Ha recomendado a la Diputación de Barcelona (como órgano gestor del parque) que impida ya desde el comienzo y de forma permanente el acceso por el camino con vehículos

El Síndic de Greuges de Cataluña ha recomendado a todas las administraciones implicadas que, frente a los intentos del Ayuntamiento del Montseny de culminar la construcción de la carretera Illes-Sant Marçal, anteponga la protección del Parque Natural. En opinión del Síndico se trata de una conectividad de dos carreteras innecesarias, y no existe ningún elemento que justifique los trabajos pendientes de pavimentación y arreglo de la pista, que completarían la segunda fase del plan impulsado por el mencionado consistorio para conectar las carreteras BV-5301 y BV-5114.

En el marco de una actuación de oficio, el Síndic ha estudiado toda la información recibida y ha evidenciado que el proyecto presentado inicialmente no se ajusta al que finalmente se autoriza desde la Ponencia Ambiental, puesto que se ha pasado de un proyecto de arreglo y pavimentación de todo el camino a la autorización final de unos arreglos puntuales en este camino de servicios del parque natural del Montseny.

Rafael Ribó se ha mostrado tajante y ha destacado  "que se deben tomar las medidas oportunas para que no se autorice ningún proyecto que no sea estrictamente necesario y en que no se tenga la certeza de qué efectos perjudiciales tendrá su ejecución para la integridad del lugar". En este sentido, los argumentos de los partidarios del proyecto se basan en una hipotética ventaja de conectividad que reduciría en unos minutos los trayectos dentro del parque. Argumentación que, según el Síndic, dista mucho de poder calificarse como necesidad.

De acuerdo con el principio de precaución y cautela que debe regir cualquier decisión ambiental, el Síndic ha recomendado a la Diputación de Barcelona (como órgano gestor del parque) que impida desde el comienzo y de forma permanente el acceso por el camino con vehículos mediante la instalación de barreras permanentes, y que se permita únicamente el paso de los vehículos para la gestión de parques, los de los servicios y los de la propiedad.

El Síndic también ha recomendado que se abra un debate en sede parlamentaria sobre la protección real de los espacios naturales por medio de la normativa vigente. Para conseguir una mayor garantía de protección de los espacios especialmente protegidos y que son patrimonio de todos, el Parlamento de Cataluña debería revisar la legislación sobre parques naturales y espacios protegidos en la línea que sea el Gobierno de la Generalitat o, en todo caso, el órgano gestor del espacio protegido quien en último término autorice y ejecute los proyectos que afecten directamente al espacio protegido.

La institución ha iniciado una actuación de oficio ante la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en relación con el proyecto de construir un nuevo atrio, como acceso, al conjunto monumental de la Alhambra, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984 por la UNESCO.

El informe realizado por el Comité Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) advierte sobre la no conveniencia del mencionado proyecto por invasivo, por su impacto en el conjunto histórico-artístico y por la alteración de su perímetro.

El Defensor del Pueblo recuerda que uno de los principios que debe informar cualquier actuación en un conjunto monumental, con el máximo nivel de protección como es la Alhambra, debe ser el de respetar sus contornos, límites y perfiles, así como evitar nuevas estructuras, ampliaciones o adiciones que supongan actuaciones invasivas o que alteren el bien protegido, pues significarían cambios esenciales no procedentes y contravenir la legislación y disposiciones que protegen el bien.

Por todo lo anterior, el Defensor del Pueblo ha solicitado a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que informe sobre cómo piensa garantizar la protección de todo un conjunto monumental, que constituye una ciudad, y que incluye diferentes construcciones civiles, militares y religiosas, así como jardines de recreo, huertas y tierras de labor.

Además, se solicita copia de los siguientes documentos:

– Proyecto de nuevo acceso (en CD).

– Situación administrativa del mencionado proyecto.

Informes sobre el proyecto emitidos por instituciones competentes en la conservación del patrimonio:

– Informe de ICOMOS.

– Informe del Patronato de la Alhambra.

– Informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.

– Informe de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Dirección General de Bienes Culturales y Museos.

– Informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

– Informes de otras instituciones.

