El también denominado derecho a saber está consagrado formalmente en los distintos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, así como en el ordenamiento jurídico estatal y autonómico. En Galicia, la aprobación el 18 de enero de 2016 de la Ley 1/2016, de transparencia y buen gobierno, fortaleció el mandato constitucional, que obligaba a su protección, y vino a completar las previsiones que las Cortes Generales aprobaron en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Este contexto normativo, sin duda, articula deberes de publicidad de los actos de la administración y de toda la información pública que, hasta ahora, se presentaban difusas; pero, lo que es más importante si cabe, avanza en la protección real del derecho de la ciudadanía a acceder la información pública y a ejercerlo con todas las garantías.

Entendemos que en una democracia como la nuestra resulta fundamental que los ciudadanos accedan a los datos públicos de sus administraciones y puedan, de este modo, participar, de una manera efectiva, en la configuración de las políticas que les afectan. Por su parte, los poderes públicos deben asumir con responsabilidad sus deberes de difusión activa de la información pública, dando respuesta a las solicitudes que sobre a misma les acerca la ciudadanía. El reconocimiento de este derecho supone, sin duda, un cambio de actitud en las relaciones administración-ciudadanía, un cambio de actitud que incrementa notablemente la calidad democrática.

La Comisión da Transparencia a la que representamos, y que lleva trabajando formalmente apenas cinco meses, es depositaria de parte de esta responsabilidad. Nuestra contribución a la creación de una auténtica cultura de la transparencia en Galicia, además de convertirse en una oportunidad, supone un reto, sobre todo en esta etapa inicial de trabajo. Hace falta superar obstáculos y dificultades hacia sensibilización de los agentes públicos en la nueva realidad. Somos conscientes de que los organismos públicos manejan mucha información que pertenece a la ciudadanía, y de la dificultad que el nuevo marco imprime a todos sus procedimientos. Conocemos esa realidad y estamos a su servicio para acompañarlos en este proceso.

Pero también estamos firmemente comprometidos con la ciudadanía y con la protección de sus derechos. Aprovechamos esta fecha señalada para reiterar nuestra disposición, nuestro trabajo y nuestro compromiso. Los ciudadanos gallegos pueden tener la seguridad de que dedicaremos todos los esfuerzos posibles a la defensa del derecho a la transparencia y a la atención rigurosa de sus reclamaciones. Sabemos que lo usarán con sentido de la responsabilidad, en la convicción de que es la única garantía de un cabal y justo funcionamiento.

Santiago de Compostela, 28 de septiembre de 2016.