Date of article: 29/04/2020
Daily News of: 29/04/2020
Country: 
Poland
Author:
Article language: en
Date of article: 29/04/2020
Daily News of: 29/04/2020
Country: 
Italy
- Marches
Author:
Article language: it
Nobili propone di istituire un gruppo di lavoro regionale per elaborare linee guida dedicate ai minori ed evidenzia la necessità di riservare loro maggiore attenzione anche nei provvedimenti governativi
“Scuole aperte a settembre in sicurezza, ma intanto studiamo nuovi e più idonei protocolli per valutare la riapertura dei centri estivi”. Ne è convinto il Garante dei diritti, Andrea Nobili, che affida questo suo messaggio a quanti possono interagire direttamente per risolvere il problema, ritenendo necessaria l’attivazione di un confronto e di una concreta collaborazione con i competenti assessorati comunali per mettere a punto un cronoprogramma di interventi. “Si deve fare di più – puntualizza – per garantire le esigenze dei minori e di chi si prende cura di loro”. Nobili ritiene, infatti, che nell’ambito dell’illustrazione dei provvedimenti governativi per l’emergenza Coronavirus questo tema sia stato trascurato, così come riscontra delle lacune per quanto riguarda le problematiche legate alla scuola e alle difficoltà incontrate dalle famiglie per far fronte alle nuove forme di didattica. “Occorre trovare un punto di equilibrio – sottolinea – tra il rischio di aumentare il numero dei contagi e la limitazione dei diritti dei bambini. Sono necessari interventi che attribuiscano loro il giusto valore”.
In questa direzione, il Garante propone di istituire fin da subito un gruppo di lavoro regionale per elaborare nuove linee guida. “Con l’apertura dei centri estivi, ovviamente in massima sicurezza, sarà possibile prepararsi con gradualità – conclude – all’avio delle scuole, riportando i bambini nella loro giusta dimensione di vita”.
A.Is.
Date of article: 28/04/2020
Daily News of: 29/04/2020
Country: 
United Kingdom
- Wales
Author:
Article language: en
We recognise that many people are more reliant than ever on public services as a result of this crisis. It is important that we continue our signposting service which directs vulnerable or isolated individuals to services which can provide them with support at this difficult time. That is why we continue to provide our service, but we will remain flexible and responsive to the needs of public service providers, who face unprecedented pressures at this time.
In view of the current pressures on public services in Wales, we are discouraging submission of minor complaints to public bodies or to the Ombudsman. If there is a legitimate complaint but the matter is minor or trivial with limited personal impact, we will not take it forward. Likewise in relation to Code of Conduct complaints we will be strictly applying our “public interest test” to ensure that we investigate only serious matters.
We are currently responding to emails as usual. We encourage you to contact us by email whenever possible, or by submitting a complaint form through our website. Our telephone service has been suspended, but our voicemail system is operational, and we are returning calls in the working day, generally on the same day.
In line with the UK and Welsh Government advice, we have made alternative arrangements to enable our staff to work from home. We are working to maintain an excellent service and to remain accessible to everyone who needs us. However, we may not be able to meet our usual target dates, and those using our service may experience slower than usual response times. Incoming and outgoing post are currently disrupted but we are working to restore a limited service.
In a fast-moving situation, we will, of course, keep our website updated with any important developments from my office.
Date of article: 28/04/2020
Daily News of: 29/04/2020
Country: 
Spain
- Catalonia
Author:
Article language: es
La instrucción del 11 de marzo del Consejo General del Poder Judicial establece las inscripciones de nacimiento, defunciones y matrimonios de urgencia como actuaciones esenciales
La institución ha trasladado las quejas y actuaciones de oficio al Defensor del Pueblo para que dirija sus recomendaciones al Ministerio de Justicia
El Síndic de Greuges de Cataluña inició el pasado mes de marzo una actuación de oficio para analizar la situación de los registros civiles durante la pandemia de la Covid-19. A través de las quejas y consultas recibidas, la institución tuvo conocimiento de que el Registro Civil de Barcelona no cumplía con la Instrucción del 11 de marzo del Consejo General del Poder Judicial, en la que se establecía que quedaban suspendidas las actuaciones de los registros civiles, excepto las inscripciones de nacimientos, defunciones y matrimonios de urgencia, ya que las personas que se habían dirigido al Registro Civil manifestaban que este se encontraba cerrado.
