En el conjunto de la Universidad de Zaragoza, en 2016, el 44% de la plantilla de profesor docente e investigador era temporal, y de dicho porcentaje el 87%, profesores asociados, lo cual, en opinión El Justicia de Aragón, no garantiza el desarrollo de las tareas formativas, ni se ajusta al espíritu de la norma que prevé su contratación.
Respecto a la Facultad de Ciencias de la Salud “la estructura de la plantilla es la peor de las peores” según reconoce la propia Universidad. El 85% del personal docente e investigador es temporal, 255 de los 299 empleados y dentro de este grupo de contratados temporales, el 96% son profesores asociados, lo cual significa que del total de la plantilla, personal temporal y fijo, los profesores asociados suman más el 84%.
Ante estas cifras, El Justicia de Aragón ha sugerido al Gobierno de Aragón que establezca un marco de financiación que garantice la mejora continuada de la calidad del servicio de educación universitaria, y a la Universidad de Zaragoza, que desarrolle medidas para reducir la temporalidad de su personal docente e investigador, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Universidades, que impone un límite del 40% a la temporalidad.
En opinión de la Institución, la elevada temporalidad y el recurso sistemático a la contratación de profesores asociados, ponen en riesgo la calidad y la excelencia en la docencia y en la investigación, por cuanto dificulta el desarrollo de la carrera profesional de docentes e investigadores, de acuerdo con sus méritos.
En concreto, la figura del profesor asociado, remite a profesionales especializados en diversas áreas laborales contratados de forma temporal por la Universidad, a tiempo parcial, para ejercer docencia en materias vinculadas a dichas áreas. Se trata, por lo tanto, de una figura docente de carácter complementario en la que no se puede sostener la plantilla del personal docente e investigador, como ocurre en la Facultad de Ciencias de la Salud.
La Sugerencia del Justicia de Aragón incluye un amplio informe remitido por la Universidad de Zaragoza, con cifras sobre la evolución de la plantilla, en general, y respecto a la Facultad de Ciencias de la Salud, en particular. El informe reconoce que, en los últimos años, se ha producido una disminución de personal docente e investigador como consecuencia de la “infrafinanciación” y las restricciones legales que han impedido atender la tasa de reposición.
Respecto al profesorado de la Facultad de Ciencias de la Salud, el informe alerta de la ausencia de aspirantes a puestos fijos debido a la falta de adecuación de los parámetros que exige la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para acreditar los méritos, a la realidad profesional de las personas que podrían optar a estos puestos.


Enlaces:

• Sugerencia del Justicia de Aragón a la Universidad de Zaragoza y Gobierno de Aragón

El Síndic de Greuges de Cataluña ha constatado que existen indicios suficientes para vincular los terremotos de septiembre-octubre de 2013 originados en los alrededores de la plataforma Castor con una actuación poco profesional y rigurosa de la empresa promotora Escal UGS. Por este motivo, reclamará al Gobierno español que encargue una auditoría objetiva sobre las condiciones técnicas de la plataforma que determine el grado de responsabilidad de la empresa y si las diversas decisiones tomadas pueden ser cualificadas de negligencia, incompetencia o dolo.

Dicho esto, el Síndic insiste en que es necesario solicitar un peritaje oficial de los daños provocados por los terremotos en edificios e instalaciones en les Terres del Sénia. Y en función de los resultados, cabrá revisar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

El síndic, Rafael Ribó, ha presentado este jueves 22 de marzo de 2018 un informe monográfico en que expone las bases técnicas que concluyen que Escal UGS cometió diversos fallos técnicos e incumplió el código de buenas prácticas. En la elaboración del informe, ha participado el Colegio Oficial de Geólogos de Cataluña, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña, el Colegio de Ambientólogos de Cataluña y expertos de la Universidad de Barcelona.

Según el documento, la inyección de caudales excesivos de gas para un almacén con parámetros mucho más modestos de lo que estimó Escal UGS pudieron desembocar en el desarrollo de sobrepresiones excesivas.

Estas sobrepresiones también pudieron fracturar la roca sello y dar lugar a escapes de gas y petróleo que, al entrar en la falla de Amposta, causaron su desestabilización y movimiento. El movimiento de la falla de Amposta, al final de la secuencia de acontecimientos descrita, es lo que desencadena la serie de terremotos acontecidos los últimos días de septiembre y primeros de octubre de 2013.

El Síndic destaca algunos errores inaceptables en la gestión del fallido almacén de gas: es inaceptable que se permitiera iniciar un proyecto altamente especulativo desde el punto de vista geológico y basado en unas previsiones de recuperación de petróleo imposible de materializar. Tampoco se puede aceptar que la empresa elaborara un modelo geológico del almacén con unos parámetros extraordinarios sin una base objetiva comprobable. Por último, considera muy poco rigurosas las estimaciones de presiones de fractura de la roca sello, que fueron en sentido contrario a lo que apuntaban los datos.

De acuerdo con el informe presentado, la auditoría técnica que el Gobierno tiene que llevar a cabo debería investigar todos los informes elaborados por Escal UGS (4) antes de la inyección de gas. Así, cabrá analizar si con los datos disponibles los meses previos a los seísmos, estos se podían haber previsto o incluso evitado. Si este fuera el caso, sería preciso aclarar por qué no se adoptaron medidas.

Durante la auditoría también se debería entrevistar a todas las partes que participaron en la elaboración de la plataforma Castor desde el punto de vista geológico y valorar la viabilidad económica del proyecto.

Los informes anteriores a los que ha tenido acceso el Síndic, entre ellos el del Massachusetts Institute of Technology (MIT), ya apuntaban a que los terremotos fueron el resultado final de la secuencia de decisiones empresariales y técnicas tomadas por la compañía Escal UGS.

El Síndic tiene previsto enviar este informe al Gobierno estatal, al Parlamento de Cataluña, a los grupos políticos con representación en el Congreso de Diputados, al Defensor del Pueblo de España. También lo remitirá a la magistrada del Juzgado de Vinaròs que se encarga del caso.