En el incidente han resultado muertos los cuatro miembros de una familia, dos de ellos niños

El Síndic quiere conocer las actuaciones llevadas a cabo por los servicios sociales municipales para atender a las necesidades de esta familia, especialmente en materia de vivienda y protección de los niños
 

El Síndic ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la muerte de cuatro personas, dos de ellas niños de uno y tres años, en un incendio que se ha producido en un local irregularmente ocupado en la ciudad de Barcelona. Según las informaciones publicadas, otra familia resultó herida por inhalación de humo.

Según declaraciones del propio consistorio a los medios de comunicación, los servicios sociales del Ayuntamiento eran conocedores de la ocupación y de la presencia de niños en el seno de la familia.

Por lo anterior, el Síndic se ha dirigido al Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona para conocer desde que fecha eran conocedores de la situación de ocupación irregular de este local y sobre las intervenciones llevadas a cabo por los servicios sociales para atender a las necesidades básicas de los núcleos familiares que vivían en el local incendiado a fin de ofrecerles un recurso residencial en condiciones dignas de habitabilidad.

El Síndic también quiere saber si los servicios sociales habían realizado alguna coordinación o asesoramiento con los equipos de atención a la infancia y la adolescencia, para garantizar a los niños una atención adecuada y para estudiar la posible existencia de factores de riesgo para los niños que vivían allí.

El Síndic también se ha dirigido al Departamento de Interior para conocer si había habido intervenciones de agentes del cuerpo en relación con este local, como también ha sido publicado en medios de comunicación.

En el marco de otros casos, como en el caso de la nave incendiada en el barrio del Gorg de Badalona, el Síndic ya recordó que la vivienda es un elemento básico del bienestar psicosocial, cultural y ambiental, y también de la cohesión social, y que esta vivienda digna y asequible no está garantizada en Cataluña respecto a numerosas personas.

En cuanto a los servicios sociales básicos, el Síndic recuerda que la Cartera de servicios sociales prevé que uno de los recursos de que deben disponer es el servicio de acogimiento residencial de urgencia y el servicio de residencia temporal para personas adultas en situación de exclusión social, concebidos como recursos temporales. Sin embargo, el hecho es que muchos municipios no disponen de estos servicios de acogida, y en otros que sí disponen de ellos a menudo son insuficientes para atender la demanda.

Rafael Yanes y José Mazuelos establecen lazos de colaboración para la protección de los colectivos más vulnerables

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con el nuevo obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, para sentar bases de colaboración y coordinación que ayuden a proteger las necesidades y derechos de los colectivos más vulnerables.

Ambos representantes destacaron la importancia de tener una buena comunicación entre la Diócesis de Canarias y las distintas administraciones públicas del Archipiélago, con el fin de facilitar el trabajo a la hora de acercar a los grupos más necesitados aquellas ayudas que se encaminen a la protección de sus derechos más fundamentales.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha recibido hoy a representantes de la Coordinadora Andaluza de ONG para el Desarrollo (Caongd), que aglutina a movimientos como CCOO Andalucía, Unrwa, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, Acnur o Unicef Andalucía, que la han expuesto su preocupación ante el retroceso de la cooperación internacional.

Jesús Maeztu ha señalado que las acciones que llevan a cabo estas organizaciones son muy importantes y necesitan recursos para desarrollarlas, "la paz, la convivencia, la no discriminación, la desigualdad y apoyo específico de problemas de otros países y de Andalucía que se puedan ver cortados por la falta de recursos". "La Defensoría entiende que esta cooperación, unido al análisis de gobierno abierto, de administración eficaz y de lucha por la convivencia de los pueblos merece un respeto y una atención, sin que los recursos se reduzcan progresivamente", ha señalado.

El Defensor ha emplazado al Gobierno andaluz a atender la cooperación internacional , "que no vaya en descenso, y llegue a ser insignificante en Andalucía, una tierra muy solidaria". "Un apoyo cerrado y firme para encontrar medidas que palien la situación financiera y que los recortes se revisen y puedan ellos desempeñar la labor tan magnífica que están haciendo", ha concluido el Defensor del Pueblo andaluz.

Nr. 26 / 29. November 2021

Bürgerbeauftragte informiert über wichtige Änderungen im Sozialrecht im Jahr 2022

Zwar wurden im kürzlich veröffentlichten Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung bereits potentielle sozialrechtliche Reformpläne bekannt, jedoch ist deren konkrete Umsetzung noch unklar. Sicher sind aber schon jetzt mehrere Änderungen, die bereits zu Beginn oder im Verlauf des Jahres 2022 für die Bürger*innen von Bedeutung sein werden. Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein, Samiah El Samadoni, gibt einen Überblick: Änderungen bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende („Hartz IV“): Erhöhung der Regelsätze: Zum 1. Januar 2022 erhöht sich der Regelsatz für alleinstehende und alleinerziehende Personen von 446 € auf 449 € im Monat. Ehegatt*innen und Lebenspartner*innen erhalten statt 401 € künftig 404 €. Auch die Regelsätze für Jugendliche und Kinder sowie Menschen mit Behinderungen werden angepasst und können bei Bedarf bei der Bürgerbeauftragten erfragt werden. Erhöhung der Mehr- und Schulbedarfe: Entsprechend ändern sich auch die Mehrbedarfe (beispielsweise für Alleinerziehende) sowie die Schulbedarfe (für das erste Schulhalbjahr auf 104 € und für das zweite Schulhalbjahr auf 52 €). Reformvorhaben: In den Koalitionsverhandlungen der neuen Regierung wird erwogen, anstelle de (...)

Corona-Fragen zu Impfungen, Beschwerden über Wartezeiten beim PCR-Test oder Komplikationen beim Grünen Pass treffen derzeit zu Hunderten bei der Volksanwaltschaft, aber auch bei der ORF-Bürgeranwalt-Redaktion ein. Etwa von Erich A., der sich empfehlungsgemäß nach vier Monaten die dritte Corona-Impfung holen wollte. Er bekam sie im Oktober, exakt 119 Tage nach seinem Zweitstich, bei der Impfstraße in Traunkirchen (Oberösterreich).

Als er am Tag darauf ein entsprechendes Impfzertifikat in den Grünen Pass laden wollte, erlebte er aber eine Überraschung: Im Zertifikat stand „2/2“ – also dass er erst zwei Mal geimpft sei, anstatt drei Mal. Der Grund: Die Empfehlung für die Drittimpfung würde man nur für Drittstiche ab dem 120. Tag nach der Zweitimpfung bekommen. A. sagt, das Sozialministerium habe ihm empfohlen, vom Arzt einfach ein falsches Impfdatum eintragen zu lassen – was er allerdings ablehnte – „das wäre ja Dokumentenfälschung“. „Dass eine Behörde so etwas empfiehlt, das darf auf keinen Fall vorkommen“, sagte Volksanwalt Bernhard Achitz in der Bürgeranwalt-Sendung am 27. November.

„Aber auch das Vorgehen des Ministeriums ist ein Schildbürgerstreich. Es stimmt zwar, dass die dritte Impfung erst nach 120 Tagen erfolgen sollte. Das wird aber nicht ordentlich kommuniziert“, sagte Achitz. Spätestens in der Impfstraße hätte er darauf aufmerksam gemacht werden müssen. „Und außerdem ist die dritte Impfung auf jeden Fall als 3/3 einzutragen. Das sieht sowohl das EU-Recht als auch das österreichische Epidemiegesetz so vor.“

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