Los casos recibidos hacían referencia a diferentes supuestos, como el de inscripción de nacimiento o el de matrimonio no urgente, en el que el Registro, según manifestaba el interesado, ni siquiera ofrecía información sobre cuándo podría celebrarse la boda. Además, también se han recibido otras quejas sobre la falta de inscripción de nacimientos en el Registro Civil, por encontrarse cerrado, sin atención al público y sin atención vía telefónica y/o telemática, referidas principalmente al Registro Civil de Barcelona. En el marco de la actuación, el Síndic decidió dirigirse al presidente de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para solicitar información sobre qué instrucciones se habían dado a fin de cumplir con la orden del Consejo General del Poder Judicial.
Desde la perspectiva de la infancia, el artículo de la Convención de los Derechos del Niño, establece que todo niño debe estar registrado inmediatamente después de su nacimiento y, a pesar de la situación de excepcionalidad presente, se debe garantizar este derecho. Además, la percepción de prestaciones familiares también depende del registro de nacimiento. Por otra parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó que las inscripciones de nacimiento del Registro Civil que se encontraran dentro del plazo urgente, no quedaban afectadas por la declaración del estado de alarma, y debían seguir practicándose. No ocurría lo mismo con los expedientes de inscripción que se encontraban fuera de plazo, los cuales se consideraban suspendidos.
En cuanto a las defunciones, dado el gran incremento del número de muertos con motivo de la pandemia del coronavirus, se dictó desde el Ministerio de Sanidad una Orden sobre Medidas excepcionales para el Registro Civil durante la Pandemia Covid-19,que deja en suspenso el plazo de 24 horas que establece la Ley del Registro Civil entre el fallecimiento y el entierro, a fin de permitir que los familiares dispongan en el menor tiempo posible de los restos de sus familiares difuntos.
Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña adoptara un nuevo acuerdo para garantizar las inscripciones de nacimientos, la Comisión Ejecutiva del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la Comisión de Seguimiento de la crisis ocasionada por la Covid-19, pudo constatar el pasado jueves 23 de abril, que con los incrementos de los efectivos dispuestos y la reorganización de la actividad, se había conseguido activar de nuevo los procedimientos de inscripción, tanto de nacimiento como de defunciones.
A consecuencia de que el Registro Civil haya permanecido cerrado durante dos semanas, sólo se pueden registrar 45 bebés al día, y esto significa que las personas deben estar horas en la calle para obtener número, en algunos casos incluso con los bebés, con riesgo de contagio. De nuevo, el Síndic, ha trasladado su preocupación al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tanto por los efectos que tiene la inscripción de nacimiento, como por los protocolos existentes respecto a las distancias mínimas entre personas. En su escrito el Síndic ha solicitado que se valore la posibilidad de concretar horas con los interesados a fin de evitar que se produzca una circulación innecesaria de personas alrededor de los registros civiles.
En su respuesta, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha informado al Síndic que es conocedor de la situación y del desbordamiento que sufren o han sufrido los registros civiles de las grandes ciudades, así como en compartir su preocupación. Explica que la determinación de estos servicios mínimos de funcionarios corresponde al Ministerio de Justicia que también es el competente para la gestión de los Registros Civiles. Y que desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se han trasladado al Ministerio las carencias de personal y de equipos de protección personal como mascarillas o guantes, y se ha solicitado el incremento de medios personales y telemáticos. De acuerdo con esta información, el Síndic ha trasladado sus actuaciones -quejas y actuación de oficio- al Defensor del Pueblo, para que pueda dirigir las recomendaciones oportunas al Ministerio.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha propuesto treinta medidas urgentes, con el fin de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada, con la intención de mejorar el servicio público en favor del interés general. Entre estas medidas, la Fiscalía ha concretado que es necesario "potenciar el papel de los Registros Civiles como fuente de información en la crisis del coronavirus".
Date of article: 28/04/2020
Daily News of: 29/04/2020
Country: Italy
- Autonomous Province of Bolzano
Author:
Article language: it
6.111 cittadine e cittadini ne hanno richiesto l’intervento, nei 12 mesi dello scorso anno. “Affrontare le difficoltà con la pubblica amministrazione facendo chiarezza e mediando”, così la Difensora civica Gabriele Morandell descrive il suo lavoro.
Sono 6.111 le persone che nel 2019 si sono rivolte alla Difesa civica: “Un numero che dimostra l’importanza di questo istituto e come in tanti lo associno ai concetti di obiettività, neutralità e assertività”, commenta la Difensora civica Gabriele Morandell.
