Siglato l’accordo con il Difensore civico della Toscana, il primo in tutta la Toscana meridionale

Il Difensore civico regionale e Sei Toscana attiveranno entro il 2020 un Osservatorio per il monitoraggio costante e condiviso sui servizi al pubblico con l’obiettivo di misurare la qualità dei servizi erogati, valutare il grado di soddisfazione degli utenti finali e individuare eventuali azioni correttive utili.

L'accordo è stato siglato nei giorni scorsi dall’ad di Sei Toscana, Marco Mairaghi e dal difensore civico della Regione Toscana, Sandro Vannini e riguarda in particolare le attività di customer care rivolte ai cittadini/utenti del servizio e i Comuni dell’ATO Toscana Sud. L'Osservatorio avrà la sua sede presso gli uffici del Difensore Civico che redigerà annualmente un report di sintesi. La collaborazione riguarderà anche gli adempimenti previsti dalle recenti disposizioni in tema di trasparenza e controllo previsti da ARERA sia per quanto concerne l’erogazione dei servizi, sia per le attività di riscossione della tariffa.

“Intendiamo porre l’attenzione verso l’utenza al centro dell’azione di Sei Toscana – spiega Leonardo Masi, presidente di Sei Toscana – che in qualità di gestore di un servizio pubblico essenziale è chiamata ad operare anche come volano di crescita della qualità della vita dei cittadini che risiedono nella Toscana del Sud. La collaborazione con il Difensore Civico Regionale ci gratifica e sarà un importante stimolo di miglioramento continuo, sia nella nostra capacità di ascolto delle esigenze dei cittadini, sia dell’innalzamento degli standards di qualità del servizio, aspetti che consideriamo prioritari nell’attività dell'azienda”.

“È importante il monitoraggio della qualità dei servizi offerti ai cittadini, afferma il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani. Con questa collaborazione sarà possibile verificare l’efficienza dei servizi e ridurre il contenzioso sulle tariffazioni inesatte, proprio adesso che siamo in una fase economica e sociale delicata.”

“La collaborazione con Sei Toscana – afferma il difensore civico Regionale Sandro Vannini – rientra nell’ambito delle funzioni della difesa civica, ossia nel ruolo di mediazione e di conciliazione per il superamento dei conflitti e dei problemi tra gestori di servizi pubblici ed utenti. Abbiamo già siglato altre convenzioni analoghe ma questa è la prima nella Toscana meridionale. L’osservatorio è finalizzato alla verifica dei servizi erogati dalla società Sei Toscana e alle possibili azioni correttive al fine di massimizzare le esigenze degli utenti e ridurre al minimo le situazioni il contenzioso. Ringrazio Sei Toscana per aver colto questa opportunità e mi auguro che altre società che operano nel settore dei servizi al cittadino vogliano seguirne il virtuoso e coraggioso esempio”.

“La nostra volontà è quella di caratterizzarci sempre di più come un’impresa al servizio delle comunità locali e a difesa dei territori – spiega l’ad di Sei Toscana Marco Mairaghi –. Questa collaborazione ci consentirà di velocizzare il percorso per diventare una Società Benefit che, secondo la normativa nazionale in vigore, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse”.

Desde el día 16 de marzo en que se comunicó el cese de actividad presencial, todo el personal de la Institución atendió a la ciudadanía de forma telefónica y telemática. En este momento, atendiendo las recomendaciones sanitarias y tras adoptar las medidas necesarias, se reanuda la actividad presencial.

La esencia de esta Institución es el servicio a la ciudadanía para proteger sus derechos y, aunque durante el estado de alarma nuestro trabajo siguió desarrollándose al mismo ritmo o incluso mayor, es necesario el contacto directo con la ciudadanía.

Castilla y León prevé la participación de al menos dos tercios del censo de padres, madres o tutores y que den su conformidad dos tercios de los participantes, exigencias que pueden llegar a dificultar el cambio de jornada escolar en cada centro.

Por otro lado, las familias monoparentales, con el único voto del progenitor o representante legal de los alumnos, tienen menos representación en la consulta sobre el cambio de la jornada escolar en comparación con el resto de las familias.

