El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio ante la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) y ante el Ayuntamiento de San Sebastián tras conocer el caso de un donostiarra de 84 años que iba a ser desahuciado de su vivienda al no poder hacer frente a un préstamo contratado con un acreedor privado.

La Ley 2/2009 protege a los consumidores en negocios realizados con personas o entidades que no sean bancos y establece para los prestamistas profesionales requisitos similares a los de la banca, como inscribirse en un registro de consumo, prestar fianza, información previa y oferta vinculante.

Por ello, la institución ha pedido a la AECOSAN que compruebe si la empresa prestamista está inscrita en el registro correspondiente y si existen denuncias sobre su actuación.

Además, ha preguntado al Ayuntamiento de San Sebastián, que ha intentado mediar para evitar el desalojo mediante un alquiler social que ha sido rechazado por el acreedor, si tiene previsto alguna actuación posterior para ayudar a esta persona.

Este ciudadano solicitó un préstamo hipotecario sobre su vivienda que le fue concedido por una empresa. Las condiciones de dicho préstamo eran de un importe principal de 104.000 euros, a pagar en mayo de 2014, con interés ordinario del 19,5%. Ante la imposibilidad de hacer frente a la devolución de la deuda se ha  ejecutado el crédito hipotecario y se ha adjudicado la vivienda al acreedor por la mitad del valor de tasación.

En opinión del Defensor del Pueblo, la Ley 2/2009 no protege lo suficiente a los ciudadanos que tienen que acudir a estas empresas, por lo que ha recomendado en otra queja una nueva regulación más tuitiva con los consumidores, que parece haber tenido buena acogida por la Secretaría de Estado de Justicia.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, que solicite la “activación urgente del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea”.

En una carta enviada a su homóloga europea, Soledad Becerril subraya que “las imágenes y las informaciones que tenemos estos días de los campos de refugiados en Grecia e Italia a bajo cero de temperatura, con colas para la sopa, frágiles tiendas de campaña y bidones para la lumbre, nos conmueven a todos”.

“Como defensores del pueblo no podemos permanecer impasibles ante esta situación”, afirma la Defensora, quien recuerda el “interés decidido” de su homóloga en la búsqueda de soluciones para mejorar las condiciones de vida de los refugiados y le pide que solicite la activación de dicho mecanismo.

El Mecanismo de Protección Civil de la UE ya ha sido activado en varias ocasiones para ofrecer apoyo práctico a los países desbordados por una situación de crisis y, en esta ocasión, “podría movilizar diversos tipos de ayuda en especie, incluidos equipos y material, refugios, suministros médicos y otros artículos no alimentarios, además de expertos”.

Soledad Becerril señala que la Comisión Europea aumentó el importe de la cofinanciación para el transporte de material de socorro y expertos durante la actual crisis de los refugiados.

“Sin embargo, según las últimas noticias no han sido suficientes los Estados miembros que han respondido a estos llamamientos y todavía debe proporcionarse un gran número de recursos para hacer frente a la situación”, concluye.

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Heinz Müller, stellte dem Petitionsausschuss in seiner Sitzung am 19.01.2017 seinen Tätigkeitsbericht für die Kalenderjahre 2014/2015 vor.

IOI Ombudsman News 03/2017

Berlin: (hib/HAU) Der Petitionsausschuss unterstützt die Forderung nach Überprüfung des geltenden Betreuungsrechts. In der Sitzung am Mittwochmorgen beschlossen die Abgeordneten einstimmig, eine dahingehende Petition dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) als Material zu überweisen.

In der Petition wird eine Prüfung verlangt, ob die Vorschriften des deutschen Betreuungsrechts mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen übereinstimmen. Nach Ansicht des Petenten sind die betreuungsrechtlichen Vorschriften im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) nicht identisch mit den Vorschriften der UN-Behindertenkonvention, wodurch behinderte Personen benachteiligt würden. Dieses Unrecht müsse korrigiert werden, heißt es in der Petition.

In der Begründung zu seiner Beschlussempfehlung macht der Petitionsausschuss darauf aufmerksam, dass sowohl das Betreuungsrecht - geregelt in den Paragrafen 1896 ff. BGB - als auch das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-BRK) geltendes deutsches Recht seien. "Die UN-BRK ist seit dem 26. März 2009 Bestandteil des deutschen Rechts im Range eines einfachen Bundesgesetzes", heißt es dazu in der Vorlage. Dies bedeute, dass Behörden und Gerichte das Übereinkommen bei der Anwendung und Auslegung des geltenden Rechts berücksichtigen müssen, sofern die UN-BRK im Einzelfall nicht bereits unmittelbar Anwendung finde. Insoweit erkennt der Petitionsausschuss laut der Beschlussempfehlung "keinen grundsätzlichen Handlungsbedarf".

Zugleich verweisen die Abgeordneten jedoch auf eine vom BMJV in Auftrag gegebene "rechtstatsächliche Untersuchung zur Qualität der rechtlichen Betreuung". Mit diesem Forschungsvorhaben solle insbesondere empirisch überprüft werden, ob die Betreuer den Anforderungen des deutschen Betreuungsrechts und der UN-BRK hinsichtlich des Selbstbestimmungsrechts der betreuten Person gerecht werden, worin etwaige Mängel begründet sind und durch welche Maßnahmen erforderlichenfalls die Qualität der Betreuertätigkeit verbessert werden kann. Aus Sicht des Petitionsausschusses ist die vorliegende Petition geeignet, in die anstehenden Untersuchungen mit einbezogen zu werden.