El Ayuntamiento de Granada reducirá el ruido del tráfico en la calle Ribera del Beiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .

El Ayuntamiento de Granada ha aceptado una sugerencia del Defensor del Pueblo y adoptará medidas para reducir la contaminación acústica procedente del tráfico en la calle Ribera del Beiro.

La institución recibió la queja de un ciudadano que aseguraba sufrir un “ruido insoportable” en su vivienda, situada en una zona residencial donde hay un colegio y dos hospitales.

Según ha comunicado el Ayuntamiento a la Institución, los servicios técnicos municipales evaluarán acústicamente la zona e “iniciarán el procedimiento de zonificación acústica especial si hubiera un incumplimiento de los objetivos de calidad acústica”.

Asimismo, la delegación de movilidad tratará de mejorar la regulación del tráfico que, según explican desde el consistorio, ya ha comenzado a reducirse tras el traslado de dos centros sanitarios de la zona al sur de la ciudad.

Estas medidas se unirán a las que incluye el plan de acción del Mapa Estratégico de Ruidos, en trámite de aprobación.

Beim Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind im zweiten Halbjahr 2016 etwas weniger Petitionen als in der ersten Jahreshälfte eingegangen (774:863). Insgesamt wurden aber wieder – wie 2014 auch – 1637 Bitten, Beschwerden und Anliegen eingereicht (2015: 1619). „Das ist erneut ein Spitzenwert. Der Bedarf an Beratung, Hilfe und Unterstützung gegenüber Behörden und öffentlichen Einrichtungen ist offensichtlich ungebrochen. Knapp die Hälfte der Anliegen betraf soziale Fragen“, wie der Bürgerbeauftragte Matthias Crone erläuterte.

Allerdings habe es Verschiebungen zwischen den Themen gegeben. So sei ein Rückgang – wenn auch auf hohem Niveau – der Ersuchen zum Arbeitslosengeld II gerade im 2. Halbjahr zu verzeichnen (135 zu 181 im 1. Halbjahr), im Gesamtjahresvergleich waren es 314 statt 348 Fälle 2015. Hier spiegele sich vermutlich der Rückgang der Arbeitslosigkeit wider, so Crone. Einen deutlichen Anstieg habe es 2016 hingegen in den Bereichen Schule (+27) und Umwelt (+37) gegeben.

Crone weiter: „Es fällt auf, dass Beschwerden über Lärmimmissionen zugenommen haben. Hintergrund sind oft baurechtliche Nutzungskollisionen, etwa zwischen gewerblicher und Wohnnutzung. Hier kommt es dann auf eine schnelle objektive Bewertung an.“ Leider dauere die Klärung dieser Konflikte aber meist sehr lange, weil die knappe technische Ausstattung der kommunalen Behörden nicht immer gerichtsfeste Messungen erlaube und deshalb Landesbehörden eingeschaltet werden müssten. „Durch eine bessere Ausstattung ließe sich Zeit und am Ende auch Geld sparen“, zeigte sich der Bürgerbeauftragte überzeugt.

Auch 2016 gingen wieder Beschwerden über das wirtschaftliche Handeln (Fiskalhandeln) von Kommunen ein. „Bei Vergabeentscheidungen, bei Verpachtungen und Veräußerungen von kommunalem Vermögen konnten wir starke Kritik und Skepsis von Bürgern über die Auswahlentscheidungen verzeichnen. Umso wichtiger ist es, Vermögensentscheidungen nach klaren und nachvollziehbaren Regeln zu treffen. Die Verfahren müssen durchschaubar sein. Alles andere führt zu Misstrauen und Missmut“, erklärte Crone.

Mangelnde Klarheit und Verständlichkeit machten Bürgern auch im vergangenen Jahr bei Behördenschreiben und Verwaltungsbescheiden zu schaffen: „Gerade Formularschreiben, die ja für viele Fälle gedacht sind, sind besonders sorgfältig abzufassen. Auch sie müssen verständlich und freundlich sein und eine nachvollziehbare Begründung geben“, so der Bürgerbeauftragte. Immerhin sei es gelungen, Verbesserungen bei einzelnen Behörden zu erreichen.