l Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha advertido hoy de que los problemas y retos que afectan a los menores de edad no desaparecerán, más bien al contrario, se agudizarán y recrudecerán a causa de la COVID-19. El Defensor del Menor de Andalucía ha entregado hoy el Informe del Menor 2019 a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, una presentación retrasada a causa de la suspensión de la actividad parlamentaria con motivo de la pandemia.

Este Informe detalla que durante 2019 el Defensor del Menor de Andalucía realizó 5.585 actuaciones, de las cuales 2.454 se refirieron a quejas (1.789 iniciadas ese mismo año, 29 de ellas de oficio), y el resto procedente de años anteriores, así como la atención de 3.131 consultas.

El Defensor del Menor de Andalucía ha explicado las actuaciones realizadas en el Informe del Menor 2019 para la protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, entre los que ha destacado los derechos a la salud, la educación y a la protección, y ha aportado sobre los mismos algunas consecuencias que ya se están advirtiendo como consecuencia de la COVID, a la espera de un Informe extraordinario de la Institución que profundizará en estos efectos.

De esta manera, en cuanto al derecho a la salud, Jesús Maeztu ha indicado que el Informe 2019 detecta que persisten las carencias de atención pediátrica que han despertado demandas vecinales de muchas zonas rurales andaluzas. La escasez de pediatras disponibles es, en la mayoría de los casos, el impedimento para la dotación de las plazas, lo que conlleva a que los facultativos de familia asuman la función de atención a los menores de edad. Asimismo, se siguen abordando quejas sobre las listas de espera y los plazos de garantía para los pacientes menores de edad. Durante el confinamiento, la Institución que dirige Jesús Maeztu ha abierto quejas por reorganización de servicios pediátricos en perjuicio de usuarios que están protestando en Sevilla capital o zonas rurales de Huelva.

Especial atención ha dedicado el Defensor del Menor a la salud mental de los menores, uno de los aspectos agravados durante el confinamiento. Jesús Maeztu ha destacado que es necesario fortalecer la red de salud mental y de apoyo psicosocial para las personas menores de edad y atender adecuadamente toda la demanda, poniendo los medios necesarios para evitar su saturación.

En cuanto al derecho a la educación, el Defensor del Menor ha apuntado que el Informe repasa algunos problemas que sigue teniendo la escolarización, aunque continúa una tendencia a la baja. En todo caso, el Defensor ha destacado las actuaciones para asegurar la escolarización prioritaria del alumnado que padece casos especiales de enfermedad, una labor que se ha visto reflejada en el nuevo decreto de escolarización publicado en 2020.
También en cuanto a la educación especial, el Informe recoge los problemas que afectan al alumnado con necesidades educativas especiales, persistiendo los problemas de ausencia o escasez de profesionales en los centros docentes, de manera mayoritaria los Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS). Asimismo, el Defensor ha destacado su preocupación por los fenómenos relacionados con la despoblación que están afectando de manera grave a los objetivos de lograr una implantación general y normalizada de los recursos educativos en el territorio de Andalucía: “Un recreo en silencio es la muerte de un pueblo”, ha señalado Jesús Maeztu, para recordar que durante 2019 la Institución ha comenzado un Informe especial sobre esta realidad.

La actividad educativa ha sido una de las principales afectadas por la irrupción de la COVID y por esta razón Jesús Maeztu ha expuesto su advertencia de que la suspensión de la actividad presencial aumenta el riesgo de la brecha de desigualdad de la infancia en el acceso a los recursos. En este sentido la Defensoría mantiene abierta una investigación de oficio con la administración educativa para visibilizar esta problemática y requerir la adopción de medidas para la continuidad del aprendizaje de todo el alumnado en términos de equidad y calidad. Del mismo modo, la Institución continúa interesada en conocer las medidas de apoyo para paliar el desfase en el aprendizaje respecto del alumnado con necesidades educativas especiales y tiene abierta investigación para que el alumnado con discapacidad auditiva pueda continuar su proceso educativo telemático. Jesús Maeztu también ha apuntado la labor de la Defensoría desde el primer momento para garantizar el derecho básico a la alimentación a través del Plan SYGA de ayuda alimentaria, que quedó suspendido inicialmente tras los cierres de los centros escolares.

