Su Majestad el Rey ha entregado este miércoles el VIII Premio de Derechos Humanos Rey de España a los representantes de la Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES), una ONG hondureña que desarrolla proyectos educativos, asistenciales, sanitarios de construcción y de productividad para personas desfavorecidas y en riesgo de exclusión.

SM El Rey ha felicitado a los premiados por la labor que desempeñan “de manera tan ejemplar” ya que ayudan de manera efectiva a las personas más necesitadas al mismo tiempo que “consiguen que esas mismas personas se conciencien para implicarse conjuntamente con el proyecto”.

Don Felipe ha puesto en valor los derechos y libertades fundamentales que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y ha advertido que no hay que permitir que “en ningún caso se ponga en riesgo su capacidad para afirmar su plena vigencia, así como su validez de alcance universal”.

Así, ha asegurado que los derechos humanos “precisan de una atención, una dedicación y una protección permanentes” ya que “implican una afirmación inapelable de la dignidad de todas las personas, independientemente de su condición, de su origen o de sus particulares circunstancias”.

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha resaltado que “la desigualdad es la gran cuestión de nuestro tiempo” y ha recordado que la pobreza es “una decisión política que se combate por las instituciones públicas garantizando el ejercicio de los derechos”. En este sentido, ha destacado las actuaciones en los campos de la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, los servicios sociales y el acceso a la cultura.

Asimismo, y tras afirmar que “la lucha contra la pobreza y en favor de los derechos humanos no se acaba nunca”, el Defensor del Pueblo ha alabado la labor que lleva a cabo ACOES, ya que “busca la justicia a través de los ámbitos más cotidianos que afectan a gran parte de las personas más desfavorecidas, ahí donde se asienta y perdura la pobreza”.

El Rector de la UAH, José Vicente Saz, destacó en su discurso “la necesidad de promover iniciativas como el Premio de Derechos Humanos Rey de España, que desea ser un altavoz para la defensa de los derechos fundamentales, para luchar por la dignidad de cada persona, de cada pueblo, para avanzar hacia el futuro guiados por la justicia, la solidaridad y la libertad”.

Por parte de los premiados ha recogido el galardón el presidente de ACOES Honduras, Patricio Larrosa, quien ha agradecido este premio “en nombre de cientos y de miles de personas que han contribuido a crear este proyecto”.

Tras relatar la historia de “niños como Pablo o Miguel” que colaboraban con la asociación al mismo tiempo que estudiaban gracias a ayuda, ha asegurado que continuarán con su “trabajo lento, de todos los días y lleno de paciencia para que los niños y niñas que quieran estudiar en Honduras consigan su meta”.

ACOES

ACOES atiende a más de 70.000 personas de todo el país centroamericano y gracias a sus proyectos 11.000 niños y niñas tienen la oportunidad de recibir educación y acceder a la Universidad.

La Asociación cuenta con centros infantiles para 1.343 alumnos y con escuelas que atienden a 4.300 niños de las zonas más marginales de Tegucigalpa. También está presente en 35 comunidades de zonas rurales remotas con educación a distancia para 1.219 alumnos. Además, tiene dos centros de reparto desde los que gestiona 10.000 comidas diarias y tres clínicas que atienden a 40.000 personas.

Integrada por más de 200 voluntarios, ACOES colabora con 234 organizaciones y administraciones, entre ellas otras ONG de Honduras y varios ayuntamientos españoles. También trabajan con entidades no gubernamentales en Italia, Estados Unidos y Canadá.

Premio de Derechos Humanos Rey de España

Instituido en 2002, el Premio de Derechos Humanos Rey de España, reconoce e impulsa la labor de organizaciones que trabajan en la defensa y en la promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos en España, Portugal e Iberoamérica. Se entrega cada dos años y tiene una dotación económica de 25.000 euros. En esta edición se han presentado 28 candidaturas procedentes de 12 países.

Desde su creación se han celebrado ocho ediciones del Premio de Derechos Humanos Rey de España. Las organizaciones galardonadas han sido la entidad brasileña Pastoral da Criança; la Fundación Myrna Mack de Guatemala; el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), con sede en Perú; la organización no gubernamental “Un techo para mi País”, que tiene su oficina principal en Santiago de Chile; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) de México; la institución de las Adoratrices, de España y, en su última edición, la Patrulla Aérea Civil Colombiana.

Más información

https://acoes.org/

El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, insta al Ayuntamiento de Gandía a replantearse trasladar el Punto de Encuentro Familiar al Centro Social Santa Ana, por considerar que el emplazamiento inicial era idóneo y la nueva ubicación no es adecuada y generará problemas. Así lo ha recomendado en la resolución de la queja de oficio abierta el 28 de enero tras conocer la existencia de diversas quejas de usuarios, vecinos y trabajadores ante el anuncio del inminente traslado del PEF a unas instalaciones alejadas del centro urbano.

