El Justicia Dolado ha hecho entrega, cumpliendo el artículo 35 de su Ley reguladora, del Informe Anual de actividad correspondiente a 2019 al Presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada.

Un 2019 que supone el primer ejercicio completo de su gestión, y segundo del que da cuentas a la ciudadanía aragonesa, a través de sus representantes en nuestro Parlamento.

Con el nuevo sistema de contabilidad de expedientes del  que se dio cuenta el pasado año, se desprenden las cifras de gestión de la Institución en su competencia de defensa de derechos individuales y colectivos: 1612 expedientes gestionados en este ejercicio que se han visto reflejados en 261 resoluciones, de las cuales solamente un 16% fueron rechazadas por las administraciones destinatarias, han sido expresamente aceptadas un 52 %, quedando pendientes un 19%,  y archivadas sin respuesta un 13%.

Los expedientes que han sido iniciados por la Institución han sido 1560, fruto de las 2452 quejas presentadas por los ciudadanos, colectivos o de oficio por el Justicia, 62 estas últimos.

Igualmente, hay un notable descenso en el total de recordatorios de deberes legales a las administraciones, que desde la Institución entendemos como muy positivo y que responde al trabajo previo realizado junto a los gestores de las administraciones para lograr un dialogo fluido en la tramitación de los asuntos.

Queda en el debe de nuestro hacer, el establecimiento de una carta de servicios que marque plazos en nuestra relación con la ciudadanía para con sus expedientes.

Como en el pasado Informe de 2018, no se publican en el Informe la totalidad de Sugerencias, habida cuenta de su publicación en la web de la Institución, y sólo recogen reseñas de aquellas sugerencias más destacadas bien por su valor jurídico o por la traslación en forma de derecho que puede suponer para la sociedad aragonesa en general. 
 
En la defensa de los derechos colectivos de la ciudadanía aragonesa, desde El Justicia se han desarrollado mesas, iniciativas y actuación de mediación colectiva.

La más destacada, iniciada en 2018 y desarrollada a lo largo de todo el año 2019 fue la “Mesa del Justicia sobre la Soledad No Elegida de Nuestros Mayores”, destinada a la puesta en común de las líneas de actuación en esta materia en la Comunidad: tres reuniones plenarias, treinta y ocho entidades y administraciones participantes y ocho grupos de trabajo han permitido posicionar a Aragón como referente en el análisis de la soledad no elegida de nuestros mayores.

Ejemplos de buenas prácticas, documentación y estudios realizados por las entidades hicieron posible la elaboración de un Informe Especial que recogió las conclusiones y que fue presentado tanto a la Comisión competente de las Cortes, como a la sociedad en general a través de una jornada divulgativa coorganizada con nuestro Parlamento.

De igual forma, pero con carácter de mediación, se constituyó la “Mesa del Justicia sobre Ocio Nocturno en Zaragoza” que se desarrolló y que tuvo como origen el gran número de quejas que de forma histórica ha venido recibiendo el Justiciazgo.

A la misma, asistieron las tres partes implicadas en la mediación; administraciones, vecinos afectados y empresarios del sector de hostelería.

En la misma se elaboró un documento que, en forma de sugerencia, se remitió al Ayuntamiento de Zaragoza.

En 2019 se entregaron los Informes Anuales de 2018, de Menores de 2018, Informe sobre Puntos de Encuentro Familiar y el citado Especial sobre las conclusiones de la Mesa del Justicia sobre Soledad no Elegida de Nuestros Mayores.

Iniciados en 2019 y actual tramitación, se encuentran el Informe sobre Seguridad en la Montaña, Informe Anual sobre Menores de 2019, Informe Especial sobre los Menores y el Juego y un Estudio sobre la Prevención del Suicidio. 
 
 
De los 1560 expedientes gestionados derivados de las quejas de la ciudadanía destacamos algunos asuntos en las siguientes materias:

Agricultura Ganadería y Medio Ambiente: destaca el expediente iniciado por ciudadanos de Loporzano destinado a conocer la situación de control y planificación de la gestión de purines producidos en las plantas de porcino y que se extendió posteriormente a la localidad de Fonz.

Economía y Hacienda: reclamaciones sobre el Impuesto de Contaminación de las Aguas, sobre el acceso a prestaciones en entidades financieras y destaca la sugerencia aceptada y no ejecutada por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre la creación de la Junta de Reclamaciones Económico-administrativas sin crear desde 2003.

