A workshop took place between the Citizen’s Ombudsman, Andreas Pottakis and the Secretary of State for the Environment, Dimitris Oikonomou, in the presence of the Deputy Ombudsman in the field of Sagias. Mr Pottakis informed Mr Oikonomou of the matters dealt with by the Independent Authority and falling within the remit of the Ministry.

Castilla y León carece de un protocolo de aplicación general, por lo que cada centro decide su manera de proceder, produciéndose, en ocasiones, situaciones molestas tanto para los familiares como para el personal de las residencias.

El Procurador del Común inició una actuación de oficio tras conocer, a través de diversas quejas, determinados problemas que se producen en ocasiones con anterioridad o con ocasión del fallecimiento de personas en centros residenciales. En algunos casos el conflicto ha derivado de la escasez de plazas para mayores, lo que determina que muchas familias tengan que esperar a que se produzcan vacantes para que los ancianos puedan acceder a los recursos residenciales disponibles, los cuales en muchos casos sufren un alto grado de dependencia; situación que puede chocar con la conservación y custodia de la pertenencias de las personas fallecidas en las habitaciones que venían ocupando, durante un tiempo que sea compatible con los momentos de duelo que viven los familiares del finado en los días siguientes al deceso.

Pero con frecuencia se producen otras situaciones conflictivas antes y después de que se produzca el fallecimiento, por lo que la Defensoría, a la vista de dichas situaciones y de las pautas de actuación que se siguen para estos casos en diferentes protocolos existentes como, por ejemplo, el que dispone el IMSERSO, ha emitido una resolución dirigida a la Administración autonómica en la que realiza, entre otras, las siguientes sugerencias para ser incorporadas al protocolo que eventualmente pueda ser aprobado: cuando la muerte sea esperada o se produzcan situaciones de extrema gravedad se pide que se facilite a los deudos el acompañamiento de la persona en esta última fase de su vida; también que se  establezcan medidas para flexibilizar los horarios de permanencia en el centro a sus allegados y  que puedan disponer, en su caso, de una habitación individual para garantizar la intimidad, el acompañamiento y los cuidados. Que se ponga  especial atención en el control del sufrimiento y el dolor del anciano, regulando los aspectos relativos a la sedación en la agonía, es decir, la aplicación de fármacos que permitan la disminución profunda y previsiblemente irreversible de la conciencia en un enfermo cuya muerte se prevé muy próxima, es decir cuando se encuentre en la fase de agonía. Igualmente, se sugiere que si la muerte fuera inesperada, se vele por la sensibilidad y bienestar del resto de los residentes y que se regule el sistema de aviso y elección de la funeraria y traslado del fallecido por decisión de la familia. Además, en relación con las pertenencias, la Procuraduría considera que se ha de elaborar un inventario de los objetos que hubiera en la habitación en presencia de la familia, especificando aquellas propiedades del fallecido que sean de valor y/o susceptibles de ser trasmitidas a la familia; procediendo a precintar la mesilla y el armario de la habitación del fallecido y acordar  con la familia el momento en el que deberán ser recogidos sus enseres y objetos personales, estableciendo un plazo máximo para ello dada la alta demanda de plazas residenciales para personas mayores que existe.

Se puede consultar la resolución completa en www.procuradordelcomun.es

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, valora positivamente que la Secretaría de Estado de Seguridad haya aceptado sus recomendaciones y tenga previsto diseñar una estrategia sobre delitos informáticos.

Según el escrito de la citada Secretaría, en el marco de esta estrategia, se estudiarán posibles reformas normativas para mejorar la coordinación policial y judicial y evitar perjuicios a los ciudadanos afectados por este tipo de delitos, tal y como recomendaba el Defensor.

La Institución ha recibido quejas de numerosos ciudadanos a los que, tras ser víctimas de la sustracción de su DNI, se les ha usurpado su identidad para cometer diversos actos delictivos. Estas personas se han visto envueltas en innumerables problemas tanto ante los Tribunales de Justicia como ante los órganos administrativos en los cuales, por ejemplo, aparecen como titulares de vehículos con los que posteriormente se cometen infracciones o delitos contra la seguridad vial.

Es el caso de una ciudadana a la que le robaron el DNI y pese a haber denunciado el hecho en tres ocasiones ante la Policía Nacional, fue imputada en cerca de 30 procesos judiciales por delito de estafa leve por medio de internet, usurpando su identidad.

Esta mujer se vio involucrada en una situación procesal dramática, tuvo que demostrar su inocencia en diferentes puntos de la geografía española y vivir con el temor de que pudieran seguir cometiendo delitos bajo su identidad en cualquier momento. Por ello, llegó a solicitar a las autoridades policiales el cambio de número de su DNI, una solución que no permite la legislación vigente.

Cuando se dirigió a la Institución, todavía no se había localizado al autor del delito y de los procedimientos judiciales iniciados, se habían dictado 13 sentencias absolutorias y dos sobreseimientos provisionales, y en uno de ellos fue condenada. Contra esta sentencia condenatoria, se interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que fue resuelto en Sentencia de fecha 6 de mayo de 2019, declarando vulnerados sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.

El Defensor expuso este caso a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Fiscalía General del Estado planteando la necesidad de establecer un sistema de comunicación entre los órganos judiciales encargados del enjuiciamiento de estas conductas y las autoridades policiales receptoras de las denuncias para evitar futuros perjuicios a los ciudadanos afectados por este tipo de hechos delictivos.

Así, Fernández Marugán recomendó promover ante el Comité Técnico de la Comisión Nacional de Policía Judicial la unificación de criterios para mejorar la coordinación entre las investigaciones policiales y judiciales e impulsar las reformas legislativas que favorezcan la necesaria coordinación de las investigaciones en esta materia y el menor perjuicio a los ciudadanos afectados por este tipo de hechos delictivos. Ambas recomendaciones han sido aceptadas.

Während für die weiterführenden Schulen ab Klasse 5 in Mecklenburg-Vorpommern die freie Schulwahl möglich ist, schreibt das Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V) vor, dass die Einschulung der Grundschüler grundsätzlich an der örtlich zuständigen Schule zu erfolgen hat. Aus wichtigem Grund kann jedoch der Schulträger der örtlich zuständigen Grundschule, das ist die Gemeinde, eine Ausnahme gestatten. Eine solche begehrte Ausnahmegenehmigung für den Besuch der örtlich nicht zuständigen Grundschule war Gegenstand der gestern durchgeführten Beratung des Petitionsausschusses.