Des incidents de haine envers les Juifs sont apparus tout au long de la pandémie de coronavirus. Même si le nombre d’incidents antisémites a diminué dans certains pays, le problème principal reste le même dans toute l’Europe : la plupart des incidents ne sont toujours pas signalés. Chaque pays collecte les données différemment et certains n’en collectent aucune. Cette situation continue d’entraver les efforts visant à lutter efficacement contre l’antisémitisme en Europe, comme en atteste la dernière vue d’ensemble annuelle des incidents antisémites produite par l'Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA).

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« L’antisémitisme est un problème grave. Mais, en l’absence des données nécessaires, nous n’en mesurons pas la gravité. Ce manque de données nous empêche par ailleurs de lutter efficacement contre l’antisémitisme », déclare le directeur de la FRA, Michael O’Flaherty. « Les pays de l’UE doivent intensifier leurs efforts pour encourager le signalement et améliorer l’enregistrement et la collecte de données, comme le recommande la récente stratégie de l’UE de lutte contre l’antisémitisme et de soutien à la vie juive. Ainsi, nous serons mieux à même de lutter contre la haine et les préjugés envers les Juifs. »

La dernière vue d’ensemble annuelle de la FRA souligne les points suivants :

• D’importantes lacunes subsistent en matière de collecte de données — Peu de pays de l’UE enregistrent les incidents antisémites d’une façon effective qui permettrait de disposer de données officielles complètes. Certains pays (Hongrie et Portugal) ne collectent aucune donnée officielle.

• COVID-19 — L’antisémitisme, notamment en ligne, a augmenté pendant la pandémie. Parallèlement, les enquêtes de la FRA montrent systématiquement que les actes antisémites sont largement sous-déclarés. Ces lacunes en matière de collecte de données officielles continuent de masquer la réalité.

La adjunta de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera, apoya la petición y destaca que “el cuerpo de enfermería es el primer conocedor de la situación de las víctimas, haya o no denuncia”

Solicitan la inclusión de los informes de detección de violencia de género realizados por enfermeras en el marco legal de la Comunidad Autónoma de Canarias

La adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, ha comparecido en rueda de prensa junto con los presidentes de los Colegios Oficiales de Enfermería de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, Rita Mendoza y José Ángel Rodríguez, respectivamente.

Ambos presidentes entregaron una queja a la adjunta para solicitar la inclusión de los informes de detección de violencia de género realizados por enfermeras, en el marco legal de la Comunidad Autónoma de Canarias y en los protocolos de actuación disponibles en el Servicio Sanitario Público del Archipiélago. Asimismo, pidieron disponer de una planificación sobre la formación continua de los equipos de enfermería.

Actualmente, en Canarias hay más de 15.000 enfermeras y enfermeros que “somos capaces de identificar la violencia y, por tanto, de denunciar inmediatamente; sin embargo, como no tenemos la posibilidad de generar un informe directo que active el proceso, nuestras acciones se ven limitadas”, según recalcó la directora del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas.

Las medidas adoptadas por Sanidad ante la violencia de género varían desde la realización de programas de sensibilización y prevención primaria, hasta la intervención en el momento de la agresión y su posterior seguimiento. En este punto, “el papel de las enfermeras como parte de los equipos de atención sanitaria es fundamental”.

A diferencia de otras comunidades autónomas, Canarias no contempla el informe de una enfermera o enfermero colegiado como uno de los posibles medios para identificar las situaciones de violencia de género o de riesgo, y esto da lugar a que la enfermera deba derivar a la mujer víctima hacia otros profesionales, quienes serán los encargados de generar un informe que haga posible la intervención. Por esta razón, “se retrasa la atención y se da lugar al fenómeno de doble victimización o revictimización de la mujer^”.

“Las enfermeras son profesionales accesibles que, además, lideran la atención en contextos claves como la atención domiciliaria. Esta accesibilidad y la presencia en el domicilio les permite identificar de forma precoz la violencia en el ámbito doméstico”, según aseguraron.

Asimismo, insistieron en la importancia de implementar nuevas acciones y, para ello, anunciaron un nuevo proyecto que desarrollará en Canarias formación para las enfermeras, para los estudiantes en Enfermería, mecanismos informativos continuos desde la profesión para solventar los problemas que se generan en torno a esta problemática y, al mismo tiempo, investigación local.

Barrera mostró su total predisposición para ayudar en esta petición desde la Adjuntía de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, y destacó que “el cuerpo de enfermería es el que atiende de primera mano a las víctimas por primera vez y, por ello, son conocedores de la situación, haya denuncia o no”.