Sanidad: listas de espera en traumatología , neurocirugía e hipertrofia mamaria, reclamaciones por falta de información tanto en tiempo como en forma en las unidades de atención al paciente, transporte sanitario, salud mental y falta de recursos humanos y materiales en algunas áreas, especialmente en la provincia de Teruel.

Industria y Comercio: quejas especialmente ante la gestión de las empresas comercializadoras de energía eléctrica: cambios tarifarios, cortes de suministro…. Siendo muy positiva la disposición de las empresas distribuidoras en la resolución de estos conflictos a través de mediación.

Vivienda: necesidad de ampliar las bolsas y parque de vivienda social, los retrasos en la tramitación de ayudas al alquiler y la ejecución subsidiaria de los ayuntamientos.

Urbanismo: expedientes derivados de la inactividad de algunos ayuntamientos a la hora de ejercitar sus potestades en la materia, así como de la autorización y control técnico de centros y lugares de culto.

Servicios y Obras Públicas: Destacan las quejas por ordenación del transporte público, habiéndose logrado avances en los casos de Teruel (línea hasta Residencia San Hermenegildo y línea 23 hasta Expo Zaragoza), así como el mantenimiento de la red viaria en general.

Educación: Son junto a Sanidad las más numerosas, y son ejercidas de manera individual o colectiva; fundamentalmente en materia de recursos materiales o humanos, algunos de los temas con mayor incidencia son: adscripción /escolarización, ACNEAE, becas y ayudas al estudio, equipamientos, libros, medios y servicios, transporte escolar, universidad y remisiones al defensor del pueblo en competencias estatales.

Cultura, Patrimonio y Deporte: Destaca las quejas por la inacción en el asunto del CPMZ, donde la Institución ha llegado a ofrecer soluciones concretas a la administración, existen quejas por la falta de bibliotecas y salas de estudio.

 En el ámbito del deporte se centran en aspectos que convergen con la salud como los pesos exigidos en algunas disciplinas de menores o las pólizas desactualizadas en algunas federaciones. Los juegos escolares se encuentran sin el debido control por parte de la administración con carácter general.
  
Bienestar Social: necesidad de aumentar las plazas residenciales de y necesidad de aumentar recursos materiales y humanos para la comisión de tutela y defensa, prestaciones en general; Ingreso Aragonés de Inserción y su compatibilidad con el desarrollo de empleos temporales, efectos de la no actualización del IPREM, , diferencias en el copago y acceso a las residencias en el ámbito rural gestionadas por municipios y necesidad de convalidar los reconocimientos de dependencia entre comunidades  y los retrasos en las valoraciones del grado de discapacidad

Interior y Justicia:  Incidencias sobre molestias al descanso y limpieza en la celebración de las fiestas patronales de varios municipios, problemas de convivencia en zonas delimitadas (Perpetuo Socorro de Huesca o Calle Pignatelli de Zaragoza), o sobre la tenencia y derechos de animales de compañía que pasan a ser gestionados desde esta área. En Justicia, y resuelta, se hayan los problemas arrastrados en la elección de abogado en el turno de oficio.

Empleo Público: 39 resoluciones sobre acceso al empleo público, generalización de las comisiones de servicio, descentralización en la celebración de exámenes en las capitales de provincia

En otro orden, dentro de la Defensa de los Derechos Políticos, destacan un año más los expedientes que hacen referencias a las quejas de ediles por falta de acceso a la información y participación en órganos de gobierno, y en este año, con profusión de convocatorias electorales los relativos a censos y empadronamientos, motivo que llevó a la Institución a elaborar una nota informativa sobre dichos procesos.

Igualmente, hemos denotado un problema creciente derivado de la digitalización de la administración y el acceso a ella por parte de determinados colectivos, especialmente mayores, que encuentran dificultad para realizar tramites que se singularizan en el proceso telemático.

Dentro del Informe se encuentran los apartados que la legislación aragonesa obliga a referirse en materia de igualdad; marcando las referencias de género en sus actuaciones; de menores, que como el pasado año tendrá un completo informe complementario al presente; así como las derivadas de la Ley de Actualización de Derechos Históricos. 
 
 Pero sigue siendo la mediación, que cuenta como novedad en este Informe con su propio apartado, uno de los objetivos fundamentales de la Institución; para ello y a la espera de que las reformas normativas permitan un mayor desarrollo, se están coordinando actividades de formación a asesores con la intervención en diversas materias con éxito.

