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Gerichtshof der Europäischen Union

PRESSEMITTEILUNG Nr. 36/20

Luxemburg, den 26. März 2020
Urteil in der Rechtssache C-66/19

JC / Kreissparkasse Saarlouis
 
Verbraucherkreditverträge müssen in klarer und prägnanter Form die Modalitäten für die Berechnung der Widerrufsfrist angeben
Es reicht nicht aus, dass der Vertrag hinsichtlich der Pflichtangaben, deren Erteilung an den Verbraucher für den Beginn der Widerrufsfrist maßgeblich ist, auf eine nationale Vorschrift verweist, die selbst auf weitere nationale Rechtsvorschriften verweist
Im Jahr 2012 nahm ein Verbraucher bei der Kreissparkasse Saarlouis einen grundpfandrechtlich gesicherten Kredit über 100 000 Euro mit einem bis zum 30. November 2021 gebundenen Sollzinssatz von 3,61 % pro Jahr auf.
 

La minimización de riesgos y una actuación ágil por parte de la Administración penitenciaria debe ser compatible con el respeto a los derechos humanos de las personas internas

La suspensión de visitas y actividades de los internos pueden provocar un aumento de las tensiones y una dificultad adicional a la situación de privación de libertad

Se respaldan las medidas que se han puesto en funcionamiento como el aumento de las llamadas semanales y las videollamadas y se secundan las recomendaciones de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos 

El Síndic de Greuges de Cataluña ha iniciado una actuación de oficio para analizar la gestión de la crisis provocada por la propagación del virus SARS-CoV2, más conocido como Coronavirus, y su incidencia en el conjunto de los establecimientos penitenciarios, donde ya se ha dado algún caso positivo, y en centros de justicia juvenil dependientes de la Administración de la Generalitat de Cataluña.

La fácil y rápida expansión del virus que se está produciendo en el conjunto de la población ha condicionado, de manera particular, tanto el régimen de vida de las personas internas como el trabajo que de los profesionales penitenciarios desarrollan en el sistema de ejecución penal y de justicia juvenil. En concreto, respecto a los internos, la necesidad de suprimir las comunicaciones presenciales con el exterior, así como otras actividades formativas y de ocio, puede suponer una dificultad adicional a la situación de privación de libertad y comportar un aumento de las tensiones dentro de los centros.  

La minimización de los riesgos, junto con una actuación ágil por parte de la Administración penitenciaria, debe ser el activo principal que permita la adopción de medidas óptimas para contener la propagación del virus. Estas medidas deben ser compatibles con el respeto a los derechos fundamentales de las personas internas en todos aquellos aspectos que influyan en la ejecución de la pena o medida de privación de libertad provisional. 

Por este motivo, el Síndic de Greuges de Cataluña ha dirigido escritos de petición de información tanto a la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, dependiente del Departamento de Justicia, como al Instituto Catalán de la Salud, Programa de Salud Penitenciaria, del Departamento de Salud.

La información solicitada también ha tenido en cuenta las medidas de acceso y modificación de las formas de trabajo del conjunto de los profesionales penitenciarios, así como de las medidas de protección y seguridad que deben mantener en la realización de las tareas diarias encomendadas.

El Síndic considera positivas algunas de las medidas adoptadas y puestas en funcionamiento por parte del Departamento de Justicia, como el aumento del número de llamadas telefónicas semanales de las personas internas, y el inicio del sistema de videollamadas, así como la progresión de personas internas del tercer grado y la flexibilización, con los debidos controles, de los terceros grados de manera que muchas de estas personas internas puedan pernoctar, y seguir el confinamiento, en su domicilio.

Esta medida coincide con lo que ha recomendado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en una Declaración hecha pública ayer, 25 de marzo. Bachelet ha pedido a los Gobiernos de todo el mundo que intenten reducir el número de personas internas, especialmente aquellas más vulnerables al COVID-19 como son las de mayor edad o enfermas, así como las menos peligrosas. En este sentido, ha dicho que “Ahora más que nunca los Gobiernos deberían poner en libertad a todos los internos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre ellos los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”. 

También ha dicho que las autoridades penitenciarias deben seguir atendiendo las necesidades sanitarias específicas de las mujeres privadas de libertad, incluidas las embarazadas, personas con discapacidad y menores de edad. 

El Síndic secunda las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y realizará un seguimiento, con los Departamentos de Justicia y Salud, de su aplicación en las prisiones y centros de justicia juvenil catalanes. 

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu muestra su preocupación por la situación concreta de la vivienda en el caso de muchas familias andaluzas.

