Deben aplazarse las posibles suspensiones y extinciones de la prestación hasta que no se normalice el funcionamiento de los servicios afectados y se reabran las oficinas de atención presencial

Es necesario considerar la situación de las personas que no pueden realizer determinadas gestiones que en circunstancias normales podrían afectar a la percepción de la prestación, por ejemplo, porque no pueden acceder a medios telemáticos
 

El Síndic de Greuges de Cataluña ha publicado una resolución este martes, 14 de abril, después de que la institución tuviera conocimiento de que algunas personas han dejado de recibir, por razones diversas, la prestación de la renta garantizada de ciudadanía, y en previsión de la posible afectación a otros supuestos en la situación actual derivada de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19. Si bien los efectos de esta crisis son globales, la situación de las personas y familias en situación de pobreza y vulnerabilidad es especialmente preocupante. La percepción de un ingreso que garantice la cobertura de las necesidades básicas, como la renta garantizada de ciudadanía, es determinante para asegurar que estas unidades, que ya subsisten en condiciones muy precarias, no se vean abocadas a una situación de riesgo grave.

A pesar de los esfuerzos de las administraciones públicas y de los profesionales de atención a los sectores de la población más vulnerables, y ante la previsión de que esta situación se pueda alargar en el tiempo, parece conveniente considerar la posibilidad de otras medidas excepcionales y transitorias que contribuyan a reducir el número de personas en situación de riesgo, y permitir que superen este periodo, al menos, con el mantenimiento de los ingresos económicos para cubrir las necesidades básicas.

La renta garantizada de ciudadanía, regulada en la Ley 14/2017, es una prestación social económica cuya finalidad precisamente es asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y las unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza. La percepción de esta prestación está subjeta al cumplimiento por parte de los beneficiarios de algunas obligaciones, y su incumplimiento puede dar lugar a la suspensión o la extinción de la prestación.

En las circunstancias actuales, el cumplimiento de algunas de estas obligaciones puede ser especialmente difícil o imposible para muchas personas.

Es el caso, por ejemplo, de las personas que, a pesar de que podrían ser posibles beneficiarias de alguna otra prestación o ayuda, en la práctica no pueden solicitarla porque no pueden acceder a medios telemáticos o no tienen el conocimiento para hacer uso de dichos medios, o bien porque los desconocen o porque no tienen acceso a la información sobre las prestaciones existentes y sus requisitos. También puede pasar que las personas no puedan comunicar los cambios en su situación, ni dar respuesta a los requerimientos del órgano gestor de la prestación.

Ante esta situación excepcional, es indispensable adoptar medidas extraordinarias que permitan que las personas que dependen de la renta garantizada de ciudadanía puedan continuar recibiendo la prestación, como mínimo, durante el período en que se mantenga el estado de alarma y hasta que no se normalice la situación en cuanto al funcionamiento de los servicios públicos y la reapertura de las oficinas de atención presencial.

Esta medida no debería impedir que, una vez restablecido el funcionamiento ordinario de los servicios, la Administración instruya las actuaciones adecuadas y regularice los procedimientos, mediante un análisis y una revisión cuidadosa de cada expediente. Deben tenerse en cuenta estas circunstancias excepcionales también de cara al futuro, por lo que si finalmente se determina que había causa de suspensión, no se penalice a la persona afectada con la privación de la prestación durante un tiempo, tal como prevé la normativa reguladora con carácter general, sin perjuicio de que se regularicen las cuantías abonadas.