Por último, el Informe da cuenta de la Tutela del Ordenamiento Jurídico Aragonés con la emisión de informes sobre proyectos de ley emanados del Consejo de Gobierno de Aragón, la recopilación que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en materia de Derecho Foral, las sentencias del Tribunal Constitucional que afectan a la Comunidad, así como de la difusión del Derecho Foral a través de publicaciones propias, o colaboraciones en ediciones periódicas.

Se ha renovado íntegramente el portal web de la Institución, realizado mejoras en la Oficina de Atención a la Ciudadanía para hacerla más accesible y visible, se han mantenido las delegaciones de Huesca y Teruel, y repetida la apuesta del pasado año para la efeméride del Día del Justicia, con el fin de potenciar el conocimiento de la Institución en la semana que la acompaña con actividades divulgativas en torno a nuestra historia y nuestro presente.

En materia administrativa se ha mantenido el presupuesto de años anteriores, no ejecutándose el total del mismo, se han implementado medidas encaminadas a la sostenibilidad medioambiental y el ahorro energético y se ha realizado una medición de la huella de carbono.

El Foro de Derecho aragonés, coorganizado con las instituciones jurídicas de nuestra Comunidad, un nuevo Foro de Derechos Ciudadanos con la Fundación Manuel Giménez Abad que ahonda en los derechos recogidos en nuestro Estatuto de 2007, las charlas constantes por el territorio sobre nuestro derecho foral o las publicaciones de la Institución son entre otras algunas acciones destinadas a que la ciudadanía se reconozca, conozca y conecte con El Justicia de Aragón.
 

Il Punto informazioni dell’Ufficio per il Difensore regionale, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e il Garante per la tutela delle vittime di reato alla luce della recente evoluzione della sindrome influenzale anche nella nostra Regione e per diminuire eventuali rischi di sanità pubblica sarà temporaneamente chiuso al pubblico, come da Delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 54 del 24 febbraio 2020.

Il centralino telefonico sarà attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 ai seguenti numeri:

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Al di fuori degli orari previsti è sempre possibile contattare gli uffici scrivendo a:

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El Síndic de Greuges de Cataluña comparece este lunes, 24 de febrero, en la tramitación de la Proposición de ley de protección integral de los alertadores en el ámbito competencial de la Generalitat. Esta iniciativa legislativa tiene por objeto establecer medidas para la protección de las personas que denuncien informaciones sobre actuaciones ilícitas o malas prácticas que afecten al interés general, producidas en el ámbito de la Administración de la Generalitat y de los entes locales, así como en empresas o entidades privadas que operan en el ámbito de Cataluña.

La Proposición de ley parte de la sociedad civil y ha sido recogida de forma conjunta por diversos grupos parlamentarios. La propuesta incluye los elementos siguientes: regular los requisitos de los canales de denuncia y las obligaciones de sus gestores, la confidencialidad de los datos de la persona denunciante y la posibilidad de plantear denuncias o alertas anónimas, y un sistema de garantías frente a posibles represalias, con previsión de sanciones para las personas infractoras.

La clave para recuperar la confianza ciudadana y contrarrestar la percepción que tiene del poder público se sitúa en el campo de la prevención de la corrupción y del cumplimiento de las obligaciones éticas y de buen gobierno. El papel de un organismo o autoridad con recursos suficientes para ejercer sus funciones también se debe entender como un elemento esencial para proteger a los alertadores. Así lo prevé específicamente la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de octubre de 2019, y ha sido el modelo adoptado en países de nuestro entorno, como es el caso de Escocia, que prevé asignar al Ombudsman de aquel país la función de autoridad independiente en esta materia. La Directiva europea sobre los alertadores fija un plazo de cuatro años desde su entrada en vigor para que la obligación de crear canales de denuncia sea exigible para una parte de los obligados del sector privado con respecto al plazo general de dos años para incorporar su contenido al derecho interno.

Durante los últimos años se han incorporado al ordenamiento jurídico nuevas reglas e instituciones que inciden directamente en este ámbito. Es un ejemplo la Ley de transparencia (19/2014) en Cataluña. Es necesario también reforzar las obligaciones legales de rendición de cuentas ante la ciudadanía y establecer nuevas obligaciones, especialmente en los ámbitos reconocidos con más riesgo de corrupción.

Por tanto, en la lucha contra la corrupción, cabe avanzar en una doble dirección: no solo desplegar y aplicar el marco normativo ya existente, con la aplicación plena y el despliegue de la Ley 19/2014 como reto principal, sino también abordar la regulación de los instrumentos que aún hace falta crear o mejorar.