Para el Defensor andaluz, el derecho a la vivienda, en las actuales circunstancias, es uno de los más afectados, ya que el no poder disfrutar de una vivienda digna y adecuada dificulta el ejercicio de otros derechos fundamentales, entre ellos el propio derecho a la salud.

Es por ello que se ha dirigido a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio interesándose por las medidas concretas que se están poniendo en marcha para garantizar este derecho entre los colectivos con mayores necesidades de vivienda.

La Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19, en lo que respecta a los servicios declarados en materia de Vivienda se contemplan: coordinación Área de vivienda; gestión de pagos a promociones de viviendas en alquiler, a promotores de viviendas y a obras en ejecución; coordinación Ayudas Rehabilitación Edificios y Viviendas y control de aprobación del Plan.

Para el Defensor del Pueblo Andaluz es preciso una mayor concreción de estos servicios, que responda a las necesidades específicas de vivienda de una parte importante de la población andaluza. Es el caso de las ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde al ya extraordinario retraso que vienen sufriendo ahora se añada “la posible paralización, si quiera transitoria, del procedimiento de resolución y pago, especialmente de las solicitudes formuladas por los colectivos que se consideraron prioritarios, por no haberse considerado por la administración autonómica la prestación de este servicio como esencial”.

El Defensor del Pueblo Andaluz es consciente de que en el actual contexto de emergencia sanitaria y de confinamiento de la población pierden validez los parámetros de tiempos ordinarios pero considera importante recordar que precisamente los defectos procedimentales que se vienen arrastrando en la gestión de estas ayudas -al igual que alertó hace unos días sobre la renta mínima-, con retrasos y demoras considerables, colocan a estas personas, ya en situación de vulnerabilidad, en una situación aún mayor de necesidad.

En la misma línea, el Defensor quiere conocer si se van a poner en marcha otras medidas específicas en materia de vivienda por parte de nuestra Comunidad Autónoma.

Hasta la fecha, el paquete del Gobierno de la Nación de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 contempla asegurar la protección de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad que vean reducir sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria, a fin de garantizar su derecho a la vivienda.

Asimismo, otras comunidades autónomas han llevado a cabo otro tipo de iniciativas encaminadas a paliar los efectos de esta crisis sanitaria, adoptando medidas tales como la moratoria del pago del alquiler de las viviendas sociales de su patrimonio residencial, mientras dure la misma.

La profunda brecha que la crisis sanitaria abre en nuestro país está golpeando con más virulencia a las personas en situación de exclusión social por lo que deben ser especialmente contempladas como destinatarias de medidas que mitiguen este impacto. Ello genera la obligación en los responsables públicos de adoptar medidas extraordinarias, aplicando criterios de justicia social.

Desde que se declarara el estado de alarma, han sido más de medio centenar las personas que han acudido al Defensor del Pueblo Andaluz para manifestar su temor y su desolación, a través de las redes sociales, y de las consultas a la Oficina de Información o mediante la forrmalización de su queja vía telemática, por la preocupación ante la falta de ingresos y el pago de las ayudas del alquiler, la necesidad de vivienda de personas con menores y los desahucios que se estaban tramitando, entre otros asuntos.

Prosegue l’azione di monitoraggio del Garante Andrea Nobili negli istituti penitenziari marchigiani. Già effettuati, tramite il mezzo telematico, colloqui con i detenuti di Montacuto e Villa Fastiggi. Diverse le problematiche al centro dell’attenzione, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con i familiari nella difficile situazione determinata dall’emergenza Coronavirus.

Intanto, il Garante ha chiesto un confronto urgente sull’attività del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, attraverso una lettera inviata al Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria di Emilia Romagna e Marche, Gloria Manzelli; al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona, Sergio Sottani, e allo stesso Tribunale di Sorveglianza.

“Abbiamo ricevuto – spiega Nobili – ripetute segnalazioni in ordine ad alcune criticità, che riguardano soprattutto la concessione delle misure alternative alla detenzione, importante strumento deflattivo. Con spirito di collaborazione, tanto più necessario in questo momento particolarmente difficile anche per la nostra regione, ritengo sia importante attivare un confronto che contribuisca a favorire un clima di minor apprensione nella popolazione detenuta e tra gli operatori di polizia penitenziaria”.

Già nelle scorse settimane il Garante aveva segnalato la situazione del Tribunale di Sorveglianza in una lettera inviata al Presidente della Repubblica, in qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, al Vicepresidente dello stesso Csm, al Ministro di Giustizia, al Capo del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) ed a tutti i parlamentari delle Marche.

Nella missiva si faceva riferimento alle carenze di organico del personale amministrativo ed al fatto che da più di un anno si attende l’assegnazione di un presidente.