“En este sentido, es fundamental y esencial que tengan legitimidad como parte del protocolo, para poner en marcha la maquinaria necesaria que active la protección de las víctimas y de sus hijos e hijas”, tal y como afirmó la adjunta.

When: 20 November 2021

Where: Online, Slovenia

Slovenian Presidency

External event

FRA will take part in an international conference under the Slovenian EU Presidency on empowering people with disabilities to fully participate in society by increasing their mobility and accessibility.

FRA will focus on its new work on EU funds. This work seeks to strengthen the capacity of national bodies with a human rights remit in monitoring the fundamental rights compliance of EU funds. The project will address all Charter rights. It will also help address disability-related funding issues, including the transition towards community-based living of people with disabilities.

The event takes place on 20 November.

Considera que no cumplir las normas que regulan la ITV en relación con la obligación de pasar la oportuna inspección no es suficiente por sí misma para fundamentar una sanción por ese motivo, sino que para ello es necesario, además, que pueda atribuirse responsabilidad a la persona sancionada.
Vitoria-Gasteiz

Un ciudadano planteó al Ararteko su disconformidad con la sanción que le había impuesto el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por no haber realizado en plazo la inspección técnica (ITV) obligatoria a su vehículo.

Explicaba que se había debido a que el centro de Jundiz, encargado de gestionar ese servicio en Álava, donde residía, y con el que había contactado previamente, no disponía de citas libres con anterioridad al 20 de julio, por la saturación existente en ese centro y en otros centros de la Comunidad Autónoma como consecuencia de la entrada en vigor de una nueva normativa reguladora de la materia.

Aseguraba también que, siendo consciente de que la ITV había caducado el día 4 de mayo, había tenido la cautela de no circular con él en ningún momento, manteniéndolo estacionado en el mismo lugar hasta su traslado para efectuar la inspección.

Consideraba, por tanto, que no se le podía exigir responsabilidad en la infracción, porque el incumplimiento no le era atribuible, al no haber dependido de su actuación, sino de la congestión de un servicio público que no podía absorber en ese momento la demanda existente.

Por ello, en sus alegaciones, pidió que el expediente sancionador fuera dejado sin efecto. Aportó, además, un documento sobre el calendario de citas de dicho centro con el que pretendía acreditar esa situación, y una copia de un resguardo de la cita concedida para el día 20 de julio de 2019.

Aunque presentó un recurso de reposición, éste fue desestimado, al entenderse que las alegaciones presentadas no le eximían de responsabilidad.

Sin embargo, el Ararteko considera que no cumplir las normas que regulan la ITV en relación con la obligación de pasar la oportuna inspección no es suficiente, por sí misma, para fundamentar una sanción por ese motivo, sino que para ello es necesario, además, que pueda atribuirse responsabilidad a la persona sancionada.

El reclamante manifestó que hizo todo lo que estuvo en su mano para intentar pasar el examen y minimizar los riesgos de su falta: pedir la cita antes de que finalizara la vigencia de la revisión anterior, interesarse por las posibles anulaciones para adelantarla y, entre tanto, mantener el vehículo estacionado y sin circular, a la espera de poder cumplir con la inspección.

Por tanto, esta institución no comparte la conclusión del informe del Departamento de Seguridad, por la cual de lo actuado se desprende que la persona titular del vehículo operó con absoluta falta de diligencia, y le recomienda que se revise la sanción impuesta al reclamante.

Vitoria-Gasteiz, 16 de noviembre de 2021

Link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-11/cp210205en.pdf

Languages available:

Court of Justice of the European Union

PRESS RELEASE No 205/21

Luxembourg, 16 November 2021

Judgment in Case C-479/21 PPU

Governor of Cloverhill Prison and Others

The provisions in the Withdrawal Agreement concerning the European arrest warrant regime with respect to the United Kingdom and the provision in the Trade and Cooperation Agreement between the EU and the United Kingdom concerning the new surrender mechanism are binding on Ireland The inclusion of those provisions in those agreements did not justify the addition of a legal basis relating to the Area of Freedom, Security and Justice for the purpose of concluding those agreements, with the result that those provisions did not require, under Protocol No (21), that Ireland have the choice whether or not to opt in to them

In September 2020, SD was arrested in Ireland pursuant to a European arrest warrant (‘EAW’) issued by the United Kingdom judicial authorities in March 2020, seeking his surrender to serve a prison sentence. SN was arrested in Ireland in February 2021, pursuant to an EAW issued by the same authorities in October 2020, seeking his surrender for the purposes of conducting a criminal prosecution. SD and SN have been detained in Ireland since their arrest, pending the decision on their respective surrender to those authorities. The High Court (Ireland) having found that their detention was lawful and having refused to order their release, SD and SN appealed to the Supreme Court (Ireland). 

(...)