La Estructura de Derechos Humanos de Cataluña (EDHC) ha exigido públicamente este viernes, 2 de marzo, que el Estado español haga efectiva una investigación sobre la actuación desmedida de la Policía Nacional del Estado y de la Guardia Civil contra los electores convocados a las urnas el pasado 1 de octubre de 2017.

Este nuevo ente, creado en el año 2017, reclama una investigación objetiva, clarificadora y con determinación de responsabilidades respecto a las alegaciones de excesivo uso de la fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La investigación, urgente e imparcial, debe permitir identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidos, rendir cuentas por los hechos ocurridos y garantizar que no se repitan en el futuro.

La EDHC ha hecho pública una declaración en la cual condena los excesos cometidos por las fuerzas policiales el 1 de octubre y la alteración de la convivencia ciudadana provocados por dichas fuerzas. También destaca que el Gobierno del Estado se comprometió a abrir una investigación ante el Secretario General del Consejo de Europa después de que este organismo y las Naciones Unidas se lo solicitaran públicamente.

Según la EDHC, los cuerpos de seguridad tenían que ponderar la ejecución del mandamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 27 de septiembre para impedir el referendo con los derechos individuales de libertad de expresión, manifestación y reunión de la ciudadanía. Además, puntualiza, debíeran haber prevalecido los derechos individuales en la medida en que se ejercieran, como fue, de manera pacífica.

El objetivo de la investigación debe ser también, como reclamaba el comisario europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, disuadir otras conductas de malas praxis policiales y evitar cualquier escalada de tensión y violencia.

El Consejo Asesor de la Estructura de Derechos Humanos de Cataluña, impulsado por el Síndic en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, está integrado por once entidades y nueve personalidades relacionadas con el ámbito de los derechos humanos. La reunión de este viernes ha sido la segunda que han celebrado tras su constitución, el pasado mes de noviembre. En el marco del encuentro, que ha tenido lugar en la sede del Síndic, también han abordado una primera propuesta de catálogo de derechos en Cataluña, en sintonía con el encargo del Gobierno de realizar un Plan Nacional de Derechos Humanos.

Forman parte del Consejo Asesor del EDHC las siguientes entidades: Amnistía Internacional Cataluña; Asociación para las Naciones Unidas (ANUE); Colegio de Periodistas de Cataluña; Comisión Catalana de Ayuda a los Refugiados (CCAR); Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC); DINCAT; Fundación Jaume Bofill; Irídia. Centro por la defensa de los derechos humanos; Lafede.cat – organizaciones para la justicia global; Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña y Unicef Comité Cataluña.

En cuanto a expertos, la EDHC cuenta con los siguientes miembros: la doctora en Derecho Constitucional, Mar Aguilera Vaqués; el profesor y sociólogo, Joan Benach Rovira; la profesora de Filosofía del Derecho, Encarna Bodelón González; el cirujano y presidente del Comité de Bioética de Cataluña, Marc Antoni Broggi Trias; la portavoz de la Fundación Ibn Battuta, Miriam Hatibi; el experto en voluntariado y asociacionismo y referente en el ámbito del esplai infantil y juvenil, Enric Canet; la profesora de Derecho Internacional público, Núria Camps; la abogada experta en discriminación, igualdad de género y derechos LGTBI, Laia Serra Perelló, y el economista y referente en materia de vivienda, Carme Trilla.

Las funciones de la Estructura, además de elaborar un plan nacional de derechos humanos, incluyen, entre otras, coordinar una red de derechos con entidades sociales, elaborar una propuesta de estado de los derechos humanos y emitir opiniones sobre los proyectos y las proposiciones de ley del Parlamento de Cataluña que tengan incidencia en el ámbito de los derechos humanos. Asimismo puede redactar informes vinculados a los informes periódicos que los estados deben presentar a los órganos y comités internacionales de protección de los derechos humanos, tanto a escala universal como europea, en particular en cuanto a la situación de los derechos humanos en Cataluña.

Councils across England are being reminded of their obligations to families when placing people in care homes, after two North Yorkshire families paid over the odds for relatives’ care because the county council gave them inaccurate information.

The Local Government and Social Care Ombudsman has issued its findings into two complaints about North Yorkshire County Council this week. The Ombudsman, which investigates complaints about all adult social care, upheld the complaints after it found faults with a number of the council’s processes.

