Los vecinos del barrio de Titerroy que fueron desalojados de sus casas por el Ayuntamiento de Arrecife en 2009, a la espera de que se rehabilitaran sus viviendas y con el compromiso de la institución de pagarles el alquiler durante el tiempo que se prolongara este trámite, lograron ayer, después de nueve años de espera, atisbar una posible salida a sus promesas incumplidas por parte del Consist...

L’iniziativa è promossa e sostenuta dal Garante regionale dei diritti e da Amnesty International. Prevista la presentazione del Rapporto 2017 – 2018 di Amnesty International su “Le politiche di austerità”. Primo appuntamento il 30 ottobre al “Vanvitelli – Stracca” di Ancona

Riparte il progetto “Edu” (Educazione ai diritti umani), promosso e sostenuto dal Garante regionale dei diritti e da Amnesty International. Direttamente interessati dodici istituti scolastici marchigiani, che hanno aderito all’iniziativa e che, a partire dal prossimo 30 ottobre, ospiteranno gli incontri per la presentazione del Rapporto 2017 – 2018 di Amnesty International (“Le politiche di austerità”) contenente la documentazione sulla situazione in 159 Paesi e territori del mondo. Primo incontro previsto presso l’istituto “Vanvitelli – Stracca” di Ancona.

“L’obiettivo – evidenzia il Garante, Andrea Nobili – è quello di sensiblizzare, educare e coinvolgere il mondo dei giovani sul tema dei diritti umani e diffondere, quindi, un’autentica cultura alla cittadinanza ed all’integrazione sociale”.

Il progetto, rivolto a studenti e docenti, prevede anche dei workshop con attività pratiche, esperenziali e ludiche e l’utilizzo di diverse forme comunicative.

A.Is

El Síndic de Greuges de Cataluña ha abierto una actuación de oficio para determinar si las administraciones competentes en materia de vivienda ejercen un control suficiente respecto al uso, la cesión y la venta de las viviendas con protección oficial. El Síndic ha decidido intervenir a raíz de la aparición en los medios de comunicación de situaciones de fraude y abusos en viviendas con protección oficial.

Para llevar a cabo la investigación, se dirigirá a la Agencia de la Vivienda de Cataluña, organismo que dispone y gestiona parte del parque público de viviendas y que, además, tiene capacidad sancionadora en caso de que se detecten situaciones de fraude o de mal uso. También pedirá información a otras administraciones que disponen de viviendas de titularidad pública.

En el Informe sobre el acceso a la vivienda social, que el Síndic presentó en el mes de noviembre de 2015 en el Parlamento de Cataluña, ya se advertía acerca de las prácticas indebidas y sobre la necesidad de incrementar el control público.

En este informe, con referencia al parque público de viviendas de titularidad pública, el Síndic sugirió la necesidad de que las administraciones titulares de las viviendas llevaran a cabo inspecciones periódicas de su parque público de viviendas para comprobar posibles situaciones de desempleo o cesiones y alquileres no autorizados.

Con este objeto, recomendó la creación de un servicio administrativo específico para la gestión del parque público que, entre otros, llevara a cabo inspecciones periódicas para garantizar que las viviendas se destinen a domicilio habitual y permanente.

En el informe mencionado, el Síndic considera inaceptable la venta del parque público de viviendas por parte de la Administración pública a entidades privadas que no tengan por objeto la satisfacción del derecho a la vivienda desde una vertiente social. En este sentido, la Administración tiene la posibilidad de ejercer los derechos de adquisición preferente hacia la transmisión de viviendas protegidas. Este hecho no sólo permite incrementar el parque público de viviendas, sino también incrementar el control público para evitar fraudes.

El Síndic quiere dejar claro que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, las viviendas con protección oficial se deben destinar a la residencia habitual de los propietarios y ocupantes. Esta normativa impide la especulación con estas viviendas, que han recibido subvenciones públicas y que deben ser destinadas a garantizar el derecho a la vivienda de las personas que, de lo contrario, no podrían acceder a una vivienda en el mercado privado o tendrían numerosas dificultades para acceder a ella.

Las viviendas protegidas no se pueden realquilar ni alquilar parcialmente, ni tampoco pueden ser destinadas a segunda residencia u otros usos incompatibles con la vivienda. Así mismo, las rentas del alquiler y los precios de venta de las viviendas protegidas están limitados a unos importes máximos, al mismo tiempo que la cesión o trasmisión de la vivienda debe cumplir una serie de trámites legales, como por ejemplo la obtención del correspondiente visado público que emite la Agencia de la Vivienda de Cataluña y que permite realizar un control público de la cesión o la transmisión de la vivienda.