Teniendo en cuenta esta situación, el Síndic pide una atención especial para las personas y familias beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía - y en el mismo sentido a los beneficiarios de las prestaciones complementarias a las ayudas y las prestaciones estatales - , y recomienda al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias: 

1. Que dé continuidad al pago de las prestaciones de renta garantizada de ciudadanía y que aplace las posibles suspensiones y extinciones de la prestación mientras dure el estado de alarma hasta que no se normalice el funcionamiento de los servicios afectados y se reabran las oficinas de atención presencial.
2. Que tenga en cuenta especialmente los supuestos en los que la causa de suspensión o extinción derivaría del incumplimiento de la obligación de solicitar otras prestaciones, comunicar cambios en la situación personal, familiar o económica, dar cumplimiento a requerimientos de documentación y situaciones similares.
3. Que tenga en cuenta los casos en que, a pesar de haberse acordado la suspensión de la prestación antes de la declaración del estado de alarma, no se hubiera notificado efectivamente al interesado dentro del período de un mes anterior la declaración; y que en estos casos retome, con carácter provisional, el pago de la prestación hasta que no se normalice el funcionamiento de los servicios, de acuerdo con lo expresado en el primer punto.
4. Que informe expresamente a los interesados que se encuentren en las situaciones referidas en los puntos anteriores acerca de la posibilidad de realizar trámites por medios telemáticos, identificando con claridad el canal y la forma de llevarlos a cabo, a fin de que las personas los utilicen.
5. Que se extremen las medidas para evitar suspensiones o extinciones, cualquiera que en sea la causa, sin haber instruido todas las gestiones adecuadas para corroborarlas, incluyendo el trámite de audiencia previa al persona interesada y, en su caso, la solicitud de informes a los servicios sociales, al Servicio Público de Empleo o en otros servicios para determinar la posible situación de vulnerabilidad de las personas afectadas.

Vitoria-Gasteiz

El Ararteko ha tramitado varias quejas por las molestias por ruido que están padeciendo algunas personas en sus viviendas durante el confinamiento derivado del estado de alarma sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El motivo principal de las quejas son las obras de reforma que otros vecinos están ejecutando en sus casas, por medios propios o por profesionales. Además, el Ararteko ha tenido conocimiento de algunos conflictos puntuales en los que algunos vecinos utilizan equipos de música u otros instrumentos que provocan molestias a otros vecinos que tratan de descansar o conciliar su vida dentro de su vivienda.

La declaración del estado de alarma puede acordar la limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Sin embargo, esas limitaciones no deben afectar al ejercicio de otros derechos fundamentales como puede ser el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad personal y familiar, recogido en la Constitución Española. Este derecho reconoce como una intromisión en la inviolabilidad del domicilio las inmisiones de contaminación acústica que alcancen el interior de las viviendas y provoquen molestias que pueden incidir en la calidad de vida de las personas e impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad.

Esa circunstancia es especialmente relevante en este momento. El confinamiento conlleva que las personas deben permanecer en su vivienda la práctica totalidad de la jornada y, en muchos casos, desarrollar actividades escolares, laborales o incluso recluirse en aislamiento por motivos sanitarios. Por ello es preciso recordar la obligación de garantizar de manera eficaz la protección de la ciudadanía frente a las fuentes de ruido que superen los límites máximos admitidos por la legislación aplicable (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido).

Esa legislación excluye de su aplicación la contaminación acústica cuando se origina por la práctica de actividades domésticas o por las relaciones de vecindad. Sin embargo, esa exclusión se aplica, con un criterio de razonabilidad, siempre y cuando esos focos emisores domésticos no excedan de los límites tolerables de conformidad con los usos locales.

La principal vía para reconducir un problema vecinal por el ruido excesivo que pueda producir un vecino es, por tanto, aplicar las normas básicas de convivencia normal y pacífica, reguladas en la Ley sobre Propiedad Horizontal.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha realizado una recomendación a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para cumplir con la retribución del complemento por formación permanente (sexenio) del personal laboral docente, siempre que se reúnan los requisitos necesarios para el acceso al mismo, conforme a lo dispuesto en la Ley vigente.

Ante la denuncia de este colectivo por...