In one case, a family given ‘confused and confusing’ information by the council about the fees they should pay for their mother’s care, was left to pay significantly more than they might have done had they been given accurate information.

And in another case, a family was not provided with an affordable option in a suitable location when looking to place their mother in a nursing home – again leaving them to find a large weekly amount on top of what the council said it would pay for the care.

In both cases, the council told the families they would have to make arrangements to pay the additional ‘top up fees’ directly with the care home rather than with the council, contrary to statutory guidelines.

Michael King, Local Government and Social Care Ombudsman said:

“These two cases highlight exactly why councils need to give families clear and accurate information upfront about the financial arrangements, the care available and its cost when placing relatives in care settings.

“Just this week the Care Quality Commission published details of its survey, which found that choosing care for loved ones is one of the most stressful life events for people. This stress can only be compounded when councils offer confusing and conflicting information at crucial times in the process.

“There is much that other councils can learn from our investigation findings that could help clear up the fog of confusion around top-up fees. I would urge councils’ adult social care teams to read our 2015 top-up fee Focus Report and review their own policies to ensure they meet the demands of the Care Act.”

The Local Government and Social Care Ombudsman’s role is to remedy injustice and share learning from investigations to improve local public, and adult social care, services.

In the first case, the council has agreed to apologise to the family and refund the woman’s estate the ‘top-up fee’ for a period of 10 months.

The Ombudsman has the power to make recommendations to improve a council’s processes for the wider public. In this case the council has agreed to review a number of its procedures to improve record keeping, communication to customers and reduce delays in financial assessments. It will also ensure care and support plans meet statutory requirements and that top-up payments are no longer routinely collected by care homes.

Where faults have come to light with council’s processes, the Ombudsman has the power to ask councils to provide remedies to other people who have not complained, but where they might have been affected by the same circumstances. The council has agreed to review other cases, where there is a deferred payment agreement and a top-up, to ensure there is also a top-up agreement in place.

In the second case, the council has agreed to apologise and pay the family £500 for the time and trouble of bringing the complaint. It will also refund £50 per week of the top-up paid by the resident’s daughter for her mother’s care and waive this from future payments at least until it reviews the placement top-up.

It will also amend its Individual Placement Agreements to bring them into line with statutory guidance about paying top-ups.

It will consider the action it needs to take to ensure care assessments look at the placement location when this has been raised as an issue, and that it does not put people in care homes which require a top-up fee where it does not have a signed top-up fee agreement in place.

The council will also ensure best interest agreements are made when necessary and people are given a care and support plan before a placement in residential accommodation is made.

Article date: 02 March 2018

 

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón concederá una pensión no contributiva a una mujer para aliviar la situación de desamparo del matrimonio, que ha dejado de recibir la pensión por jubilación del Estado de Venezuela donde el marido trabajó y cotizó durante 40 años. Las pensiones no contributivas, aseguran a todos los ciudadanos, en situación de jubilación o invalidez...

 

A principios de febrero, el Síndic de Greuges recomendó a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas una serie de medidas encaminadas a solventar las carencias detectadas por el defensor durante la tramitación de una queja de oficio sobre la prestación de cuidados no profesionales para atender a personas en situación de dependencia.

En concreto, el defensor del pueblo valenciano denunciaba que durante los tres últimos años el número de sesiones formativas específicas para los cuidadores no profesionales había disminuido notablemente, pasando de 180 acciones formativas en 2014 a tan solo 16 en 2016. Y en este sentido recomendaba a la administración a asegurar esta formación específica y reconocida por ley.

Desde el Síndic también insistíamos en la necesidad de desarrollar un protocolo para hacer seguimiento del PIA en el que se especifique, al menos, la periocidad y el contenido básico del informe de seguimiento a realizar, así como el órgano competente de llevarlo a cabo.

Igualmente, otra de las conclusiones a las que llegaba el Síndic tras analizar los datos ofrecidos por la administración es que la asignación de esta prestación económica para cuidados en el entorno familiar, lejos de ser excepcional como establece la ley, supera el 50% de las prestaciones otorgadas durante el año 2017. De ahí que el defensor recomiende a la Conselleria que adopte medidas para asegurar que esta tipología de prestación responda, en todo caso, a la mejor cobertura de necesidades psico-afectivas y a las derivadas de la situación de dependencia de las personas valoradas.

Un conjunto de recomendaciones que has sido aceptada en su totalidad por la Administración autonómica.

http://www.elsindic.com/Resoluciones/10911349.pdf