Sehr geehrte Interessierte,

das Institut für Psychologie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel in Kooperation mit der Kieler Forschungsstelle für Toleranz (KFT) sowie der Antidiskriminierungsstelle des Landes Schleswig-Holstein laden Sie herzlich am Dienstag, den 28. Mai 2019 um 18.15 Uhr im Plenarsaal  des Landeshauses zum Vortrag „Große und kleine Grenzen: Der Streit um die Einwanderungsgesellschaft“ von Prof. Dr. Volker Heins ein.

Prof. Dr. Volker Heins ist Mitglied des kulturwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI) sowie seit Sommer 2017 Mitglied der sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Duisburg-Essen und (außerplanmäßiger) Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt auf Politischer Theorie. Seine Forschungsschwerpunkte liegen u.a. im Bereich der kritischen Theorie, der Demokratietheorie sowie der politischen und kulturellen Konflikte um Migration.

Kurzbeschreibung des Vortrages:

Der Vortrag gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil stellt Prof. Dr. Volker Heins ein Tableau der Migrationspolitik zur Diskussion, welches den Streit um die Einwanderungsgesellschaft in eine Reihe von unterschiedlichen Fragen aufschlüsselt. Der zweite Teil besteht aus einer Einführung in die politische Theorie der Migration. Der dritte Teil enthält eine Diskussion über den Streit um kleine Grenzziehungen entlang der Differenz von Privat und Öffentlich, die zentral ist für die Unterscheidung von Formen der Inkorporierung von Einwanderer*innen in die Mehrheitsgesellschaft.

Nach dem Vortrag stehen Ihnen Getränke sowie ein kleiner Imbiss zu Verfügung.

Die Informationen zur Anmeldung sowie eine detaillierte Beschreibung des Vortrages entnehmen Sie bitte dem beigefügten Flyer für die Veranstaltung.

Ich freue mich über Ihre Teilnahme und verbleibe mit freundlichen Grüßen.

Samiah El Samadoni

Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein

Beauftragte für die Landespolizei

Ombudsperson in der Kinder- und Jugendhilfe

Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Landes

Hoy hemos recibimos la visita de un grupo de estudiantes de la Clínica Jurídica de Extranjería e Internacional y de la Clínica Jurídica de Interés público, ambas de la Universidad de Alicante. El alumnado ha venido acompañado por Lydia Esteve González, coordinadora de una de las clínicas jurídicas y profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante.

La Clínica Jurídica de la Universidad de Alicante es una iniciativa que se puso en marcha hace pocos años y que impulsa el compromiso solidario y de colaboración entre el alumnado, ofreciendo un asesoramiento jurídico gratuito y altruista (bajo la supervisión de un profesor) a las personas sin recursos o en situación de vulnerabilidad.

Desde el Síndic queremos agradecer el interés de estas dos Clínicas Jurídicas por profundizar en nuestra labor y reconocer su compromiso a la hora de formar a los futuros juristas en la responsabilidad social y en la sensibilización ante las desigualdades.

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha advertido que la vivienda pública protegida se encuentra en mínimos históricos y “corre el peligro de desaparecer por completo” si no se produce “un cambio rápido e intenso” de las políticas públicas en esta materia.

Así lo ha asegurado durante su participación en el Congreso “Construyendo el derecho a la vivienda”, que se celebra en Cáceres los días 27 y 28 de marzo y que ha sido organizado por la Junta de Extremadura en colaboración con ONU-Habitat.

Tras señalar que “hace 15 años se construía diez veces más vivienda pública protegida que hoy”, el Defensor ha achacado esta “drástica reducción” del parque de VPO en propiedad y en alquiler a los ajustes presupuestarios.

En su opinión, las medidas de austeridad adoptadas a partir de 2010 provocaron “una notoria falta de respuesta a la demanda de vivienda social que venía planteándose desde tiempos anteriores al estallido de la crisis”.

El Defensor ha explicado que, mientras que en los años 2004 a 2009, el número de las viviendas protegidas terminadas estaba entre 50.000 y 70.000 unidades anuales, a partir de 2011 se produjo un cambio de orientación, que fue aún más destacado a partir de 2013. Ello ha llevado a que en 2017 solo se hayan entregado 4.938 pisos sociales en toda España y que esa cifra haya sido de 5.167 viviendas en 2018.

Este periodo de retroceso en política de vivienda “nos ha llevado a estar entre los países europeos con menor nivel de protección social en un bien tan esencial como este”, ha remarcado.

Para corregir este desequilibrio, el Defensor considera necesario una intervención pública en el mercado, a través de los distintos instrumentos que tienen a su disposición los diferentes poderes públicos.