En cuanto al derecho a la protección, el Defensor del Menor de Andalucía ha subrayado la intervención constante de la Institución en la protección de los menores migrantes que llegan a Andalucía sin estar acompañados. Esta actividad propició el pasado año la celebración en Sevilla y Tarifa de las Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo nacional y autonómicos, que concluyó con la Declaración de Tarifa, un decálogo de medidas para mejorar la protección de estos niños y niñas.
En el confinamiento, el Defensor del Menor de Andalucía ha manifestado su preocupación por el incremento de las denuncias de posibles situaciones de maltrato a niños y niñas debido a una convivencia permanente, continuada y forzosa, que favorece el conflicto entre la pareja y propicia las situaciones de violencia de género en la que también son víctimas los menores edad o directamente contra niños, niñas y adolescentes. El Defensor del Menor ha señalado que en este periodo se han incrementado las llamadas telefónicas a los servicios de atención y ayuda a las mujeres víctimas de maltrato, como han alertado distintos organismos, y ha señalado que también la Defensoría ha experimentado un incremento de denuncias sobre menores en situación de riesgo.

CUESTIÓN A DEBATE

El Defensor del Menor de Andalucía ha dedicado un capítulo del Informe del menor a una cuestión que quiere visibilizar como es el acceso de niños y adolescentes a material pornográfico en internet. El Defensor del Menor ha subrayado los riesgos que para las personas menores de edad se derivan del mal uso de Internet, que puede perjudicar su desarrollo y su formación, además de vulnerar algunos de sus derechos fundamentales como son la intimidad, el honor, o la propia imagen, e incluso pueden ser objeto de acoso.

El Defensor del Menor de Andalucía ha señalado que se trata de un fenómeno en auge, ya que si bien la pornografía ha existido durante mucho tiempo, ahora ha cambiado el canal de distribución; simplemente los menores pueden acceder disponiendo de un teléfono móvil con acceso a Internet.

Entre los efectos negativos que causa a niños y adolescentes, el Defensor del Menor ha apuntado que el consumo de pornografía cosifica la figura de la mujer e incrementa el riesgo de agresiones y violencia sexual; puede crear dependencia en el consumidor; puede afectar a la socialización de los menores de edad; genera una relación desigual entre el hombre y la mujer, quedando esta última reducida a objeto sexual disponible y puede llevar a adolescentes y jóvenes a creer que deben emular las practicas que han observado y a fomentar la prostitución. En definitiva, los nefastos efectos de la pornografía existente en internet afectan a jóvenes que aún no tienen madurez psicológica, que pueden acceder de un modo fácil a miles de páginas, no siempre de forma voluntaria, de manera anónima, generalmente gratuita, sin ningún tipo de control y cada vez a edades más tempranas, ha concluido el Defensor del Menor de Andalucía.

Por todo ello, y con el objetivo de la especial protección de la que son objeto las personas menores de edad, el Defensor del Menor ha señalado que se deben implementar medidas que impidan, o cuanto menos, dificulten, el acceso de los menores a este tipo de contenidos, pero sobre todo educar en un uso responsable de las TIC. De este modo, ha indicado que el recurso más efectivo para evitar el acceso de menores a material pornográfico en Internet es la educación, tanto de familias como de la escuela.
El Defensor del Menor de Andalucía ha abogado por superar la brecha digital entre adultos y menores y fomentar el diálogo; así como establecer una reflexión con el alumnado sobre los riesgos de este consumo, con el objetivo de contar con una educación adecuada sobre las relaciones afectivas y sexuales, ya que “el problema es que para muchos niños, niñas y adolescentes, la pornografía en Internet se ha convertido en su principal fuente de información y educación”.
Para el Defensor del Menor, tanto las familias como la escuela deben transmitir esta educación antes de que lo haga Internet, en la línea de las recomendaciones ya recogidas por organismos internacionales como la Unesco.
Por último, el Defensor ha subrayado también el papel de los poderes públicos, así como de la industria del sector, que deben tener autoregulación y códigos de conducta ajustados a principios jurídicos y respetar los límites para no perjudicar a niños, niñas y adolescentes.