El Procurador del Común recibió numerosas quejas, a través de las cuales se manifestaba la disconformidad con el contenido de la Orden de 7 de febrero de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, en el que se regula el procedimiento de autorización de modificación de la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y/o Primaria de la Comunidad de Castilla y León. Las quejas se referían al porcentaje de participación y de voto a favor que se exige a los padres y madres o tutores en los procedimientos seguidos al amparo de dicha normativa para la autorización de la modificación de la jornada escolar; todo ello a raíz del resultado obtenido en un concreto centro educativo en el que no se obtuvo el quorum necesario para que tuviera lugar la votación necesaria para continuar el procedimiento que se había iniciado para el cambio de la jornada escolar. Tras esta queja, teniendo en cuenta que es un asunto que podría afectar a otros centros, se inició una actuación de oficio.

No cabe obviar que los procedimientos a los que nos referimos han de ser iniciados con la aprobación de la mayoría del Consejo Escolar. Seguidamente, el Claustro de Profesores debe aprobar por mayoría el Proyecto de modificación de la jornada escolar elaborado por el Equipo Directivo o comisión en quien delegue, el cual debe ser aprobado por la mayoría absoluta de los miembros del Consejo Escolar, previa consulta a los padres, madres o tutores. Finalmente, la propuesta de autorización de la modificación de la jornada escolar debe ser elaborada por el correspondiente Director Provincial, resolviendo el Director General de Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación. En cuanto a la consulta de los padres, madres o tutores para la modificación de la jornada escolar, se exige la participación de un mínimo de dos tercios del total del censo, y que den su conformidad dos tercios de los participantes. No obstante todo lo anterior, a través de las quejas que llegaron al Procurador del Común, se planteaba la dificultad que existe en algunos casos para obtener mayorías de madres y padres o tutores cuando existe un amplio número de ellos que se mantienen al margen de la participación, bien por desinterés, o por no poder o tener dificultades para desplazarse a los centros educativos para participar en la toma de decisiones.

A tal efecto, a juicio del Procurador del Común se estimó que podría valorarse la conveniencia de establecer una participación mínima de dos tercios de padres y madres o tutores y, en el caso de no obtenerse la misma, añadirse una segunda convocatoria en la que fuera suficiente la participación de la mitad del censo de padres, madres o tutores, de los que dos tercios de ellos deberían votar a favor para la continuación del procedimiento de cambio de jornada escolar. De este modo, siempre existiría una mayor motivación para participar en los procedimientos de cambio de jornada escolar, y la mera pasividad no pesaría en exceso en contra del éxito de una decisión de cambio de jornada que fuera apoyada por una mayoría cualificada de participantes. Otra posibilidad, sería seguir el ejemplo de otras Comunidades autónomas en las que se exigen mayorías menos cualificadas, como es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, donde se exige el 55% de los votos; o de la de Andalucía, que exige una mayoría absoluta.

Con todo, el Defensor del Pueblo de Castilla y León ha instado a la Consejería de Educación a que valore con la mayor celeridad posible llevar a cabo una modificación de la normativa vigente reguladora del procedimiento de autorización de modificación de la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y/o Primaria de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de suavizar, en lo que respecta a la consulta de los padres, madres y tutores legales, la actual exigencia de que exista una participación de un mínimo de dos tercios del total del censo, y que den su conformidad dos tercios de los participantes, en la medida en que esa doble exigencia puede ser un obstáculo a que se imponga una voluntad mayoritaria al cambio de la jornada escolar cuando la participación en los procedimientos sea escasa. Además, procedería otorgar a cada padre, madre o tutor legal un voto; y dos votos a las familias monoparentales o a aquellas en las cuales solo haya un representante legal.  Por último, el cambio normativo debería igualmente servir para concentrar, en una única disposición, toda la regulación del procedimiento de autorización de modificación de la jornada escolar.

Seminario on-line promosso dall’università degli Studi di Trieste, in collaborazione con il Difensore Civico FVG e l’Associazione Amministrativisti FVG.