While living in times of widespread fear from the COVID-19, caused by the coronavirus, citizens who are perceived to be infected, or of those who indeed are, are in an increased risk of stigmatization. They are being perceived as less worthy which can, in extreme cases, lead to discrimination, violations of their rights and exclusion from society. Unfortunately, health condition is often associated with negative perception which determines the attitude of the society towards the ill. Thus, various contagious diseases, such as HIV-AIDS, tuberculosis and similar, have often been triggers of stigmatization of those affected and their families. This led to many obstacles in realization of their human rights, by denials of goods and services, but also to various forms of discrimination in many different areas of life. Even before this epidemic, we have been receiving complaints from citizens who have been denied the right to health protection, labour or housing due to their condition.

Same is happening in today’s situation of the widespread coronavirus when, as soon as the virus appeared in certain parts of China and the awareness about its danger and contagiousness rose, persons of Asian origin were met with considerable stigmatization. Reports on racist or xenophobic hate speech and incidents of hate crimes committed against people with Asian origin started to appear across Europe. Croatia was no exception – media reported on incidents such as children throwing objects at tourists from China while yelling “corona, corona”.

Stigma is the cause of many violations of human rights. In accordance with the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, but also the Croatian Anti-discrimination Act, any discriminatory treatment towards persons based on their health condition or the perception of such health condition is forbidden. It is the state’s responsibility to make sure that no health condition presents an obstacle in retaining human rights, such is the right to health protection, as we have observed recently in the case of a young woman in urgent need of a surgery.

In order to prevent violations of human rights of persons suspected to have the virus, or those who actually have it, the World Health Organization gave a recommendation not to associate contagious diseases with geographical regions. This, in addition to associating health conditions with certain groups, ethnicities, skin colors, education, socioeconomic statuses or regional origins, can lead to exclusions of entire communities, exposing them to various forms of unacceptable treatments, including threats and violence.

At the same time, WHO stresses how stigma can have negative impact on the whole society, as fear of unwanted reactions can cause people to hide their condition and, in order to avoid unpleasantries, not seek medical help, which can have fatal consequences to their, but also public health, as well as impair the success of the measures taken to contain the virus. Combating stigmatization based on health condition can add to efficient prevention of spreading of the epidemic, so it is important that every individual becomes aware that he or she can get sick themselves, and adjust their behaviour and actions in accordance with relevant and verified information from competent authorities, such is Croatian Public Health Institute, about how the virus is acting and how to reduce the risk of infection.

On the other hand, in order to protect the sick ones, cured ones and people in self-isolation from stigmatization, it is important to report on the cases in a way that, when speaking about the number of infected, does not provide information from which it would be possible to identify those who have been tested or confirmed infected. It is also important to ensure that people in isolation, such as older people, have sufficient social contact without exposure to the contagion. Finally, seeing how those who have gone through the disease have valuable experience and insight into how to improve the precaution measures, it is important to include them into making decisions that have a major impact on their lives. This will, after all, have a positive impact on trust in the authorities, which is the key in succeeding in combating the spread of the virus.

The coronavirus crisis and the measures which have been introduced as a result are having a major impact on our country. The National Ombudsman, the Ombudsman for Children and the Ombudsman for Veterans see that the Dutch government, the municipalities, healthcare professionals, emergency services, the business community and many others – both in the Netherlands and abroad – are making extraordinary efforts to contain the virus, limit the consequences and ensure that the country can continue to function. All kinds of emergency measures to support citizens and businesses are being put in place and adapted if necessary. That shows creativity and courage.

In recent weeks, we have received questions and reports about the accessibility of government agencies and the temporary changes to the services provided by the government. We have also received complaints about the lack of clarity regarding the measures, the income provisions and the government’s communication in general. Of course, we realise that things may not always run as smoothly as hoped or expected in the coming period. Nevertheless, we will continue to draw attention to the needs of those affected most severely by the current situation, such as entrepreneurs, children, the elderly, informal caregivers and veterans. It is important that the measures taken by the government during this time are as effective as possible at helping those in need.