Las empresas que gestionan servicios de interés general han tenido que establecer nuevos protocolos para garantizar la salud y la seguridad de las personas usuarias

Aunque el uso de mascarilla y mantener la distancia social son una obligación en los transportes públicos, se han observado comportamientos contrarios y masificaciones

La institución se ha dirigido a la Dirección General de Transporte y Movilidad para obtener información
 

El Síndic de Greuges de Cataluña ha iniciado una investigación de oficio sobre las medidas adoptadas en Cercanías de Cataluña, Transportes Metropolitanos de Barcelona y Ferrocarriles de la Generalitat. La crisis sanitaria provocada por la expansión de la Covid-19 y el regreso a un escenario de nueva normalidad ha comportado la modificación de las pautas de conducta y de interacción entre las personas. Así, las empresas que gestionan servicios de interés general no han quedado al margen y han tenido que establecer nuevos protocolos para garantizar la salud y la seguridad de las personas usuarias. 

El uso de mascarilla y mantener la distancia social son una obligación en los transportes públicos. Sin embargo, se han observado comportamientos contrarios a estas indicaciones, tanto en las estaciones como en los trenes, metros y autobuses de las diferentes líneas. También se ha constatado, a través de fotografías aparecidas en los medios de comunicación y en las redes sociales, que no se mantiene la distancia en los andenes y que algunos convoyes están masificados, como los de la línea de Cercanías R-1, que van llenos, especialmente durante los fines de semana. 

A fin de resolver en la forma conveniente sobre el objeto de esta actuación de oficio, el Síndic pide que se den las órdenes oportunas a Cercanías, TMB y FGC, para que, en el plazo más breve posible, se informe de nuevo a la institución sobre este asunto, concretamente: 

1. Sobre las medidas adicionales que se han adoptado para hacer cumplir las medidas de seguridad establecidas −mascarillas y distancia social−, agentes de seguridad privada en las estaciones, vagones de tren, etc.
2. Sobre el procedimiento cuando el personal de seguridad privada o inspectores / controladores de billetes detectan que alguna persona no lleva la mascarilla puesta o no la quiere utilizar.
3. Dar a conocer el número de denuncias presentadas por la falta de utilización de mascarilla o por no mantener la distancia social.
4. Informar si en cada estación de Cercanías de Cataluña, TMB y FGC y convoyes de tren hay personal de intervención y de seguridad privada.
5. Reportar las medidas que se adoptan para evitar la concentración de personas en los andenes de las estaciones.
6. Comunicar las medidas que se adoptan cuando los convoyes van llenos y no es posible mantener la distancia de seguridad. ¿Quién es el encargado de controlar las capacidades de los vagones? 

On the initiative of the Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan, a videoconference was held on the topic of “Protecting human rights and promoting multicultural values in times of pandemic” in Guba. The representatives of civil society, NGOs, local communities and various ethnic groups have joined the event. 

The head of Guba Regional Center, Bahruz Afandiyev has moderated the videoconference and the deputy head of a department, head of International Relations Sector of the Ombudsman Office, Zaur Valimammadli greeted the participants on behalf of the Commissioner Sabina Aliyeva. He provided information on the Ombudsman’s activities aimed at effectively ensuring human rights and freedoms in the context of pandemic. This was mentioned as well that representatives of different nationalities, ethnic minorities have lived in Azerbaijan in an environment of peace, tranquility and friendship.