Por otra parte, el informe del Grupo de Estado del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO) sobre España ha alertado de la necesidad de disponer de un sistema integral de protección de denunciantes o alertadores, actualmente inexistente en el Estado español. Y los Principios de Venecia, sobre la protección y la promoción de la institución del Ombudsman, ponen énfasis en la necesidad de prestar una atención y protección especiales a las personas denunciantes.

Dem 15-jährigen Moritz musste als Kind ein Bein amputiert werden. Dank verschiedener Prothesen kann der junge Salzburger nicht nur gehen, sondern auch Sport treiben. Zum Schwimmen braucht er allerdings eine wasserfeste Badeprothese. Die wurde ihm bisher im Rahmen der Behindertenhilfe bezahlt. Da Moritz gewachsen ist, braucht er nun eine neue Badeprothese, aber sein Antrag wurde abgelehnt. Volksanwalt Bernhard Achitz forderte in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ am 22. Februar die Bezahlung der Prothese.

Moritz Trauner hat nur ein Bein. Das hindert ihn aber nicht am Sport: Skifahren, Laufen, Tennis, Fußball, Schwimmen, das alles hat er schon ausgeübt. Für unterschiedliche Sportarten braucht er unterschiedliche Prothesen: „Moritz hat aktuell drei Beinprothesen: Eine Tagesprothese, mit der er in die Schule geht, eine Sportprothese, mit der er Tennis spielt und Laufen geht, und eine Badeprothese, mit der er duscht und Schwimmen geht“, erklärt Moritz‘ Mutter Petra Trauner. „Die Tages- und die Sportprothese dürfen nicht nass werden, da sie sonst rosten würden“, ergänzt Moritz.

Holzbein statt Hightech-Prothese?

Doch nun will niemand mehr für die Schwimmprothese bezahlen: Das Land Salzburg, zuständig für die Behindertenhilfe, hat die Übernahme der Kosten abgelehnt – etwa 14.000 Euro. Petra Trauner: „Alle reden immer von Inklusion, und dann scheitert’s daran, dass man einem Kind eine Badeprothese zur Verfügung stellt? Das ist ja wie in früheren Zeiten, wo sich Menschen mit einem Holzstumpf fortbewegen mussten.“ Von der zuständigen Behörde, der Bezirkshauptmannschaft Zell am See, wollte niemand ins Bürgeranwalt-Studio kommen.

„Salzburg hat ein Teilhabegesetz, und der Name sollte eigentlich Programm sein. Die Unterstützung solle es Menschen mit Behinderung ermöglichen, dass sie ein normales und gleichberechtigtes Leben führen. Dazu zählt natürlich auch Sport“, sagte Volksanwalt Achitz: „Andere junge Menschen brauchen nur eine Badehose, wenn sie schwimmen wollen, Moritz braucht auch eine Prothese. Diese Benachteiligung muss ausgeglichen werden.“

Österreich habe sich in der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilnahme an Sportaktivitäten zu ermöglichen und Maßnahmen zu treffen, damit „Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern an Spiel-, Erholungs- Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen können“, entsprechend fordert Achitz, dass das Land Salzburg die Badeprothese für Moritz bezahlt.

Nachgefragt: Qualifizierte Betreuung für Menschen mit Gendefekt

Bei Kasim F. und Stefanie P. wurde kurz nach ihrer Geburt das Prader-Willi-Syndrom diagnostiziert. Das führt zu niedriger Muskelspannung und fehlendem Sättigungsgefühl. Das 17-jährige Mädchen bräuchte eine 24-Stunden-Betreuung in Wien, bei dem jungen Mann wurde zunächst die Finanzierung der Unterbringung in einer speziellen Einrichtung in Bayern abgelehnt. Nach der Kritik der Volksanwaltschaft hat der Fonds Soziales Wien reagiert und eine entsprechende Einrichtung in Wien geschaffen.

Today, the Ombudsman of Republic of North Macedonia, Mr. Ixhet Memeti, has welcomed the U.S. Ambassador Mrs. Kate Marie Byrnes.

On the meeting, both discussed the current situation of the country addressing the human rights and freedoms i.e. the opportunities of how they can be efficiently protected from the Ombudsman. Furthermore, they shared their thoughts for the cooperation with the state institutions and organizations, the civil society and the media, knowing that the Ombudsman is facing some challenges implementing the new authorities.

Nevertheless, having in mind the power of the Ombudsman as independent and impartial institution which is representing the interest of the public and as a key role in the rule of law and the development of the democracy in the country, Mrs. Byrnes clearly said that the U.S.Embassy will tirelessly continue to search for new ways and opportunities for collaboration and support of the institution.