Por indicación del síndic, personal técnico de esta institución ha visitado en Gandía tanto las dependencias de la nueva ubicación prevista como la sede actual del PEF. Asimismo, se entrevistaron con vecinos de Santa Ana que se refirieron a la nula idoneidad del Centro Social para ubicar este recurso social y no solo porque les iba a impedir realizar allí muchas de sus actividades sino, especialmente, porque ni el entorno ni las instalaciones son adecuadas para garantizar el bien superior de los menores.

Cabe recordar que el Punto de Encuentro Familiar es un servicio específico que presta atención profesional especializada para facilitar que los niños y adolescentes puedan relacionarse con sus familias o personas allegadas durante los procesos de separación, divorcio o interrupción de la convivencia. Las actuaciones de los PEFs se rigen por el superior interés del menor, dando prioridad a su bienestar y seguridad, así como por los estándares de calidad que se establezcan para garantizarlas.

En el informe de los técnicos del Síndic consta que en su visita conversaron con padres usuarios del centro que les trasladaron su preocupación por el inmediato traslado, protestando por la conflictividad social existente en la zona que se prevé reubicar el PEF y manifestando que la actual localización, en el centro urbano, facilita acceder a espacios lúdicos, comercios y servicios de hostelería necesarios para las visitas de unas horas con los menores.

Dado que el Ayuntamiento de Gandía argumenta que el motivo del traslado es la urgente necesidad de ubicar a un importante grupo de funcionarios que en este momento no disponen de condiciones para realizar su trabajo, el Síndic sugiere al Consistorio que busque otro emplazamiento para reubicar a dichos funcionarios.

Por otra parte, Luna también pide a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que revoque la autorización del traslado del PEF de Gandía, dado que su emplazamiento incide directamente en su funcionamiento, e inste al Ayuntamiento a mantenerlo en su ubicación actual o que fije otro espacio que garantice el óptimo funcionamiento del servicio, atendiendo siempre al interés superior de los menores.

The Ombudsman sent letters to the Presidents of the Governing Councils of the Instituto da Segurança Social and of the Instituto de Informática where Maria Lúcia Amaral draws attention to the urgent need to establish articulation mechanisms in order to solve the “application constraints” that, according to the social security services, will be at the base of several problems in the attribution of different social benefits.

In these letters, it is drawn particular attention to the high number of complaints made by young students who contest the suspension and / or the allocation of less than the due amount of survivors' pensions, which can compromise the continuity of studies, which was the consequence in a case exposed to the Ombudsman.

Maria Lúcia Amaral asks for swift and effective procedures to be adopted in order to resolve the aforementioned computer constraints, ensuring compliance with the principles of the primacy of public responsibility, effectiveness and good administration and management of the public social security system.

„Keinen bürokratischen Knebel für den Mittelstand“, dies fordert der Bürgerbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung Klaus Holetschek, MdL, angesichts der Bonflut in Bäckereien, Metzgereien und Friseursalons. Am Freitag wurden Holetschek von der Kreishandwerkerschaft MemmingenMindelheim Tausende von Bons übergeben, die die Handwerksbetriebe gesammelt haben.  
Die Bonpflicht ist Teil der neuen Kassensicherungsverordnung, die Kassen durch eine technische Sicherheitseinrichtung (TSE) fälschungssicher machen sollen. „Die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung sorgt schon dafür, dass man getippte Umsätze nicht mehr verschwinden lassen kann“, so Holetschek. „Es muss schnellstmöglich eine Lösung für Beträge unter 10 Euro gefunden werden“, so der Bürgerbeauftragte weiter. Es müssen die Spielräume ausgelotet werden, um den Mittelstand von der Bonpflicht zu befreien, um bürokratische Auswüchse für die Unternehmen zu vermeiden. Frankreich hat vergangene Woche die Bonpflicht für Kleinbeträge wieder abgeschafft. 
„Finanzbehörden können nach Ermessen eine Befreiung von der Belegpflicht erteilen. Hier muss von Seiten der Finanzverwaltung bürgernah entschieden werden“, betonte Klaus Holetschek. Vor allem das Bäckerhandwerk ist von der Bonpflicht und damit vom Sondermüll belastet. Bei den Bäckereien fällt extrem viel Thermopapier als Sondermüll an. Bei einem Umsatz von 500 Euro fallen bei einer Tankstelle 10 Kassenbons an, bei den Friseuren rund 20 und beim Bäcker aufgrund der vielen kleinen Beträge etwa 200 Kassenbons. 
Mit anderen Landtagsabgeordneten der CSU und der FW hat Klaus Holetschek deshalb einen Dringlichkeitsantrag im Bayerischen Landtag eingebracht, der die Staatsregierung zum Handeln im Sinne des Mittelstandes und des Bürgers auffordert. Dieser Antrag wurde im Landtag beschlossen.