ACTUACIONES DESTACADAS
Citas telefónicas del Sergas
En 2017, 4.000 personas que se dirigieron a la valedora en demanda de una alternativa al complejo sistema telefónico de cita previa del Sergas consiguieron una respuesta favorable. La administración aceptó estudiar alternativas, toda vez que las barreras tecnológicas que enfrentan los usuarios de mayor edad o con discapacidad no pueden hacerlos quedar desprotegidos.
Necesidades del rural
El programa de visitas presenciales de la defensora a los ayuntamientos se completó este año con el traslado a municipios más pequeños y con una configuración más rural. En las mismas se pusieron de manifiesto, entre otras, necesidades específicas como las relativas a la propiedad vecinal de los montes, a su limpieza, al transporte público por carretera, al personal en puntos de atención continuada (especialmente escasez de pediatras) e incluso a la brecha que hace que en puntos de Galicia exista población carente de teléfono hizo, sin cobertura de móvil o de internet y con suministro eléctrico deficiente afectada por cortes frecuentes.
Quejas de oficio
La cifra de quejas de oficio subió de las 21 iniciadas en 2016 a 224 en 2017. La institución del Valedor do Pobo investigó a propia iniciativa cuestiones que tienen una repercusión grande en la población como los precios de los comedores escolares, la cuota de reserva para personas con discapacidad en las convocatorias de septiembre en las universidades gallegas, el reparto de cuotas de pesca para la Comunidad Autónoma, la incorporación de la lengua gallega a los manuales de las autoescuelas, la plaga de lapatata o los retrasos en las valoraciones de discapacidad.
Escuchar a las mujeres
El pasado 8 de marzo se produjo un punto de inflexión con respeto a la mujer y a su derecho a no ser discriminada en ningún ámbito de su vida. La valedora asume que hay que hacer más para cambiar estructuras y fomentar la corresponsabilidad real en nuestra comunidad. Son necesarias políticas sociales y económicas de apoyo a la mujer y a las familias pues sin niños ninguna política pública tiene futuro.
La institución está firmemente comprometida en la defensa real y efectiva de la igualdad y creó en este 2018 un área específica de igualdad.
Incendios
La institución trabajó de la mano de la administración para flexibilizar la concesión de las ayudas a las personas afectadas por los incendios registrados en Galicia y adaptarlas a los bienes calcinados. Visitó partes de la Galicia quemada y se puso al lado de las personas que lucharon contra el fuego en los momentos más difíciles. En Carballeda de Avia tuvo ocasión de conocer las particularidades de los bienes que ardieron y obtuvo el compromiso de la Xunta de agilizar la tramitación de las compensaciones para facilitar los procedimientos abiertos.
Apoyo a la discapacidad
El informe 2017 evidencia el apoyo incondicional de la valedoría a las personas con algún tipo de discapacidad. La institución finalizó un informe extraordinario sobre accesibilidad que será presentado próximamente en la Comisión de Peticiones del Parlamento de Galicia. En él participaron las distintas entidades del tercero sector más representativas de la discapacidad visual, acústica, física, psíquica e intelectual. Completaron, con rigor máximo, una radiografía que acercará a los poder públicos a los problemas reales a los que tienen que enfrentarse las personas con algún tipo de dificultad.
Nueva selectividad: ABAU
Más de mil estudiantes se dirigieron a la valedora antes de la celebración de la nueva selectividad, la denominada ABAU, al conocer con muy poco tiempo a forma y contenidos de esa prueba nueva, lo que les dejaba desamparados. La institución defendió con su actuación el respeto a los principios de calidad, transparencia, eficacia y certeza del proceso, para evitar que 10.000 aspirantes viesen limitadas, fruto de la inseguridad jurídica, sus posibilidades de obtener la nota media necesaria para acceder a la titulación de su preferencia.
Para la convocatoria de septiembre, la institución consiguió que la Comisión Interuniversitaria de Galicia ( CIUG) adaptara los tiempos, los modelos de examen, los descansos y el apoyo de personal docente durante lo curso de las pruebas para los estudiantes con necesidades educativas especiales.
Transparencia
El firme compromiso que la institución del Valedor do Pobo mantiene con la transparencia supuso para la institución recibir por segundo año consecutivo el premio Transparencia Pública a la valedoría más transparente de España dada la amplia información pública difundida por medio de su portal de la transparencia.
La Comisión da Transparencia, por su parte, es el órgano colegiado adscrito al Defensor del Pueblo y presidido por la propia defensora, encargado del control del efectivo cumplimiento del derecho a la información pública de la ciudadanía gallega. Inició su andadura en mayo de 2016, duplicando en el ejercicio 2017 la tramitación de reclamaciones que sumaron las 132, resolviéndose en favor de los reclamantes más de la mitad de las mismas. El órgano de control de la transparencia consiguió en 2017 contestar en plazo todas las reclamaciones recibidas, a pesar del incremento en la llegada de las mismas.
ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
El Valedor do Pobo consiguió en el ejercicio 2017 dar efectividad a derechos de las personas en numerosas circunstancias en las que estas estaban especialmente desprotegidas. Vayan como ejemplo los siguientes casos:
Permuta de docentes interinos. La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria aceptó una recomendación de la institución del Valedor do Pobo para regular el intercambio temporal de destino de docentes con independencia de su condición de interinidad. La adaptación de esa figura a los perfiles propios del personal interino permitió eliminar la diferencia de trato existente respeto de los docentes funcionarios. Con esta medida además la Xunta de Galicia respondió a un de los mandatos de la Ley de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, estableciendo en sus centros y servicios medidas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las empleadas y empleados públicos con responsabilidades familiares.
Trasvase de arena en Covas (Viveiro). La alcaldía de Viveiro y una plataforma ciudadana pidieron ayuda a la defensora del pueblo en una visita presencial a Viveiro para acelerar un trasvase de arena en la playa de Covas, en el casco urbano, que permitiese proteger el arenal y las casas próximas afectadas por inundaciones en días de temporal. La institución inició una actuación ante la Consellería del Mar, que concluyó meses después tras informar este departamento de la Xunta de Galicia que asumiría lo trasvase de 30.000 metros cúbicos de arena del extremo donde se acumula con mayor facilidad al otro extremo de la playa, en el que se detraía la arena, afectando a la seguridad de las viviendas próximas. Las obras fueron financiadas en su integridad por Portos de Galicia.
Accesibilidad auditiva. La Consellería de Sanidade aceptó una sugerencia de la valedora para coordinarse con Política Social en la mejora de la accesibilidad a dependencias y a servicios sanitarios de personas con problemas de audición. Se trata de garantizar el acceso de estos ciudadanos a los espacios sanitarios en condiciones de igualdad. La actuación de la valedoría fue iniciada la instancia de la Asociación de Xordos de Galicia (XOGA) que presentó una queja en la institución por la ausencia de bucles magnéticos y por el reducido número de intérpretes de signos a disposición de los usuarios de la sanidad.
Equiparación de derechos en la incapacidad y discapacidad. La Xunta de Galicia aceptó una sugerencia de la valedoría que permitirá el pleno reconocimiento de sus derechos como discapacitadas a las personas que tienen reconocida incapacidad laboral por la Seguridad Social. Los ciudadanos declarados incapaces laborales por la Seguridad Social se veían privados de poder acreditar su discapacidad, a pesar de tener equiparación legal. Algunas administraciones, especialmente provinciales, condicionaban su acceso a determinados beneficios fiscales (como la exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica- IVTM) al no disponer de un documento autonómico válido ante todas las administraciones que les había reconocido un grado de discapacidad mínimo del 33%, aunque la normativa reguladora de ese por buenos los expedidos por la Seguridad Social. La Xunta de Galicia aceptó reconocer la equiparación, independientemente de la valoración obtenida y conceder un certificado que afirme los derechos de las personas con discapacidad por equiparación ante todas las administraciones.
Información para contribuyentes. Ante pequeñas disfunciones detectadas, la oficina del Valedor do Pobo consiguió que la Diputación de A Coruña mejore la información para los contribuyentes que tienen domiciliados los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en las entidades bancarias y que ésta permanezca actualizada a semejanza de la ofrecida por la página web de la entidad provincial.
Accesibilidad a la estación de trenes de O Barco. La estación de trenes de O Barco de Valdeorras carecía de las condiciones idóneas de accesibilidad para personas con movilidad reducida, con discapacidad visual, auditiva e intelectual. Los afectados tenían que desplazarse a las estaciones de otras localidades como Monforte de Lemos o Ponferrada para hacer uso de este medio de transporte. Gracias a la intervención del Valedor, ADIF y RENFE hicieron las adaptaciones solicitadas. Se puso a disposición de la ciudadanía una rampa de acceso a los trenes LP12 para personas con discapacidad o movilidad reducida así como el servicio Atiendo, de atención personal a viajeros con discapacidad, aseos adaptados, vestíbulo y zona comercial accesible y plataformas adaptadas.
Fin a los baches en una calle de Monforte. La asociación de vecinos de AsLamas de Monforte se quejó a la defensora por el mal estado del pavimento de la Rúa Manuel Murguía de esa localidad. La calle en cuestión ocupa un tramo urbano de una pista de servicio del canal de regadío del Valle de Lemos (margen derecho del regadío) por lo que en su conservación estaban implicadas dos administraciones: el Ayuntamiento de Monforte y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. La falta de acuerdo entre ambas administraciones había impedido mantener en condiciones este camino durante años. Para reparar los baches, la confederación estaba dispuesta a costear la reparación integral en ese tramos a cambio de que la titularidad del mismo pasara a ser municipal al final de las obras. Tras la intervención de la valedoría, la Confederación Hidrográfica finalmente accedió al bacheado del tramo afectado incluyendo su coste en los presupuestos para el ejercicio 2017.