El Síndic ha abierto una actuación de oficio para valorar cómo actuará la Administración ante posibles complicaciones con qué se pueden encontrar las personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía a la hora de cobrar dicha ayuda. Concretamente, ha pedido información sobre qué medidas se adoptarán para cumplir las previsiones legales relacionadas con la renta garantizada en cuanto a los requisitos y las incompatibilidades con otras ayudas, como por ejemplo la de alquiler.

En este sentido, se ha dirigido a los departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y al de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda.

La Ley establece que las personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía tienen el deber de solicitar cualquier otra prestación o ayuda a que puedan tener derecho durante la percepción de la renta, así como a no renunciar voluntariamente a otra prestación que estén recibiendo. El incumplimiento de estas obligaciones puede ser causa de extinción o de suspensión de la prestación.

Por tanto, el Síndic ha avanzado que se podrían producir algunos casos incoherentes con el principio y la finalidad de la ayuda. Por ejemplo, el caso en que las personas y las familias que sean perceptoras de la renta garantizada puedan perder la prestación por no haber solicitado una ayuda para el pago del alquiler. Así mismo se podría dar el caso que, como consecuencia de obtener posteriormente una ayuda para el pago del alquiler, los beneficiarios tengan que devolver una cuantía en concepto de ingresos indebidos de la prestación, con las consecuencias que ello supone.

La renta garantizada de ciudadanía es una prestación destinada a asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y familias que se encuentran en situación de pobreza. El artículo 4 de la Ley establece el carácter complementario y subsidiario de esta prestación, y fija expresamente los ingresos compatibles que no computan para determinar el umbral económico, entre los que se cuentan las prestaciones económicas de urgencia para evitar desahucios, pero no las ayudas para pagar el alquiler en casos que no suponen una emergencia.

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha comparecido hoy en el Senado ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos para analizar el proceso migratorio latinoamericano en España siguiendo la evolución del ciclo económico.

Fernández Marugán ha asegurado que con la llegada de los migrantes iberoamericanos se logró un mayor crecimiento económico. En opinión del Defensor, hasta que llegó la crisis en 2009, “la inmigración y el desempleo eran compatibles, el desempleo se reducía y la inmigración aumentaba” pero cuando estalló “la inmigración redujo el ritmo de sus llegadas”. El Defensor ha señalado que la crisis castigó a estas personas con “dureza”.

En su comparecencia, también se ha referido a la gran integración de este colectivo en la sociedad española. Así, ha destacado que en 2015 uno de cada cuatro extranjeros que convivían en pareja lo hacían con un español y que uno de cada tres residían en viviendas de su propiedad.

Fernández Marugán ha asegurado que se trata de “una población incorporada al mercado de trabajo, a la vida escolar, a múltiples organizaciones sociales, y que forma parte de nuestra pluralidad y de nuestra diversidad”. Para el Defensor “es imprescindible concebir a los inmigrantes como una parte estable de nuestra población”.

Durante su intervención también ha hecho hincapié en que la disminución del número de inmigrantes en España no sólo se debe a retornos voluntarios, “hay algo más, un número considerable de extranjeros que ha adquirido la nacionalidad española”, ha señalado.

Registro Civil

La Ley del Registro Civil de 2011 pretendió aplicar a este servicio nuevas técnicas organizativas y de gestión para conseguir una tramitación más ágil y eficiente de los expedientes. Sin embargo, la entrada en vigor de esta norma se demora una y otra vez, estando prevista para junio de este año.

El Defensor ha explicado que esta situación de provisionalidad afecta a todos los ciudadanos en general que han de utilizar los servicios de los registros civiles para la inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios, etc; y, de manera muy especial a los cientos de miles de ciudadanos extranjeros que, tras años residiendo legalmente en España, solicitan la adquisición de la nacionalidad española.

Fernández Marugán ha indicado que las quejas que llegan a la Institución están relacionadas fundamentalmente con la pretensión de adquirir la nacionalidad española por residencia. En 2017 se han recibido 893 quejas relativas al registro civil.

