Ombudsman holds hearings in the Committee on Constitutional Affairs, Rights Freedoms and Guarantees.

Am gestrigen Donnerstag traf Daniel Plundrich den Vorsitzenden des Petitionsausschusses Herrn Manfred Dachner im Schloss Schwerin und übergab ihm seine Petition "Subventionierte Wiederaufnahme der Königslinie // Pro Fähre Sassnitz – Trelleborg".

Stena Line hatte den Fährverkehr auf der Route Sassnitz – Trelleborg Mitte März dieses Jahres wegen der Corona-Pandemie eingestellt und im April bekannt gegeben, die Verbindung dauerhaft aufzugeben. Der Petent sieht die Ursache für die Einstellung der traditionsreichen Fährverbindung auch in politischen Versäumnissen und fordert eine finanzielle Beteiligung des Landes, denn seines Erachtens sei die Königslinie eine Verbindung mit Potential, die eine enorm große Bedeutung für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung Mecklenburg-Vorpommerns habe. Um deutlich zu machen, dass er mit seiner Forderung nicht allein dasteht, hat er die Petition im Mai 2020 auf der privaten Internetplattform „openPetition“ gestartet und sowohl online als auch auf herkömmlichen Wege insgesamt mehr als 2 300 Unterschriften für seine Forderung gesammelt.

Zwar gibt es zwischenzeitlich eine neue Entwicklung – die Förde Reederei Seetouristik bietet ab dem 17. September eine neue Fährverbindung von Sassnitz nach Schweden an –, der Petent wies jedoch darauf hin, dass diese Verbindung nicht auf der klassischen Route der Königslinie nach Trelleborg, sondern ins schwedische Ystad führe und sich die Fährlinie, die nun mit einem 26 m langen Katamaran sichergestellt werden soll, auf den touristischen Verkehr konzentriere.

Der Petitionsausschuss wird zu dem Anliegen des Petenten nunmehr das Prüfverfahren einleiten.

En la reunión que tuvo lugar en el Edificio Pignatelli, estuvieron presentes Mayte Pérez, Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Sira Repollés, Felipe Faci, Consejero de Educación, Cultura y Deporte y Javier Marión, Gerente del Servicio Aragonés de Salud y por parte de esta Institución el Justicia, Ángel Dolado y el Lugarteniente del Justicia, Javier Hernández

Zaragoza, 07/06/20

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, acompañado por el Lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, mantuvo una reunión de trabajo con el fin de analizar y compartir el estado de los asuntos que se han recibido y trabajado desde El Justicia de Aragón durante este periodo de pandemia con el Gobierno de Aragón y los planes previstos por cada uno de los Departamentos para afrontar los próximos meses en la actual situación de pandemia.

A lo largo de estos meses, desde esta Institución, se han recibido más de 300 quejas y consultas relacionas por la crisis sanitaria, social y económica derivada del COVID-19, y gran número de consultas sobre la interpretación de las diferentes normativas que iban entrando en vigor.

La actividad de la Institución ha sido permanente en todo momento, con atención telemática durante el estado de alarma y presencial desde el día 1 de junio.

Cabe destacar la especial atención que se ha prestado en Educación y en Servicios Sociales.

En la primera de las materias mediante un Informe presentado el Gobierno de Aragón, Cortes de Aragón sobre educación en la alarma sanitaria y propuestas para la escolarización en el curso 2020/2021, las visitas y análisis realizados a centros para conocer los protocolos en los días previos a la actividad escolar.

En el ámbito de servicios sociales, antes de la pandemia se comenzó un Informe sobre residencias de mayores, con visitas que se vieron suspendidas por el estado de alarma, no obstante, desde entonces hasta el presente, se está redactando ese Informe con la especificidad de analizar las actuaciones en las mismas durante esta crisis, que será presentado en las próximas semanas en el que se recogerá un gran volumen de información recogida del ámbito residencial.

En la reunión, se abordó un intercambio de información sobre estos y otros temas que han tenido una incidencia destacada tanto en los meses pasados como en este momento presente, en las que sobresalen las relativas a los nuevos protocolos en centros de atención primaria en sanidad, y el acceso y tramitación de las diferentes prestaciones puestas en marcha por las administraciones y la vuelta a los centros educativos.

Cabe resaltar que desde la Institución se ha intentado evitar demoras por trámites administrativos: solicitudes de información, recordatorios… etc. Y en muchos casos realizar una comunicación directa con las administraciones para agilizar y resolver algunas de las cuestiones presentadas por los ciudadanos.

Dichas actuaciones y los métodos ágiles de comunicación con el Gobierno de Aragón, se analizaron también en el encuentro con los responsables de los diferentes departamentos.

l Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, valora positivamente que la Secretaría de Estado de Migraciones haya aceptado su recomendación para que los solicitantes de protección internacional puedan obtener una autorización de residencia sin tener que renunciar a su estatus.

Tras recibir numerosas quejas que ponían de manifiesto las dificultades con las que se topaban los solicitantes de asilo para obtener autorizaciones de residencia, Fernández Marugán recomendó en octubre de 2017 a la entonces Secretaría General de Inmigración y Emigración que elaborara una instrucción para clarificar la compatibilidad de los procedimientos de asilo con los regulados en la legislación de extranjería. Además, en particular, le pedía que tuviera en cuenta las solicitudes de residencia por circunstancias excepcionales relativas a menores y víctimas de trata de seres humanos, todo ello en coordinación con la Subsecretaría del Interior.

La citada Secretaría rechazó esta recomendación que ha sido aceptada ahora por la actual Secretaría de Estado de Migraciones.

En su resolución el Defensor del Pueblo destacaba que la legislación en materia de extranjería no prevé la incompatibilidad de la tramitación del procedimiento de asilo con el procedimiento de extranjería.

Así, aseguraba que la condición impuesta a los solicitantes de asilo de renuncia al procedimiento de protección internacional, si se les concedía la autorización por arraigo, a su juicio, “no solo carece de sustento legal sino que, además, supone el incumplimiento del compromiso de la administración española de garantizar el derecho de asilo a aquellas personas que estén en necesidad de protección internacional y coloca en situación de riesgo a los interesados que, una vez renuncian a su solicitud de asilo, ya no están protegidos por el principio de no devolución”.

Fernández Marugán valora positivamente la aceptación de esta recomendación que en su opinión, beneficia a un colectivo de personas especialmente vulnerable y protegido por el derecho internacional.