si las deficiencias en la actuación del centro constituyen un incumplimiento de la normativa de conciertos.

La resolución constata que en ninguna de las tres denuncias se aplicaron los protocolos de malos tratos que había firmado el Departamento de Enseñanza, tanto el del año 2006 como el del año 2012. El Departamento de Enseñanza no incluyó los protocolos hasta el curso 2011-2012 en el Documento de organización y funcionamiento de los centros docentes para el curso 2011-2012. Aún así, en los casos denunciados posteriormente a esta incorporación el centro tampoco aplicó los protocolos, sin que la Inspección educativa lo haya cuestionado.

El Síndic también constata la falta de información por parte de la dirección al resto de familias de la escuela de los hechos ocurridos, evidentemente preservando la intimidad de las víctimas, extremo que impidió determinar en su día si había otros alumnos afectados por los abusos y la actuación de reparación y tratamiento. Tampoco se informó al Consejo Escolar, ni de las denuncias de abusos, ni de la renuncia de un docente ni del despido de un monitor ya en el año 2015.

En definitiva, ni el Departamento de Enseñanza ni el Consorcio de Educación de Barcelona han adoptado ninguna medida concreta para enmendar la actuación de la Escuela Maristas en los tres episodios de abuso sexual denunciados, cuando las numerosas denuncias ponen de manifiesto que la escuela no garantizó la integridad de los alumnos y no informó de la existencia de las denuncias al resto de la comunidad escolar ni a las administraciones con competencias en materia de educación y protección a la infancia.

El solo hecho que en un mismo centro educativo coincida un número tan elevado de denuncias por abusos sexuales a lo largo del tiempo debería haber llevado la Administración educativa a realizar un análisis exhaustivo de la actuación del centro y a la propuesta de medidas para asegurar la aplicación de los protocolos de malos tratos.

El Síndic recomienda que se haga difusión de los protocolos de malos tratos y de su contenido en todos los centros educativos, y que se asegure el conocimiento y el cumplimiento obligatorio por parte de los centros.

También recomienda que se imparta formación en derechos de los niños e indicadores de malos tratos y abuso a los docentes y a los niños y se garantice como mínimo la existencia de una persona con esta formación y con conocimiento de estos protocolos en todos los centros educativos.

A este respecto concreto, ha pedido que se estudie si la falta de comunicación de los hechos (sin identificar a los alumnos víctima) constituye un incumplimiento de la normativa de conciertos, en relación al deber de información al consejo escolar en cuanto al funcionamiento del centro y en cuanto a la selección y el despido de docentes. Y, en caso de que se confirme el incumplimiento del concierto, que se imponga la sanción que corresponda.

Por último, sugiere que se enmiende la falta de información a las familias del centro a través del Consorcio mediante el ofrecimiento de información, apoyo y acompañamiento específico.