It was stated that the fight against COVID-19 pandemic requires national, regional and global level of strong solidarity. Touching upon the Commissioner’s special calls for ensuring the rights of vulnerable populations during the special quarantine regime enacted in Azerbaijan, he noted that this experience was highly evaluated by representatives of international organizations.

Z.Valimammadli added that ensuring equal rights and combating discrimination occupy an important place in the Commissioner’s activities. He reminded the cooperation with the Council of Europe within the Eastern Partnership program aimed at increasing knowledge and experience of staff members of the Ombudsman Office; noted the importance of the training-seminar held in Guba on “Combating discrimination in practice for field officers of the Ombudsman institution” with participation of civil society representatives and foreign experts.

Participants spoke about the significance of actions for promoting multicultural values, Azerbaijani nation’s contribution for the world with universal values like tolerance and peace.

Later, the representatives of the Ombudsman Office answered the questions of the participants.

Le vendredi 3 juillet, Monsieur Marc BERTRAND, Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Messieurs Nicolas THISQUEN et Thibaut de VILLENFAGNE, respectivement Président du Comité de Direction et Directeur général de la SOWAER, ont signé un Protocole de collaboration afin de consacrer un système de traitement des réclamations à deux niveaux.

23-07-2020

Merton enforcement agents acting on behalf of the local council wrongly seized a woman’s car – and her means of employment – when attempting to recover a debt, the Local Government and Social Care Ombudsman has found.

The woman had incurred the debt she owed to London Borough of Merton through unpaid council tax and road traffic offences.

When enforcement agents employed by the council tried to recover the debt, they made a catalogue of errors, so the woman was unable to arrange a payment plan.

Because the debt remained unpaid, the enforcement agents clamped the woman’s car and spoke to her brother about the debt, compromising her privacy. When the woman tried to contact the agent, he was unavailable and the recorded message on his phone suggested he would be difficult to contact.

The woman complained to the council and explained her car was a ‘tool of the trade’ as she worked throughout the country and would not be able to work without it. The council did not properly consider what she said and did not tell the woman about her right to go to court to appeal the decision.

Despite this, the car was sent to an auctioneer. The woman was able to raise the funds to release the car.

However, when the woman incurred a further debt and failed to stick to an agreed repayment schedule, the enforcement agent returned to her home, seizing her car a second time. The car was then sold at auction.

The woman complained to the Local Government and Social Care Ombudsman. Its investigation found multiple problems with the way the council did not follow the Taking Control of Goods Regulations, including failing to record or keep proper records of its actions, poor communication and failing to inform the woman of her rights. The investigation lists more than 20 faults in the way the council and its enforcement agents handled the debts.

Michael King, Local Government and Social Care Ombudsman said;

“We have issued this report because this case is an example of the problems that can occur when councils and their agents fail to follow the proper procedures. I would urge other authorities to consider its detail and learn from the mistakes made here.

“We were particularly concerned by the council’s actions in removing the woman’s car, after she explained its necessity for her work. It took away her means of earning a living in a way that appeared contrary to the Regulations. It then compounded that fault by not telling her she had a right to appeal. Local authorities who act as enforcement agents must always consider carefully the consequences of using the powers they are given and exercise them lawfully.

“It is to the council’s credit that it readily accepted it got things wrong early in the process and has done a lot of work on its own initiative to improve the service it offers to residents.”

The Local Government and Social Care Ombudsman’s role is to remedy injustice and share learning from investigations to help improve public, and adult social care, services. In this case the council has agreed to apologise to the woman and pay her a financial remedy of £1,050 to reflect both her distress and time and trouble in bringing the complaints, and also the value of her car when sold at auction. This will be used to offset some of her outstanding debts. The council will also give the woman a clear breakdown of one of her debts to allow her to put forward a payment plan

The Ombudsman has the power to make recommendations to improve processes for the wider public. In this case the council has agreed to provide the Ombudsman with a service improvement plan and an update on proposals to introduce a new policy for the use of body worn cameras by enforcement agents.

Article date: 23 July 2020