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar el Informe Anual 2017 que realiza la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP).

Además, el Defensor también ha informado sobre las quejas que ha recibido la Institución sobre posibles casos de adoctrinamiento ideológico en los centros educativos de Cataluña.

Fernández Marugán ha reivindicado los derechos de las personas privadas de libertad y en este sentido ha destacado la labor preventiva que realiza el Defensor en su condición de MNP. Una labor que considera esencial para proteger los derechos de estas personas.

INFORME MNP 2017

El Defensor ha explicado que en 2017 el MNP inspeccionó 107 lugares de privación de libertad repartidos por 30 provincias y la Ciudad Autónoma de Melilla. De esas visitas se han emitido 1.769 conclusiones que han derivado en 29 recomendaciones, 673 sugerencias y siete recordatorios de deberes legales.

Fernández Marugán ha destacado algunas novedades que contiene el informe. Así, ha remarcado que en cada capítulo en el que se analiza una modalidad de privación de libertad se incluye un cuadro en el que, a través de un código de colores como el que se emplea en los semáforos, se valora cada una de las principales cuestiones que son objeto de interés para el MNP.

Además, en septiembre de 2017 se puso en marcha el “proyecto Ábaco” con el objetivo de obtener el mapa global de los lugares de privación de libertad que existen en España.

Corta duración

En la actualidad, no es posible conocer la cifra exacta de las detenciones habidas en España en un año pero el MNP confía en que el “proyecto Ábaco” arroje luz sobre este dato. Este proyecto se puso en marcha cursando más de 2.000 peticiones de información a municipios que por su tamaño podrían contar con policías locales.

En total, se han realizado 60 visitas entre las que se incluyen comisarías y otros lugares de custodia de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, siete cuerpos de policías locales y tres dependencias de custodia en sedes judiciales; así como lugares destinados a la primera acogida y detención de personas llegadas por las costas y la sala de solicitantes de asilo del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.

En la mayoría de las dependencias visitadas se siguieron observando carencias en los sistemas de videovigilancia, libros de registro y custodia incompletos y, en algunas dependencias, falta de personal para desarrollar las labores de custodia. Además, ha pedido la información que se ofrece a las personas detenidas.

 Centros de internamiento de extranjeros

En 2017 se visitaron todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) salvo el de Valencia, que permaneció cerrado gran parte del año.

A juicio del MNP, es preciso abordar con carácter urgente una reforma integral del sistema de internamientos en España en los CIE.

Fernández Marugán ha criticado el automatismo de un sistema que, en su opinión, va de la patera a la detención y de ahí a un CIE. Además, ha enumerado las carencias detectadas en los CIE entre las que se encuentran instalaciones inadecuadas y deficiencias en la asistencia sanitaria, social y jurídica.

Para el Defensor del Pueblo los CIE existentes o los de nueva creación deberían contar con infraestructuras idóneas, ajustando su tamaño al número de personas que se calcula que van a ser expulsadas y disponer de personal especializado para atender las personas migrantes internadas en estos centros.

En su opinión, el modelo actual es ineficiente y contrario a la finalidad que tiene atribuida legalmente ya que el internamiento ha acabado siendo una fórmula para contener la entrada irregular por las costas.

El Defensor también ha propuesto estudiar alternativas al internamiento como el retorno voluntario, el ingreso en dispositivos residenciales tutelados o el control electrónico a través de brazaletes geolocalizadores.

Otra cuestión que preocupa al Defensor del Pueblo es qué ocurre con estas personas una vez que abandonan el CIE. En opinión del MNP, habría que seguir los pasos de otros países europeos para que las personas que no han podido ser repatriadas ostenten algún tipo de estatus que les permita mantener su dignidad personal y realizar algún tipo de actividad lícita que contribuya a la economía del país y a la suya propia.

Centros penitenciarios

En 2017 el MNP visitó 16 centros penitenciarios y prestó especial atención a los sistemas de videovigilancia, la cumplimentación de partes de lesiones y la proporcionalidad en la aplicación de medios coercitivos.

En relación a la aplicación de medios coercitivos, se ha incidido en la importancia de que los sistemas de videovigilancia en las celdas de sujeción mecánica permitan la grabación de las imágenes y del audio. Ninguno de los centros visitados contaba con sistemas que permitiesen la captación de imágenes en estas celdas.

El Defensor del Pueblo publicó en 2017 una guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas. En ella se ponía de manifiesto la necesidad de una regulación más específica sobre el empleo de sujeciones mecánicas y se incluía un procedimiento en pautas de desescalada centrado en las alternativas de prevención y gestión de conflictos para evitar, en lo posible, el recurso de las contenciones.