Más alquiler social

Fernández Marugán ha destacado también que la situación económica, la inestabilidad laboral, los bajos sueldos o la imposibilidad de acceder a la financiación han convertido al alquiler en la única vía posible para acceder a una casa para muchas personas.

“El alquiler es una verdadera necesidad”, ha apuntado y, prueba de ello es el rápido crecimiento que ha experimentado el arrendamiento en algunas grandes ciudades españolas, sobre todo a partir del segundo semestre de 2017.

Según ha manifestado, “lo que vemos en la calle es una fuerte demanda y una oferta con insuficiente capacidad de respuesta y, sin embargo, hoy se carece de un parque de vivienda social en alquiler”.

Para el Defensor, el ajuste entre oferta y demanda en el mercado de vivienda de alquiler podría haber sido suavizado a través de la vivienda pública de alquiler. Por ello, se ha mostrado convencido de que “las nuevas viviendas públicas que se construyan deberían ser todas de alquiler social” ya que, según ha explicado, “cuando existe un problema de oferta de vivienda de alquiler, las políticas públicas deben incentivar la oferta y no desalentarla”.

Priorizar a colectivos vulnerables

Además, y tras recordar que el esfuerzo económico necesario para acceder a la vivienda en España, tanto en propiedad como en alquiler, es “excesivo”, el Defensor del Pueblo ha abogado por que las políticas públicas se centren en reducir el coste de acceso a la vivienda, avanzando en un proceso de reducción de las desigualdades sociales.

En esta línea, ha recalcado que es fundamental que las políticas de vivienda se marquen como objetivo favorecer a las familias con bajo nivel de renta y monoparentales, jóvenes, personas que hayan sufrido un desahucio, mujeres víctimas de violencia de género e inmigrantes.

A su juicio, son necesarios tres ámbitos de actuación: mayor provisión de vivienda pública y social; el aumento de las transferencias a las familias para hacer frente al pago de la vivienda, incluyendo también desgravaciones en la obtención de los suministros de estas (energía eléctrica, gas, etc.); y controles de precios por medio de políticas urbanísticas.

El Defensor del Pueblo ha concluido su intervención insistiendo en la necesidad de introducir modificaciones normativas en el ordenamiento español “que cristalicen definitivamente con rapidez y consenso”, pues ello ayudará a las familias con pocos recursos y a los jóvenes, “para que unos y otros puedan acceder a una vivienda digna en los términos que nuestra Constitución establece”.

Surrey County Council took 15 months too long to issue a disabled boy’s Education, Health and Care (EHC) plan, and unfairly limited his father’s ability to chase for updates, a Local Government and Social Care Ombudsman investigation has found.

The boy, who has significant Special Educational Needs (SEN), spent too long in a school unable to provide the right occupational therapy support, because of the council’s delay. When the council finally issued a new plan, it agreed to send the boy to a different school with suitable provision.

The Ombudsman’s investigation found a long delay in issuing the boy’s EHC Plan and for restricting the father’s communications without good reason. It also found the council at fault for claiming it did not know about the boy’s missing therapy sessions for more than a year after the father first informed them.

Michael King, Local Government and Social Care Ombudsman, said:

“We have issued a national report on councils’ handling of EHC Plans, and numerous reports since of individual councils getting things wrong in this area. I urge councils to take note of the advice and recommendations they contain.

“This case was beset with misinformation and poor communication from the council with the family. On a number of occasions we asked officers to back up their assertions about what the father had agreed, and its reasoning behind certain decisions. The council provided us with little or no evidence.

“This is unfortunately the second time we have upheld a complaint from this family about the council’s poor communication. I welcome its ready acceptance of my recommendations, and hope the council will now learn the lessons about keeping people properly informed.”

The Local Government and Social Care Ombudsman’s role is to remedy injustice and share learning from investigations to help improve public, and adult social care, services. In this case the council has agreed to apologise to the father for the 15-month delay in issuing the EHC Plan, wrongly telling him it was unaware of missing occupational therapy sessions, and seeking to restrict his communication without good reason.

The council will also pay the father £3,000 for his son’s lost school provision and a further £250 for his time and trouble in having to pursue the matter, as well as £500 for the frustration caused by restricting his communications.

The Ombudsman has the power to make recommendations to improve a council’s processes for the wider public.

In this case, the council has agreed to arrange training for its SEN staff to ensure they are aware that attending a specialist school does not automatically meet a child’s special educational needs when the EHC plan is out of date, and that they should not restrict a person’s communications without evidence.