El Defensor considera que ha llegado el momento de hacer una evaluación del coste económico de las sucesivas encomiendas de gestión y explorar otras formas de actuación que redunden en la reducción de la demora que han de soportar los ciudadanos extranjeros que, tras largos años de residencia en nuestro país, solicitan la nacionalidad española.

Ciudadanos venezolanos

Fernández Marugán ha hecho una referencia especial a los ciudadanos venezolanos que residen en España ofreciendo datos sobre su situación. Así, ha señalado que a 31 de diciembre de 2017 residían legalmente en España 45.869 venezolanos.

Por otra parte, en 2017 solicitaron asilo 10.350 ciudadanos de esta nacionalidad frente a los 3.960 que lo solicitaron en 2016. Para el Defensor es llamativo que a pesar del notable incremento de peticiones de asilo, en 2017 solo 15 ciudadanos venezolanos obtuvieron el estatuto de refugiado y ni a uno solo se le concedió la protección subsidiaria.

El Defensor también ha querido dejar constancia del problema del colectivo de pensionistas venezolanos residentes en España, en situación de grave precariedad económica y riesgo de exclusión social, por haber suspendido el gobierno de Venezuela el ingreso de sus pensiones desde enero de 2016.

Fernández Marugán formuló en noviembre de 2017 tres recomendaciones a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para intentar solventar la situación de estas personas que fueron rechazadas. Por ello, en enero de 2018 envió sus recomendaciones a la Ministra de Empleo para evitar que este colectivo continúe en una situación de extrema vulnerabilidad, con ingresos que les impiden cubrir sus necesidades básicas.

Prosegue il percorso conoscitivo voluto da Andrea Nobili per cercare di fotografare la realtà attraverso comunità e situazioni particolarmente complesse. Incontro con invito esteso dal sindaco Ucchielli ai vertici dell’Ats 1 di Pesaro, all’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, ai Dirigenti scolastici, ai responsabili di centri d’aggregazione, delle Comunità e di diverse associazioni

Prosegue il viaggio del Garante dei diritti  attraverso Comunità e situazioni particolarmente problematiche per avere un quadro di riferimento il più possibile esaustivo sul mondo dei minori e dell’adolescenza. Nuova tappa presso il Comune di Vallefoglia, finito nei mesi scorsi al centro delle cronache per alcuni episodi che hanno visto protagonisti proprio alcuni ragazzi.  Un confronto a tutto campo che, nel corso dell’incontro ospitato presso la sede di Colbordolo, ha registrato un’ampia partecipazione, con invito esteso dal sindaco, Palmiro Ucchielli, ai vertici dell’Ats 1 di Pesaro, all’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, ai dirigenti scolastici, ai responsabili di centri d’aggregazione, comunità e associazioni.

“Si registra una situazione molto complessa – sottolinea Nobili – che va a gravare su un comune di 15.000 abitanti, nato dalla fusione di Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola. Negli anni ’80 si è registrata una forte immigrazione dal Mezzogiono d’Italia e dall’estero, in particolare Nordafrica ed Est europeo che, di fatto, ha dato luogo ad una particolare composizione della popolazione residente”.

Dal confronto è emerso che la crisi del sistema industriale ed il conseguente venir meno delle opportunità lavorative hanno creato una situazione di oggettivo disagio, a cui il Comune cerca, non senza difficoltà, di fornire risposte adeguate.

 “In questo contesto – secondo il Garante – necessita della massima attenzione la condizione giovanile, anche alla luce di alcune vicende che la scorsa estate hanno visto coinvolti ragazzi stranieri residenti nel Comune. E’ indispensabile un’azione di  controllo, monitoraggio e sostegno che deve concretizzarsi attraverso interventi il più possibile condivisi. Da parte del Comune esiste un impegno lodevole, che però deve essere ulteriormente supportato”.  Iniziato lo scorso mese di marzo, il percorso avviato dal Garante ha già fatto tappa in alcune comunità e all’Hotel House. Ulteriori incontri in situazioni che presentano delle particolari criticità sono già in programma per le prossime settimane.