Fernández Marugán ha explicado que las recomendaciones de esta guía se han plasmado en la Instrucción 3/2018 de 25 de septiembre sobre contenciones mecánicas. El nuevo protocolo recoge recomendaciones del Defensor como que las sujeciones mecánicas se apliquen de manera excepcional y que su duración sea la mínima imprescindible. Así se lo avanzó el Secretario General de Instituciones Penitenciarias con quien mantuvo su primera reunión en el centro penitenciario Madrid IV (Aranjuez) el pasado mes de septiembre.

En materia de asistencia sanitaria, la Institución ha reiterado su preocupación por la insuficiente dotación de personal sanitario en todos los centros visitados, que afecta a la calidad y a la frecuencia de la asistencia sanitaria e impide la presencia de estos profesionales las 24 horas del día.

La falta de personal que se vive en el conjunto de los centros penitenciarios también limita la adecuada aplicación de los programas de tratamiento y la oferta de actividades.

Centros para menores infractores

Se han realizado ocho inspecciones a centros de internamiento para menores infractores (CIMI).

El Defensor ha insistido en la necesidad de que exista un servicio de orientación jurídica en estos centros para que las personas internas en ellos puedan contar con asistencia durante su estancia en estos establecimientos. Además, en materia sanitaria, ha reclamado mejoras en la asistencia psiquiátrica. Por otra parte, ha incidido en la necesidad de mejorar la cobertura y los protocolos de videovigilancia, ya que en los centros visitados resultan muy dispares.

Establecimientos de carácter sanitario, social o rehabilitador

El MNP ha visitado en 2017 dos centros residenciales de salud mental y una unidad de salud mental hospitalaria.

En las visitas se constataron casos de personas ingresadas durante más de 30 años, en algunos casos se llegaba a los 50. En este sentido, Fernández Marugán ha cuestionado que esta permanencia tan dilatada pueda considerarse voluntaria y ha añadido que un centro enfocado como un hospital no es el mejor sitio para tratar a personas con problemas de salud mental de larga evolución.

 ADOCTRINAMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS DE CATALUÑA

Fernández Marugán ha explicado que la Institución ha recibido 28 quejas relativas a casos de adoctrinamiento ideológico en centros educativos de Villafranca del Penedés, Manresa, Sant Andreu de la Barca, Premiá de Mar, Badalona y Santa Coloma de Gramanet.

En los escritos los ciudadanos denunciaban, entre otros asuntos, que se incitaba a los alumnos y alumnas a manifestarse a favor de la independencia y en contra de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y contra el Estado Español.

En noviembre de 2017, el Defensor solicitó información al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre los hechos descritos en estas quejas. La Institución tuvo que reiterar hasta en dos ocasiones la solicitud de información.

En abril de 2018 el Ministerio trasladó al Defensor un escrito firmado por la entonces Consejera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, Clara Ponsatí, que aseguraba que en los centros cuestionados “se produjeron manifestaciones promovidas por alumnado que contaba con autorización paterna” y se añadía que “las actuaciones descritas no fueron organizadas o promovidas por los directores o docentes de los centros educativos”.

El Defensor consideró “claramente insuficiente” la información aportada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya que, en su opinión, ni valoraba la actuación de la administración educativa de Cataluña ni aportaba datos sobre las actuaciones inspectoras, supervisoras y de control que hubieran podido y debido efectuarse.

Recientemente, la Institución ha recibido cuatro nuevos escritos en relación con el adoctrinamiento en el ámbito educativo en Cataluña que se están estudiando y tramitando.

Fernández Marugán ha concluido su intervención asegurando que “aunque fueran muy contados los casos de adoctrinamiento, el simple hecho de su existencia debería preocuparnos a todos extraordinariamente”.

Para el Defensor “la educación pretende enseñar a pensar, pero lo que no puede hacer es decirte lo que tienes que pensar” y en su opinión, conceptos como educación, enseñanza o docencia no pueden ir nunca unidos a términos como adoctrinamiento.

También ha señalado que la libertad ideológica, de pensamiento, de expresión y de cátedra “no pueden justificar los actos de adoctrinamiento en la educación”.

Ver informe MNP

Ver comparecencia sobre adoctrinamiento en centros docentes de Cataluña

Les 17 et 18 octobre 2018, le Défenseur des droits réunit ses 500 bénévoles présents sur tout le territoire qui accueillent gratuitement les personnes ayant des difficultés à faire valoir leurs droits, pour évoquer avec eux les sujets qui les préoccupent, inspirés des réclamations qu’ils reçoivent. La soirée du mercredi 17 ainsi que la matinée du jeudi 18 octobre seront l’occasion d’échanges à huis...