Il numero dei reclami e delle consulenze, nel 2019, è rimasto quasi uguale a quello del precedente anno 2018: “Il fatto che la richiesta di consulenze rimanga costantemente elevata è da mettere in relazione, presumibilmente, con l’alto grado di conoscenza della Difesa civica in Alto Adige”, spiega Morandell: “Credo che i frequenti interventi e conferenze e le trasmissioni radio mensili abbiano contribuito in maniera importante alla corretta consapevolezza di cittadine e cittadini riguardo agli ambiti in cui la Difesa civica può aiutarli”. “Il mio lavoro”, prosegue la Difensora civica, “non consiste nel fomentare l’insoddisfazione dei cittadini, ma nell’affrontare le difficoltà esistenti nel rapporto con la pubblica amministrazione facendo chiarezza e mediando”.
Quale esempio, ecco alcuni temi chiave dell’attività della Difensora civica nel 2019. La Relazione completa si può scaricare alla pagina web www.difesacivica.bz.it.
L’apertura di una cava non dovrebbe essere più possibile senza l’autorizzazione del Consiglio comunale
Secondo l’art. 130 della legge urbanistica provinciale, le cave possono essere autorizzate e aperte dalla Giunta provinciale indipendentemente dalla destinazione urbanistica indicata nel piano urbanistico comunale. Un’autorizzazione preventiva del Consiglio comunale del comune interessato non è richiesta, in base alle attuali disposizioni di legge, così come non è prevista dalla legge una pianificazione di lungo respiro delle aree da destinare a cava, il che fa sì che oggi l’apertura di una cava sia possibile, sostanzialmente, senza il coinvolgimento preventivo degli enti locali e della popolazione che abita l’area.
Il coinvolgimento dell’amministrazione comunale e della cittadinanza dovrebbe diventare, in futuro, vincolante fin dall’inizio: a parere della Difensora civica, è necessario ripensare urgentemente la normativa quadro del settore.
I ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale, nella maggior parte dei casi, non vengono presi in considerazione in quanto inammissibili
In virtù dell’art. 9 della legge provinciale n.17/1993, il cittadino che vi abbia interesse può presentare ricorso gerarchico contro atti amministrativi adottati dal Presidente della Provincia, dagli assessori provinciali e dai direttori delle strutture organizzative provinciali, o loro organi delegati, salvo che si tratti di atti dichiarati definitivi dalla legge. Secondo la normativa citata, il ricorso è ammesso in unica istanza alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito.
Tuttavia, nel concreto, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge provinciale n. 10/1992, gli atti amministrativi adottati su delega della Giunta provinciale da organi subordinati – quali i direttori di ripartizione – sono definitivi e pertanto viene a escludersi a priori il ricorso gerarchico.
Il diritto di ricorso, ampiamente descritto nella legge sulla trasparenza, nella pratica non è applicabile, e i ricorsi presentati, seppur importanti e ben circostanziati, non vengono presi in considerazione. Per garantire in futuro un’amministrazione più vicina ai cittadini e alle cittadine, la possibilità di ricorso all’organo sovraordinato dovrebbe essere possibile per ogni misura amministrativa.
Perché ci sono così pochi fondi pubblici a sostegno delle misure di protezione dall’inquinamento acustico?
Sempre più cittadini si rivolgono alla Difensora civica lamentando le forme più varie di inquinamento acustico, e i casi appaiono nella stragrande maggioranza piuttosto complessi.
Le barriere antirumore, così come altre importanti misure di contenimento dell’inquinamento acustico, vengono finanziate e messe in atto a stento dalla mano pubblica; per molte misure, semplicemente, mancano i mezzi finanziari, e così cittadine e cittadini devono attendere molti anni, mentre la continua esposizione all’inquinamento acustico crea forti danni alla salute.
L’Azienda sanitaria rifiuta di rilasciare una presa di posizione scritta riguardo a vari quesiti sollevati da una paziente, a meno che quest’ultima non sottoscriva preventivamente una dichiarazione di rinuncia al risarcimento danni
Sulla base di una nuova procedura di elaborazione delle richieste di risarcimento danni dell’Azienda sanitaria, appare non più possibile ricevere risposte scritte a quesiti posti da pazienti relativi al trattamento. La risposta viene infatti data solo se i pazienti o le pazienti firmano preventivamente una generica dichiarazione di rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento. Questo nuovo tipo di procedura non è certamente la strada giusta per confrontarsi a pari livello, in maniera trasparente e corretta, con un paziente dubbioso
